Violencia de género como signo ideológico

Hablar de violencia en las sociedades contemporáneas implica indagar en el horizonte axiológico de cada sociedad en un momento dado. Sergio ^{Tonkonoff (2016}) sostiene que la violencia es el nombre que recibe la transgresión a las prohibiciones fundantes dentro de una cultura. Para este autor, el espacio que le es propio a la violencia es aquel configurado “por prohibiciones consideradas como fundamentales por el conjunto societal al que instituye, por las transgresiones a esas prohibiciones y por los castigos penales que tienen lugar con relativa autonomía respecto a esas transgresiones” (^{Tonkonoff, 2016}, p. 126). Es decir, violencia y cultura se encuentran íntimamente ligadas. Aun así, no resulta fácil encontrar una definición unívoca y abarcadora sobre qué es violencia y qué no. Como sostiene Judith ^{Butler (2020}), es en la esfera pública donde se ha sembrado una confusión semántica al respecto. En otras palabras, los sentidos que enmarcan fenómenos como violentos están en constante tensión y revisión. Desde la perspectiva teórica de Valentín ^{Volóshinov (2018}), en tanto signo ideológico, la palabra violencia de género se convierte en arena de lucha por los sentidos que resignifican una problemática que afecta a mujeres y cuerpos feminizados.

Los movimientos feministas y de mujeres son unos de los actores principales que han tensado y luchado por resignificar la violencia de género. La principal denuncia de estos movimientos es la desigualdad social, que ordena y jerarquiza las relaciones sociales dentro de las sociedades capitalistas heterocispatriarcales, la cual constituye el marco en el que se produce la violencia hacia ciertos cuerpos femeninos y deja impunes a quienes cometen estos hechos.

En Argentina identificamos el 2015 como un año bisagra por la irrupción del fenómeno conocido como #NiUnaMenos. Este trajo al centro de la escena cultural y mediática discursos sobre la violencia de género, específicamente los femicidios (^{Angelelli, 2018}). Además, profundizó las transformaciones que ya se estaban produciendo a partir de políticas públicas y modificaciones en el código penal. Dentro de las redacciones y los medios de comunicación también se dieron cambios en relación con las coberturas de casos de violencia de género.

Consideramos que las redacciones periodísticas, siguiendo la teoría de Eliseo ^{Verón (2002}), se caracterizan por un tipo de labor que media entre lo que acontece en el mundo social y cómo se construye ese acontecimiento a partir de lenguajes (escritos, audiovisuales, orales, etc.). En tanto (re)productores de sentidos, valores y estereotipos basados en el género, los medios de comunicación son considerados como lugares de transformación social y cultural. En consecuencia, han sido uno de los bastiones donde los movimientos de mujeres y feministas han centrado parte de su estrategia para resignificar la violencia contra las mujeres, a partir de, por ejemplo, el pedido de la incorporación de la perspectiva de género.³ Es decir que, en cuanto eslabones de una cadena discursiva más amplia, en los enunciados mediáticos se materializan las principales tensiones y disputas de sentido sobre fenómenos que cada sociedad valora en momentos particulares.

De esta forma, si hacemos un recorrido por las coberturas periodísticas de los últimos años, podemos encontrar ciertos cambios en los modos de abordar fenómenos de violencia de género. El más notable es en las notas de femicidios, donde estos casos ya no se adjetivan como “crímenes pasionales”. Entendemos estos cambios como parte de un proceso de transformación tanto en las redacciones como en lo social, que no puede ser comprendida sino en su relación con las tensiones y disputas de sentido sobre una problemática social como es la violencia de género.

Las “buenas prácticas periodísticas” y los manuales de estilo

El proceso de transformación dentro de las redacciones, que mencionamos en el apartado anterior, debe ser comprendido, también, en el marco de la resignificación de los medios de comunicación. Por ejemplo, la sociedad civil produce manuales de buenas prácticas periodísticas, especialmente vinculadas a la perspectiva de derechos.

Los manuales de periodismo fueron creados a lo largo de la historia de la profesión como una herramienta para el estilo editorial de las empresas periodísticas. Por ejemplo, La Voz del Interior,⁴ principal diario cordobés, plantea que desde sus inicios en 1904 se vio interpelado en crear un código de ética y principios editoriales.

En modo alguno se busca coartar la libertad de expresión y el espíritu creativo de redactores, cronistas y colaboradores. Se trata, esencialmente, de unificar algunos criterios básicos para que sean tomados en cuenta a la hora de elaborar y presentar una nota, de modo de otorgar a cada sección y al diario como producto integral, una identidad propia que refleje coherencia en el tratamiento periodístico (^{La Voz del Interior, 2006}, p. 17)

La producción de estos manuales se encuentra vinculada con la (re)producción de normas de ética y conducta profesional, entramadas con las valoraciones ideológicas de las empresas mediáticas. Esto tensiona la libertad de expresión y el espíritu creativo de les periodistas, a partir de la unificación de criterios éticos y estilísticos. Más allá de la pugna entre el estilo del diario y el criterio del profesional, en los manuales existe una preponderancia de normas que en última instancia adecúan el discurso y la práctica periodística. Desde una perspectiva sociosemiótica, es posible entender que en estos textos se establecen y explicitan criterios de lo decible (^{Angenot, 2012}). En otros términos, no se puede decir cualquier cosa de cualquier manera en cualquier lugar.

