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1. DESAFÍOS EN LA REGULACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES
Las inteligencias artificiales (en adelante, IA2) y sus aprendizajes automáticos3 han dejado de ser una promesa. Su presente está trayendo profundos cambios sobre, entre otros ámbitos, comercio, arte y cultura, política, administración pública, salud, derechos humanos, democracia. Nada parece escapar a esta nueva traducción digital del mundo, donde se imponen constantes procesos de eficientización, optimización del tiempo, aprovechamiento del espacio y un control estricto tanto de las conductas humanas como de las no-humanas. Las IA parecen estar por todos lados, son omnipresentes, ubicuas, más aún luego de las medidas de aislamiento a partir del COVID-19 (Arellano Toledo, 2021; Coeckelbergh, 2021). En particular, las IA específicas (“débiles”, estrechas)4 comienzan a estar embebidas dentro de todo tipo de dispositivos y sistemas socio-tecnológicos.
Más allá de sus enormes beneficios, las IA también podrían estar profundizando viejos problemas como la desigualdad y el desempleo. Según Lee (2020), “la verdadera amenaza subyacente que plantea la inteligencia artificial: un tremendo desorden social y colapso político derivados del desempleo generalizado y de la enorme desigualdad” (p. 44). Su crecimiento industrial parece anticipar un malestar en la cultura tecnológica que surge, al menos, de tres elementos: el desconocimiento sobre qué cantidad, calidad y funciones tienen estos dispositivos a nivel mundial, su falta de transparencia (imposible arribar a una explicabilidad) y, finalmente, la complejidad creciente y una fuerte dependencia de las IA (Calvo, 2019; Vercelli, 2023a). Ahora bien, ¿cuánto y cómo afectan a las personas y a las poblaciones? Tan amplios y profundos son los cambios que introducen las IA que, inevitablemente, emergen cuestionamientos en relación a sus posibles consecuencias y a la necesidad de su regulación. ¿Es posible que una ley nacional pueda aportar soluciones? Además de leyes, ¿se requerirá del diseño tecnológico para fines regulativos? (Vercelli, 2023a)5. ¿Qué tipo de desarrollos son las IA: intelectuales o materiales?6. ¿Cómo se regularán los sistemas autónomos7 (Scharre, 2018; Turner, 2019; Navarro-Michel, 2020), los derechos intelectuales8, la autodeterminación informativa9 o la incorporación de IA en las administraciones públicas10.
El crecimiento mundial de las IA trajo también todo tipo de discusiones, posiciones y declaraciones que, desde hace al menos una década, han oscilado entre vanagloriar los beneficios o alertar sobre los peligros que representan las IA para la humanidad. Proveniente del mundo académico, entre otras, se pueden mencionar la Montréal Declaration (2018 y 2022), donde se establecen criterios para una IA responsable, The Toronto Declaration (2018), vinculada a equidad y no discriminación, o más reciente, la Declaración de Montevideo (2023). Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) también se han pronunciado: entre otras, se destaca la “Campaña para detener los Robots Asesinos / Campaign to Stop Killer Robots” (SKR) en contra del uso de armas autónomas y del uso deshumanizado de las IA. También han sido prolíficos los documentos e informes de organismos internacionales, entre otros: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2019), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020 y 2021) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, 2019). A su vez, se destacan numerosas estrategias y políticas públicas nacionales orientadas a diseñar, planificar e implementar las IA: entre las más relevantes a nivel mundial se cuentan las posiciones estratégicas de China, Estados Unidos y la Unión Europea11.
Ahora bien, ¿qué ocurrió en América Latina y, en particular, en la República Argentina con estas políticas públicas y regulaciones de las IA? Aunque Argentina todavía no sancionó leyes específicas sobre IA ni avanzó sobre políticas integrales en el sector, al menos sí es posible identificar numerosas iniciativas que podrían ayudar a caracterizar cómo y de qué forma se está proyectando su regulación. En el presente artículo se relevan y analizan los antecedentes sobre IA en la República Argentina durante el período 2018 hasta finales de 202312. En primera instancia, y en orden cronológico, se presentan las iniciativas que se diseñaron e implementaron desde el Poder Ejecutivo: entre otras, informes, programas, acuerdos internacionales, directivas, resoluciones, guías, recomendaciones y servicios13. En segunda instancia, y también cronológicamente, se presentan los antecedentes legislativos sobre IA emanados del Congreso Nacional (la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y el Senado de la Nación): específicamente, se han relevado y analizado los Proyectos de Ley y Proyectos de Resoluciones de ambas cámaras.
2. PRIMER INFORME DEL PODER EJECUTIVO SOBRE IA: ArgenIA
Unas de las primeras iniciativas sobre IA en Argentina fue elaborada hacia el final del gobierno presidido por Mauricio Macri (2015-2019), específicamente entre 2018 y 2019, y llevó por título “Plan Nacional de Inteligencia Artificial” (ArgenIA, 2019). Aunque se denomine “Plan”, en realidad, se trata más de un informe sobre IA, o una descripción general, que de una política pública sobre IA en el país. El informe se redactó durante el 2018 y 2019, con reuniones durante siete meses, dentro de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (por ese entonces había dejado de ser Ministerio)14. Se trata de un informe inicial, descriptivo, escrito en potencial (“podría”, “debería”), y con una idea lineal de innovación. El informe se centró, entre otros puntos, en la necesidad de formar Recursos Humanos (a los que denomina talentos), la importancia del uso de los datos (públicos más que privados), la infraestructura computacional y la ética y las regulaciones (ArgenIA, 2019). Sobre este último punto, el informe considera que las numerosas regulaciones públicas sobre las IA y su desconocimiento podrían funcionar como una barrera para la innovación. Este sentido negativo sobre las regulaciones públicas atraviesa todo el documento: en el informe final se confundió (es decir, no se diferenciaron) las regulaciones sobre las IA con los problemas éticos que éstas pueden plantear. A pesar que ArgenIA expresó querer contribuir al desarrollo nacional (sustentable) y articularse tanto con la Agenda Digital Argentina 2030 como con la Estrategia Nacional Argentina Innovadora 2030, el “Plan” nunca llegó a discutirse públicamente ni a implementarse. De hecho, según surge del informe elaborado por el Jefe de Gabinete de Ministros en 2020 (JGM, 2020), el Plan Nacional de Inteligencia Artificial fue aprobado el 9 de diciembre de 2019 (último día de gestión macrista) sin estructura administrativa ni asignaciones presupuestarias para su desarrollo. A finales de 2019, con la llegada a la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023), el informe fue rápidamente olvidado.
