Introducción

El desafío de etnografiar el hacer cotidiano de las políticas públicas y la producción de conocimiento antropológico en y a partir de mi lugar de trabajo, me llevaron a pensar en torno a la idea de implicación, y el modo en que mi proximidad e involucramiento podrían permitirme reunir “datos precios” -en el sentido que propone ^{Bourgois (2010}, p. 43), al contrario de los postulados de la epistemología científica dominante-. Me preguntaba cómo convertir reflexivamente estas prácticas y procesos de la política (de las cuales participo activamente) en situaciones etnográficas. Para intentar responder a esta cuestión me valgo de la propuesta de ^{Quirós (2014}), de incorporar los procesos vividos, las formas de hacer, producir y crear vida social (así como plantea ^{Balbi, 2012}) en la(s) producción(es) etnográfica(s).

Las reflexiones que comparto a continuación surgen de un proceso de investigación que inicié hace unos años en el marco de mi tesis doctoral (^{Camors Montañez, 2023}), sobre las experiencias situadas producidas tras la implementación de iniciativas (legislativas y políticas) para el acceso a tierras estatales de mujeres rurales.¹

En este recorrido, recupero la propuesta de estudios etnográficos acerca de la idea de encuentro para abordar “el estado” (con minúscula), para concebirlo desde una mirada relacional, sin fijeza institucional ni geográfica, como campo abierto, en tanto conjunto de prácticas y de procesos (^{Trouillot, 2001}; ^{Gupta y Sharma, 2006}; ^{Das y Poole, 2008}; ^{Wanderley, 2009}; ^{Gupta, 2015}). En esta dirección, propongo un acercamiento a la conformación del Instituto Nacional de Colonización (INC),² en tanto institución encargada de las adjudicaciones de tierras del estado uruguayo, para analizar las prácticas, relaciones y procesos de la implementación de la ley y la política de tierras desde una perspectiva histórica, territorial y cotidiana. Centrarme en el encuentro, entre las mujeres beneficiarias de las tierras públicas y el funcionariado del INC,³ me permite captar los entendimientos, representaciones, usos y sentidos situados que se internalizan (e incorporan en las dinámicas cotidianas) y muchas veces llegan a condicionar el acceso de las mujeres a sus derechos, en tanto en algunos casos se reproducen prácticas y discursos que legitiman desigualdades de género. De este modo, mirar las políticas como proceso vivo y en su hacer cotidiano, me lleva a abordar la política como producción y lo que se produce haciendo (^{Quirós, 2011}).

Una de las primeras preguntas que me planteaba era cómo construir conocimiento antropológico habiendo elegido como campo de estudio mi lugar de trabajo cotidiano. Durante mi trayectoria como antropóloga funcionaria del INC he ocupado diferentes lugares de observación-relación (^{Isla, 2009}) respecto a la población beneficiaria (en particular con las mujeres), al funcionariado y a las políticas de tierras. El hecho de conjugar estos espacios conlleva algunas complejidades que fueron objeto de reflexión constante y estuvieron presentes durante todo el proceso de investigación.

En este texto apuesto a recuperar mi recorrido, presentar y reflexionar en torno a los desplazamientos durante el trabajo de campo que me llevaron a tomar decisiones, (re)definir estrategias de abordaje y problematizar los aspectos éticos y metodológicos desplegados para llevar adelante una antropología del estado.

Las páginas que siguen buscan revisar la experiencia del trabajo de campo, a través de la idea del campo como cuestión y objetivo (^{Guber, 2004}) para poner en valor los dilemas que surgieron en el quehacer de la investigación. En particular, porque al inicio entendía que debía mantener la frontera entre lo personal y lo teórico, lo cual como muestra ^{Gregorio (2023}) son binarismos impuestos que es preciso contravenir. De hecho, en el proceso de la investigación esto fue interpelado al construir las experiencias situadas en el trabajo de campo como fuente de conocimiento.

Para dar cuenta de este proceso, me detendré en los modos en que mi experiencia era problematizada y cómo esto me llevó a elaborar mi presencia durante el trabajo de campo y (re)posicionarse en relación a las interacciones que establecía.

Sumado a esto, una preocupación que estuvo presente en la investigación, en relación a la conjunción de intereses (laborales y académicos) y a la política de investigación, era el interés de aportar recomendaciones de política pública (sin comprometer la confianza ni la situación de las mujeres rurales) con la expectativa de contribuir a la construcción de producciones que trasciendan los diálogos disciplinares. En esta clave analítica, en las reflexiones finales mostraré que sólo manteniendo algunas de estas tensiones fue posible hacer investigación en este contexto.

Los primeros desplazamientos en el campo

En el año 2014 el INC, a través de su directorio, aprueba la política de cotitularidad de la tierra para las nuevas adjudicaciones en arrendamiento. Esto implica el reconocimiento de las dos partes de la pareja como titulares del predio para su residencia y explotación (^{INC, 2014}). Esta política identifica brechas de género a superar a través de la adjudicación de la titularidad de los predios a las mujeres beneficiarias de las tierras que administra este instituto. En el año 2019, la titularidad conjunta quedó establecida en la Ley n.º 19.781, en busca de garantizar los derechos de las mujeres en el marco de los procesos de colonización.

Esta iniciativa es el resultado de un largo proceso (previo al 2014) impulsado por las organizaciones de mujeres rurales, que el INC considera y elabora con el respaldo del conjunto de la institucionalidad pública y de la normativa internacional sobre igualdad basada en género en el acceso a los recursos económicos y los bienes de capital.

Una de las preguntas iniciales de investigación giraba en torno a la implementación de esta nueva iniciativa política y legislativa de la titularidad conjunta y sus efectos en la vida de las mujeres. Al tiempo que intentaba comprender cómo se configuraba el poder de la titularidad conjunta sospechaba que este no surgía de la política o la ley, sino más bien de su aplicación.