Como anticipación de nuestro análisis, en los últimos años, las recomendaciones sobre los modos de cobertura mediática se generaron por fuera de las redacciones o empresas periodísticas. Distintas organizaciones civiles e instituciones estatales crearon manuales, guías y decálogos⁵ con recomendaciones para el abordaje de ciertos casos, principalmente basados en perspectivas de derechos. Guías que se proponen orientar e incidir en cómo se construyen discursos sobre tópicos que se presentan como “sensibles” en el discurso social, como la violencia de género, el suicidio y la salud mental.⁶ Acá es posible hacer notar un corrimiento relevante en el campo: la cobertura periodística ya no solo está regulada por criterios de excelencia periodística/empresarial, sino también por un asunto público de derechos.

Basándonos en lo anterior, en este artículo caracterizamos y analizamos aquellas guías, manuales y decálogos para la cobertura de violencia de género publicados en Argentina, desde el 2007 hasta el 2021. Partimos del supuesto teórico de que la noción de violencia se trama con el horizonte axiológico de cada sociedad. Es decir que, como signo ideológico, está en constante tensión y disputa por delimitar qué se entiende por tal. Ahora bien, entendemos que estos manuales buscan incidir en las prácticas periodísticas, al poner en tensión los modos sedimentados de abordar hechos de violencia en la comunicación mediática. Ante ello, nos proponemos indagar en las particularidades de la trama que se configura entre comunicación-violencia de género en estos materiales.

Lo expuesto en este escrito es resultado del trabajo colectivo realizado en el Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación (CIPeCo), de la Universidad Nacional de Córdoba, durante el año 2020-2022.⁷

El corpus

Construimos nuestro corpus a partir de un relevamiento exploratorio de los documentos en cuestión disponibles en Internet. Los criterios adoptados para la selección fueron tres: el período temporal y el origen geográfico en que se elaboraron, y que las sugerencias fueran sobre las coberturas periodísticas de casos de violencia de género. Obtuvimos un total de nueve documentos, que presentamos en la Tabla 1. La recolección del corpus se dio entre septiembre y diciembre de 2021.

Tabla 1: Manuales publicados en Argentina entre 2007 y 2021 

^Nota: *Si bien es un informe técnico, este informe presenta recomendaciones para la cobertura de casos, por eso fue incorporado al corpus.

Un cambio de milenio con perspectiva de género: el contexto de surgimiento de los manuales

Desde inicios de la década del 2000 a la actualidad se produjeron profundas transformaciones referidas al reconocimiento de derechos de las mujeres que repercutieron en las coberturas de los medios de comunicación. La publicación de guías sobre la cobertura de violencia de género se vincula con estas dinámicas sociopolíticas. A fines analíticos, podemos delimitar dos períodos. El primer período, entre los años 2002 y 2015, registramos la confección de los primeros manuales en el marco de un contexto de sanción de leyes orientadas a la protección de sectores vulnerabilizados por el género, así como por la firma de convenios entre el estado nacional y organismos internacionales. El segundo período, desde el 2015 al 2021 (año de recorte de nuestro trabajo de campo), estuvo marcado por la irrupción del #NiUnaMenos, se caracterizó por la condensación de discursos sobre violencias de género y la mediatización de demandas feministas. Este proceso discursivo se profundizó con las medidas de aislamiento tomadas a partir de la COVID-19,⁸ como veremos más adelante. En este marco se producen manuales de “buenas prácticas periodísticas” por parte de instituciones del Estado, principalmente, y organizaciones internacionales.

Los primeros manuales (2002-2015)

Los primeros manuales producidos en Argentina dialogan con un dossier de prensa publicado por el Instituto Oficial de Radio Televisión Española (^{RTVE, 2002}), el cual trazó los primeros lineamientos sobre coberturas de casos de violencia de género. Este dossier surge luego de la cobertura del asesinato de Ana Orantes, en 1997. Orantes había denunciado en un programa de televisión española los malos tratos que recibía por parte de su expareja. A las semanas, fue asesinada por su exmarido. La conmoción del caso produjo una serie de coberturas sobre un tipo de violencia que anteriormente no se consideraba importante o relevante. Esto expuso los profundos lazos entre violencia de género y medios de comunicación. Es posible entender que esta cobertura fue un puntapié para que organismos de la sociedad civil se vieran interpelados en confeccionar un manual. Tal como se escribe en las primeras hojas de este documento, su finalidad fue brindar herramientas que permitieran tratar el tema con la necesaria sensibilidad, a partir de aportes de profesionales, juristas y agentes sociales (^{RTVE, 2002}).

Años más tarde, en el 2008, el Comité de Expertas en Violencia (CEVI), organismo que surgió de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), expresó su preocupación por el creciente número de asesinatos de mujeres en Latinoamérica. En este documento recomendó especialmente a los medios de comunicación

adoptar códigos de ética para el tratamiento de los casos de violencia contra las mujeres y en especial de los femicidios, promoviendo el respeto a la dignidad e integridad de las víctimas; y evitando la difusión de detalles morbosos, estereotipos sexistas o descalificadores de las mujeres. Los medios de comunicación deben cumplir un rol de educación ética ciudadana, promover la equidad e igualdad de género y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres (^{CEVI, 2008}).

