1. Introducciónf1
Por gobernanza se entiende una forma de gobernar en la que el proceso de toma de decisiones y su implementación vienen dados por un conjunto amplio de actores, entre los que se encuentra el Estado. La noción puede utilizarse en diferentes ámbitos (internacional, nacional, local, corporativo, territorial) que definirá el tipo de actores que forman parte de la toma de decisiones, siempre marcando como elemento central la participación y la cooperación entre el Estado y la sociedad civil (empresas, organismos no gubernamentales, actores sociales diversos)2. Mayntz establece un conjunto de requisitos sobre la sociedad civil en un proceso de gobernanza «moderna», entre los que destaca «que esté bien organizada»2, lo que se traduce en que existan organizaciones bien definidas; diferenciadas funcionalmente, con autonomía relativa entre sí, y que gocen de legitimidad; pero sobre todo que «las organizaciones de intereses deben ser suficientemente autónomas y hábiles como para negociar con intereses opuestos y con las autoridades del Estado, ambos necesarios y significativos. En los diferentes grupos sociales y organizaciones tiene que existir por lo menos un mínimo sentido de identificación y de responsabilidad con la totalidad; en una palabra, una identidad común»2.
Más recientemente, algunas corrientes distinguen la gobernanza -que suponen más orientada a las estructuras formales en que se da dicha participación de los variados actores-, de la cogestión o comanejo (que se utiliza en particular para el análisis de la gestión relativa a recursos naturales), que enfatiza en el proceso de la distribución del poder en la toma de decisiones y por tanto se define como resultado y no como punto de partida del proceso3.
En Uruguay tanto la Ley N.° 18.3084 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible como la Ley N.°17.2345 de creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (snap) organizan una serie de instrumentos de gestión territorial bajo el paradigma de la gobernanza. De hecho, la Comisión Asesora Específica (cae) es la figura establecida para que cada área protegida del Uruguay pertenciente al snap elabore e implemente su Plan de Manejo. La cae por definición está integrada por diferentes actores públicos y de la sociedad civil (incluyendo empresas)*. Por tal motivo es pertinente estudiar los tipos de subjetividades presentes en el territorio, respecto a los procesos de protección de los recursos naturales que la figura del área protegida en sí misma supone, los mecanismos de gobernanza y su funcionamiento, y la conformación de una indentidad común respecto al territorio y las transformaciones en curso (en el sentido de Mayntz2). En la medida que los actores que están incluidos en este proceso de toma de decisiones son diversos y revisten diferentes grados de afectación y de poder-influencia, los conflictos son inevitables, lo que no necesariamente significa que se obture la cooperación. El estudio de la subjetividad, entendido en términos operativos, es la suma de actitudes que constituyen el punto de vista de un individuo, lo que el individuo percibe, concibe y siente es un reflejo de su punto de vista, que se manifiesta en su comportamiento6.
Por tanto, entender los tipos de subjetivdad en juego entre los actores contribuye a la comprensión de los procesos que favorecen/dificultan la gobernanza territorial en el Área Protegida Montes del Queguay.
El territorio estudiado, Montes del Queguay, se ubica en el noroeste de Uruguay, en el departamento de Paysandú. Es una zona que, en 2014, fue declarada Área Protegida de Recursos Manejados e incluida en el snap, organismo dependiente del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Montes del Queguay abarca una región de 20.000 hectáreas que se encuentran definidas geográficamente por la confluencia del Río Queguay Grande y Queguay Chico. Allí,
donde están representados diferentes ambientes: tierras bajas (bañados, pajonales, lagunas, cursos fluviales), una de las mayores masas de montes ribereños naturales del país, tierras altas (sierras basálticas y bosques de cerritos asociados), arbustales o chircales, bosques parque y pastizales no inundables, y se encuentran varias especies vegetales prioritarias para la conservación7.
El territorio cuenta además con un patrimonio cultural, histórico y arqueológico de relevancia nacional (Tapera de Melchora**, cercanía con el lugar de exterminio de los charrúas Salsipuedes, vestigios arqueológicos, etc.)8.
Desde mediados de la década de los 80 la reconfiguración de este territorio tradicionalmente de ganadería extensiva estuvo marcada por dos procesos que acompañan la tendencia de expansión del modelo del agronegocio en América Latina por parte de empresas trasnacionales: el aumento del monocultivo de soja y de la superficie dedicada a la silvicultura, básicamente eucaliptus9)(10)(11.