En una conversación con una funcionaria⁴ de una oficina local del INC acerca de la política de la cotitularidad ella plantea dos cuestiones.⁵ Por un lado, ese poder regulador y ordenador que ejerce la administración estatal a través de las normas que dispone y entiende debe acatar (seguramente guiado por la idea de la autoridad de la ley). Por otro lado, coloca la incertidumbre y con ella un espacio de acción, un margen quizás (^{Das y Poole, 2008}), entre la ley y su hacer cotidiano.

Las mujeres cuando no aparecen, es porque él (marido) es un jodido, sino, más allá que muchas se criaron en campaña o como amas de casa en general son parejas y cuando gestionan algo lo gestionan como grupo familiar. No hemos visto que se genere un plus (la cotitularidad) para las mujeres, pero no sabemos cómo lo viven las mujeres y tampoco hemos tenido casos de separación o violencia basada en género. “Y cuánto más tengo que pagar preguntan” (las mujeres). En las inscripciones en los llamados, ahí si se nota el cambio más grande. En los llamados, si la pareja tiene perfil tienen que inscribirse los dos. Luego en la confirmación, ya me he comido un par, pero se cumple porque hay que cumplirlo, como norma. Yo puedo tener diferente criterio, pero siempre predomina la resolución, el documento escrito (…) Si está bien o mal (la política) lo defino cuando lo tengo claro, pero en realidad no me sale defender algo con lo cual no estoy de acuerdo (Extracto de entrevista, 2019).

Más allá de la terminología institucional que puede resultar confusa para quienes no conocen este proceso de inscripción para la postulación de un llamado público para acceder a la tierra y el posterior proceso de adjudicación, firma de contrato provisorio y (al cabo de dos años) la confirmación del contrato de arrendamiento, la funcionaria explicaba algunos de los motivos que la hicieron dudar, y no firmar, contratos en cotitularidad los cuales derivaron en adjudicaciones en régimen de titularidad individual (y firma de contrato) con el productor. Algo que, si bien al principio ella entendía como un descuido -al no aplicar el nuevo procedimiento dispuesto por la cotitularidad que debía incluir a la mujer-⁶, que se había “comido un par” de este tipo de trámites, luego asumió

que no valía la pena dilatar el trámite y hacer todo el papeleo de nuevo para incluirla a ella. Ya habrá tiempo. Si marcha todo bien (en referencia a la pareja), cuando se le haga el contrato definitivo la ponemos a ella también.

Sin embargo, la norma no establecía requisitos al respecto de que el funcionariado de las oficinas locales opinara sobre “si marchaba bien la pareja”, ni que definiera (según su criterio) cuál era el mejor momento para incorporar a la cónyuge como titular del predio. Su actuación revela una forma particular del quehacer institucional que se reitera en otras oficinas y muestra valoraciones morales, que derivan en decisiones que limitan el acceso a derechos por parte de las mujeres y legitiman desigualdades de género. Surgen expresiones de duda o sospecha sobre la pareja o si la mujer es realmente digna o merecedora de la titularidad. Aparecen expresiones de desconfianza o de miedo que esconda algo, que haya un motivo oculto detrás de su postulación. La ley específicamente incorpora a parejas (concubinas) que no están casadas, pero, ¿es esa la evidencia necesaria para garantizar la confianza en la pareja? ¿Un documento que certifique la unión de la pareja, el matrimonio, por ejemplo, daría tranquilidad a la funcionaria para la firma del contrato?

Este es solo un ejemplo que ilustra el modo en que las rutinas cotidianas estaban atravesadas de contenidos históricos y sociales, impregnados por moralidades y representaciones sobre lo que es legítimo y lo oficial, cruzado por prácticas y relaciones de poder que desbordan las tramas institucionales.

Esto me llevaba a poner foco en las formas de poder que se producían en la cotidianeidad y en las relaciones de género. Estudiar esta cuestión requería indagar en las experiencias de las mujeres y el modo que operaba el INC en los espacios locales, a través de quienes actúan en este proceso. El rol del funcionariado es fundamental por la autoridad que ejercen en el espacio local y porque son el primer nivel de contacto con la población. Igualmente, era necesario abordar las desigualdades de género sobre el acceso y control de la tierra y comprender cómo operaban las relaciones de poder en el medio rural y en la producción familiar.

Por ello, mi atención se centraba en lo que se produce en los encuentros con una propuesta metodológica de investigación que considera un abordaje flexible (^{Mendizábal, 2006}) que me permitiera ir adoptando nuevas técnicas de acercamiento con las interlocutoras para el relevamiento de datos y para generar nuevas preguntas de investigación en función de lo que surge en el campo. Los lineamientos preliminares que orientaban el trabajo de campo, las decisiones metodológicas y estrategias se fueron definiendo y reformulando en el transcurso del proceso de estudio, en atención a lo que emergía durante la investigación.

Me interesaba seguir los procesos y sus conexiones (en el sentido propuesto por Marcus, 2001) para lo cual procuré ir tras las expresiones de la titularidad conjunta, captar las representaciones, los usos y sentidos situados que comienzan a definirse (entre la población colona, en particular las mujeres y el funcionariado) a partir de la política. En este movimiento, a través de la observación participante, buscaba “prestar atención a las personas”, sus expresiones y subjetividades, “aprender de ellas” y seguir los movimientos (^{Ingold, 2017}, pp. 149-150). Más específicamente, para situarme en el espacio entre el funcionariado del INC y la población destinataria de la política de tierras, participé de actividades y de encuentros, viajé a las regionales, acompañé el quehacer de las personas que allí trabajan, observé sus interacciones cotidianas, los procedimientos que realizan y presté atención en las dinámicas de la gestión local del INC.