También en 2008, la Red-PAR elaboró su Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres, con el apoyo de Católicas por el Derecho a Decidir.⁹ Este manual fue declarado de interés parlamentario en distintas provincias de Argentina y tuvo repercusiones en otros países tras ser traducido al inglés, francés, árabe y portugués. Además, se constituyó en un insumo cuando se debatió la sanción de ^{la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en 2009}. Esta normativa recoge varios objetivos y demandas de la Red-PAR como la incorporación de la perspectiva de género en las representaciones y discursos de los medios de comunicación (^{Hasan, 2016}). Por otro lado, y en diálogo con este decálogo, en el año 2009 Amnistía Internacional Argentina publicó Noticias que salvan vidas: manual periodístico para el abordaje de las violencias contra las mujeres.

No obstante, existe un antecedente a los dos últimos documentos nombrados, probablemente menos considerado por surgir de una organización radicada en una provincia de Argentina. Nos referimos a la publicación del 2007 de CISCSA. Esta organización había repartido, en el 2006, una carpeta de prensa en el marco del lanzamiento oficial del Programa Regional en la ciudad de Rosario, Argentina. Esta carpeta contaba con distintos recursos e información sobre violencia urbana de género, así como un análisis crítico del tratamiento que los medios en general daban a la violencia contra las mujeres (^{CISCSA, 2007}). Basándose en la valoración positiva que hicieron les periodistas¹⁰ sobre este recurso, la organización decidió editar un material que trascendiera el ámbito local. De esta forma, el material cuenta con un diagnóstico sobre las coberturas mediáticas en Córdoba de casos de violencia de género, elaborado por académicas provenientes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Sistematiza sitios web con información sobre la problemática y, especialmente, proponen un glosario para el uso de un lenguaje no sexista en el tratamiento periodístico de la violencia hacia las mujeres (^{CISCSA, 2007}).

Paralelamente a la publicación de los primeros manuales relevados, identificamos que el gobierno argentino en los últimos años de la primera década del 2000 generó un entramado normativo a favor de otorgar derechos a las minorías sexoafectivas. Por ejemplo, la ^{Ley de Matrimonio Igualitario n.º 26.618/2010} y la ^{Ley de Identidad de Género en la Argentina n.º 26.743/2012}. También encontramos leyes para proteger a quienes sufren violencia por su género, como es la Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales ^{n.º 26.485/2009} (en adelante, ^{Ley de Protección Integral}). A su vez, estas leyes retoman los tratados internacionales referidos a los derechos humanos de las mujeres, con lo cual el Estado Nacional se comprometió a la protección de los sectores vulnerabilizados por su género u orientación sexual. El reconocimiento de las demandas sociales a través de la sanción de leyes habilitó a que el poder judicial se despliegue ante el incumplimiento de las normas, convirtiéndose en uno de los mecanismos privilegiados para la resolución de las desigualdades y de las violencia de género (^{Daich & Varela, 2020}).

Segundo período de publicación de manuales (2015-2021)

El año 2015 fue bisagra para el movimiento de mujeres y feminista en Argentina. A partir de este año se produjo un quiebre en la visibilidad de sus demandas y reclamos (^{Hasan, 2019}; ^{Laudano, 2018}; ^{Angelelli, 2018}). El 3 de junio de ese año tuvo lugar el llamado #NiUnaMenos, acción colectiva contra la escalada de femicidios mediatizados. Esta manifestación multisectorial y multimediática expandió la consigna feminista acerca de politizar lo personal y puso en evidencia el carácter público de prácticas históricamente consideradas privadas (^{Laudano, 2017}).

Esta acción colectiva implicó, en la cultura argentina, una irrupción de discursos que (re)significaron y (re)produjeron sentidos sobre la violencia de género. Como indicio de ello, identificamos una duplicación de publicaciones de manuales y recomendaciones para el tratamiento periodístico con perspectiva de género de casos de violencia o femicidios. En este segundo período (2015 y 2021) encontramos seis de los nueve documentos que integran nuestro corpus. Cuatro de estos corresponden a entidades gubernamentales: ^{Defensoría del Público (2016)}, ^{INAM (2018)}, ^{ENACOM (2020)}, ^{INADI (2021)}.

Entre el 2020 y el 2021 encontramos cuatro manuales publicados. Este período coincide con la emergencia sanitaria desatada por la COVID-19. La situación excepcional de la pandemia generó un trastocamiento de la vida cotidiana de las personas, puso de manifiesto diversas problemáticas como las desigualdades de clase, el tiempo destinado a los trabajos de cuidado no remunerados y los cambios en el mercado de trabajo. Uno de los temas que tomó centralidad, tanto en la agenda mediática como en el activismo feminista, fue la violencia de género magnificada por las disposiciones de aislamiento.¹¹ En este contexto encontramos la publicación de la Iniciativa Spotlight Argentina; la guía de recomendaciones producida por ADEPA y la guía del ^{Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión} del ENACOM. En el 2021 se presenta el informe técnico elaborado por el INADI, el cual también tiene un apartado con recomendaciones.

En este segundo período encontramos otro gesto en el cruce entre comunicación y género, con la creación de un puesto en las redacciones de los diarios: editora de género en el año 2019.¹² Entre ellas encontramos a Mariana Iglesias, en el diario Clarín y a los pocos días se designó a Gisele Sousa Días en Infobae digital.