Las iniciativas de conservación de la zona datan de mediados del siglo xx, ya que en 1949 algunos representantes de la comunidad de Guichón solicitaron la protección del llamado Rincón de Pérez. En 2006, son organizaciones sociales de la propia región que junto con la Intendencia de Paysandú presentan un proyecto de inclusión del área Montes del Queguay para ser incluida en el Sistema de Áreas Protegidas. En 2014 se firma el decreto que la constituye como Área Protegida (ap) bajo el formato recursos manejados. Se identifican tres etapas en el proceso de integración de Montes del Queguay al snap: (a) la elaboración del proyecto de presentación de Montes de Queguay como área protegida en el snap, por parte de organizaciones locales, en alianza con la Intendencia de Paysandú, en 2005; (b) el proceso de delimitación del área protegida «con recursos manejados», proceso de negociación entre diferentes actores, con intereses también diferentes en la zona, que termina en 2014, (c) la elaboración del Plan de Manejo, fase que se inicia a partir de la inclusión del área en el snap, en que se estuvo durante el estudio y continúa en la actualidad8.
La inclusión de Montes del Queguay en el snap es excepcional ya que parte de una solicitud de organizaciones sociales de la región, que son las que lideran la iniciativa, aunque este proceso no está exento de conflictos. Es en este sentido que el análisis del caso y el estudio de las subjetividades en juego tienen particular interés desde la perspectiva de la gobernanza del ordenamiento territorial.
La elaboración de mapas de actores, en la medida en que no solo identifica los actores clave en un territorio (en función de su nivel de afectación y de poder), sino también las relaciones entre ellos (fuertes y débiles, de cooperación o conflicto), nos permite una aproximación al capital social (cs) que está presente en el territorio, así como distinguir sus componentes. El cs es un vector clave para analizar la gobernanza13)(14)(15.
Evans y Syrett16 definen tres tipos de capital social: bonding social capital (intra-grupo); bridging social capital (inter-grupos) y linking social capital (entre grupos con diferente poder); cobra relevancia estudiar los diferentes componentes de cs, ya que cada uno de ellos funciona como potenciador o inhibidor de acceso a diferentes recursos, y producen efectos diferentes en el desarrollo local.
Grootaert y van Bastelaer17 proponen una matriz sintética para el análisis del cs, vinculando el nivel o escala (macro-micro) y el tipo de cs. Así el nivel
micro refiere a las redes de individuos u hogares, normas y valores compartidos, confianza e intercambios, de carácter horizontal, que pueden tener externalidades hacia la comunidad, equivalente al
tipo bonding al que refiere Evans. El nivel meso es un componente que remite a relaciones verticales, entre grupos, que lo hace corresponder al tipo bridging de Evans; el nivel macro refiere al entorno en que se conforma la estructura social y permite o inhibe el desarrollo de normas, relaciones de confianza y lazos. Supone una institucionalización mayor que los dos niveles anteriores: el régimen político, la ley, las libertades civiles y el tipo de gobierno. Son estas instituciones del nivel macro las que proveen condiciones favorables o desfavorables para el funcionamiento de asociaciones locales.
Asimismo, definen el capital social de tipo cognitivo como aquellas normas, valores, relaciones de confianza, actitudes y creencias compartidas. Este tipo es de carácter subjetivo e intangible. En cambio, el capital social de tipo estructural implica un nivel de institucionalidad mayor, requiere de reglas, procedimientos formales, precedentes. En este sentido, se atribuye un nivel mayor de objetivación de su medida.
La gráfica que proponen Grootaert y van Bastelaer17 ordena el análisis de los diferentes tipos de capital social (Figura 2).
En el Cuadrante 1 (nivel macro y tipo de capital social estructural) se colocan las instituciones del Estado que regulan normativa y jurídicamente el territorio. El Cuadrante 2 corresponde al tipo estructural del capital social en el nivel micro; aquí se encuentran las organizaciones y los actores locales, y las redes que conforman dentro de la unidad territorial considerada para el análisis. El Cuadrante 3 refiere al nivel macro y tipo cognitivo de capital social; en este cuadrante encontramos el tipo de gobernanza, las características que adquiere la articulación de actores, las relaciones entre ellos (las relaciones de cooperación y conflicto) y la participación de los diferentes actores clave presentes en el territorio en las decisiones sobre el interés común. El Cuadrante 4 es relativo al nivel micro y tipo cognitivo de capital social; en esta región de la gráfica se ubican la confianza, las normas y valores compartidos. En general, están asociados a alguna organización en particular, aunque pueden serlo de la región o territorio analizado. Si fuera una organización (intragrupo), correspondería al capital social tipo bonding.