3. LA INCORPORACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA UNESCO
Si bien las discusiones sobre ética acompañaron a las IA desde sus inicios, hace algunos años que también se comenzó a discutir a nivel internacional qué hacer con sus problemas y, sobre todo, cuál debía ser la intervención de los estados en sus soluciones. Uno de los primeros espacios donde se comenzó a discutir la temática fue la UNESCO. En noviembre de 2019 los Estados Miembros adoptaron la Resolución N°40 C/37 donde se reconocía la importancia que las IA comenzaban a tener para los países en desarrollo. Puntualmente, se solicitó a la Directora General un instrumento normativo internacional sobre la Ética de la IA en forma de recomendación para su reunión 41 (2021). En marzo de 2020 se creó un Grupo Especial de Expertos con el objetivo de avanzar sobre las recomendaciones. En agosto y setiembre de 2020 se publicó el anteproyecto y para 2021 la versión definitiva de las Recomendaciones sobre Ética de la Inteligencia Artificial (UNESCO, 2021). La República Argentina es parte firmante de las recomendaciones de UNESCO que, en su documento final, contiene varios puntos destacables sobre IA, ética y derechos humanos. Sin embargo, al igual que otros documentos de agencias internacionales -de OCDE y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)-, el enfoque sobre los problemas éticos de las IA y los antecedentes que se tuvieron en cuenta estuvieron influidos por los países desarrollados (sobre todo los Europeos) y mostraron una nula participación de los países de América Latina15. Existe, sobre este instrumento, un segundo nivel de problemas relacionado al objetivo final de las recomendaciones: se busca que los Estados miembros puedan crear leyes y dictar reglamentos u otras medidas prácticas destinadas a garantizar que la utilización de la IA sea hecha de conformidad a los parámetros constitucionales y legales nacionales o internacionales y de conformidad con los derechos humanos. Es decir que, lejos de abocarse a los numerosos y complejos temas de ética e IA, las recomendaciones tienen una pretensión normativa (de reflexión normativa sistemática y universal) para con los Estados Miembros. Al respecto, hacia finales de 2022, tuvieron lugar otras dos iniciativas que vincularon a la UNESCO con el gobierno argentino. En noviembre de 2022 se desarrolló un nuevo encuentro con los responsables de UNESCO Montevideo en torno a temas de IA: específicamente, se analizaron posibles acciones conjuntas entre la Secretaría de Innovación Pública del Estado argentino y la UNESCO Montevideo para colaborar sobre la adopción de las Recomendaciones sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (2021) (análisis de impactos, monitoreo y evaluaciones sobre aplicaciones de IA). En diciembre de 2022 la Argentina también participó del Foro Global sobre Ética de la Inteligencia Artificial, a través de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y de la Secretaría de Innovación Pública (participación remota). El evento se realizó en República Checa y tuvo como eje la identificación de las mejores prácticas regulatorias y marcos institucionales para fomentar y garantizar el desarrollo ético de la IA.
4. LAS IA COMO ASUNTO ESTRATÉGICO: DE CAMIA A LA AGENCIA I+D+i
Durante el gobierno de Alberto Fernández, y por la Resolución N°90 de noviembre de 2021, el entonces Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, creó el Programa de Inteligencia Artificial, dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Gestión del Conocimiento, Subsecretaría del Conocimiento para el Desarrollo, dentro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. El programa, tal lo expresado en la Resolución 90, nació con el objetivo de brindar apoyo al Consejo Económico y Social para el desarrollo de actividades vinculadas a la promoción de inteligencia artificial (Secretaría de Asuntos Estratégicos, 2021). A partir de estas funciones del Consejo, el 5 de abril de 2022 se presentó formalmente el Centro Argentino Multidisciplinario de Inteligencia Artificial (CAMIA). El 7 de junio de 2022, y a la espera de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se realizó un segundo evento llamado “Foro Internacional de Inteligencia Artificial: hacia un Centro Argentino Multidisciplinario de Inteligencia Artificial”, con la intención de discutir algo más sobre la arquitectura institucional que tendría CAMIA. En particular, un diseño que pueda servir para I) Promover una participación activa de los actores públicos y privados del ecosistema de IA; II) Generar mecanismos para la identificación y priorización de necesidades de formación (desarrollo de talentos), de investigación aplicada y de servicios a las empresas; III) Promover la transferencia tecnológica al sector productivo; y IV) Garantizar la sustentabilidad financiera de mediano y largo plazo del centro (CEyS, 2022a; CEyS, 2022b). Sin embargo, hasta finales de 2023, la iniciativa CAMIA todavía no ha publicado documento alguno sobre IA en Argentina. Al parecer, el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que hubiera financiado el funcionamiento de CAMIA, fue redireccionado hacia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Durante 2023, los equipos de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y el BID trabajaron en un préstamo de 35 millones de dólares para invertir en el área de IA con el fin de apoyar las exportaciones de la economía del conocimiento (Agencia I+D+i, 2023b). Específicamente, el acuerdo incluyó tres líneas de trabajo: a) la creación de un centro de inteligencia artificial (que bien podría ser CAMIA o su reemplazo) orientado, entre otros objetivos, a generar capacidades y proyectos multidisciplinarios en IA y elaborar una agenda de política regulatoria en IA; b) financiar con aportes no reembolsables al sector productivo para el desarrollo de soluciones basadas en IA y con potencial exportador; y c) fortalecer el sistema científico-tecnológico a través del apoyo a redes de investigación y cátedras en IA (Agencia I+D+i, 2023a). Estas líneas de trabajo sobre IA son coincidentes con varios objetivos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT, 2022).