Los manuales como herramientas legítimas para el abordaje de la violencia de género

Catalina ^{Trebisacce y Cecilia Varela (2020}) realizan un recorrido histórico sobre las disputas de sentido sobre la violencia de género y plantean que hacia finales del siglo XX se consolida un “régimen de verdad de la violencia de género” (p. 92). Es decir, un conjunto de saberes, normativas y discursos sociales normalizados sobre lo que debe ser comprendido por violencia de género y qué intervenciones reclaman (Gregori, 2010, como se cita en ^{Trebisacce & Varela, 2020}). En los manuales encontramos los rastros de estos procesos discursivos que dialogan con la transformación dentro de lo social y se van sedimentando a lo largo de los años.

Los manuales en su dimensión enunciativa presentan a la violencia de género para luego fundamentar la importancia de la incorporación de las recomendaciones en la labor periodística. En su construcción sobre la problemática la van vinculando con el lugar que ocupan los medios de comunicación en la sociedad y el rol fundamental que cumplen les periodistas. En este proceso se definen cuáles serían las “buenas prácticas periodísticas” y las formas correctas de coberturas de casos de violencia de género. Ahora bien, la pregunta sería: ¿Cómo construyen estos manuales la problemática? Identificamos al menos cuatro estrategias: el encuadre normativo, el uso de estadísticas, la mención de casos de coberturas mediáticas no correctas y la explicitación -o no- del proceso de creación de las recomendaciones del manual. Como veremos más adelante, estas estrategias en la construcción de la problemática son también una forma de legitimar sus recomendaciones.

El marco normativo vigente que retoman los manuales es el principal encuadre para definir qué es la violencia de género. Las leyes nacionales e internacionales que establecen definiciones sobre la violencia de género -incluida la violencia simbólica y mediática-, femicidios, transfemicidios y travesticidios son recuperadas como sustrato teórico. Podemos diferenciar dos períodos en nuestro corpus en relación con el uso de reglamentaciones, donde el 2009 es un año bisagra (^{Hasan, 2016}). Por un lado, aquellos manuales que se confeccionaron antes de ese año, como es el caso del de ^{CISCSA (2007)}, adoptan normativas como la Convención Interamericana de Belém do Pará de 1994 o la Ley de Violencia Familiar de la provincia de Córdoba de 2006. Por otro lado, a partir de 2009, año en que se sancionaron y promulgaron la LSCA y la Ley de Protección Integral, leyes que contribuyeron al marco de tratamiento y reglamentación para que las representaciones y discursos de los medios incorporen la perspectiva de género (^{Hasan, 2016}). Con relación a la categoría de femicidio, su empleo se estandariza a partir del año 2012 con la incorporación de esta figura en el Código Penal.

Como complemento en la construcción de la problemática, las guías mencionan estadísticas como recurso para dar cuenta de la magnitud de una problemática social. Antes de la primera movilización de #NiUnaMenos, los manuales citaban cifras publicadas por la Casa del Encuentro,¹³ producto de la ausencia de un registro oficial de femicidios. Es a partir del 2015 que se publican estadísticas oficiales desde organismos estatales,¹⁴ las cuales son retomadas por los manuales a partir de ese año.

Entendemos que ambas estrategias, encuadrar normativamente la problemática y remitir a cifras, se enmarcan en una táctica política más amplia que han utilizado los feminismos para resignificar la violencia de género en el ámbito público y hacerla inteligible: el uso del lenguaje del derecho y el empleo de la política de cifras (^{Trebisacce & Varela, 2020}). Siguiendo a Peter Andreas y Kelly Greenhill (2010, como se cita en ^{Trebisacce & Varela, 2020}), la política de cifras hace referencia a la producción de un saber cifrado que permite definir un problema como público. Es decir, distintos actores y organizaciones sociales llevan a cabo diversas operaciones como la observación, captura, selección, cuantificación y visibilización de datos para posicionar un tema en la agenda pública. Tal es el caso de las estadísticas y cifras elaboradas en torno a la violencia de género y el femicidio. Los informes que dan cuenta de la cantidad de femicidios por hora que ocurren en Argentina, realizados desde el activismo feminista, por organizaciones sociales o por entidades gubernamentales, se han vuelto una fuente de legitimidad y de denuncia de esta problemática social.

Los manuales retoman y dialogan, entonces, con las formas de producción de saber que resultan privilegiadas dentro del régimen de la violencia de género por su capacidad de dar cuenta: hacer inteligible y volver contable la problemática, como sostienen ^{Trebisacce y Varela (2020}). En este proceso, sin embargo, encontramos ciertas tensiones y limitaciones.

Por un lado, al definir la violencia de género a partir del marco normativo, algunos manuales reproducen el sentido común instalado de presentar en orden de sinonimia la violencia de género y violencia contra las mujeres (^{Angelelli, 2018}). Como plantean Moira ^{Pérez y Blas Radi (2018}) respecto a la Ley de Protección Integral, en este caso se define como violencia de género la violencia que se ejerce solo contra las mujeres.

Aunque toda expresión de violencia contra las mujeres pueda ser entendida como un caso de violencia de género, no todas las manifestaciones de violencia motivadas por el género son casos de violencia contra las mujeres. En particular, existen formas de violencia de género que afectan a minorías en situación de extrema vulnerabilidad, y no son alcanzadas por las medidas referidas a la violencia contra las mujeres (^{Pérez & Radi, 2018}, p. 73).