2. Materiales y métodos
El dispositivo metodológico integró dos etapas de trabajo de campo, desarrolladas entre setiembre de 2017 y setiembre de 2018. Una primera consistió en la realización de mapas de actores, a partir de los cuales se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas a personas vinculadas a Montes del Queguay desde diferentes espacios de actuación. Los mapas de actores tenían por objetivos identificar el tipo de actor y su grado de poder (o influencia) en el ordenamiento territorial en la zona de Montes del Queguay y cuáles revisten mayor grado de vulnerabilidad (o de afectación) frente a los cambios actuales en el uso del suelo (la inclusión en el área Protegida con recursos manejados). Asimismo, interesaba visualizar a partir de los mapas cuáles son las relaciones que los actores mantienen entre sí y las alianzas estratégicas que posibilitarían estrategias de acción común de los actores más vulnerables18.
La segunda etapa de este trabajo consistió en el estudio de los tipos de subjetividades que se presentan en la zona respecto a diferentes dimensiones que aluden al proceso de integración de Montes del Queguay al snap, vinculadas al capital social, mediante la metodología Q.
Para operacionalizar el concepto de capital social se utilizaron como referencia los trabajos de Rossi19 y Grootaert y van Bastelaer17. La tabla 1 organiza los tres tipos del cs a estudiar y los niveles de agregación de las unidades de análisis, para ubicar las dimensiones y conceptos centrales en torno a los cuales estudiar las subjetividades.
NIVELES | SOCIEDAD LOCAL | ORGANIZACIONES | PERSONAS |
Macro LINKING | Sinergia Reglamentación AP Gobernanza | ||
Meso BRIDGING | Identidad - cultural y social Cooperación - Solidaridad Redes-vínculos | ||
Micro BONDING | Confianza - Conducta Normas - Valores Sentimientos - Actitudes |
Fuente: elaborado con base en Rossi19 y Grootaert y van Bastelaer17
La metodología Q, desarrollada por William Stephenson20, como una adaptación simple pero innovadora del Análisis Factorial desarrollado por Spearman6, tiene por objetivo obtener puntos de vista, de cuantificar subjetividades. Adecuada para explorar, descubrir y comprender subjetividades21)(22, tiene la capacidad de generar datos holísticos, permitiendo la emergencia de la expresión de los individuos y de sus relaciones con otros. La subjetividad, entendida en términos de operativos, es la sumatoria de comportamientos que constituyen el punto de vista de un individuo6. Estudios anteriores en que esta metodología ha sido aplicada y que sirven de referencia a este trabajo son el de Virginia Rossi19, que utilizó la metodología Q para medir capital social en el área de Guichón, y el de Gravina y De Hegedus23, quienes la utilizaron para estudiar la precepción de los beneficiarios de proyectos de desarrollo rural en Argentina.
Los trabajos basados en la metodología Q se centran en 4 puntos: el desarrollo del universo de ideas, la recolección de datos (clasificaciones Q), seguidos por la correlación entre individuos y el análisis factorial6. En este estudio, el desarrollo del universo de ideas entendido como la población de ideas, creencias, pensamientos que existen en torno al objeto de estudio24) se generó a partir de las entrevistas realizadas en la primer fase del estudio a individuos vinculados a Montes del Queguay desde diferentes ámbitos, a los efectos de captar la variabilidad presente en las subjetividades de los actores. De este universo de ideas, se seleccionó el conjunto de sentencias que captaran la variabilidad existente y que reflejaran las variables y las dimensiones relevantes para el estudio. El proceso de selección de las afirmaciones se desarrolló basado en la siguiente matriz (ver tabla 2).
Se extrajeron 44 afirmaciones del universo de ideas. El objetivo de la selección de afirmaciones es que sean capaces de cubrir el mayor espectro de variabilidad en relación con el objetivo de investigación, así como ser representativas de la opinión de la población en estudio. Por ello, las afirmaciones se corresponden a expresiones extraídas de las entrevistas, con mínimas modificaciones, si correspondiera (ver tabla 3, en anexo). La estructura en torno a la matriz de variables (tabla 2) responde a los principios de diseño en bloques balanceados de Fisher25, por lo que se seleccionan un número similar de afirmaciones en cada una de las categorías.