5. LA ADHESIÓN AL PACTO GLOBAL SOBRE IA
En los eventos realizados en Casa de Gobierno en el año 2022, y en los que se fueron perfilando los rasgos iniciales de CAMIA, la Argentina también firmó su adhesión al Pacto Global de Inteligencia Artificial (GPAI, por sus siglas en inglés)16. El GPAI se constituyó como una iniciativa con participación de múltiples actores (científicos, industriales, sociedad civil, gobiernos, organismos internacionales, academia) con la finalidad de cooperar y tender puentes entre la teoría y la práctica de la IA. El GPAI procura, además de financiar investigaciones y actividades aplicadas a las IA, el respeto de los derechos humanos, la inclusión, la diversidad, la innovación y el crecimiento económico. El GPAI se construyó a partir de las recomendaciones sobre IA de la OCDE, se la considera una iniciativa ideada dentro del G7 y, principalmente, es impulsada por Japón, Francia y Canadá (sobre todo en su parte francófona). Desde su lanzamiento en 2020, el GPAI ha sumado unos 29 países asociados caracterizados por una fuerte presencia europea, poca participación de los Estados Unidos y las ausencias de otras potencias mundiales en IA como China o Rusia. Por América Latina participan Argentina, Brasil y México. En 2023 el GPAI ha tenido poca actividad: entre otros puntos, no ha sumado socios e, incluso, el Reino Unido no lo utilizó para el evento sobre IA Segura desarrollado en Bletchley Park a finales de 2023 (AI Safety Summit, 2023). El GPAI tampoco ha estado involucrado ni se ha pronunciado sobre las últimas regulaciones sobre IA que se están en desarrollo en los Estados Unidos (White House, 2023) o en China (Global Times, 2023).
6. LA IMPLEMENTACIÓN DE TINA, CHATBOT DEL ESTADO NACIONAL
También durante la gestión del Presidente Alberto Fernández, desde la Secretaría de Innovación Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), se propuso la creación de un servicio de Chatbot17 del Estado Nacional, basado en un programa de IA, que pueda automatizar tareas simulando conversaciones con los usuarios en lenguaje natural y a través de sitios web, aplicaciones móviles o por teléfono móvil. La herramienta, por sus características conversacionales, se orienta a facilitar las comunicaciones con los ciudadanos las 24 horas y a generar una experiencia personalizada a través de la aplicación “Mi Argentina”. Conforme al Artículo 1 de la Resolución 14 de 2022, Secretaría de Innovación Pública, el Chatbot recibió el nombre TINA, “Chatbot del Estado Nacional”, y funciona como herramienta de asistencia virtual a la ciudadanía. A su vez, TINA se articula con el Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina” (del portal argentina.gob.ar). Para su funcionamiento se estableció un número de WhatsApp (con número de teléfono oficial y verificado 1139101010). La resolución solicita que el Chatbot esté disponible en los portales web y se invita a las provincias y municipios a adherirse al servicio. A través de la Disposición 1 (TINA, 2022), la Subsecretaría de Servicios y País Digital delineó los términos y condiciones de TINA. El acceso y uso de TINA es voluntario y se realiza a través de una cuenta registrada en Facebook Messenger, de un teléfono verificado de WhatsApp o del acceso vía argentina.gob.ar. (TINA, 2022). A través de la Disposición 1 (JGM, 2023) de febrero de 2023 se creó la Base de Datos denominada “CHATBOT DEL ESTADO NACIONAL - TINA” que, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326, permite la interacción entre TINA y las/los usuarios/as del canal de atención. La responsable de la Base de Datos es la Subsecretaría de Servicios y País Digital (JGM, 2022). Toda la información que ofrece TINA proviene de argentina.gob.ar y de otras fuentes actualizadas y validadas que dispone cada organismo del Estado.
7. LA DIRECTIVA DE POLÍTICA DE DEFENSA NACIONAL Y LA POLÍTICA DE CIBERDEFENSA
El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 457, de julio del año 2021, actualizó la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN, 2021). En Anexo, la nueva Directiva incluyó las líneas rectoras de la Defensa Nacional y la obligación esencial e indelegable del Estado Argentino de garantizar la soberanía e independencia, la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación y la protección de la vida y la libertad de sus habitantes, frente a amenazas militares externas de origen estatal (DPDN, 2021). Según el Capítulo I, Diagnóstico y apreciación del escenario de defensa global y regional, la nueva Directiva identifica el aumento y perfeccionamiento de los usos militares de todo tipo de tecnologías: entre otras, robóticas, cibernéticas, IA, sensores remotos, vehículos aéreos no tripulados, aprendizaje automático, autonomía, acceso al espacio, biotecnología (DPDN, 2021). Especial consideración, tanto política como tecnológica, tienen los cambios sobre la topografía de internet, las tensiones sobre el desarrollo de redes móviles 5G y la computación cuántica. Para dicha Directiva, el ciberespacio no es un “espacio en sí mismo” sino una dimensión que atraviesa a todos los espacios tradicionales (tierra, mar, aire y espacio) y que, en términos de ciberguerra, puede afectar infraestructuras físicas: entre otras, infraestructuras críticas, comunicaciones militares, tráfico aéreo y terrestre, energía o agua potable. Según se expresa en el Capítulo II (DPDN, 2021), Concepción y posicionamiento estratégico, el Sistema de Defensa Nacional se orienta estructural y organizativamente hacia la disuasión de potenciales agresiones externas por parte de fuerzas armadas de otros Estados (no incluyendo cuestiones de seguridad interior) (Cornaglia & Vercelli, 2017). Así, uno de los puntos salientes de la nueva Directiva es que el control, la vigilancia, el reconocimiento y la producción de inteligencia militar estratégica se aplican al ciberespacio -además de a los espacios marítimos, terrestres y aeroespaciales- (DPDN, 2021, p. 19). La ciberdefensa se orienta al resguardo soberano de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todo el territorio nacional y a minimizar el riesgo de la exposición y contrarrestar eventos que afecten la libre disponibilidad del ciberespacio en operaciones militares.