Con el fin de indagar sobre la percepción del proceso de implementación de la política de titularidad conjunta, así como de los cambios a partir de su aplicación, además de observación participante entrevisté a veinte mujeres rurales en forma individual, en algunos casos con más de una instancia de entrevista a cada una de ellas y realicé entrevistas colectivas a grupos de mujeres. Además, de acompañar las rutinas institucionales y las salidas del funcionariado al campo, realicé cuatro entrevistas a funcionarias del INC.

Mi material de campo surge así de las notas que iba tomando al final de las salidas (en general a la vuelta del campo), durante las entrevistas y a partir de las transcripciones de la mayoría de ellas.

En algunos casos la información estadística me permitió realizar análisis y comparaciones acerca de las situaciones y los contextos que abordo, no obstante, resulta insuficiente para dar cuenta de cómo y porqué suceden ciertos procesos.

El acercamiento a las prácticas de registro, de producción documental, de circulación y archivo de algunas funcionarias del INC, motivó el abordaje de los documentos institucionales. Para ello, me propuse seguir la circulación de los documentos, el sentido que adquieren y lo que producen las prácticas escritas, desde una perspectiva ética y moral que se plasma en valoraciones y en la construcción de diversos vínculos y relaciones entre las personas en los distintos espacios que habitan.

La apuesta inicial era conocer cómo vivían las mujeres las políticas de tierras que se formulaban desde la institución, cómo entendían que estas aportaban a superar las brechas de género. ¿Cómo incidía en la vida cotidiana el hecho de poseer la titularidad de la tierra? ¿Se percibían cambios en las relaciones de género en las interacciones con las burocracias locales, en los hogares, en los espacios de participación y en las colonias?

Estas son algunas de las interrogantes preliminares que busqué etnografiar en el marco de la investigación, para ello, tal como propone ^{Lugones (2014}) fue preciso “observar, estudiar, relevar, percibir y revisitar caminos recorridos” (p. 71) a lo largo de mi experiencia en el INC.

Con este propósito, en una primera etapa de la investigación, acompañé las prácticas cotidianas de algunas mujeres titulares de predios del INC, lo cual implicaba trasladarme a las comunidades rurales, estar en sus casas y compartir los espacios por los cuales transitaban en el día a día.

En las reconstrucciones etnográficas se presentan diversos entendimientos que experimentan y circulan entre los actores acerca de la titularidad conjunta. Mediante estas busqué desentrañar algunas de las categorías conceptuales planteadas en relación al significado que se atribuye al acceso, la tenencia y el control de la tierra.⁷ En este recorrido, emergen en forma recurrente representaciones sobre las rupturas y continuidades de las políticas de tierra, antes y después de la titularidad conjunta. Había territorios, oficinas, agentes estatales y de la sociedad civil que destacaban positivamente los cambios a partir de la nueva política, mientras que otros parecían desconocerla. Los discursos en torno a esto daban cuenta de espacios locales donde parecía debatirse el contenido o significado de lo que expresaban las políticas y de los derechos que supuestamente garantiza la ley.

A partir de estas reflexiones (al indagar en torno a cómo circulaban estos discursos en los territorios), reorienté el trabajo de campo hacia la observación participante en las oficinas, en los encuentros del INC en los territorios y en las rutinas del funcionariado. Si bien uno de los principales ejes de indagación estaba centrado en las vivencias de las mujeres a partir de la implementación de la política, estos espacios condensan experiencias que permitían capturar las representaciones de las mujeres en un sentido más amplio. En estos espacios locales, donde el estado llega a ser construido (tal como propone ^{Gupta, 2015}), se hace evidente la presencia del poder estatal en las interacciones cotidianas (^{Trouillot, 2001}) y es posible acceder a la formación de nociones sobre el poder estatal y los entendimientos de las personas (^{Wanderley, 2009}).

El interés era observar, por un lado, las interacciones que se producen en el encuentro entre el funcionariado del INC y las mujeres vinculadas a la tierra; y por otro, las rutinas de administración estatal en la gestión local. El enfoque relacional del estado (^{Thelen, Vetters y Von Benda-Beckmann, 2018}) aplicado a estos espacios locales permite observar mecanismos de inclusión/exclusión, identificación, evasión, reclamo y la incidencia de los distintos actores que intervienen en estos espacios en la aplicación de las políticas. A su vez, comprender estos procesos apuesta a echar luz sobre el modo en que se apropian y resignifican los contenidos de las normativas y de las políticas gubernamentales.

(Re) hacer el campo

“Aprender qué preguntas no pueden contestarse, y no contestarlas; esta capacidad es de veras necesaria en tiempos de tensión y oscuridad” (^{Le Guin, 1973}, p. 58).

La observación participante, entre mis compañeros y compañeras de trabajo, hizo preciso reubicar el dispositivo epistemológico. En primer lugar, fue necesario realizar un movimiento (de extrañamiento) que me permitiera reflexionar en torno a lo que observaba. La cercanía con las prácticas y rutinas institucionales, con los procesos de trabajo y con mis interlocutores encontraba una ventaja en el acercamiento, en la confianza lograda, en el acceso a procesos, lugares y actores que a priori favorecen el trabajo de campo. Sin embargo, el desafío consistía en un ejercicio reflexivo “en torno a las implicaciones epistémicas y políticas de investigaciones que, pretendiendo conocer y cuestionar fenómenos estatales, pueden también estar extendiendo su pregnancia y un accionar estatalizado” (^{Lugones, 2014}, p. 81). El riesgo de la “estatización” de la investigación requería problematizar mi experiencia como investigadora en diferentes escalas, puesto que mi subjetividad y sujeción también era parte de esa “gestión” (en términos de ^{Souza Lima, 2002}) que me interesaba indagar. Así como sugiere Le Guin en la cita inicial, hubo un tiempo de aprendizaje.