Se seleccionaron 40 agentes sociales locales y regionales a quienes se les aplicó la grilla. La metodología Q no requiere una muestra de gran tamaño sino un conjunto de individuos que sean relevantes en relación al tema de estudio. Las entrevistas realizadas en la primera fase del trabajo y los mapas de actores construidos fueron insumos para la selección, que siguió como criterio abarcar el máximo posible de variabilidad tanto en ámbitos de pertenecia (turismo, forestación, agricultura, colonos, técnicos de diferentes organismos, grandes ganaderos, etc.), lugar geográfico de residencia (área núcleo, adyascente, Guichón) y roles desempeñados (técnicos, productores, dirigentes de organizaciones, etc.).
Las afirmaciones seleccionadas fueron entregadas a los participantes en tarjetas numeradas que debían clasificar conforme al grado de acuerdo con ellas, en una grilla, ver figura 3.
Este proceso de ranqueo genera los perfiles de subjetividad de cada uno de los participantes. Cada afirmación debe ser colocada en una celda de acuerdo con el criterio del clasificador. Este proceso da como resultado una matriz de datos en la que cada fila contiene la evaluación subjetiva de cada individuo. La grilla representa la operativización de la subjetividad de los participantes y el conjunto de grillas constituyen los datos.
Las 40 grillas obtenidas fueron intercorrelacionadas y sometidas a análisis factorial utilizando el software PQMethod26. El análisis factorial descompone la matriz de datos en factores de manera de diferenciar a los participantes y así explicar la variabilidad. De esta manera no es el investigador el que clasifica los perfiles de subjetividad, sino que los participantes lo hacen en sus propios términos, emergiendo como factores27.
3. Resultados
El análisis de las entrevistas realizadas en la primera fase del estudio muestra que la red de actores que se articula en torno al ap es densa y marcada por la presencia tanto de organizaciones sociales de diverso carácter y que representan diferentes intereses, como por un espectro amplio de instituciones públicas18. A pesar de que en algunos casos la presencia de cada una de las organizaciones es intermitente y se identifican periodos en que su participación es más activa que en otros, puede considerarse que la zona revela una actividad importante de participación en el proceso por parte de diversos grupos de interés y diversos organismos nacionales, departamentales y locales.
Asimismo, los mapas de actores, realizados a partir de las entrevistas, denotan un peso significativo de determinadas personas, vistas individualmente18. Esto hace referencia a empresarios o administradores de emprendimientos particulares, que no siempre tienen el mismo signo en términos de la consolidación del área protegida: a algunos se les otorga carácter positivo y a otros no. Asimismo, la impronta personal de determinados jerarcas de organismos públicos marca el proceso desde hace 20 años, con referencias cruzadas y reconocimientos mutuos. Particularmente los técnicos han logrado conformar una red personal y, a través de ella, institucional, que se activa como capital social para la dinámica del ap y del territorio en general. Este fenómeno es bastante común en Uruguay y se ha trabajado en torno a diferentes espacios de actuación pública (políticas públicas de cercanía28, procesos de aprendizaje e innovación en el agro nacional29)(30). Son las redes personales (en general de técnicos y profesionales que ocupan cargos en la administración pública) las que en muchas oportunidades viabilizan las articulaciones interinstitucionales y las dinámicas territoriales (asimismo podrían bloquearlas). En general, los lazos egocentrados se ponen a favor de los procesos colectivos en una suerte de red personal-institucional que se apoya fuertemente en liderazgos personales, manifiestan compromiso con el ap. Sin embargo, en las entrevistas se tensiona la capacidad de representación de quienes integran los espacios de participación establecidos. Se percibe que ocurre lo mismo con los cargos de representación de las organizaciones de la sociedad civil, que se entienden como legítimos en el ámbito de la negociación. Se tematiza específicamente la capacidad de «representación» de cualquier interés, sea este institucional o de la sociedad civil18.