Dentro del Capítulo III, Directrices para la instrumentación de la política de defensa nacional y de la política militar, se estable que el Ministerio de Defensa es quien garantiza y consolida el gobierno político de la Defensa Nacional. Específicamente, se indica que el instrumento militar debe adecuar sus medios, inteligencia, recursos humanos, despliegue, logística, adiestramiento, doctrina y organización, para el control efectivo de los espacios territoriales soberanos de la República Argentina (ambientes terrestre, marítimo, aeroespacial y su transversal dimensión ciberespacial). A su vez, la vigilancia, comando, control, comunicaciones, informática, inteligencia y guerra electrónica, se orientan a que el sistema de ciberdefensa cuente con una adecuada “alerta temprana estratégica”. Finalmente, la Directiva indica que se invierta en ciberdefesa18 y que se elabore una política para el nuevo “Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional” (CPDN). Al respecto, el 30 de enero de 2023, el Ministerio de Defensa aprobó su “Política de Ciberdefensa” (Ministerio de Defensa, 2023) y, por Resolución 105, definió tanto el diseño conceptual del Sistema de Ciberdefensa como su planeamiento estratégico militar (Ministerio de Defensa, 2023). A través del Artículo 2 crea, en la órbita de la Subsecretaría de Ciberdefensa, el ‘Centro de Supervisión y Control de Gestión de Ciberdefensa’, con el objetivo de realizar una efectiva supervisión de los organismos correspondientes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas. A través del Artículo 3, también dentro de la Subsecretaría de Ciberdefensa, se crea el Comité de Infraestructuras Críticas de la Información de la Defensa, con el objetivo de identificar los Activos Digitales Críticos del Sistema de Defensa Nacional. Específicamente, en Anexo I de la Resolución 105, se presenta la Política de Ciberdefensa (Ministerio de Defensa, 2023). Entre otras características relevantes, la política se sustenta en un enfoque sistémico y multidimensional (el Sistema de Ciberdefensa es más que la suma de sus partes), su objetivo principal es el monitoreo continuo y permanente (observación, vigilancia y control, detección temprana y respuesta a incidentes cibernéticos) y se presta atención a las infraestructuras críticas de comunicación y al espectro electromagnético (Ministerio de Defensa, 2023). Las políticas de ciberdefensa se sustentan en el fortalecimiento de la industria nacional y la soberanía tecnológica, sobre todo a partir de las IA, la gestión de grandes datos y de otras tecnologías digitales clave para la ciberdefensa (Niss, 2023).
8. LA HOJA DE RUTA: “INNOVAR CON CIENCIA DE DATOS EN EL SECTOR PÚBLICO”
En noviembre de 2022, desde la Fundación Sadosky (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina), se publicó una “hoja de ruta” orientada a favorecer el uso de IA en el Estado nacional. El documento llevó por título “Innovar con Ciencia de Datos en el sector público” (Martínez, et. al., 2022)19 y tiene por objetivo servir de guía para quienes buscan dar sus primeros pasos en la utilización de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (CDIA) en el Estado: principalmente para las personas a cargo de formular, monitorear o gestionar políticas o servicios públicos. La hoja de ruta identifica las preguntas fundamentales que se presentan en el proceso de innovación pública con datos y las estructura en tres etapas: Primera etapa: pensamiento de diseño para la co-creación de servicios y políticas públicas20; Segunda etapa: ¿qué entendemos por datos, Ciencia de Datos o Inteligencia Artificial?; Tercera etapa: el uso de datos, ciencia de datos e inteligencia artificial como un proceso de innovación pública. El documento plantea, a su vez, diferentes niveles y complejidades para la innovación en el sector público: desde tramos más simples de sistematización e innovación de datos públicos, pasando por el uso de ciencia de datos, hasta la incorporación de la innovación basada en ciencia de datos e IA (con capacidades de estimar, simular y predecir).
En la segunda parte, la hoja de ruta brinda una serie de recomendaciones (denominadas “insustituibles”) para crear un proyecto que involucre CDIA. Para evitar el “solucionismo tecnológico”, una de las primeras recomendaciones que se ofrece es reflexionar si la ciencia de datos y las IA son las mejores herramientas para resolver los problemas identificados. Las recomendaciones se orientan luego sobre dos puntos clave: qué tener en cuenta si las herramientas las provee una empresa y cómo armar equipos multidisciplinarios en las agencias gubernamentales (ecosistemas de actores más allá de los equipos técnicos). Las recomendaciones también se abocan a la calidad de los datos, la infraestructura y el impacto ambiental y la sustentabilidad tecnológica que tendrán los proyectos. Las recomendaciones incluyen también un repaso necesario sobre la normativa aplicable (protección de datos personales, seguridad y derecho administrativo), la transparencia, el registro de algoritmos y, finalmente, recomendaciones y cuidados sobre distorsiones y sesgos en los datos. La guía cierra con un listado que repasa los temas considerados “infaltables” a la hora de emprender diferentes proyectos de innovación en el sector público.
9. EL PROGRAMA NUEVA ECONOMÍA DE LA LENGUA
El 17 de abril de 2023, mediante Resolución N.º 447, la Secretaría de Economía del Conocimiento, Ministerio de Economía de la República Argentina, creó el Programa Nueva Economía de la Lengua (PNEL). El mismo se enmarca dentro de las actividades y objetivos que la Secretaría de Economía del Conocimiento lleva adelante en el marco de la aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento aprobado por la Ley N° 27.506 -en adelante, LEC- (Ministerio de Economía, 2023). El Artículo 1 establece que el objetivo central del PNEL es generar espacios de trabajo y articulación federal que permitan implementar acciones relacionadas a la economía de la lengua, al desarrollo de IA en idioma español o de dispositivos que nos permitan dialogar en nuestras lenguas (Ministerio de Economía, 2023). El PNEL se proyectó con la idea de involucrar y articular múltiples actores: empresas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y otros organismos gubernamentales nacionales, subnacionales y de la región iberoamericana. El PNEL prevé activa participación, a través de acuerdos y convenios, tanto de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de los municipios en todo el territorio nacional. Y se propone fortalecer, a su vez, el vínculo entre la comunidad científico-tecnológica, los sectores productivos y los ecosistemas regionales de innovación. También proyecta trabajar sobre la regulación de IA que usen el procesamiento del español como lenguaje natural, procurando fortalecer los derechos y garantías de la ciudadanía y promoviendo las IA inclusivas, con equidad de género, sostenibles, y que protejan el derecho a la privacidad y a la no discriminación (PNEL, 2023). El PNEL se estructura a partir de grupos de trabajo multidisciplinarios y de mesas de trabajo: entre otras, mesa de gestión pública (y de datos públicos/abiertos), mesa científico-académica (universidades públicas y privadas), mesa del sector privado, mesa del tercer sector (sin fines de lucro) y una mesa intergubernamental (con los países de la región) (PNEL, 2023).
10. RECOMENDACIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
El 1 de junio de 2023, a través de la Disposición Nº 2/2023, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, Secretaría de Innovación Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó las “Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable” (RIAF) y su “esquema gráfico de las etapas de Proyectos de Inteligencia Artificial”. Las recomendaciones se orientaron a mencionar principios éticos provenientes de documentos internacionales y proponer recomendaciones para garantizar el desarrollo responsable y beneficioso de los proyectos basados en IA dentro del Estado Argentino. Específicamente, según los objetivos explícitos en su manual, se brindan algunas herramientas para quienes buscan desarrollar proyectos de IA e innovación pública (equipos técnicos, funcionarias/os y decisores) (RIAF, 2023, p. 4). Las recomendaciones se presentan como una especie de guía teórico-práctica, un compendio de principios éticos que los agentes deberán respetar para el tratamiento de los datos21 y durante todo el ciclo de vida de las IA22 (Ob. Cit., p. 4). Según se expresa en sus considerandos, Disposición 2, se busca establecer reglas claras para garantizar que las bondades de cualquier desarrollo tecnológico en IA puedan ser aprovechadas por todos los sectores de la sociedad y que, dentro de una estrategia más amplia, se prioricen la soberanía tecnológica, el bien común y las respuestas a los problemas sociales-ambientales y productivos del país (RIAF, 2023). La guía tuvo en cuenta, entre otros antecedentes, las consideraciones sobre Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO23, las Conferencia de Asilomar24, los documentos de la OCDE25 y las reuniones del G20. Entre las principales recomendaciones se destacan: armar equipos diversos y multidisciplinarios en el Estado, capacitar a los agentes en IA, no forzar el uso de IA (pueden existir mejores opciones a los problemas planteados), comprender los beneficios de las automatizaciones26 (e, incluso, de las inteligencias aumentadas27), sustentarse en la supervisión y responsabilidad humanas y, finalmente, llevar adelante análisis prospectivos fallidos (o premortem). Es importante destacar que las recomendaciones sólo se orientan a procesos de automatización en el Estado, dejando de lado problemas más reales, complejos y urgentes sobre autonomización (el documento no explica esta decisión). Finalmente, las recomendaciones fueron presentadas en tres eventos desarrollados en junio de 2023: primero se presentó dentro de la Segunda Asamblea Ordinaria de 2023 del Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP) y Tercer Congreso Federal de Empleo Público (COFEFUP, 2023); en segunda instancia, se discutió en un evento con la Unión Europea; y, en tercer lugar, se presentó en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AMCHAM).
11. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Mediante Resolución 161/2023 del 4 de setiembre, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creó el “Programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la inteligencia artificial” (AAIP, 2023a). El programa funcionará dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia y de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. El Anexo del Programa, tomando antecedentes internacionales y nacionales, explicita como su objetivo general el impulso de “procesos de análisis, regulación y fortalecimiento de capacidades estatales necesarias para acompañar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, tanto en el sector público como en el ámbito privado, garantizando el efectivo ejercicio de los derechos de la ciudadanía en materia de transparencia y protección de datos personales (AAIP, 2023a). A su vez, uno de los objetivos específicos del Programa busca impulsar procesos participativos para la generación de propuestas regulatorias de la IA en el país, en coordinación con otros organismos gubernamentales competentes en la materia. Para ello, el programa crea tanto un observatorio orientado a elaborar estadísticas e informes periódicos sobre IA a nivel nacional, regional e internacional, como un Consejo Asesor Multidisciplinario, orientado a que expertos generen consensos y concerten políticas sectoriales. El tercero de los componentes del programa se nutre, entre otros elementos, de la elaboración de guías de buenas prácticas para entidades públicas y privadas sobre transparencia y protección de datos personales e IA (AAIP, 2023a). El Programa se diseñó sólo para la observación y el diagnóstico: por el momento, no aporta soluciones al uso ilegal de datos personales y no articula el poder de policía que la Agencia dispone, a partir del artículo 29 de la Ley 25326, para la salvaguarda de los derechos humanos de la población argentina.
12. LA MESA INTERMINISTERIAL SOBRE IA
El 7 de setiembre de 2023, desde la JGM a cargo de Agustín Oscar Rossi, y por Decisión Administrativa 750/2023, se creó la Mesa Interministerial sobre Inteligencia Artificial (MIIA). A partir de un marco ético -del desarrollo sostenible y de la transformación digital en el Estado Argentino-, la MIIA procura abordar los avances de la IA en los diversos sectores socio-económicos y ayudar en el diseño de una estrategia integral sobre IA para ser aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional (JGM, 2023). La MIIA es presidida por la JGM y coordinada conjuntamente con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. Según se establece en el artículo tercero, la MIIA está integrada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, los Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Defensa, Economía, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Salud, Seguridad, Trabajo, Empleo y Seguridad Social y por la Secretaría de Asuntos Estratégicos (JGM, 2023). La coordinación podrá invitar a participar a otras jurisdicciones, entidades públicas y/o privadas. La primera reunión de la MIIA se realizó el día 9 de noviembre de 2023 en la Casa Rosada para discutir y diseñar una estrategia integral que compatibilice la implementación de la IA con la plena vigencia de los derechos laborales y poder evaluar los marcos regulatorios que son necesarios para minimizar los impactos no deseados de estos cambios socio-tecnológicos. Del primero de los encuentros de la MIIA, además de miembros de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, participaron funcionarios de Ministerio de Trabajo, Defensa, Economía, Cancillería, Ciencia y Tecnología, Salud, Seguridad y de la Jefatura de Gabinete (Secretaría de Asuntos Estratégicos, 2023).