De esta forma, la violencia de género queda definida basándose en la relación desigual entre hombres y mujeres cis. Si bien algunos manuales incorporan los conceptos de travesticidios y transfemicidios, estos quedan asociados a asesinatos de personas trans, pero no a la violencia estructural que vivencian día a día. De esta forma, pareciera que se incorporan todas las “variables”, pero quedan zonas en conflicto y ocultas.

En relación con el segundo punto, la estrategia de cuantificar, de volver contable el problema, entendemos que responde a cierta hegemonía paradigmática moderna de valoración de las cifras, la cual pareciera dar un aura de neutralidad que borra el trabajo interpretativo de su construcción (Merry, 2016, como se cita en ^{Trebisacce & Varela 2020}). Lo cierto es que este uso de las estadísticas, dentro del movimiento feminista, se convirtió en una estrategia de disputa en el campo público para asentar la problemática. “A través de la instalación de esta política de cifras distintas burocracias estatales admitían la existencia del problema y que parte de su solución estaba ligado a la producción de un saber cifrado al respecto” (^{Trebisacce & Varela, 2020}, pp. 98-99). De esta forma, frente al carácter legítimo que asumen estos datos, los manuales los retoman como fuentes expertas o autorizadas para definir y dimensionar la problemática que pretenden tratar. En este sentido, al incorporar este modo cifrado de definir la problemática, los manuales llevan a cabo un doble juego: abonar la política de cifras y validarse como herramientas para su abordaje.

Por otro lado, otra forma de dar cuenta de la problemática de la violencia de género en relación con los medios de comunicación es mencionar ejemplos de coberturas en la que se transgreden los límites de lo aceptable vinculada con la problemática. Este aspecto se vuelve, en algunos manuales, una estrategia pedagógica. Por ejemplo, en el material producido por el ^{INADI (2021)} encontramos un “Informe sobre casos de espectacularización de los casos violencia de género”. Esto toma como puntapié un programa televisivo de juego de preguntas y respuestas, donde una de las consignas remitió al femicidio de Lola Chomnalez, ocurrido en diciembre de 2014 en la costa de Uruguay. Este caso se convierte en la puerta de entrada al diagnóstico sobre los modos en que los medios de comunicación cubren los casos de violencia de género según el ^{INADI (2021)}. Esto permite argumentar la importancia de promover “buenas prácticas de comunicación” que permitan erradicar la violencia simbólica y mediática por motivos de género. Este recurso también es utilizado en ^{CISCSA (2007)} y por la ^{Defensoría del Público (2016)}, la cual incorpora casos de coberturas de modo didáctico para ejemplificar sus recomendaciones.

Estos ejemplos materializan las valoraciones sobre las prácticas periodísticas, explicitando “lo correcto” y lo “incorrecto”. También deja huellas sobre el límite de lo tolerable con respecto a cómo se aborda la violencia: los femicidios no pueden ser temática de un programa de juegos.

Finalmente, reconocemos en algunos de los manuales la explicitación del proceso de producción de las recomendaciones, aspecto que se diferencia entre un manual y otro, y que contribuye a la construcción de legitimidad sobre lo que proponen. Varios de ellos mencionan que han sido elaborados por personas del campo de la comunicación social y el periodismo. En el caso de ^{Iniciativa Spotlight (2020)}, por ejemplo, la autoría del manual corresponde a Mariana Iglesias (aunque no se explicita, su nombre se legitima en la temática por ser editora de género de uno de los principales medios gráficos de Argentina). Mientras que otros manuales refieren a procesos colectivos y federales de construcción del material, especialmente de grupos que luchan por el derecho de las mujeres. Por ejemplo, la guía de la ^{Defensoría del Público (2016)} da cuenta del proceso de producción en el marco de acciones entre diversos actores de la sociedad civil de diferentes partes del país:

La presente Guía… es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, una gran cantidad de organizaciones de lucha por los derechos de las mujeres y por la erradicación de la violencia que se ejerce contra ellas, y quienes trabajan cotidianamente en los servicios de comunicación audiovisual. Este grupo de actores sociales participó en los sucesivos encuentros organizados por la Defensoría a lo largo del país durante 2014 y 2015 para reflexionar, debatir y proponer formas adecuadas y responsables de abordar mediáticamente la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos (^{Defensoría del Público, 2016}, p. 4).

Es decir, las recomendaciones se encuadran en un trabajo colectivo y federal entre agentes de diversas organizaciones cuya trayectoria se vincula a las luchas por los derechos humanos, los derechos de las mujeres y el derecho a la comunicación.

En otros casos, la producción del manual no solo no da cuenta de la producción colectiva o remite a “voces expertas” vinculadas a la comunicación y género, sino que borra toda esta articulación, así como la trayectoria del movimiento social que puja por la resignificación de la problemática. Tal es el caso de ^{ENACOM (2020)}, el cual explica la problemática según el recorrido de normativas vigentes, definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las publicaciones de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, pero no explicita cómo se construyeron las recomendaciones. En otras palabras, se enmarca en definiciones institucionales, en un lenguaje de derecho, que borran la dimensión social de la problemática y los antecedentes del trabajo realizado por periodistas feministas, como la Red-PAR e incluso la existencia de material similar anterior, como son las otras guías y manuales.