De las entrevistas realizadas en la primera fase, surge el universo de ideas, a partir del que se seleccionan las 44 afirmaciones para aplicar la metodologìa Q. Del análisis Q, en la segunda etapa de la investigación, se obtuvieron 3 factores que explican el 40 % de la varianza, 34 de las 40 clasificaciones fueron significativas al 1 % (p<0.01). La confiabilidad compuesta de los factores fue superior a 0,95 (Factor 1= 0,981; Factor 2=0,960; Factor 3=0,973), que según Brown24 es lo suficientemente alta como para obtener una lectura clara de los factores. El hecho de que cada factor es una variable latente hace que la varianza explicada nos permita diferenciar variables con un valor de 40 %, la inclusión de otro factor no incrementaba la varianza explicada y sumaba individuos que no clasificaban en los factores. Los participantes están representados en cada uno de los factores que conjugan las percepciones sobre las diferentes dimensiones, condensando sus intereses y posiciones sobre la gobernanza, los servicios ecosistémicos y el territorio. Los factores se describen en forma narrativa a continuación.
3.1 Factor 1: Los promotores
El factor 1 representa actores que reconocen el conflicto existente por los cambios en el uso de suelo y manifiestan una actitud proclive y políticamente «correcta» en relación con el ap.
Las dos afirmaciones que tienen mayor desacuerdo en este factor (valores -5 y -4 de la grilla) son la 22 y la 18 (ver anexo tabla 3), ambas relativas a la gobernanza. Están formuladas en términos negativos, por lo que supone una valoración positiva del proceso y de la participación de los diferentes actores. Las dos afirmaciones de mayor acuerdo son la 43 y la 15 (ver tabla 3, en anexo), que aluden a los servicios ecosistémicos, la necesidad de protección y sentimientos favorable vinculados al hábitat.
3.2 Factor 2: Los resilientes
Los actores representados en el factor 2, si bien no identifican especialmente una amenaza ni una situación de conflicto ante cambios en el uso de suelo, son productores del área de influencia con una valoración muy positiva de los esfuerzos de la organización local para asegurar la gobernanza del territorio y la conservación de los servicios ecosistémicos existentes.
Las dos afirmaciones de mayor acuerdo son la 15 y la 2 (ver tabla 3). Se manifiesta un sentido de pertenencia con el territorio, de disfrute de los servicios ecosistémicos y, a su vez, una actitud orientada a la necesidad de proteger los recursos naturales que aseguren su sustentabilidad.
Las que reciben mayor desacuerdo son las afirmaciones 38 y 3 (ver tabla 3). Quienes se ubican en este factor no visualizan en la forestación un problema grave para la zona; tampoco creen en una lógica compensatoria de rentas para intereses económicos afectados. De hecho, los beneficios que visulaizan en la consolidación del área protegida no se colocan en el orden económico. El análisis de la ubicación de todas las afirmaciones en este factor permite inferir una actitud ética y responsable respecto a las medidas de conservación del territorio, una valoración respecto a la sustentabilidad de los recursos ecosistémicos por encima de los intereses individuales o privados.
3.3 Factor 3: Los implicados
Representa la postura en defensa del equilibrio entre la conservación y la producción. Las afirmaciones con mayor nivel de acuerdo son la 32 y la 26 (tabla 3). Ambas denotan el conflicto -al menos latente- que trae aparejado el Plan de Manejo del ap y los intereses de los productores del área. Una de las afirmaciones alude directamente al riesgo de abandonar el campo. Asimismo, se hace referencia a la necesidad de «generar confianza», que se estima una referencia al componente de capital social bonding entre las personas del territorio.
Las afirmaciones que se ubican como de mayor desacuerdo en este factor son la 3 y la 22 (tabla 3). Por lo que de hecho el área protegida se considera una medida que tiene beneficios para todos, de la que se infiere un reconocimiento a la pertinencia de la inclusión del área al snap. Por otra parte, la forestación no constituye en este factor un foco de preocupación, ni de malestar; así como se rechaza la idea de la incapacidad del Estado para gestionar límites en este rubro productivo, de incorporación reciente y de gestión diferencial a las tradiciones productivas del territorio.
4. Discusión
El análisis desarrollado a partir de la metodología Q permite indentificar tipos de subjetividades, condensadoras de «sentidos» diferenciales en torno al proceso de incorporación de Montes del Queguay al snap y a la elaboración actual de su Plan de Manejo, entre los actores locales de diferentes ámbitos.
