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Introducción
Este artículo tiene su fundamento en la Ley N° 19.529 de cuyo análisis se dan a conocer las prioridades y/o respuestas del estado en materia de salud mental, así como los instrumentos de aplicación a partir de los entes públicos. En este recorrido se expone la coyuntura que enfrenta Uruguay en comparación al resto de los países latinoamericanos, los factores y aspectos implicados en los problemas de salud mental, la población de mayor vulnerabilidad y la influencia de la crisis sanitaria por la incursión del COVID-19 en la estabilidad mental de la población.
El origen de la revisión se sitúa en los retos que implica para la sociedad enfrentar los trastornos de salud mental y para el Estado en el marco del Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027 cuyo objetivo es: “promover las condiciones favorables y apoyar a las personas, grupos, comunidades y sociedades con el desarrollo máximo de sus capacidades y en el goce del bienestar” 1. Considerando, entonces, que la salud mental en términos generales implica aspectos emocionales, psicológicos y sociales del individuo, que valora el estado de equilibrio con su entorno sociocultural y su calidad de vida.
Por consiguiente, se aborda el rol del Estado (en base a la Ley 19.529) a partir de las acciones de protección, prevención tratamiento y rehabilitación, encaminadas a crear las condiciones para el ejercicio del derecho a una vida digna de todas las personas y particularmente de aquellas con trastornos de salud mental. La Organización mundial de la salud (OMS) y la Organización panamericana de la salud (OPS) definen a las enfermedades mentales como: “una epidemia silenciosa que ha afectado a las Américas mucho antes del COVID- 19, con depresión y ansiedad como dos de las principales causas de discapacidad” 2. Como un tema de interés mundial que afecta a gran parte de la población, dichos organismos afirman que los trastornos de esta índole están determinados por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos, enfatizando que las presiones socioeconómicas persistentes constituyen un riesgo para el equilibrio mental de las personas y las comunidades. Este enfoque integral de la salud, va más allá de la ausencia de trastornos mentales asociándose a factores del entorno del individuo o el colectivo como las condiciones de trabajo estresantes, la discriminación, la exclusión social, los modos de vida poco saludables, los riesgos de violencia y una salud física deficiente 2.
Es por ello que el abordaje de esta temática requiere de intervenciones conjuntas de distintos sectores, a fin de promoverla y asegurar su tratamiento, garantizando desde las políticas públicas el derecho a la salud. Asimismo, un buen estado de salud mental demanda un estilo de vida beneficioso, un entorno familiar psicológicamente saludable y un manejo y control emocional equilibrado en el ámbito laboral y social.
La temática de la revisión, se analiza en el contexto nacional enfocando la misma hacia la población más vulnerable. La Sociedad de psiquiatría asegura que: “Uruguay está en una emergencia en lo que refiere a la salud mental de niños y adolescentes y hay una respuesta enlentecida a situaciones complejas” 3. Además es uno de los países de Latinoamérica que registra mayor tasa de suicidio. Al respecto, el Dr. Matías Irarrázabal, asesor regional en salud mental de la OPS en un artículo publicado en DW señaló: “preocupa el caso de Uruguay, que en 2019 tuvo una tasa de suicidio de 21,2 por cien mil habitantes” 4.
Por consiguiente, enfocarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos de esperanza especialmente para la población joven. Francisco Benavides, representante en Uruguay de UNICEF, aseguró que el 13% de los jóvenes en el mundo tiene un trastorno mental (problemas de ansiedad o depresión) 5. La encuesta nacional de adolescencia y juventud estableció en 2013, que el 14,9% de los jóvenes uruguayos de entre 14 y 29 años fueron al menos una vez en el último año al psicólogo. También afirmó que en 2014 el 14,6% de los adolescentes en edad secundaria había consumido algún tipo de tranquilizante 6.