En segundo lugar, abordar el rol del funcionariado y sus prácticas en la gestión de las políticas y captar las subjetividades morales que convergen en el encuentro con las mujeres requería, por ejemplo, identificar las contradicciones y tensiones que se expresan en los discursos y las prácticas (^{Guber, 2004}). Estar atenta para no pasar por alto lo obvio, y poder asumir una actitud crítica sobre el entramado institucional y en relación a los actores. De esta manera, construir la distancia necesaria que se jugaba entre la lejanía y la cercanía con las mujeres y con la institución.

Este movimiento me llevó a un tercer aspecto, que fue dedicar mayor espacio al intercambio con mis interlocutoras (tanto las mujeres rurales como con las funcionarias) sobre mis miradas, mis opiniones y tematizar los dilemas y conflictos suscitados durante el trabajo de campo. En efecto, supuso compartir las experiencias con ellas, poner en tensión los diferentes puntos de vista y confrontar perspectivas (en el sentido que propone ^{Peirano, 1995} y retoma ^{Balbi, 2012}).

Tomo esta idea de este último en relación al modo en que se integra la perspectiva nativa en la descripción etnográfica. ^{Balbi (2012}), a su vez, recupera la propuesta de Mariza ^{Peirano (1995}) sobre la etnografía como diálogo, pero en el sentido de confrontación de perspectivas nativas y las del etnógrafo. Balbi propone que la confrontación continua busca que nuestra mirada se haga permeable a las perspectivas nativas; colocar en tensión esos puntos de vistas diferentes:

Asumiendo siempre que el nuestro no será adecuado hasta tanto no llegue a ser capaz de aprehender plenamente a las perspectivas nativas tornándolas, así, en partes integrales del análisis etnográfico, en piezas necesarias de la descripción analítica que, a la vez, resulten inteligibles por virtud de su integración en dicho contexto (^{Balbi, 2012}, p. 492).

Por otra parte, el abordaje de los documentos también fue un modo de confrontar perspectivas y aportar a reubicar el dispositivo epistemológico para desarrollar la investigación. La búsqueda de extrañamiento me llevó al trabajo con los documentos lo cual me permitió abordar diferentes temporalidades, ese mundo de papeles que conecta tiempos, personas, lugares, normas y formas de sociabilidad (al decir de ^{Hull, 2012}). A su vez, posibilitó revisitar mi experiencia como fuente de conocimiento al colocar mis recuerdos en el mismo tiempo y espacio que los de mis interlocutoras. Al darle lugar a las emociones y conversaciones a través de una lectura compartida de los documentos con las mujeres y las funcionarias, logré captar preocupaciones, valoraciones e implicancias que no advertía en los encuentros personales.

Fue así que la producción documental se transformó en una de las estrategias desplegadas durante el campo. El trabajo de archivo me fue acercando a situaciones o ideas que se materializan y reproducen cotidianamente, las que hallaba muy difícil “entrar”, evidenciar o explorar, de otra manera.

Además, no está de más decir que yo aprendí a trabajar con documentos, me enseñó un viejo funcionario del INC. Saber trabajar con documentos significa conocer las palabras, los procesos y las jerarquías, así también las tareas y funciones de cada sección y los caminos que recorren. Pero, también, el dominio de los documentos requiere conocer lo que sucede en torno a su circulación, las dinámicas y lógicas institucionales en las cuales se inscriben. La actuación en el expediente (por citar a un tipo de documento) muchas veces debe acompañarse de una llamada a la oficina a la que se envía el trámite, o incluso de una conversación más personal, frente a frente, que permita explicar todo lo que por alguna razón no se expresa en el obrado. Por esto, los expedientes admiten varias lecturas y entendimientos, con momentos de pausas o de ciertos saltos que solo se explican volviendo sobre las personas que firman las actuaciones.

Algunos estudios recuperan la idea de los documentos estatales como campo de indagación en sí mismos (^{Muzzopappa y Villata, 2011}; ^{Lugones, 2004}). Desde esta mirada, los documentos permiten observar a la administración estatal (^{Lugones, 2014}) así como el acercamiento a las rutinas, a las narrativas y a las formas institucionales, en sus procesos de producción, circulación y archivo (^{Lowenkron y Ferreria, 2014}). Antes que, sobre el contenido, estos documentos permiten dar cuenta sobre los procesos que constituyen el mismo acto de documentar (^{Lugones, 2004}).

Desde el inicio, estaba previsto trabajar con fuentes de información secundarias y para ello relevar y analizar los documentos que conforman el marco político y jurídico del INC. Más allá de esto, el último año de trabajo de campo me propuse seguir los documentos en todo su recorrido, así como en intercambiar sobre los usos y significados de estas prácticas. Esto supuso, por ejemplo, abordar un conjunto de documentos (expedientes, resoluciones, contratos, cartas) y explorar con el funcionariado de las oficinas territoriales, por un lado, y con las mujeres titulares a tierra por el otro, cuáles eran sus usos y sentidos. Ponerlos sobre la mesa, leerlos juntas, prestar atención a sus actuaciones administrativas, sus formas y palabras, escuchar sus historias, conocer que significaban para ellas, nos permitió problematizar algunas cuestiones que quizás por cercanas no logramos analizar críticamente.