No obstante, estas subjetividades son construidas a partir de un conjunto de afirmaciones seleccionadas de entrevistas realizadas con anterioridad para identificar el universo de ideas, y ordenadas conceptualmente en torno a los niveles y dimensiones reseñados (territorio, servicios ecosistémicos y gobernanza). A partir de la técnica utilizada, Metodología Q, los tipos de subjetividades construidas devienen del mayor/menor acuerdo con cada una de las afirmaciones, por los sujetos sobre los que se aplica la herramienta. No es posible obtener actitudes/conductas/percepciones que no estén previstas en las 44 afirmaciones seleccionadas.
Los resultados permiten identificar tres posicionamientos diferenciados en torno al área protegida. Los posicionamientos más extremos que se encuentran en las entrevistas resultan amortiguados en los agrupamientos que producen los factores. En los tres se tiende a una formulación más equilibrada, aunque pueden identificarse matices relevantes entre ellos. Una de las potencialidades del uso de la técnica metodología Q es que los tipos de subjetividades que representa cada factor pueden ser vinculados con las posiciones (influencia y afectación) y ámbitos en los que se ubican los individuos que conforman el factor. Por tanto, el análisis habilita a combinar el «sentido» que adquiere el ordenamiento de las afirmaciones con las posiciones estructurales de los individuos que lo conforman. La relevancia de este procedimiento analítico por lo tanto es la identificación de subjetividades presentes en el territorio en relacion con el ap, sus significaciones y valoraciones, lo que permite comprender las diferentes posiciones, vislumbrar alianzas y desplegar estrategias comunes en un proceso de ordenamiento territorial, a partir de la declaración de la protección de un área y establecer un plan de manejo para la misma y para su área de influencia. Así también es posible identificar las caracterísiticas estructurales de quienes se ubican en cada una de dichas subjetividades.
Los tres factores obtenidos tienen en común que ninguno rechaza de plano el ingreso del área al snap, y que se valora la sustentabilidad de los servicios ecosistémicos del área. No obstante, los matices se despliegan en torno a la significación que parecen sostener dichos posicionamientos.
Quienes se agrupan en el factor 1, que denominamos los promotores, no residen en el ap sino en su zona de influencia en caso de tener actividad productiva, pero la mayoría son técnicos o sostienen cargos políticos en diferentes organismos nacionales, departamentales y locales. Participan activamente, tienen peso en la gobernanza de Montes del Queguay, teniendo como consigna «lo que hay que hacer». Sin embargo, a la luz del mapa de actores, son en general aquellos de poder relativo alto y niveles de afectación bajo (o enventualmente con apropiación económica privada derivada de la conservación de los recursos naturales).
Quienes integran el factor 2, que llamamos los resilientes son todos colonos (productores rurales que usufructúan tierras del Instituto Nacional de Colonización (inc)) y sus establecimientos se ubican en el área adyascente de la delimitación del ap. Estos productores, que no tienen la propiedad de las tierras que explotan, muestran una conceptualización de la sustentabilidad, anclada en su condición de habitantes de la zona, emocionalmente signada, defensores del ciudado de los servicios ecosistémicos producto de su propio enraizamiento. El afincamiento de las colonias del inc en esta región lleva varias generaciones de las mismas familias, por lo que el sentido de pertenencia territorial resulta unido al mundo de vida. La resiliencia, por un lado, y la resistencia (para continuar en la zona, enfrentando lo que haga falta), por otro, forman las dos caras de la medalla en este tipo de agrupación de sentido. Lo ético como conjunto de principios morales y lo estético en términos de paisaje, de patrimonio intangible del habitat propio, se conjugan en este factor, donde lo colectivo, favorable a la gobernanza en el proceso, también se pone en valor.
Al factor 3, los implicados, lo integran indagados/as que revisten mayor heterogeniedad en sus posiciones en la estructura social que cualquiera de los otros dos factores. Se conforma tanto por los técnicos de las empresas forestales más importantes del área (que tienen un lugar en la cae del área), así como aquellos colonos que sus establecimientos están dentro del ap. Reconocen los conflictos en los que están implicados, dado que están afectados directamente, aunque sus intereses son claramente diferentes. El reclamo del equilibrio entre la producción y la protección los representa a ambos, pero encubre sus antagonismos.
