1. Legislación

Se recopiló la legislación que regula el depósito legal en los países latinoamericanos (tabla 4) con la información sobre el título de cada una y su correspondiente año de emisión. Si bien se indica el año de emisión de las diferentes legislaciones, hay que señalar que la mayoría de ellas han tenido modificaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, en los últimos tres años, solo dos países -México y Perú- han promulgado nuevas legislaciones con adecuaciones y actualizaciones de los mecanismos de depósito legal:

La cantidad (tabla 5) y variedad de legislaciones difiere mucho de un país a otro. Algunos tienen una única legislación que regula el depósito legal, mientras que otros disponen de entre dos y ocho normativas al respecto.

2. Temática de la legislación

En relación con la temática de la legislación, en la tabla 6 se resumen las palabras clave con las que se asocia el depósito legal. Solo seis países cuentan con legislación exclusiva, mientras que otros siete la contemplan dentro del derecho de autor; allí existe una relación estrecha con el registro de los derechos de propiedad intelectual y la obligatoriedad del depósito de las obras, aunque el incumplimiento del depósito no impide el ejercicio de los derechos de autor. El resto de los países incluyen, de manera muy variada y con diferentes niveles de precisión y detalle, las disposiciones sobre el depósito legal en legislaciones de temas relativos a lo audiovisual, la cultura, la educación, la emisión del pensamiento, el fomento de libro, el periodismo y el presupuesto.

3. Tipo de legislación

La normativa jurídica puede presentarse en forma de leyes -elaboradas y ratificadas por el poder legislativo- o de decretos -propuestos y aplicados por el poder ejecutivo-. Los decretos determinan la manera en que se debe aplicar la ley y tienen carácter normativo reglamentario. En su ordenación jerárquica, primero se encuentran las leyes y luego los decretos, a excepción de un decreto-ley, que tiene rango de ley. En la mayoría de los países analizados (tabla 7), el depósito legal tiene carácter de ley, a excepción de Cuba, que dispone de un decreto. En los casos de Colombia y Ecuador, tienen ambas formas, es decir, ley y de decreto.

En cuanto al carácter de la legislación (tabla 8), siete países disponen de legislación específica sobre el depósito legal, mientras que en el resto este está contemplado dentro de otras legislaciones. No existen en América Latina acuerdos voluntarios que regulen la actividad.

4. y 5. Definición y objetivos del depósito legal

En primer lugar, se analiza -en las legislaciones recopiladas- la presencia de la definición de depósito legal (tabla 9). Es frecuente encontrar la definición en países con legislación específica (Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú, Venezuela). Sin embargo, Cuba y República Dominicana, si bien disponen de legislación específica, no lo definen, mientras que sí lo hacen países como Ecuador y Colombia, que tienen reglamentado el depósito legal dentro de otras legislaciones. La mayoría de los países no incorporan la definición, resultado que coincide con el trabajo de ^{Grings y Jaramillo (2019}), quienes afirman que algunos de los países de la región no adoptan una definición o ni siquiera utilizan el término depósito legal en su legislación.

Otro aspecto importante es conocer en qué medida se incluyen los objetivos del depósito legal en la legislación (tabla 10). Se observa que los mismos países que poseen la definición de depósito legal incorporan en el texto los objetivos.

6. Definición de patrimonio cultural documental

Dado que el cumplimiento del depósito legal contribuye a la construcción de la colección que conforma el patrimonio cultural documental de un país, resulta importante conocer si las legislaciones definen el patrimonio y, en caso afirmativo, cómo lo hacen. Solo tres países -Bolivia, Colombia y Ecuador- contemplan la conceptualización de patrimonio (tabla 11). Cabe destacar que estos tres están dentro del grupo de los siete que disponen de ley específica.

7. Definición de tipos de documentos

En relación con la conceptualización de la tipología de documentos incluidos en la legislación (tabla 12), se constata que solo la mitad de los países contemplan definiciones que precisan el alcance de los documentos.

Las definiciones contemplan indistintamente los términos obras (Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Puerto Rico y República Dominicana), documentos (Bolivia y Ecuador) y materiales (Perú).

En general, todas las tipologías documentales definidas pertenecen al patrimonio documental y audiovisual (cinematográfico y sonoro). Se señala que Bolivia es el único país que define los documentos gráficos y que en consecuencia contempla el patrimonio gráfico.

8. Definiciones complementarias

La cantidad y la variedad de definiciones complementarias (autor, bibliotecas depositarias, importador, editor, impresor, etc.) que se incluyen en las legislaciones es muy variada en los distintos países (tabla 13).