De este modo, el encuentro con los documentos estatales, como interlocutores en el trabajo de campo, mostraba la manera en que ellos forman parte de la trama de vínculos que se establecen entre las personas y nos permiten dar cuenta de sus experiencias en relación con las políticas, pero más allá de las cuestiones normativas. Al seguir la circulación de estos documentos se visualizaron diversos usos, formas y dinámicas que se despliegan a su alrededor. En particular, existen procesos que operan y tienen que ver con una dimensión intersubjetiva que circula junto con estos documentos. Más aún, la nueva política de cotitularidad, que colocó a las mujeres en los documentos como protagonistas “del asunto a tramitar”, (por primera vez en setenta años de historia del INC), puso en juego controversias acerca de cómo argumentar (y qué evidencia utilizar -qué documentos, parecía ser la interrogante institucional-) cuando se trata de las colonas.⁸

Colonización es una institución de trámites, señala Sofía y también expresa el agobio que le produce tener tantos expedientes en “la bandeja de entrada”.⁹ Sofía, como muchas otras técnicas del INC, gusta del campo, de trabajar con la gente, de salir y recorrer los predios. Me muestra su escritorio, de madera de roble oscuro, su espacio de trabajo lleno de papeles a su alrededor, apilados a los lados del monitor de la computadora. Mira más allá. Hacia un lado, se detiene un instante en una cartelera completa de anuncios de llamados a predios libres, papeles blancos con letras negras pequeñas, agarrados con alfileres, algunos algo caídos y otros superpuestos. En otra pared, que recorre el largo de la oficina, se recuestan una serie de ficheros de metal, de color gris oscuro (bastante nuevos para el común del mobiliario institucional), dispuestos unos sobre otros, colmados de documentos en su interior y con pequeñas plantas encima (un intento frecuente por parte del personal de “dar vida” al espacio de trabajo).

¿Qué cambia para la regional la cotitularidad? le pregunto. “Ellas tienen que firmar la documentación. Se habla con ellas, hay otra consideración”. En cambio, para Ximena, administrativa de la regional, “la única diferencia es el número de colono, los casos que es individual tienen un número y en las cotitularidades tienen dos, que son las dos cédulas”. Sin embargo, hablando de los papeles que circulan en la regional, agrega otro aspecto. “Además, todo tiene que estar firmado por los dos al inicio, luego las notificaciones pueden estar firmadas por cualquiera de las dos”.

Los documentos son una parte sustancial de las rutinas de las burocracias y configuran herramientas centrales para el funcionamiento de la institución. Son también la forma más frecuente de comunicación entre el INC y la población. Los documentos estatales son constitutivos de reglas burocráticas, ideologías, conocimientos, prácticas, subjetividades, objetos, resultados, incluso de las organizaciones mismas (^{Hull, 2012}). Tal como propone Hull, seguir el papel permite reconstruir desde una perspectiva etnográfica el modo en que diversos actores ponen en juego sus intereses, entendimientos y representaciones.

El movimiento de los documentos conecta cotidianamente a los diversos actores vinculados a las políticas que implementa el INC, siendo el funcionariado local central en este proceso. Entre las observaciones que surgían en el trabajo de campo, veía que las recurrentes referencias a las formas y dinámicas que se despliegan alrededor de la producción documental ponían en evidencia los sentidos que adquieren y el modo en que entrelazan lo normativo, los imperativos morales y las prácticas (así como propone ^{Barna, 2014} en otro contexto). En este proceso buscaba establecer relaciones entre lo formal, lo documentado, las prácticas y verbalizaciones de los sujetos de manera de captar el significado de las acciones y palabras para el otro, entender su punto de vista en una relación dialógica (^{Guber, 2004}).

En una visita a un predio de ganadería familiar en el noreste del Uruguay, conversando con una colona acerca de la historia de la colonia y de su llegada a aquellas tierras, me muestra una placa de bronce, apoyada en una base de madera con una frase grabada que recordaba el cincuenta aniversario de que su marido residía allí, en la colonia. Esta placa, puesta como adorno en el borde de madera que sobresale encima de la estufa, en el centro de la habitación, constituye un gesto de reconocimiento institucional en el cual solo figura el nombre de su marido. Sin embargo, orgullosa cuenta que ella también reside allí, junto con él, desde hace cincuenta años. A los 17 años se casaron y se fueron a vivir juntos al predio que aún hoy habitan.

Esta situación me lleva a pensar en el planteo de ^{Bourdieu (1997}), sobre la fuerza de lo estatal, de la palabra autorizada, legítima y oficial que muestra ese poder creador del estado. El acto oficial mediante el gesto de los representantes administrativos del estado moviliza el capital simbólico acumulado en el campo burocrático. Según ^{Bourdieu (1997)}, una de las formas de poder que ejerce el estado es a través de los nombramientos y certificados de distinto tipo:

Al anunciar con autoridad lo que un ser, cosa o persona es en realidad (veredicto), en su definición social legítima, es decir, lo que está autorizado a ser, lo que tiene derecho a ser, el ser social que tiene derecho de reivindicar, de profesar, de ejercer (por oposición al ejercicio ilegal), el Estado ejerce un verdadero poder creador (p. 114).

Otra escena. Otro gesto institucional que surge con motivo del aniversario de una antigua colonia localizada en el norte del país. En una de las paredes centrales del salón principal de una antigua casona que oficia de sede de la organización de fomento de la colonia, observo colgado un cuadro que lleva los nombres de aquellos primeros pobladores colonos. Según cuentan las mujeres de la colonia, este cuadro fue entregado desde el INC como homenaje a sus fundadores. Se trata de una madera gruesa e importante que lleva incrustada una placa de bronce grabada por cada una de las parcelas que conforman la colonia. Cada una de las placas lleva la inscripción del nombre del que fuera su titular original. Ellas entienden que los nombres de las mujeres no aparezcan en el reconocimiento, ellas no eran titulares, “eran las esposas de” me explican las mujeres, hijas y nietas de aquellos hombres. “Nosotras no existíamos acá” dicen al tiempo que relatan sus historias de vida, viejas anécdotas, a partir de los nombres que aparecen en las placas.