En este escenario, el gobierno uruguayo ha fijado especial cuidado en la atención integral de la problemática social de adicciones y salud mental, destinando recursos significativos al diseño e implementación de programas y políticas 7. El Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027 destaca estar enfocado en acciones que ofrezcan acceso a toda persona con problemas de salud mental, por más complejos o persistentes que puedan ser, a las instituciones de asistencia y rehabilitación en el marco de los principios rectores que establece la Ley 19.529 1.
Se enfatiza en dicho plan que la transformación que el Estado pretende introducir en materia de salud mental no se limita a la reorganización de los servicios de asistencia, sino también a promover un cambio de paradigma y prácticas. Asegura que trata de incentivar la participación de diversos sectores, que junto al de la salud, son fundamentales (educación, vivienda, trabajo, desarrollo social, etc.) para introducir un cambio cultural, lejos de la estigmatización, discriminación y exclusión de las personas con trastornos de salud mental, tal como lo establece el objeto de la Ley 19.529 en su artículo 1:
La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos de todas las personas y particularmente de aquellas personas usuarias de los servicios de salud mental en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sus disposiciones son de orden público e interés social 8.
Queda explícito que tanto la Ley 19.529 como su instrumento de aplicación tienen su basamento en la ponderación de los derechos humanos, entendiéndose que la violación de estos en las personas con trastornos de salud mental que han sido usuarios de centros hospitalarios psiquiátricos en el contexto nacional representa un tema de alta complejidad. Ya que no se trata solo del individuo con este tipo de padecimiento, sino que involucra a toda la estructura social, el marco normativo y legal, al Estado con sus políticas públicas, las instituciones médicas y a los especialistas en salud mental.
Expuesta la problemática de estudio, se estima relevante y pertinente la revisión, en virtud de que esta representa un mecanismo de evaluación para la incorporación de nuevas medidas que ayuden en la resolución de los problemas de salud pública relativos a los trastornos mentales en el contexto nacional. Asimismo, la coyuntura planteada se encuentra vinculada a un tema de significativa importancia para el sistema sanitario a nivel mundial ya que la OMS estima que 450 millones de personas sufren de algún tipo de enfermedad mental representando un 12% de la carga de morbilidad total a nivel mundial 2.
Esta revisión de prensa aspira a brindar un aporte a la reflexión sobre un tópico complejo que se traduzca en acciones efectivas dirigidas a la calidad de vida de las personas con trastornos mentales en el marco de la Ley 19.529. Con este planteamiento, se reafirma la importancia de profundizar en el tema de la salud mental en el territorio nacional que sirva de sustento para la implementación de políticas pública acordes a la realidad de la población con trastornos de esta índole y que sean aplicables en el sistema de sanitario e instituciones psiquiátricas para brindar servicios de rehabilitación y asistencia médica de calidad. En base a esto se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se ha implementado la Ley 19.529 en Uruguay según la visión de la prensa?
Objetivo
Analizar la salud mental en Uruguay a partir de la implementación de la Ley19.529 desde la visión de la prensa.
Marco teórico
1. Evolución de la noción de salud mental en Uruguay a partir de la Ley 19.529
La salud mental ha sido definida y pensada desde diversas concepciones a lo largo de la historia y según diferentes culturas y sociedades. Al respecto, Galende plantea dos paradigmas: uno positivista que aborda las causas universales y objetivas de los trastornos mentales, desde una concepción científica y otro más complejo que involucra el entorno, en este caso no se trata a la enfermedad como tal sino que los trastornos mentales se originan en respuesta a exigencias del medio 9.
En referencia a la evolución de la noción de salud mental se destacan dos diferentes modelos de atención: el clínico asistencial y el comunitario epidemiológico. El primero obedece al origen biológico y/o psicológico del padecimiento, teniendo como objeto: “la intervención al individuo, y como objetivo el control y supresión de los síntomas y conductas, mediante la farmacología, las psicoterapias, la internación en efectores especializados y la institucionalización” según Natella 10. El segundo se fundamenta en el ejercicio de los derechos humanos llevando la práctica clínica en salud mental a la inclusión social con la integración de la comunidad. De esta manera sustituye la noción de enfermedad mental que en la antigüedad se acercaba a lo sobrenatural para luego pasar a un proceso de institucionalización en donde se maneja la idea del hospital psiquiátrico o manicomio.