Hasta aquí caracterizamos el encuadre a través del cual estos manuales construyen la problemática de la violencia de género que legitima las recomendaciones que proponen, al tiempo que se producen a sí mismos como fuentes expertas. A continuación, nos detendremos en las recomendaciones.

Sobre las recomendaciones: pautas para la construcción del acontecimiento

A modo general, podemos decir que las recomendaciones que proponen los manuales son una herramienta al servicio de les periodistas para que no reproduzcan violencia de género. Esto se trama al propósito de varios de estos materiales de situar la violencia de género como una problemática de índole social. Es decir, “abordar el tema como una problemática general y estructural, más que recurrir al solo énfasis puesto en la particularidad de un caso concreto” (^{INADI, 2021}). Las distintas recomendaciones, entonces, se dirigen en esta dirección. A fines analíticos podemos diferenciar tres grupos. En el primero, encontramos aquellas que se centran en los modos de nombrar el acontecimiento. El segundo grupo abarca las recomendaciones en las que se configura la relación entre víctima-victimario. En este podemos reconocer algunos nudos de sentido sobre quiénes ocupan cada par. El tercer grupo lo componen las sugerencias respecto al uso de fuentes a las que acudir para cubrir casos de violencia de género, la cual colabora a situar el problema ya no como acontecimiento policial.

Recomendaciones para nombrar la violencia

En este primer grupo reunimos las recomendaciones de los manuales que prescriben los modos de enunciar la violencia de género a través de elementos lingüísticos y paratextuales. Como ya dijimos anteriormente, en tanto género discursivo instructivo, las sugerencias se presentan en modo infinitivo en expresiones tales como: “informar”, “promover”, “admitir”, “evitar”. En general, varias de las recomendaciones se dirigen a presentar las formas correctas e incorrectas de nombrar. Por ejemplo, a partir de glosarios. En este recurso, el lenguaje aparece como algo instrumental y nominal. Aun así, abona a las discusiones por resignificar la problemática a partir de palabras que la ubiquen como problema social y no limitarlo a lo doméstico, privado o pasional.

En el caso del decálogo de la ^{Red-PAR (2020)}, este propone: “es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista” (p. 9). Esta indicación se reitera en los demás manuales. A lo largo de los documentos podemos encontrar cómo se van presentando algunas variantes a lo largo del tiempo. De allí que la violencia de género se la nombre también como: “violencia contra las mujeres”, “violencia hacia las mujeres”, y en menor medida “violencia machista”. En algunos casos aparece como “violencia hacia las mujeres por razones de género” y como “violencia por motivos de género”.

Los cambios en las nominaciones pueden estar vinculados a las fuentes que adoptan las guías para su confección. Aun así, en algunos manuales, “violencia de género”, “violencia hacia” o “contra las mujeres” quedan en orden de sinonimia, pudiendo ser reemplazadas unas por otras.

En relación con la palabra femicidio, tanto en ADEPA como en Iniciativa Spotlight, publicados en el 2020, se establece la necesidad de diferenciar cuando un asesinato de una mujer/niña/trans es femicidio y cuando no lo es. Por ejemplo, ^{ADEPA (2020)} sugiere

diferenciar si el asesinato de una niña, adolescente, mujer, travesti, trans, se trata de un crimen de género. Si alguna de estas muertes ocurrió en una situación de robo, fuego cruzado, “al azar” o matanza generalizada, no será un femicidio (p. 2).

En este punto encontramos una actualización y diálogo con discusiones que ya se daban a nivel social y dentro de los feminismos:¹⁵ no todo asesinato de una mujer es femicidio, aun cuando todo femicidio sea una asesinato de mujer. Pero en esta definición de ADEPA, a su vez, vemos cómo incorpora entre las víctimas no solo a mujeres sino también niñas, trans, travestis, lo que complejiza la discusión y amplía los sentidos sobre “género”.

Otra discusión en términos nominales que se presenta en los manuales refiere a aquellos adjetivos de la violencia que la ubican dentro del ámbito doméstico: conceptos como “violencia doméstica”, “violencia familiar” o “crimen pasional” son criticados o descartados a medida que el marco legal avanza en la materia. De este modo, encontramos que CISCSA, publicado en el 2007, ofrece como herramienta para el trabajo periodístico un conjunto de consideraciones que refieren al tratamiento informativo sobre la violencia familiar, donde se pone énfasis en lo doméstico. En cambio, la ^{Defensoría del Público (2016)} propone que: “‘violencia doméstica’ y ‘violencia contra las mujeres’ no sean utilizados como sinónimos” (p. 30).

En tercer lugar, las recomendaciones tienden a limitar el uso de adjetivaciones vinculadas a las emociones o pasiones. Estamos hablando, principalmente, de la crítica a la nominación de “crímenes pasionales”. La ^{Defensoría del Público (2016)}, por ejemplo, menciona:

‘Crimen pasional’ tiende a invisibilizar o atenuar la gravedad de la ocurrencia de violencia, a la vez que tiene el efecto indeseado de justificar a la violencia contra las mujeres como consecuencia de pasiones, emociones o sentimientos, de estados psicológicos en el agresor o del consumo de sustancias psicoactivas (p. 30).