Estos usos de las expresiones escritas simbolizadas en gestos de homenajes son formas de ilustrar algunos de los modos a través de los cuales la institución legitima ese accionar cotidiano. Reflejan el modo en que las mujeres fueron/son invisibilizadas como sujetos de derechos. En estas escenificaciones no figuran como protagonistas, no son nombradas, entonces, ¿no tienen derecho o no están autorizadas a ser/ejercer? (en el sentido de Bourdieu).

Al compartir estas interpretaciones y preguntarles cómo se sienten ellas ¿qué les parece esto? Las mujeres de mayor edad se ríen, le quitan importancia y lo entienden como cosas del pasado e igualmente se sienten parte de esta trayectoria que hacen referencia las placas. Dicen estar incluidas en el reconocimiento institucional, puesto que a través de los nombres de sus abuelos, padres o esposos ellas pueden contar sus historias. Tal vez en las más jóvenes aparecen algunas nociones que dan cuenta de cierto cuestionamiento al mencionar la exclusión, sentir que quedan fuera, o que no existían en tanto no eran visibilizadas.

Ahora bien, si, en términos analíticos trazamos este eje de inclusión/exclusión y colocamos estas prácticas institucionales y representaciones veremos que sobre este se cruzan cuestiones morales y temporalidades. Las formas de inclusión/exclusión se expresan en un tiempo presente, pero refieren a un tiempo pasado, lejano (y esto sucede tanto en términos materiales como morales). Si bien la exclusión es parte del pasado tiene efectos simbólicos y prácticos que se materializan (en el presente) en la entrega de la placa.

Cuando le pregunto a los funcionarios de la oficina territorial sobre esto señalan que sería imposible saber quiénes eran las esposas, antiguamente solo se registraba el nombre del colono. ¿Hubiera sido mejor poner familia? me pregunta el funcionario quizás en un intento de demostrar interés y comprensión acerca de mi consulta.

Estos gestos parecen mensajes materializados que encarnan ese poder del estado (y su poder de nombrar y fijar a través del nombre). Muestran esas prácticas reiteradas performativas que señala ^{Butler (1990}) hacen a la autoridad burocrática, configuran la imagen del estado, de poder, así como los entendimientos que circulan, generan comportamientos y expresan formas de hacer política.

Es así que, la experiencia de investigar en el lugar de trabajo acarrea diversas implicancias que requieren poner atención y mirada crítica sobre las tensiones que se producen entre la proximidad y la distancia con los espacios y actores que intervienen. En este recorrido he intentado compartir algunas inquietudes en torno a ello y destacar la importancia del intercambio con mis interlocutoras (las mujeres rurales y las funcionarias del INC) y de los encuentros (en particular con los documentos) para “superar” algunas de las situaciones que aparecían como restricciones (metodológicas, conceptuales y éticas) durante el trabajo de campo.

Ahora quisiera considerar el modo en que mi condición de género contribuyó a crear un vínculo particular con otras mujeres. Moverme en los espacios más íntimos, compartir momentos en las casas y establecer relaciones de proximidad implicó compartir mutuamente aspectos de la vida personal. La puesta en común de situaciones relativas a los cuidados de la casa, de los/as hijos/as y las relaciones de pareja nos llevaba a un intercambio más afectivo atravesado por curiosidades e indagaciones que eran recíprocas.

Una pregunta inevitable era ¿cómo posicionarme para hacer referencia acerca de las políticas de tierras trayendo la voz de las mujeres? ¿Cómo articular mis convicciones políticas y teóricas sobre las posibles causas de las desigualdades de género en el medio rural con lo que ellas tenían para decir? Aquí se planteaba (entre otras cuestiones) mi distancia con las mujeres en cuanto a los modos que entendíamos los roles de género. En otro lado (^{Camors Montañez, 2023}) presento algunas consideraciones acerca del desfasaje de expectativas presentes durante el trabajo de campo (^{Noel, 2016}), por ahora solo señalaré las implicancias metodológicas para el abordaje de los espacios más íntimos con las mujeres. Particularmente se planteaban dos cuestiones que se hallan relacionadas entre sí. Por un lado, si este conocimiento y mi posicionamiento podría influir en el desarrollo de la investigación y de qué manera. Por otro lado, si debía evitar poner en evidencia mis ideas y concepciones políticas en relación a las condiciones de género.

Las perspectivas feministas han contribuido a problematizar el modo en que se entiende la objetividad en las investigaciones etnográficas, así como el vínculo que se establece en relación a los sujetos de investigación (^{Abu-Lughod, 2019}; ^{Harding, 2002}; ^{Haraway, 1995}). Así también han propuesto que la objetividad reside en la posibilidad de construir conocimientos situados (^{Haraway, 1995}). De este modo reivindican la naturaleza encarnada de todo punto de vista (^{Haraway, 1995}) y las condiciones y posicionamiento sociales, históricos y políticos de la persona que investiga poniendo en evidencia su condición de género, clase, raza, etc. (^{Harding, 2002}; ^{Haraway, 1995}). Tal como señala ^{Rostagnol (2016}), “el conocimiento siempre será parcial, limitado y localizado, por lo que la responsabilidad del investigador se refiere a las condiciones de producción y relaciones de poder inherentes al proceso de dicho conocimiento” (p. 15). En relación a esto, recuerdo un comentario de un docente con el cual intercambiamos algunos materiales preliminares de la investigación. Él me preguntaba si solo iba a entrevistar a mujeres (por ese entonces todavía no había resuelto incorporar al funcionariado así que se refería a las destinatarias de las tierras del INC). Los aportes de las lecturas de antropología feminista me permitieron abordar esa pregunta, además de considerar metodológica y epistemológicamente mi posicionamiento en el campo. De hecho, en esta investigación solamente se entrevistaron a mujeres, en tanto se buscaba comprender las maneras que ellas viven, experimentan y significan la titularidad conjunta. Cabe sin duda aclarar que los intercambios más personales con las mujeres si bien no son incluidos en los textos que derivan de la investigación, resultaron sustanciales para comprender sus representaciones y emociones. Así también lo fueron los intercambios con los varones, que, si bien no fueron entrevistados, nutrieron las reflexiones que se presentan en los capítulos que siguen. En particular, para el caso de los funcionarios del INC.