El modelo comunitario epidemiológico parte de principios universales de accesibilidad, igualdad, inclusión, solidaridad basados en el respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos de salud mental, involucrando en el proceso de atención a la familia, la comunidad y a la sociedad, en general, como respuesta a un problema de salud pública. Sobre este enfoque se fundamenta la Ley 19.59, cuyo objeto busca garantizar el derecho a la protección de la salud mental de la población desde las bases de los derechos humanos, procurando la incorporación de las personas con trastornos de salud mental a la sociedad y por ende a la comunidad de forma productiva y fructífera, como se describe en los artículos 1 y 2 8.
Dicha normativa se promulgó en Uruguay en el año 2017 y su meta fue sustituir el modelo de atención a la enfermedad para privilegiar la prevención y la promoción. Se propone una estrategia de tratamiento inter institucional para: “impulsar la mayor autonomía de las personas con trastorno mental y cambios culturales para evitar su estigmatización” 8. Sus acciones se implementan a partir de mecanismos de participación social. Esta ley remarca el proceso de transformación de la noción de salud mental desde una perspectiva de derechos y pensando en la prevención y promoción, dentro del entorno social, cultural y comunitario de las personas con padecimientos mentales.
2. Políticas de salud mental en el país
En el siglo XIX se comienza a debatir en Uruguay acerca de las formas y concepciones de tratamiento de las enfermedades mentales. El surgimiento de la psiquiatría se ubica en el año 1880 a partir de la inauguración del primer hospital psiquiátrico (Manicomio Nacional), posteriormente el Hospital Vilardebó y la facultad de medicina. En respuesta a la sobrepoblación de los hospitales se crean las colonias Etchepare en 1912 y Santín Carlos Rossi en 1932, consideradas de vanguardia ya que imitaban los modernos centros de internación europeos. Desde entonces estas instituciones son el principal soporte social y asistencial de atención en salud mental en el país 12.
La primera ley de psicópatas (No 9.581) se promulga en 1936 y determinó que: “todo enfermo psíquico recibirá asistencia médica y podrá ser atendido en su domicilio privado o en otra casa particular, en un establecimiento psiquiátrico privado o en un establecimiento psiquiátrico oficial” 13. Entendiéndose en ese momento por establecimiento psiquiátrico a todo sanatorio o casa de salud sostenido por particulares o sociedades (laicas o religiosas) donde se asista a más de un psicópata 13.
Este concepto se mantiene por muchos años. En 1966 el Informe sobre salud mental en Uruguay establece que el enfermo psiquiátrico es desde siempre un estorbo para la sociedad y que la atención que se le ha brindado ha sido simplemente prestar una cama en un asilo o lugar de reclusión para no estar a la vista de la población. Se agrega que la gran mayoría de los enfermos en esas circunstancias no se rehabilitan, dando por supuesto que las enfermedades mentales son incurables 14.
El crítico informe además, diagnosticó las carencias del modelo de atención en salud mental centrado en el manicomio y señaló la necesidad de avanzar en su transformación. Hecho que llevó al diseño de un Plan de salud mental en 1972, que no pudo prosperar por el golpe de Estado del año siguiente 12. Posterior a esto, se presentó en Uruguay un escenario de reformas basadas en los lineamientos de la Declaración de Caracas de 1990 15.
El proceso de transformación se fue dando sobre la base de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales, eje central de la referida declaración, en el que se considera la restructuración de la atención psiquiátrica mediante modelos alternativos de asistencia centrados en la comunidad. Además, los cuidados y tratamiento deben salvaguardar la dignidad personal, así como los derechos civiles con la propensión del enfermo en su entorno.