13. ANTECEDENTES DE REGULACIOENS DE LAS IA EN EL CONGRESO
Este último apartado presenta y analiza los antecedentes que, entre 2018 y finales de 2023, emanan de las labores propias del Congreso de la Nación Argentina sobre regulación de las IA. Entre otras iniciativas, fue posible identificar diferentes Proyectos de Ley, Proyectos de Resolución, Declaraciones de Interés, Reconocimientos y Premios. A continuación se describen sólo los Proyectos de Ley y los Proyectos de Resolución (no así las declaraciones, reconocimientos o premios)28 que podrían ser considerados de mayor relevancia para el análisis de las regulaciones sobre IA. Los antecedentes se ordenan cronológicamente y, en cada uno de ellos, se identifica si fueron presentados en el Honorable Senado de la Nación o a través de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación:
-(Senado, junio de 2018: Consejo Federal de Robótica) Uno de los primeros antecedentes legislativos sobre regulación de las IA provino del Senado de la Nación y se trató de un Proyecto de Ley que, presentado en 2018 por Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo, buscó crear tempranamente un Consejo Federal de Robótica dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (Expediente Senado 2103, 2018). El proyecto incluía varios puntos relevantes tanto para las robóticas como para las IA. La iniciativa no prosperó y, hasta el momento, no se ha vuelto a presentar ni por el Senado ni por la Cámara de Diputados. El expediente caducó el 28-02-2020 y fue enviado al archivo el 10-08-2022 (Expediente Senado 2103, 2018);
- (Diputados, marzo de 2019 y agosto de 2023: Consejo Federal de Inteligencia Artificial) Esta vez en la Cámara de Diputados, y muy similar al proyecto antes descrito, se impulsó también un Proyecto de Ley para la Creación del Consejo Federal de Inteligencia Artificial. El proyecto, presentado el 12 de marzo por las Diputadas Victoria Rosso, Ivana Bianchi y Andrés Alberto Vallone (Expediente Diputados 0509, 2019), buscó fomentar el estudio, la concientización, la investigación y la difusión de temáticas relacionadas a la IA. Se proponía que el Consejo oficie de organismo interjurisdiccional consultivo sobre temas de IA y pudiera asesorar sobre riesgos, cuestiones éticas y no-neutralidades en este tipo de tecnologías. El proyecto no prosperó más allá de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y perdió estado parlamentario. En agosto de 2023, con el mismo título, objetivos similares, articulado mejorado y fundamentos actualizados, la Diputada Pamela Calletti volvió a presentar un Proyecto de Ley para su creación. Según el nuevo Artículo 7, inciso f, el Consejo tendría a cargo la elaboración de un informe anual sobre el estado de la IA en el país (Expediente Diputados 3161, 2023).
- (Senado, octubre de 2020 y mayo de 2023: Observatorio Seguridad Informática e impacto de la Inteligencia Artificial) Otro de los antecedentes provenientes del Senado de la Nación se relaciona con un Proyecto de Resolución que, presentado inicialmente por Dalmacio Mera en 2020 (Expediente Senado 2672, 2020) y vuelto a presentar por el Senador Edgardo Darío Kueider en 2023 (Expediente Senado 1080, 2023), propuso crear el “Observatorio permanente de Seguridad Informática e impacto de la Inteligencia Artificial”, bajo la dependencia funcional de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación. Ambos Proyectos de Resolución (casi idénticos) proponen que el observatorio se aboque al estudio analítico, crítico y creativo, multidisciplinario e integral de la seguridad, la soberanía informática y el impacto en la vida social de las IA (Expediente Senado 2672, 2020; Expediente Senado 1080, 2023). Se proponía, además, que el observatorio pudiera brindar soporte técnico en la elaboración de propuestas legislativas que articulen el desarrollo nacional, las inteligencias artificiales y el pleno respeto de los derechos humanos. En 2023 el proyecto deberá pasar por las Comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y Presupuesto y Hacienda.
- (Diputados, abril de 2023: modificar Ley 25467 a partir del crecimiento de las inteligencias artificiales) Otro de los antecedentes a destacar se relaciona con un proyecto de ley que, presentado por Jimena Latorre y Facundo Manes en abril de 2023 (Expediente Diputados 1472, 2023), se propone modificar la Ley 25467 sobre Ciencia, Tecnología e Innovación a partir del crecimiento de las IA. El objeto principal del Proyecto es incorporar tres artículos a la Ley 25467 (3 BIS, 8 BIS Y 8 TER) y así garantizar el desarrollo científico y tecnológico a partir de los nuevos desafíos y oportunidades que plantean los usos éticos de las tecnologías. El primero de los artículos refiere a los principios de diversidad e inclusión y a los de paz y justicia. El segundo establece la obligatoriedad del registro de los sistemas de IA según disponga el Gabinete Científico y Tecnológico (GACTEC), Jefatura de Gabinete de Ministros. El tercero propone que toda persona física o jurídica que se considere amenazada o perjudicada por un sistema de IA pueda realizar la denuncia o solicitar la revisión de dicho sistema ante la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva (SETCIP) (Expediente Diputados 1472, 2023).
- (Diputados, junio de 2023: Uso de la Inteligencia Artificial en la Educación) presentado en junio de 2023 por las Diputadas Victoria Morales Gorleri, María de las Mercedes Joury y el Diputado Maximiliano Ferraro (Expediente Diputados 2504, 2023), otro Proyecto de Ley propone una regulación para el “Uso de la Inteligencia Artificial en la Educación”. Según su Artículo 1, el Proyecto de Ley busca alcanzar el uso de las IA en todas las instituciones educativas y organizaciones relacionadas con la enseñanza (desde nivel inicial hasta nivel superior y de educación pública, gestión estatal, privada y social). El proyecto define brevemente la educación asistida por IA y los sistemas de IA para la educación, además de temas referidos a protección de datos personales, autorizaciones, actualización curricular, evaluación, supervisión y presupuesto. El proyecto deberá ser tratado por las comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Presupuesto y Hacienda.