La mayoría de los manuales -a excepción de ^{Iniciativa Spotlight (2020)}, que no lo menciona- indican que el crimen pasional es una figura inexistente, por lo que es preciso evitar su uso. Es decir, se deslinda la problemática del marco de interpretación según el cual la violencia es efecto de pulsiones incontroladas, “pasionales”, incluso “naturales” e inertes de la figura humana-hombre.

Finalmente, las recomendaciones se dirigen a evitar la espectacularización y la naturalización de la violencia. De esta forma, algunos manuales identifican palabras a evitar tales como: “drama”, “pasión”, “horror” o adjetivos que espectacularizan el hecho o son revictimizantes (^{Iniciativa Spotlight, 2020}; ^{ENACOM, 2020}). La Red-PAR (²⁰⁰⁸, ²⁰²⁰), el ^{INAM (2018)} e ^{INADI (2021)}, por su parte, señalan que no es conveniente utilizar diminutivos, apodos o apócopes, ni expresiones tales como “otro caso de…”, “un caso más de…”, ya que naturalizan la violencia.

Esta recomendación se complementa, en el caso de la ^{Defensoría del Público (2016)}, con sugerencias respecto a la utilización de otros elementos paratextuales. Recordemos que la Defensoría del Público propone sus recomendaciones a partir del análisis de coberturas en la radio y en la televisión. De esta forma, las sugerencias se orientan a evitar las narrativas ficcionales, se aconseja evitar los fotomontajes e imágenes que denoten violencia -moretones, lágrimas, golpes- y música o sonidos que remitan al terror. También se dan algunas propositivas como: imágenes que muestran a mujeres reclamando sus derechos o mostrar spots televisivos de organizaciones sociales (^{Amnistía Internacional Argentina (AIA), 2009}). Por último, ^{INAM (2018)} e ^{INADI (2021)} mencionan contemplar otros recursos como el videograph o los efectos.

Un punto importante son las recomendaciones respecto al uso del lenguaje no sexista e inclusivo. Este ha sido un gran bastión teórico político dentro de los feminismos, en tanto ningún lenguaje se presenta como neutro y, al menos en el castellano, la utilización del masculino como universal ha constituido una histórica invisibilización de las mujeres y las disidencias. De allí que desde los primeros manuales como el de ^{CISCSA (2007)} se recomienda la incorporación de este tipo de lenguaje no sexista. ^{Amnistía Internacional Argentina (2009)} propone referirse en femenino o mediante términos alternativos que no masculinizan las palabras ya que: “las mujeres están invisibilizadas en el discurso mediático: se habla y se escribe en masculino. El lenguaje actual es sexista y androcéntrico, al considerar que nombrando a los hombres se designa a toda la humanidad” (p. 21).

En este recorrido podemos ver cómo las recomendaciones tienden a redefinir la violencia de género a partir de cómo se la nombra. Se ponen en tensión los modos de cobertura que espectacularizan o naturalizan la violencia, así como aquellos aspectos que invisibilizan otras. La disputa que plantean los manuales pone el foco en los diferentes lenguajes mediáticos, principalmente en lo lingüístico. Es allí donde se dan las batallas sobre qué y cómo nominar ciertos acontecimientos como violencia de género. La base de la mayoría de estas recomendaciones, como mencionamos, se amparan en el paradigma normativo que define qué es y qué no es violencia, aún con sus limitaciones y cegueras.

También son rastros de las discusiones dadas por los feminismos y los estudios de género y de mujeres respecto al uso del lenguaje no sexista. Como vemos, a medida que se avanza en los años, la discusión se va actualizando en algunos sentidos y sedimentando respecto a otros, si pensamos en el orden de sinonimia en que se presenta muchas veces “violencia de género”, “violencia contra las mujeres”, “femicidios”.¹⁶

Construcción víctima-victimario

La formulación de recomendaciones por parte de las guías para una cobertura adecuada de casos de violencia de género establece la construcción de les implicades en el hecho. En este segundo eje, analizamos cómo las pautas producen el binomio víctima-victimario. Entendemos a este par como dos posiciones subjetivas que son exclusivas y excluyentes, en donde la víctima asume un lugar pasivo o de receptividad y, por el contrario, el victimario se ubica en un lugar activo (^{Cano, 2020}). En las sugerencias de los manuales, observamos que hay una preponderancia de construir a través del lenguaje a la mujer cisgénero como sujeto sobre el cual se ejerce la violencia y a los varones cisgénero como el único sujeto que la ejerce.

Esto se debe a que los manuales retoman normativas para la producción de pautas que, como desarrollamos más arriba, definen a la violencia de género contra las mujeres dejando afuera de esta conceptualización a otras identidades. De este modo, se tiende a criminalizar a los varones cisgénero y se vuelven rígidas las posiciones de les agentes. A su vez, se individualiza tanto la responsabilidad de un hecho que ocurre en un entramado de desigualdades sociales (^{Cano, 2020}), aislando casos y restringiendo la mirada compleja del fenómeno social.