Este avance en materia de políticas de salud mental se concreta, más tarde, con la promulgación de la Ley 19. 529 en 2017, la cual entre otras especificaciones señala que: “la protección de la salud mental abarca acciones de promoción, prevención, y rehabilitación, encaminadas a crear las condiciones para el ejercicio del derecho a una vida digna de todas las personas y particularmente de aquellas con trastorno mental” 8.
El Plan nacional de salud mental 2020-2027 como instrumento que da cumplimiento a lo establecido en la mencionada ley, fue creado para poner en práctica las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la salud mental en el territorio nacional, cuyas acciones se concibieron de manera integral desde los principios de inclusión social, cultura solidaria y ajenas a toda forma de discriminación o estigma 1.
Metodología
El procedimiento metodológico que orientó el desarrollo del presente artículo se realizó a partir de una revisión documental de prensa, en la que se eligió como motor de búsqueda Google (noticias), focalizado en la indagación y análisis de información relativa a la salud mental en Uruguay, desde la implementación de la Ley 19.529 hasta la actualidad. Se tomaron como referencia artículos publicados entre enero de 2022 y diciembre de 2023, estimando que en este lapso se pudo exponer la situación de la salud mental en el contexto uruguayo y en comparación con el resto de los países latinoamericanos.
Se seleccionaron un total de 20 publicaciones de prensa que se ajustan al objetivo de estudio. Dichos textos se centran en: los factores y aspectos sociales implicados en los problemas de salud mental en el territorio nacional, la población de mayor vulnerabilidad, la influencia de la crisis sanitaria por la incursión del COVID-19 en la estabilidad mental de la población y las acciones del Estado.
En relación a la intención de búsqueda, se hizo uso de los siguientes descriptores: salud mental en Uruguay, Ley 19.529, atención a salud mental e inversión en salud mental. Los criterios de inclusión para esta revisión documental fueron:
Artículos sobre la situación actual en materia de salud mental en Uruguay.
Publicaciones que demuestren la implementación de la Ley 19.529 en el contexto uruguayo.
Artículos de prensa publicados entre enero de 2022 y diciembre de 2023.
Se excluyeron las publicaciones incompletas, que no se encuentren dentro del rango de tiempo descripto, que no sea relevante y/o pertinente para los parámetros de la presente revisión y cónsonos con el objetivo de la investigación. La información obtenida de este procedimiento se estructuró en una matriz de sistematización y/o análisis documental, conteniendo los siguientes datos: título del artículo, fecha de publicación, nombre de la agencia de noticias y resumen. Luego, se procedió a realizar el análisis de la información, teniendo en cuenta el objetivo de la revisión.
Resultados
Los resultados arrojaron una selección de un total de 20 artículos de prensa para la revisión a partir de la búsqueda a través de Google, los cuales exponen desde diferentes puntos de vista la situación actual en materia de salud mental en Uruguay, con base en los lineamientos de la Ley 19.529. Se presenta a continuación la matriz documental de prensa, la cual permite una descripción objetiva y sistemática del contenido de las publicaciones. Tabla 1.
Para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿cómo se ha implementado la Ley 19.529 en Uruguay según la visión de la prensa? se hace énfasis no solo en el proceso de ejecución de la normativa, sino en cómo ha evolucionado la noción de salud mental en el entorno nacional. En las publicaciones se observan evidencias de algunas acciones concretas que se están desarrollando desde el año 2022. Por ejemplo la agencia de noticias El País señala que:
Hace algunos años, se aprobó un marco legal que rompe el paradigma histórico y modifica el abordaje de la salud mental desde lo estrictamente sanitario. El nuevo modelo implica la necesidad de desarrollar acciones comunitarias, desestigmatizar el fenómeno y proponer nuevas herramientas de prevención” 11.
Estas acciones, en el marco de la inclusión social se perfilan como prioritarias en la agenda del gobierno uruguayo, permitiendo avances en el sistema de vigilancia sobre los intentos de suicidio, con el adecuado acceso a los especialistas en el área de la salud mental. Cabe destacar que la temática sanitaria es abordada de forma complementaria con propuestas laborales y educativas, destacando el protagonismo del Ministerio de Desarrollo Social.