9. Obligatoriedad

La responsabilidad del cumplimiento del depósito legal (tabla 14) por lo general recae en los editores, productores, autores e impresores. Sin embargo, algunos países regulan la obligatoriedad para otras figuras, tales como: derechohabientes, importadores, compiladores, compositores, creadores, entidades del Estado, fabricantes y organismos de radiodifusión. Se destaca, además, el caso de Perú, que en su reciente legislación -Ley 31253 (2021)- establece también la obligatoriedad a los titulares de los derechos del dominio de red que albergan los sitios web.

10. Entidades encargadas del depósito legal

Las instituciones encargadas del registro del depósito legal (tabla 15) tienen la responsabilidad de la gestión y el control de todo el proceso. Se puede apreciar que, en la mayoría de los países, la biblioteca nacional es la encargada de la gestión del depósito legal, mientras que, en cinco, la gestión recae en las instituciones de registro de derecho de autor.

Colombia es el único país que tiene más de una institución encargada del depósito legal: la biblioteca nacional y las bibliotecas públicas. En el caso de Guatemala, si bien en la legislación se mencionan las instituciones depositarias del depósito legal, no se especifica cuál de ellas es la encargada de la gestión, lo que puede generar serias dificultades para el cumplimiento de la ley y la conservación y preservación de la producción nacional (^{Calderón Girón, 2004}) .

11. Instituciones depositarias

Las instituciones depositarias son las encargadas de reunir, almacenar, preservar y difundir los documentos provenientes del depósito legal. La tabla 16 da cuenta de que la mayoría de los países disponen de entre dos y tres instituciones depositarias. El único país que no especifica las instituciones es Puerto Rico.

Todos los países, excepto Puerto Rico, que no especifica, establecen como entidades depositarias las bibliotecas nacionales. Se destaca, además, que ocho países determinan como entidades depositarias las bibliotecas legislativas (congreso/asamblea). También es importante señalar que ocho países poseen sistemas descentralizados de depósito legal a través de las bibliotecas departamentales, públicas o municipales (tabla 17).

12. Tipo de contenido

Las diferentes formas de mencionar el tipo de contenido contemplado en la legislación de los 20 países analizados dan cuenta de una falta de uniformidad en los criterios para categorizarlos. En sus directrices, ^{Larivière (2000}, p. 21) propone una clasificación de los materiales bibliográficos objeto de depósito legal de dos tipos: a) material impreso: libros, series, folletos y separatas, partituras musicales, material iconográfico, publicaciones oficiales, mapas, otro tipo de materiales y b) material no impreso: microformas, material audiovisual y otros materiales no impresos. Sin embargo, esta categorización no siempre está claramente definida en las legislaciones, en las que se entremezclan tipologías, soportes y formatos.

El trabajo de ^{Bazán (2003}, p. 302) muestra un análisis de la clasificación de los materiales documentales del depósito legal en la legislación de 20 países, dentro de los cuales nueve son latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Perú, Panamá, Venezuela. Considera que la presencia de clasificaciones permite «identificar particiones y segmentaciones en la colección, por el contrario la falta de un orden sistemático declarado podría dificultar la visualización del alcance de la ley con respecto a los materiales».

A continuación, se propone el análisis del tipo de contenido (obras objeto del depósito legal) de las legislaciones, a partir de los conceptos encontrados y que merecen ser diferenciados: tipo de obras, género literario, tipo de contenido, tipo de documentos y soporte:

- Tipo de obras: pueden ser literarias, científicas o artísticas.

- Género literario: constituyen los distintos grupos o categorías en que se clasifican las obras literarias de acuerdo con el contenido y estructura. Pueden ser:

^{Cruz Mundet (2011}, p. 331) concibe el soporte como el «material sobre el que se puede registrar, almacenar y recuperar la información» y, de manera similar, ^{Mastropierro y Casanova (2008}, p. 154) lo consideran «el material físico sobre el que se registra la información». En muchos casos, asociado al soporte se encuentra el formato del documento, que aplica al «conjunto de características técnicas y de presentación de un documento» (^{Mastropierro y Casanova, 2008}, p. 92). Algunos ejemplos de soportes pueden ser:

En la tabla 18 se resume la clasificación de los recursos bibliográficos propuesta.

En relación con el género literario, específicamente el dramático, aparece mencionado en cuatro países cuyas legislaciones forman parte del derecho de autor: Argentina, Costa Rica, Honduras, Paraguay. Dentro de los países con legislación específica, solo se hace referencia a obras dramáticas en la República Dominicana. La caracterización del género para determinar las obras pasibles de depósito legal no aporta datos relevantes, dado que tiene que ver con el contenido intelectual de la obra y no con el tipo de documento.