Por último, quisiera mencionar otra consideración ética que implicó el cambio de nombres y la modificación de las referencias a los lugares de manera de preservar la identidad de las personas que participaron de la investigación.

Entre desafíos éticos y respuestas (in)suficientes

Anteriormente abordé las estrategias metodológicas adoptadas en el campo para moverme de uno a otro de los espacios de análisis y “saltar” algunos de los obstáculos que se fueron presentando. Resulta oportuno ahora, e incluso imprescindible, comentar los protocolos seguidos para afrontar los dilemas éticos que se presentaron en relación a los requerimientos institucionales.

La investigación realizada en el marco de la tesis de maestría (^{Camors Montañez, 2015}) constituyó el primer antecedente en el que me trasladaba al campo con una propuesta de investigación siendo funcionaria del INC.

En esta oportunidad, para la tesis de doctorado, y tal como hice anteriormente, abrí un expediente en el INC (en tanto acto administrativo que les da vida a las cosas en el entramado de la burocracia) para poner en conocimiento a las autoridades sobre la investigación a desarrollar y solicitar el aval institucional para la realización del estudio. ¿Esto era necesario? La respuesta a esta pregunta es no. En el INC el único procedimiento relativo a las tesis de estudio es en cuanto al régimen de licencias. Sin embargo, para mí significaba una manera de explicitar el marco en el cual iba a desarrollar la investigación, cuáles eran mis intereses de estudio y principalmente, en relación al uso de la información estadística y a los tiempos del trabajo de campo. También era una manera de informar al funcionariado, a mis compañeros y compañeras de trabajo sobre la investigación.

Por cierto, resulta necesario precisar que la respuesta del INC fue ampliamente favorable, en tanto el directorio resuelve por unanimidad (con cinco votos) conceder el aval institucional.

Más allá de esto, lo que quiero compartir aquí es que este intento de separar roles, tiempos y espacios fue un verdadero dolor de cabeza. En el afán de no abusar de mi situación privilegiada de acceso al campo o evitar que me identificaran con el INC (con el presupuesto que ello condicionara a mis interlocutoras y por ende la rigurosidad de mi material de trabajo), tropecé varias veces con dificultades que hacían complicado sostener mi presencia en el campo. Las reflexiones en torno a los dispositivos metodológicos utilizados para intentar producir conocimiento en un contexto de trabajo cotidiano las adelanté en el apartado anterior. Ahora, quizás valga la pena detenerse en los desafíos éticos que suponía mi relacionamiento con las mujeres destinatarias de las políticas de tierras.

Todas las personas entrevistadas fueron informadas previamente acerca de la investigación y les solicité su consentimiento explicitando los objetivos y alcances del estudio. En particular, señalaba que su participación era voluntaria, que la información recabada era de tratamiento anónimo y no se utilizaría para ningún otro propósito fuera de la investigación.

Sin embargo, más allá de los intentos de realizar una presentación minuciosa del proyecto de investigación y de mi condición de investigadora, este requisito ético-metodológico parecía insuficiente. Resultaba improbable pensar que este breve, aunque exhaustivo discurso pudiera despojar a mis interlocutoras de los supuestos y representaciones que traen consigo. Por ejemplo, para ellas yo siempre era “Colonización”, (más allá que con algunas, con el tiempo logramos construir un vínculo más personal desdibujando esa referencia institucional que llevaba encarnada)¹⁰, y parecería sobrevolar la idea que lo que hablamos pudiera llegar a oídos de otros/as funcionarios/as. También sucedía que en algunos casos yo sentía que no entendían de lo que les hablaba. Más allá que procuraba realizar el mayor esfuerzo posible para explicar sencilla y detalladamente el caso, no lograba certeza en cuanto a su comprensión. Asimismo, el hecho de que su participación fuera voluntaria con frecuencia parecía algo inútil de precisar, justamente por el lugar de enunciación que ocupaba yo, por disponer de una posición con respaldo y reconocimiento institucional y porque a “Colonización” se la recibe siempre.

En este punto, cabe mencionar otro de los protocolos que gestioné en relación a la consideración ética de la investigación. En este caso, se presentó una nota para solicitar el aval a la Comisión Ética de la investigación científica de la universidad donde cursé mi doctorado. La respuesta fue que el proyecto no ameritaba objeciones éticas para su aval. La única modificación solicitada fue la de aclarar, en el marco del consentimiento informado, que la entrevistada podía dejar de participar en el momento que desee, sin tener que dar explicación alguna. Traigo esto aquí para intentar ejemplificar los desencuentros entre los mecanismos de regulación institucionales con lo que sucede durante el trabajo de campo y el modo en que estos pueden entrampar el trabajo más que significar una garantía para la investigación, para la investigadora o las investigadas.

Siguiendo con la forma de presentar la investigación en el campo o en el expediente abierto en el INC, sucedía que, lo que yo había planteado que iba a estudiar en un inicio no fue exactamente lo que finalmente estudié. Es decir, tal como propone ^{Noel (2016}), en el proceso de la investigación etnográfica, “cuando creamos haber estabilizado nuestro objeto analítico siempre puede suceder, sin previo aviso, que el propio proceso de investigación nos obligue a reformularlo, alterarlo o desplazarlo” (p. 107). ^{Noel (2016}) plantea que es ilusorio pensar en que la presentación, por más “prolija, sistemática y exhaustiva” que sea, la propia estrategia de investigación etnográfica puede llevarnos a tomar diferentes rumbos e incluso a su reformulación lo cual hace muy difícil explicar.