No obstante, la presidenta del Sindicato médico de Uruguay, manifestó en un artículo publicado por Red 21 que la respuesta del gobierno se ve enlentecida, ante situaciones complejas en salud mental, en particular de niños y jóvenes. Además afirma que: “es imprescindible el trabajo multidisciplinario y profundizar en la descentralización del Sistema nacional integrado de salud para ampliar la atención en el primer nivel con enfoque preventivo 3.
Dichas declaraciones se realizaron en el marco de una serie de encuentros de intercambio en referencia a la Ley 19.529, en los cuales se hizo énfasis en los datos de algunos estudios epidemiológicos, en los que se ubica al país como uno de los territorios de alta prevalencia de problemas de salud mental. Dicha situación se agravó con la pandemia aumentando la complejidad y la incidencia de los trastornos mentales, así como las demandas de consultas a especialistas 3.
La propuesta del sindicato, se dirige a avanzar con el financiamiento de la promoción, prevención y dispositivos residenciales de apoyo, así como también a la rehabilitación de los usuarios de los servicios de salud mental. Solicita además que todas las acciones gubernamentales en esta materia se ajusten a la nueva noción de salud mental basada en el enfoque de derechos, ya que de acuerdo al gremio médico en la práctica se mantienen viejos paradigmas alejándose de la guía que constituye la ley 3.
Finalmente, se hace mención a datos estadísticos del Observatorio uruguayo de drogas, que establece que el consumo problemático de alcohol alcanza a 260.000 personas. Propone también un abordaje conjunto del consumo y la salud mental. Por último, el presidente de la Sociedad de psiquiatría de Uruguay establece la prioridad de atender el problema de salud mental, no solo destinando recursos, sino brindando un proceso asistencial completo que se inicie en el primer nivel de atención 3.
Se puede señalar, además que las evidencias obtenidas como resultado de la revisión documental de prensa coinciden con los planteamientos de la ley mencionada. Por ejemplo, la agencia de noticias Sociedad menciona que: “la propuesta de formación e intercambio busca ser una instancia de encuentro entre trabajadores y trabajadoras de salud y otras áreas, a fin de pensar la salud mental desde una perspectiva de derechos humanos” 16.
En el marco del Congreso de salud mental realizado en Concepción, de igual forma, se resalta la prioridad del gobierno uruguayo en materia de salud mental a la luz de los derechos humanos fundamentales, sobre la población más vulnerable como son los niños y jóvenes. Sobre esta población etaria, el artículo de la agencia de noticias El país destaca la preocupación por el aumento de los padecimientos mentales en adolescentes y que la pandemia agravó la situación 17. Además, Ops noticias destaca que la OPS en Uruguay y UNICEF se encuentran brindando apoyo en la región para la implementación de una herramienta denominada: estándares de derechos humanos para la evaluación de la salud mental de niñas, niños y adolescentes dirigida exclusivamente a la asistencia de este sector 18.
En oposición, el artículo del Espectador muestra otra perspectiva haciendo hincapié en la poco eficiente respuesta del Estado hacia los problemas de salud mental, en particular en tiempos de pandemia, en que las tasas de suicidio infantil y adolescente aumentaron 19. Finalmente, un artículo de la agencia de noticias el Observador resalta el aumento de casos de violencia contra los niños en Uruguay, como un factor de riesgo para sufrimiento mental. Se remarca además que: “cada 28 horas, en promedio, es hospitalizado un menor de 15 años que intentó suicidarse o que ideó con la muerte” 20.