El tipo de obra se incluye en 13 países, con predominancia en la mención de obras artísticas, literarias y científicas (tabla 19).

El patrimonio documental es el que está contemplado en la totalidad de las legislaciones, luego en orden de importancia le siguen el patrimonio audiovisual, el cartográfico y el sonoro (tabla 20). Los patrimonios televisivos y radiofónicos se mencionan en forma explícita en pocos países; sin embargo, pueden estar incorporados dentro del patrimonio audiovisual. La mención al patrimonio multimedia como un tipo de contenido muy actual dada la expansión de las nuevas tecnologías solo se encuentra en Perú, país que emitió su nueva legislación en el 2021.

Existe una amplia variedad de tipos de documentos o publicaciones y los enunciados y las clasificaciones encontradas en las legislaciones son muy variadas. Algunos son muy generales, mientras que otros son muy específicos. Solo Colombia y Venezuela ofrecen una clasificación de materiales documentales -aunque ninguno de los dos sigue la propuesta de ^{Larivière (2000})-, mientras que en el resto de los países se brinda una larga enumeración de documentos. Colombia clasifica los documentos en obras impresas, fonogramas, obra audiovisual y software y bases de datos, y Venezuela en producciones bibliográficas, no bibliográficas impresas en papel u otro material análogo y no bibliográficas fijadas en material audiovisual y en fonogramas. Tres países -Ecuador, Guatemala y Puerto Rico- no mencionan ninguna tipología documental.

Uruguay es el único país que contempla el depósito legal de publicaciones gubernamentales tales como leyes, decretos, ordenanzas, reportes, estatutos, informes, etc. Se constata, además, que en muchos casos se confunden tipos documentales con formatos y soportes, lo que hace muy compleja la interpretación sobre el alcance del contenido. Esta misma situación ya había sido advertida por ^{Bazán (2003}, p. 303) cuando señalaba la «mención de soportes como si fuesen publicaciones en sí mismos». A veces simplemente se menciona «mediante cualquier medio de reproducción», mientras que, en otros casos, se realiza una descripción detallada de los soportes, como casetes, CD-audio, CD-ROM, DVD, microforma, braille, etc.

13. Exclusión

Con el objetivo de brindar mayor precisión sobre el alcance de la legislación, algunos países especifican los tipos de documentos que no se contemplan para el depósito legal (tabla 21), tales como sellos de correo, carteles de publicidad, agendas, calendarios, etc.

14. Territorialidad

La territorialidad tiene que ver con el origen de las publicaciones (tabla 22), que por defecto contempla los documentos publicados en un territorio nacional. Algunas legislaciones incluyen, además, publicaciones producidas fuera del territorio:

El alcance de la territorialidad de lo producido en el exterior es muy difícil de lograr porque requiere de una vigilancia permanente para identificar cada una de las obras producidas según las opciones mencionadas. La gestión y el seguimiento se torna muy complicado, pensando en la dificultad que ya existe para poder lograr el cumplimiento del depósito legal con lo producido en el país. En muchos casos se requiere, además, de un presupuesto para que, si los autores nacionales publican en el extranjero, la biblioteca nacional pueda «adquirir sus obras utilizando los procedimientos de adquisición habituales» (^{Larivière, 2000}, p. 14).

15. Nacionalidad

En lo que atañe a la nacionalidad de los autores (tabla 23), en las legislaciones se pueden encontrar las siguientes situaciones:

- Obras de autores extranjeros editadas en el exterior relacionadas con el país o que sean sobre el país.

16. Cantidad de ejemplares o copias

La cantidad de ejemplares o copias entregadas para depósito legal (tabla 24) varía considerablemente y difiere en base al tipo de documento, a las tiradas (cantidades) y a las ediciones (comunes o de lujo). Las bibliotecas nacionales pueden definir el destino de determinados ejemplares o copias, ya sea por preservación o para acceso.

17. Plazo del depósito

Los plazos de depósito varían mucho, desde en forma inmediata a seis meses, dependiendo de los países y del tipo de documento a depositar (tabla 25). Las directrices de ^{Larivière (2000}) recomiendan que el depósito sea realizado lo antes posible para garantizar la incorporación de los documentos a la bibliografía nacional, brindar acceso y garantizar satisfacer las necesidades de los usuarios.

Tres países (Ecuador, El Salvador y Puerto Rico) no especifican el plazo para el depósito, lo que constituye un problema para exigir su cumplimiento y aplicar sanciones. Dos de ellos, Ecuador y Puerto Rico, no solo no tienen plazos, sino que tampoco contemplan sanciones.