El problema que advertía entonces era la posibilidad de generar malos entendidos que pusieran en duda la rigurosidad de la investigación o mi ética como investigadora/funcionaria. Era de suponer que las preguntas y hallazgos durante la investigación llevarían a nuevas conceptualizaciones, empero, esto podría no ser comprendido para quienes son ajenos a las especificidades de la disciplina. Estaba claro que tampoco tendría sentido explicitar cada momento de ajuste o reelaboración mediante un trámite ni explicar al detalle las particularidades del método etnográfico. En consecuencia, todas estas apreciaciones atravesaban el trabajo de campo, constituían las limitaciones de mi investigación y los dilemas con los cuales debía trabajar. “La imposibilidad de negar el peso de la realidad”, en los términos propuestos por ^{Narotzky (2004}, p. 138) y en consideración de lo expuesto hasta el momento, intenta mostrar algunas incompatibilidades para llevar a cabo una investigación que cumpla con todos los requerimientos éticos y metodológicos previstos.

El camino elegido, tanto aquí como durante el trabajo de campo, fue el de buscar explicitar (principalmente a mis interlocutoras) lo más posible las dudas, los problemas, los dilemas e incomodidades con las que me fui enfrentado y asumir los riesgos de las decisiones tomadas.

Reflexiones finales

En este texto compartí algunas reflexiones en relación a los desafíos metodológicos, procedimentales y éticos surgidos en el hacer antropología en los espacios de intervención laboral.

La exigencia ética e intelectual fue constante para elaborar mi presencia, y, tal como mencioné anteriormente, ocupó un lugar fundamental el diálogo con mis interlocutoras. Intercambiar sobre mis ideas y contradicciones nutrió mi mirada y contribuyó a desnaturalizar las situaciones cotidianas. Insisto aquí en la consideración del diálogo entendido como confrontación que trae ^{Peirano (1995}) y la producción de conocimiento leída en clave de encuentro de perspectivas.

La elección de trabajar sobre la idea de encuentro, para captar ese cruce de perspectivas que interaccionan en la vida social (^{Quirós, 2014}) me permitió pensar el estado desde las prácticas, las relaciones y los procesos que ocurren en la cotidianeidad y explorar el mundo de los documentos como interlocutores durante el proceso de investigación. Esto, por un lado, posibilitó superar una explicación exclusivamente cuantitativa acerca de los efectos de las nuevas iniciativas (legislativas y políticas) en relación al acceso a la tierra para las mujeres. Por otro lado, el encuentro con los documentos, y lo que significa para quiénes los producen, los manipulan, los pasan o los archivan ofrecen una dimensión de la experiencia cotidiana al ubicar discursos y prácticas en sus condiciones de producción. La relectura de algunos documentos junto con sus protagonistas habilitó una mirada de las relaciones, las formas de poder, las contradicciones y los modos en que los actores transitan los procesos. El cruce de temporalidades y emociones que recorrían la lectura de los documentos nos colocó (a ellas y a mí) en un lugar de encuentro que abría oportunidades para explorar otras formas de hacer antropología.

Así también, me permitió construir una política de pesquisa, más allá de los mandatos y protocolos, en tanto estos manifiestan limitantes para el hacer (trabajo de campo) en contextos de múltiples implicancias.

Por último, para cerrar quisiera referirme a la práctica antropológica desde “el estado”, su contribución a la producción de conocimiento y la reflexión sobre las posiciones encarnadas, involucradas o comprometidas de quienes ejercemos nuestra profesión compartiendo agendas. Esta formulación busca colocar nuevas preguntas en torno de las implicancias epistémicas y políticas de investigar desde el trabajo estatal, así como de la compleja conjugación de las apuestas de pesquisa con las de nuestras/os interlocutoras/es.

Una de las ventajas de estudiar el campo estatal desde la participación activa de los espacios burocráticos es que permite capitalizar el conocimiento interno de esos espacios, los procesos, las reglas, las dinámicas y las formas de hacer política en la cotidianeidad, así como el acceso privilegiado a la información, al funcionariado, a las mujeres beneficiarias y a los espacios de encuentro. Sumado a esto, es de destacar la posibilidad de aportar conocimiento o la oportunidad de aplicar el conocimiento producido en el contexto de la investigación. Los roles que desempeño (y he desempeñado) en el INC me han permitido participar de espacios de incidencia, así como la realización de recomendaciones y generar propuestas de trabajo que incorporan las reflexiones producidas en el marco de la investigación. Sin embargo, en este margen de acción e incidencia hay tensiones que son necesarias considerar.

Abordar etnográficamente las prácticas y procesos que rodean a la cotitularidad, ha permitido observar al estado desde las tramas de relaciones y experiencias de sus protagonistas, desde el corpus documental producido y en relación al rol que tenemos en el hacer cotidiano. Esta mirada podría contribuir a mejorar las condiciones de acceso a derechos de las mujeres al poner en evidencia (por ejemplo) las restricciones que se hallan en la gestión cotidiana de la política y la distancia entre la ley y su aplicación. Aquí hay una preocupación por el estado, por su rol y su accionar y una oportunidad de comprometernos con lo que hacemos desde “el estado”. No obstante, lo planteo en términos de tensión porque entiendo que solo manteniendo este espacio de (des)encuentro entre las interlocutoras y las instituciones o entre los objetivos de investigación, los de intervención y los intereses de las mujeres rurales es posible hacer antropología en este contexto de investigación. Así, como propone ^{Le Guin (1973}), este espacio proporciona lugar para el aprendizaje, una dimensión ineludible en la investigación.