Este binomio mujer-víctima/varón-victimario permea las pautas que otorgan las guías, aspecto que se observa en las acciones que fijan para la cobertura periodística de femicidios. Por un lado, establecen que el modo aconsejable de nominar a quienes forman parte de un hecho de violencia de género es mediante este par dicotómico. En cuanto al empleo de la categoría de víctima, ^{Amnistía Internacional Argentina (2009)} es el único manual que refiere su uso conflictivo:

El término víctima (si bien es discutido en algunos ámbitos por mostrar solo la debilidad de las mujeres) es el que se utiliza, al no encontrar aún otro más adecuado. "Sobrevivientes de violencia" es la denominación sugerida para hablar de las mujeres que lograron salir de las situaciones de maltrato (p. 22).

Sin embargo, encontramos que algunas de las guías plantean focalizar las producciones informativas desde una perspectiva de derechos y procurar otorgar representaciones positivas de quienes están superando o han logrado sobreponerse a la violencia (^{INAM, 2018}). Por ejemplo, ^{Amnistía Internacional Argentina (2009)} propone difundir la ruta crítica de víctimas que han transitado un proceso de decisiones y acciones para denunciar o salir de situaciones de violencia.

Por su parte, en torno al agresor, maltratador o victimario se presenta una tensión entre mantener el potencial como indica la ley o expresar con claridad quién es la persona. Esta tensión se trama con la recomendación de poner el foco en sus comportamientos para alertar a otras mujeres (^{Red-PAR, 2008}, ²⁰²⁰; ^{AIA, 2009}), como si se pudiera establecer un patrón de comportamiento violento, lo cual contribuye a estereotipar y a simplificar un fenómeno complejo.

Por otro lado, todo el corpus analizado arroja la necesidad de resguardar y proteger la identidad de las personas que están en situación de violencia. De este modo, sugieren evitar otorgar datos personales e información acerca de su entorno familiar, laboral. Por su parte, solo el ^{INAM (2018)} menciona evitar la reproducción de imágenes de las mujeres víctimas de femicidio. Ahora bien, cuando la persona en situación de violencia otorga autorización o consentimiento para dar información personal, la ^{Defensoría del Público (2016)} y el ^{INADI (2021)} señalan que se les debe advertir sobre las implicancias de la difusión mediática del caso. De este modo, subyace la idea de responsabilidad de los medios en la divulgación de información personal.

Por último, algunas de las pautas están dirigidas a que los medios sensibilicen sobre el tema apelando a estrategias pedagógicas y difundir información útil para estos casos. Por ejemplo, las guías publicadas después del 2018 sugieren otorgar contactos útiles como el número telefónico 144 -habilitado todo el año para la asistencia en situaciones de violencia de género-. Por su parte, la ^{Defensoría del Público (2016)} y el ^{INADI (2021)} proponen informar datos de organismos, políticas públicas, organizaciones sociales o de personas que se especializan en el tema.

Diversificar fuentes, de lo policial a lo social

El tercer núcleo de recomendaciones que bregan por resignificar la problemática la agrupamos en aquellas que refieren al uso de fuentes. En general, las guías proponen diversificar los documentos, materiales, profesionales, especialistas u organismos a las que les periodistas acuden para obtener datos e información en torno a los hechos de violencia de género.

La mayoría del corpus comparte recomendaciones en torno a diversificar las fuentes y evitar el empleo unívoco de fuentes policiales.¹⁷ Que la mayoría de los manuales coincidan en este aspecto pone en evidencia que el periodismo adopta usualmente como voz legítima o autorizada en estos casos a la policía o referentes judiciales. Esto lo podemos comprender en un contexto donde los hechos de violencia siempre son categorizados y ubicados en la sección policial dentro de los medios. Hasta hace poco tiempo, los casos de violencia de género y femicidios iban en estas secciones, especialmente cuando se los catalogaba como “crímenes pasionales”.

Para cambiar esto, la propuesta de varios de los documentos que analizamos es priorizar a especialistas en la temática (^{INAM, 2018}; ^{ADEPA, 2020}), a organizaciones civiles, a referentes del movimiento de mujeres (^{Amnistía Internacional, 2009}). Aun así, los manuales indican evitar las opiniones de vecines de la persona en situación de violencia (^{ADEPA, 2020}; ^{Iniciativa Spotlight, 2020}). Es decir, las fuentes valoradas para las coberturas ya no son solo la policía y el aparato judicial, sino que se intenta encuadrar la problemática con otras voces y perspectivas como lo son organizaciones que luchan contra esta problemática y especialistas. Como dato no menor, ^{Red-PAR (2008}, ²⁰¹⁰) y ^{Amnistía Internacional Argentina (2009)} mencionan chequear la información, aunque provenga de organismos o fuentes oficiales. Una tarea fundamental en la práctica periodística, pero que necesita ser recordada.

Finalmente, encontramos que se sugiere el empleo de datos de informes sobre violencia por motivos de género a nivel mundial, regional y local (^{ADEPA, 2020}) e investigaciones académicas (^{INADI, 2021}). Una recomendación que tiende, como ya mencionamos en el apartado anterior, a contribuir a la política de cifras y a la estrategia de cuantificar la problemática. Aspecto que se tensiona con la recomendación de los modos de nombrar que veíamos más arriba: si bien se sugiere cuantificar casos, es necesario no nominar con “otro caso más…”.

Podríamos decir hasta aquí que la principal tensión de sentidos es que la violencia de género no es un problema más de “inseguridad” social, sino que debe ser comprendido a partir de la perspectiva de especialistas, académicas y militantes cuya trayectoria y experiencia complejiza el abordaje.