- (Diputados, junio de 2023: Régimen de Investigación, Uso y Desarrollo de la Inteligencia Artificial) Otro de los antecedentes relevados desde Diputados tiene que ver con un Proyecto de Ley sobre Régimen de Investigación, Uso y Desarrollo de la Inteligencia Artificial que, propuesto por Victoria Morales Gorleri en junio de 2023 (Expediente Diputados 2505, 2023), se aboca a definir un marco legal para la investigación, desarrollo, uso y regulación de la IA en el territorio nacional. El proyecto propone que dicha regulación se aplique a todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen, investiguen, innoven o utilicen la IA en el territorio argentino, con independencia del lugar donde se encuentre el servidor o los servidores que la soporten. Además, según su Artículo 11, se propone que los desarrolladores de IA puedan/deban registrar sus sistemas conforme a los procedimientos previstos por el GACTEC (Gabinete Científico y Tecnológico) y en el marco de la ley 25.467. La iniciativa también podría otorgar a las autoridades de supervisión el acceso a la información del registro y el acceso a sistemas, códigos fuente, datos y documentación relevante para control. El proyecto también explicita la prohibición en el uso de IA para manipular o influir la toma de decisiones importantes (tales como procesos electorales o la formación de opiniones públicas). El proyecto deberá transitar las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Relaciones Exteriores y Culto, Economía y Presupuesto y Hacienda.
- (Senado, 14 de agosto de 2023: Desarrollo, implementación y utilización de sistemas basados en inteligencia artificial, dentro del territorio argentino) En agosto de 2023 el Senador Juan Carlos Romero presentó un Proyecto de Ley orientado a establecer controles y principios rectores para el desarrollo, implementación y utilización de sistemas basados en IA dentro del territorio argentino (Expediente Senado, 1747, 2023). Luego de algunas definiciones, e imitando el modelo de la regulación europea, se establecen en el Proyecto de Ley niveles de riesgos que pueden tener las IA: limitado, mínimo, alto e inaceptable. Como principios rectores de las IA, en el Artículo 4 retoma y transcribe varios de los principios establecidos en los documentos internacionales de OCDE y UNESCO. El proyecto solicita que todas las entidades que desarrollen o utilicen IA, sean públicas o privadas, estén obligadas a inscribirse en un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial donde se realizarán las evaluaciones de impacto. El proyecto establece que en el territorio nacional ciertos sistemas y servicios estarán, salvo excepciones, directamente prohibidos: entre otros, los sistemas de IA con técnicas subliminales o con identificación biométrica remota en espacios públicos (Expediente Senado, 1747, 2023).
- (Diputados, 26 de octubre de 2023: Proyecto de Ley sobre Regulación y uso de la inteligencia artificial) En octubre de 2023 la Diputada Anahí Costa presentó otro Proyecto de Ley sobre regulación y usos de la inteligencia artificial (Expediente Diputados 4329, 2023). En sus primeros artículos el proyecto establece que su objeto es garantizar y promover el uso de la IA como una herramienta de desarrollo digital, económico y social en el territorio de la nación, a través de un marco normativo que resguarde a las personas y proteja sus derechos humanos. Luego de algunas definiciones, principios rectores, y registro y algunas prohibiciones, el proyecto instituye un organismo de aplicación y contralor dentro del Poder Ejecutivo Nacional (sin especificar dónde) y, como novedad, sería el encargado de promover una educación abierta, accesible como así también la de realizar capacitaciones en materia de ética del uso de la IA y la alfabetización mediática e informacional (Expediente Diputados 4329, 2023).
- (Diputados, 2 de noviembre 2023: Proyectos de Ley para las reformas del Art. 4 de la Ley 27736 y del Art. 128 del Código Penal; y 3 de noviembre 2023: Proyecto de Ley para reformar el Art. 128 del Código Penal) A principios de noviembre de 2023 se presentaron tres Proyectos de Ley orientados a prohibir y castigar el uso de IA en la violencia contra las mujeres y las y los menores. Puntualmente, el día 2 de noviembre el Diputado Gerardo Milman presentó dos Proyectos de Ley para castigar el uso de IA en estas formas de violencia. En primer lugar, propuso reformar el Artículo 4 de la Ley 27736 e incorporar como violencia hacia las mujeres la utilización de la IA para difusión de imágenes de contenido sexual (Expediente Diputados 4410, 2023). En segundo lugar, propuso la modificación del Artículo 128 del Código Penal, con prisión de tres (3) a seis (6) años, a quienes produjeren, financiaren, ofrecieren, comerciaren, publicaren, facilitaren, divulgaren o distribuyeren, por cualquier medio, incluyendo el uso de IA, imágenes sexuales falsas, recreadas, y engañosas, también conocidas como deepfakes (Expediente Diputados 4411, 2023). A su vez, el día 3 de noviembre la Diputada Silvia Lospennato presentó un Proyecto de Ley que, similar al antes descrito en redacción y fundamentos, también propone reformar el Artículo 128 del código penal para castigar el uso de IA para fines de violencia contra menores (Expediente Diputados 4436, 2023).
13. REFLEXIONES FINALES: LA FALTA DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL
Las IA están transformando el mundo a gran velocidad: intervienen las conductas y los espacios y los someten a lógicas de poder que utilizan el diseño tecnológico para apropiar y privatizar los bienes comunes. Al igual que otras tecnologías, las IA no son neutrales, forman parte de un capitalismo extractivista que, más allá de sus enormes beneficios, también pueden profundizar asimetrías e injusticias: desigualdades sociales, económicas, jurídico-políticas y ambientales. En la última década, tal y como lo muestran documentos internacionales y numerosas estrategias nacionales/regionales, las regulaciones de las IA se transformaron en un tema clave para la geopolítica mundial. Así, muchos países han avanzado sobre estrategias nacionales e, incluso, algunas potencias y regiones, como Estados Unidos, China o la Unión Europea, también han avanzado en regular las IA para favorecer su desarrollo socio-económico, defender la soberanía tecnológica y proteger a sus ciudadanos / poblaciones.