Los artículos en cuestión remarcan dos realidades. Por un lado, la postura del gobierno uruguayo ante la problemática de salud mental que prioriza acciones dirigidas a la atención sanitaria y por otro la realidad que viven los niños y adolescente. Al respecto, el Grupo multimedio da a conocer un dato preocupante:
Uruguay cuenta desde el 2017 con la Ley de salud mental 19. 529. En el año 2020 se aprobó un plan de salud mental que se extiende hasta el 2027. Dicho plan tiene el cometido de hacer cumplir la ley e instrumentar políticas públicas que garanticen el derecho a la salud de toda la población. Al día de hoy van cinco años sin presupuesto y la comisión que debe vigilar la implementación del Plan de Salud desde 2021 no funciona 20.
Todo esto refleja que, aun cuando se han dictado políticas públicas en materia de salud mental y su instrumento de aplicación, estas no responden a los verdaderos problemas de salud mental que padece la población uruguaya.
Discusión
El análisis de la situación actual en materia de salud mental en Uruguay, necesariamente debe enmarcarse en el impacto psicosocial de la pandemia del año 2020. En este sentido, la crisis sanitaria no solo trajo consigo la pérdida de seres allegados, sino una enorme incertidumbre en aspectos laborales, relacionales y/o familiares, cambiando la cotidianeidad de las personas. Incluso después del confinamiento hubo un proceso de readaptación de lo virtual a lo presencial, en todas las actividades en general.
Este contexto tuvo un impacto en la salud mental, generando emociones asociadas a estados de ansiedad, estrés, y frustración. En Uruguay se pudieron evidenciar tanto en la población joven como en la adulta ya que las tasas de suicidios se elevaron considerablemente.
Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Juventud en el año 2021 establece que en el 14 % de los adolescentes y jóvenes uruguayos manifestaron sentirse tristes o desesperados, al punto de dejar sus actividades habituales, mientras que el 3,5 % había pensado en quitarse la vida. Ese año, 758 personas se suicidaron en el país, de las cuales 203 tenían entre 15 y 29 años. La cifra total representa una tasa de 21,3 suicidios cada 100.000 habitantes, que aumentó considerablemente en los últimos 20 años 17. Además entre el mes de noviembre de 2022 y enero de 2023 se registraron 20 mil intentos de suicidios en Uruguay 25.
Otro aspecto a destacar fueron las malas condiciones del Hospital psiquiátrico Vilardebó, que se evidenciaron durante la pandemia cuando se convirtió en un foco de contagio debido al hacinamiento entre sus internos y las pésimas condiciones de higiene preexistentes en las que convivían los pacientes, según un informe de la Facultad de psicología de Universidad de la República 23. Ante tales circunstancias el gobierno decidió poner al hospital en cuarentena, aislando la población y prohibiendo ingresos y egresos. Las medidas fueron cuestionadas por reforzar aún más el estigma social que recae sobre esta población. La justificación por el aislamiento pudo entenderse como una violación a la dignidad y la protección de los derechos humanos de los enfermos, más vulnerables, y de los trabajadores de la salud 23.
Desde este escenario surgió la discusión acerca de la posibilidad de acelerar el proceso de desinstitucionalización de los pacientes de hospitales psiquiátricos. Según Pujol uno de los ejes que define esta iniciativa es el fortalecimiento de los derechos humanos fundamentales y la promoción de la autonomía sobre el cuidado en salud mental evitando recurrir a restricciones o limitaciones que pueden ser abordadas a partir del modelo comunitario que hace énfasis en el refuerzo de la autosuficiencia, la inclusión social y el respeto a la diversidad como meta para abordar los padecimientos mentales 24.
La pandemia fue un detonante para elevar los casos de trastornos mentales, hecho que se evidencia en Uruguay por el aumento de la tasa de suicidio. Cabe destacar que en los hombres adultos mayores (los más afectados) son causales de dicha enfermedad las pérdidas de lazos afectivos, el desgaste físico y la aparición de enfermedades crónicas. En cuanto a la adolescencia y primera juventud, afectan las crisis existenciales propias de esa etapa 17. Las preocupaciones financieras también perturban la salud mental. Según El País: “el mal manejo del dinero es una de las principales causas de estrés en Uruguay y el mundo. El problema trasciende niveles de ingresos y, de hecho, tiene mucho más que ver con emociones que con números” 26.