5. Conclusiones
La gobernanza viene dada por una forma de gobierno definida por la participación de un conjunto de actores (privados, de la sociedad civil y públicos) en la toma de decisiones relativas a un ámbito particular, en este caso de estudio un territorio: el Área Protegida Montes del Queguay. La propia normativa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (snap) establece como figura de gobierno para la elaboración del Plan de Manejo del Área y su gestión a la Comisión Asesora Específica (cae), y define su integración consagrando la gobernanza como su característica. En tal sentido, desde lo formal, se garantiza la gobernanza. Sin embargo, tal como señala Mayntz2, deben darse una serie de condiciones para que tal sistema de gobierno funcione y sea eficaz. En primer lugar, que se reconozca su legitimidad como sistema, así como a los actores que lo integran, que exista una sociedad civil organizada, y que puedan transcenderse los intereses particulares -que inevitablemente existen y que incluso su reconocimiento justifica la representación de la diversidad en la figura de gobierno- en las decisiones que involucran el interés común2.
La gobenanza es uno de los componentes, según Grootaert y van Bastelaer17, a considerar en el capital social de un territorio o de una sociedad local. Esto porque se formaliza la toma de decisiones colectiva, se contruyen formalmente relaciones entre diversos actores, públicos y privados. Se potencian asimismo otros componentes del capital social como el que se refiere a normas y valores compartidos, al incremento de la confianza y la solidaridad producto de compartir un interés común31.
Los resultados que arroja la aplicación de la metodología Q para identificar tipos de subjetividades en la región de Guichón (Montes del Queguay y su área de influencia) respecto a los procesos de ordenamiento territorial que se desarrollan desde la integración del área protegida al snap muestran conflictos manifiestos y latentes. Si bien los factores (agrupamientos) que representan estos tipos de subjetividad tienden a amortiguar posiciones más extremas (que sí conforman el universo de ideas, provenientes de las entrevistas) ninguno de ellos señala una oposición abierta al proceso relativo al ap, ni a la gobernanza que se desprende de su gobierno y gestión a partir de la conformación de la cae. Por el contrario, en los tres factores identificados se valoriza positivamente alguno de los aspectos de la gobernanza que fueran incorporados en las afirmaciones sobre esta dimensión y ordenados en las grillas.
A pesar de esta valoración común en los tres factores (subjetividades), se reconocen matices y diferencias que develan según el factor considerado las diferentes significaciones presentes en relación con los servicios ecosistémicos de la zona, así como distintas estrategias de protección sobre su provisión. Para el factor 2 (resilientes) los mayores acuerdos revisten un cariz emocional, basado en la viviencia y en la experiencia como modo de vida en la zona. Su vínculo con el habitat armoniza declaraciones de índole moral y estético. En cambio, para el factor 1, la signficación se interpreta de carácter técnico-político, y reconociendo los conflictos prima la lógica del «ordenamiento», en que lo normativo tiene un peso relativo mayor. Por otra parte, los implicados del factor 3, que son los que objetivamente señalan un grado de afectación mayor como efecto de la puesta en marcha de un Plan de Manejo en el Área, ya sea porque sus explotaciones -aún siendo tierras del inc- se ubican dentro del Área, o bien porque son los representantes de grandes empresas forestales y a pesar del peso que puedan tener en la formulación definitiva del Plan de Manejo del Área pueden ver reducidos sus beneficios, articulan sus acuerdos en torno a la defensa del equilibrio entre la producción y la conservación o protección de los recursos. En este factor se ocultan diferencias estructurales muy significativas entre los actores que lo integran, lo que debiera considerarse como con cierta «opacidad» que conviene tener en cuenta en los procesos de participación y de toma de decisiones en la gestión del territorio. Los equilibrios entre producción y conservación pueden ser muy diferentes si las medidas ponen límites al manejo de grandes empresas multinacionales forestales, que si limitan posibilidades de pequeños productores de ganadería extensiva que pagan renta para el usufructo de esas tierras.
La estrategia analítica no solo consiste en la identificación de los tipos de subjetividades (a partir de un universo de ideas «situado») existentes en el área bajo estudio, y la caracterización de los factores que los representan, sino que combina el «qué» con el «quién». Ello se logra a partir de la selección previa de cada uno de los indagados/as -a quienes se les aplicó el instrumento-: los roles que desempeñan, los ámbitos en que se ubican, el nivel de influencia y de afectación que tiene cada uno de los actores en el área. La investigación realizada habilita entonces la interpretación sobre las posiciones estructurales y los tipos de subjetividad. Los resultados son insumos de interés para la gestión del ap, en tanto ayudan a comprender los conflictos territoriales existentes y pueden contribuir a la eficacia de los procesos de gobernanza implementados, develando riesgos y desafíos.