En América Latina y, en particular, en Argentina estas iniciativas políticas no pasaron desapercibidas. En Argentina, queda claro, es posible identificar varias recomendaciones, políticas públicas y Proyectos de Ley que buscan regular las IA. El relevamiento realizado permite advertir que estas iniciativas no son nuevas y que, al menos, están en las agendas políticas desde el año 2018. Otro punto interesante del relevamiento es que permite identificar que las políticas públicas y las regulaciones de las IA comienzan a acelerase a partir del 2022 (es decir, a la salida de la pandemia del COVID-19): los intentos de regulación alcanzan su mayor volumen a partir del primer semestre de 2023 (en un año de elecciones presidenciales en la República Argentina). Aunque se trata de una investigación en curso, el artículo permite obtener una imagen algo más nítida sobre qué se discute, proyecta e implementa sobre las IA en Argentina (teniendo en cuenta tanto las iniciativas vinculadas al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo).
El informe desarrollado hacia el final de la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), ArgenIA, no merece mayor análisis: se trata de un documento elaborado para cumplir con algo que “estaba de moda”. ArgenIA fue publicado el último día de la presidencia de Macri, sin asignación presupuestaria y desincentivando las regulaciones públicas sobre IA. Por otro lado, mucho más rica en expresiones políticas, la gestión de Alberto Fernández (2019-2023) sí puede mostrar numerosas iniciativas sobre IA. Inicialmente, su gestión apostó por la creación de CAMIA con la intención que éste pudiera acompañar el posicionamiento geopolítico de la Argentina en materia de IA: es decir, por un lado, la adhesión a las recomendaciones de la UNESCO y de otras agencias internacionales (cercanas a Europa y distantes de potencias en IA como Estados Unidos, China y Rusia) y, por el otro, la inclusión del país dentro del Pacto Global de IA (GPAI) que, desde finales de 2022, se ha mostrado inactivo y fuera incluso de las políticas de los Estados Unidos o el Reino Unido. Y, si bien la planificación inicial de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la iniciativa CAMIA no alcanzaron los resultados esperados, a partir del 2023 el financiamiento del BID sobre IA se orientó hacia el MINCyT - Agencia I+D+i.
No obstante, la gestión de Alberto Fernández puede mostrar varias iniciativas más que involucran IA. Entre otras, se ha descrito la implementación del Chatbot TINA, la publicación de recomendaciones sobre IA (provenientes de la Secretaría de Innovación Pública, JGM), un programa sobre economía de la lengua e IA (Subsecretaría de Economía del Conocimiento, Ministerio de Economía), una hoja de ruta sobre ciencia de datos e IA en el Estado (Fundación Sadosky - MINCyT), las “Recomendaciones para una Inteligencia Artificial Fiable” (Subsecretaría de Tecnologías de la Información, SIP - JGM) y el Programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de las IA de la AAIP.
De todas las iniciativas relevadas del Poder Ejecutivo al menos dos consideran y poseen un buen tratamiento de temas estratégicos. La primera de ellas es la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), donde se identifica un aumento en los usos militares de las IA (además de robots, sistemas autónomos, aprendizajes automáticos, tecnologías 5G y computación cuántica). A inicios de 2023 el Ministerio de Defensa aprobó su Política de Ciberdefensa y ya cuenta con un Centro de Supervisión y Control de Gestión de Ciberdefensa y un Comité de Infraestructuras Críticas de la Información de la Defensa. Las políticas de ciberdefensa podrían ser, hasta el momento, el único antecedente donde sí se propician las industrias nacionales y la soberanía tecnológica. El otro antecedente destacable es la creación de la MIIA, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La MIIA podría significar un buen paso para la creación de una estrategia nacional sobre IA hacia finales de 2023 e inicios de la próxima gestión a partir del 10 de diciembre de 2023.
En relación a los Proyectos de Resoluciones y Proyectos de Ley relevados del Congreso de la Nación, es posible advertir un movimiento similar a lo descrito para las iniciativas del Poder Ejecutivo. Los proyectos se inician en 2018, alcanzan un mayor volumen luego de la pandemia en 2022 y muestran un aumento significativo durante 2023. El relevamiento muestra, además, que existen varios Proyecto de Ley y de Resolución sobre IA que deberán ser tratados en el futuro inmediato, pero bajo una nueva configuración de las cámaras (a partir del 10 de diciembre de 2023). De los trece proyectos analizados sólo cuatro se abocan a regular temas puntuales (asuntos del derecho penal o vinculados a ciencia y tecnología) y los nueve restantes tienen una mirada más amplia para regular el fenómeno de las IA dentro del territorio nacional. No obstante, se trata de iniciativas limitadas y algo ambiguas en relación a una temática tan compleja. Por el momento, sólo parecen ser simples borradores, que no dialogan entre sí (parecen piezas de distintos rompecabezas) y de resultado parlamentario incierto.
En suma, el relevamiento realizado en el artículo permite identificar que, hasta el momento, tanto las políticas públicas y, en particular, las regulaciones sobre IA en la Argentina, pueden caracterizarse como “inerciales” (imitan y acompañan las soluciones que otros países / regiones proponen), “fragmentadas” (tratan temas sueltos, dispersos o específicos) y de “escasos resultados” (tal y como resulta de la iniciativa CAMIA). Salvo algunas excepciones, como son las políticas de defensa y ciberdefensa o la construcción de la MIIA, en el esquema general relevado se observa la ausencia de una estrategia nacional sobre IA. Ausencia que, de mantenerse en los próximos años, podría conducir a la pérdida de recursos y a discusiones irrelevantes, dilatorias o tangenciales. Es necesario que Argentina deje de discutir las agendas de IA de otros países / regiones y se aboque a diseñar e implementar su propia estrategia nacional sobre IA a partir de la soberanía tecnológica y la defensa de los intereses nacionales.