Lo más preocupante en relación a la información recolectada en la revisión es que mientras en el mundo los suicidios disminuyen, en América Latina hay un aumento de tasas siendo una de las más altas la de Uruguay, que alcanzó una cifra record en 2022, superando al año anterior por un 8% (27, 28, 29). Otro aspecto alarmante es la aparición de hechos de violencias en varios centros educativos uruguayos 28.
La respuesta del gobierno ante tal situación muestra preocupación pero no ofrecen mayores detalles en relación a la ejecución de medidas. Por ejemplo la ministra de salud pública establece que dará prioridad al tema (aumento de la tasa de suicidio) durante su gestión 30) y el Estado manifiesta que prioriza los cuidados mentales y los problemas de adicción destinando recursos para mejorar los servicios de atención psiquiátrica 31,32 sin precisar detalles. Las políticas y acciones no se especifican y por lo tanto no se pueden auditar. Por tal razón la OMS, asegura que: “las personas que tienen algún problema mental no reciben tratamiento o e l que reciben es inadecuado” 33
Conclusiones
De la revisión documental de prensa realizada en torno a la situación en materia de salud mental en Uruguay, a partir de la implementación de la Ley 19.529, se puede señalar que los artículos seleccionados contribuyeron para describir el contexto de los trastornos mentales en el país. Han destacado además dos aspectos importantes: la realidad de la población con este tipo de padecimientos en relación a un Estado que debería garantizar una atención idónea bajo el enfoque de derechos humanos y un aumento alarmante de la tasa de suicidio y de casos de trastornos mentales en niños y adolescentes.
Cabe destacar también la importancia de los medios para difundir la ley de salud mental como instrumento para que la población esté al tanto de su alcance y lineamientos generales. Esta normativa se fundamenta en los principios que dictan los organismos internacionales como la OMS y la OPS, que consideran a la salud mental comunitaria y no individual. Supone que las personas con estos padecimientos deben desarrollarse con autonomía en base a sus capacidades dentro la sociedad. Para que la población se involucre y ayude en la rehabilitación de los pacientes con enfermedades mentales necesita estar al tanto de la ley.
Si bien se destacaron ciertos avances en gestión pública sobre el tema, algunos aportes de la comunidad médica y consideraciones sobre los estándares de derechos humanos, una de las contribuciones principales de la implementación de la ley es dar a conocer las causas principales de los trastornos de salud mental en la población uruguaya como: la pérdida de lazos afectivos, el desgaste físico, problemas económicos y la aparición de enfermedades crónicas (en el ámbito privado) y el efecto generado por el aislamiento y el distanciamiento social, el cambio de modalidades en el contexto laboral y educativo (generados a partir de la pandemia).
En los 20 artículos analizados se manifiesta la preocupación del Estado por el aumento de la tasa de suicidio y los trastornos mentales. También se hace referencia a la importancia de la asistencia en los niños y jóvenes. Se mencionan montos de inversiones, pero no se explican las medidas, ni acciones concretas como: líneas telefónicas gratuitas 24hs para la prevención del suicidio, programas de educación sobre salud mental para profesionales de la salud o talleres de habilidades sociales para evitar el acoso escolar. Por ejemplo usando como muestra los cursos de formación para personal sanitario se los puede considerar poco efectivos. Son clases que toman un total de 15 horas (MSP) y su corta duración no permite adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para el manejo de pacientes agudos o crónicos con afecciones mentales.
En síntesis, se puede apreciar una brecha entre lo que el gobierno promueve a través de sus políticas públicas en materia de salud mental y lo que las personas con este tipo de padecimiento reciben. Todo esto refleja que aun cuando se ha dictado una ley en materia de salud mental y su instrumento de aplicación, esta no responde a los verdaderos problemas que padecen los enfermos. Evidenciándose en varios artículos de prensa las deficiencias del sistema sanitario e instituciones psiquiátricas uruguayas.