En todos los casos, los plazos se cuentan en días corridos, con excepción de Colombia, que considera días hábiles y el plazo de tiempo más frecuente encontrado en las legislaciones es de 30 días.

18. Difusión del depósito legal

La difusión del patrimonio documental está contemplada en varios países dentro de la definición de las misiones de las bibliotecas nacionales. Allí radica la importancia que adquiere la difusión de las publicaciones recibidas por depósito legal, aspecto que no siempre está incluido en la legislación (tabla 26). Panamá constituye un caso particular dado que, si bien la ley no contemplada la difusión, la Biblioteca Nacional ofrece un listado en su sitio web de los libros recibidos y registrados con el ISBN.¹

Los medios de difusión más mencionados son las bibliografías y los boletines (tabla 27). Sin embargo, de los 10 países que contemplan la difusión, solo cuatro hacen referencia a las bibliografías, aunque uno de los objetivos del depósito legal sea justamente la elaboración de la bibliografía nacional.

Por otro lado, de los siete países que tienen definidos los objetivos del depósito legal en su legislación, solo tres (Bolivia, Brasil y Perú) incluyen la palabra difusión entre sus objetivos.

19. Beneficios o compensaciones

Como mecanismo de incentivo por el cumplimiento de la legislación se pueden incluir beneficios o compensaciones (rebaja de impuestos, gratuidad del registro, envío sin cargo, reintegro del valor de los materiales depositados, etc.). Solo Perú determina que el registro del depósito legal es la única constancia para poder obtener algún beneficio tributario o participar en procedimientos de selección con el Estado.

20. Controles

Un aspecto importante dentro de la legislación son las indicaciones de controles que se deben realizar para garantizar el cumplimiento (asignación de un número de depósito legal, declaraciones juradas, etc.). Por lo general las legislaciones determinan que las instituciones responsables tienen la función de administrar el depósito legal, pero muy pocas especifican el «control de su cumplimiento» (tabla 28).

21. Contemplación de multas o sanciones

Relacionado al control, y para garantizar el cumplimiento del depósito legal, la legislación debe contemplar mecanismos de sanciones o multas (tabla 29).

La forma de multa más aplicada es la económica, aunque algunos países recurren a otras modalidades tales como incautación de copias, medidas disciplinarias, quita de financiamiento público, prohibición de compra a los organismos públicos a editores que no cumplan con la ley, rechazo de copias, sanciones administrativas o suspensiones.

Tres países, además de las sanciones correspondientes, contemplan las penas en caso de reincidencia. En primer lugar, Nicaragua: ante el incumplimiento, el depositante debe entregar el doble de los ejemplares que le correspondía depositar. En segundo lugar, Perú: en caso de reincidencia, se impone al infractor el doble de la multa en forma sucesiva. Y, en tercer lugar, Venezuela, que establece una multa equivalente a diez veces el precio de venta al público de los ejemplares no depositados, con un monto mínimo de 5 unidades reajustables. En caso de una nueva reincidencia, este monto mínimo pasa a 10 unidades reajustables.

22. Derecho a la reproducción

Dado que uno de los objetivos principales del depósito legal es la preservación del patrimonio documental, resulta indispensable analizar si la legislación permite a las entidades depositarias realizar copias con fines de preservación más allá de las correspondientes leyes de derecho de autor (que por lo general prohíben las copias, excepto que se autoricen exclusivamente para fines de preservación). En ese sentido, se constata que en la mayoría de los países no se contempla el derecho a la reproducción con fines de preservación (tabla 30). Esta realidad pone en evidencia, por un lado, una desconexión entre el nivel teórico de lo que el depósito legal debe ser y lo pragmático en relación con lo que realmente la legislación permite hacer, y por el otro una necesidad urgente de actualización y adecuación de la legislación.

Algunos países que poseen legislaciones sobre el depósito legal dentro de la legislación de derechos de autor contemplan la posibilidad de reproducción para el acceso a personas con discapacidad, pero, si bien esta forma de reproducción permite el acceso, no garantiza la preservación a largo plazo.

23. Depósito legal digital

Las indicaciones sobre el depósito legal digital encontradas son muy generales y carecen de precisiones acerca de formato, medio, forma de depósito, forma de acceso, etc. Por tal motivo, y ante la carencia de pautas específicas, algunos países simplemente brindan algunas indicaciones de cómo proceder con el depósito digital en sus páginas web, como es el caso de Chile, que tiene un sitio web con información exclusiva de cómo realizar el depósito legal digital.²

Excepto en Costa Rica y Honduras, en todos los países las legislaciones solo hacen mención directa o indirectamente a los soportes digitales con expresiones tales como «cualquier soporte» o «reproducida en cualquier forma».