Alianza pluriclasista en el período de Lula

Los dos gobiernos del Partido de los Trabajadores dirigidos por Lula (2003‑2006/2006-2010) constituyeron lo que Ricardo ^{Antunes (2011}) denominó “semibonapartismo brasileño”. Desde la campaña presidencial de 2002, Lula y su equipo de colaboradores decidieron abrazar el juego del gran capital nacional e internacional, lo que se puso de manifiesto con claridad en la conocida Carta al pueblo brasileño de ese mismo año.

El semibonapartismo de Lula -el “hombre de la conciliación”- fue objeto de las clases dominantes. Si bien la “conciliación” permitió gestionar compromisos con las distintas clases y fracciones de clase, dando forma a una alianza pluriclasista, a mediano y largo plazo lo que ocurrió fue el agravamiento de los propios antagonismos. Lula, como ningún otro agente estatal en la historia reciente de Brasil, logró cohesionar los dos polos del drama brasileño: gratificó como nunca antes a las distintas fracciones del capital local y transnacional (financieras, agronegocio, industriales, comerciales), y, en el otro extremo, llevó a cabo el asistencialismo y “distribución de renta” hacia los más empobrecidos, lo cual hizo -hay que subrayarlo- sin remover ni cuestionar los fundamentos de la economía dependiente brasileña; al contrario, los profundizó hasta el estallido de la crisis económica.

En este sentido, el “lulismo” se sustentó en un profundo “pacto conservador” (^{Singer, 2012}), o, como se dirá en otros términos, en la “fantástica alianza de los más ricos con los más pobres” (^{Salles, 2013}). Fue a través de esta fantástica alianza que se configuró -en los gobiernos Lula- el bloque en el poder¹, es decir, la nueva relación de fuerzas en el dominio político estatal.

El bloque en el poder y la fracción hegemónica² financiera

Una parte del bloque en el poder está comandada por las burguesías locales: el poder del agronegocio (soja, maíz, azúcar, carne, ganado), fracciones mineras; industrias de transformación; agroindustriales; la construcción. El Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (bndes) y sus proyectos de inversión beneficiaron a las grandes empresas nacionales brasileñas. Como señala Armando Boito Jr.: “La gran burguesía interna es la fuerza que más gana con la política neodesarrollista” (²⁰¹², p. 8).

Estas burguesías lograron un grado de apoyo en las categorías empobrecidas de la sociedad brasileña, trabajadores del subproletariado y campesinos, que por sus problemas de organización fueron canalizados por el Estado en una especie de fetichismo estatal. Estos sectores en ningún momento lograron organizar e imponer intereses de clase, no participaron en el bloque en el poder sino como piezas de apoyo (factores de legitimidad), para lo cual, más allá de una retórica estatal, se les transfería a estos sectores partes alícuotas de renta³.

El lulismo representó a las fracciones del capital: el boom de commodities (mercancías tales como alimentos y materias primas), el agronegocio, la minería, las empresas madereras, que elevaron por las nubes la balanza comercial superavitaria. Asentado en el aparato de Estado⁴, el lulismo estableció las bases del crecimiento agrario e industrial volcado a la exportación, con mucha mayor preponderancia en el agronegocio y la exportación de recursos naturales (minerales, maderas), y, en segundo término, en la exportación industrial de menor nivel tecnológico.

El eje radical neoliberal, es decir la fracción hegemónica financiera, se aglutina en el gran capital transnacional y fracciones de la burguesía brasileña (bancaria, financiera) asociada de modo subordinado a esta fracción. En la formación social brasileña, el núcleo hegemónico dominante está concentrado en estas fracciones monopolistas del capital financiero. Banco Bradesco, Unibanco, Itaú -bancos brasileños- y Santander, hsbc y Bank Boston son parte de los principales bancos comerciales en Brasil. Tan solo un reducido núcleo de ellos concentra más del 85% de las ganancias del sistema bancario. Un pequeño número de bancos comerciales y de inversión (nacionales y extranjeros) poseen los fondos de pensión. Este espectro conforma el capital financiero en Brasil. Como señala Francisco de Oliveira:

“Lo que la literatura vino a llamar después como financiarización de la economía, ya se insinuaba subordinando la acumulación interna de capital al movimiento internacional del capital, retirando centralidad a las decisiones internas. (…) La forma suprema del trabajo abstracto, al final, lograda por el sistema capitalista. Tal es la contrarrevolución de nuestro tiempo”. (²⁰⁰⁶, pp. 269 y 273)

En síntesis, constituido este bloque en el poder, el capitalismo dependiente brasileño se estableció en un modelo financista amalgamado a un patrón exportador de especialización productiva (regresiva) en bienes fundamentalmente tradicionales, con enorme dependencia de la economía mundial⁵.

Los rasgos del neodesarrollismo frente al neoliberalismo radical

En este apartado establecemos una importante diferenciación entre el neoliberalismo radical, anclado en disciplina fiscal, monetaria, cambio flexible, superávit primario, es decir el régimen de austeridad, y el carácter “social”, “regulador”, “distribucionista” del neodesarrollismo, interesado en reducir condiciones de desigualdad y pobreza, no obstante subordinado a los lineamientos preponderantes del neoliberalismo ortodoxo.

Como las distintas variables del proyecto neodesarrollista de Lula (“distribución de renta”, “consumo de masas”, “política social”, etcétera) se aplicaron de un modo subordinado al neoliberalismo ortodoxo, distintos autores lo denominaron “neoliberalismo matizado”, “neoliberalismo restringido”, entre otros. En todo caso, consideramos importante comprender los matices de esta relación de dominio, los “matices de la lucha de clases” (^{Alves, 2014}).

El neodesarrollismo subrayó el carácter social del proyecto, lo que dio forma a la corriente más crítica de la economía brasileña con el proyecto “social - desarrollista”. Así, frente al polo ortodoxo neoliberal, el neodesarrollismo se afirmó bajo las siguientes herramientas

-Papel fundamental del Estado en la inducción del crecimiento de la economía;

-inversión estatal en infraestructura;

-abastecimiento presupuestario al bndes, mayor financiamiento a la empresa local y privilegios fiscales y financieros;

-fortalecimiento del mercado interno;

-políticas de recuperación del salario mínimo y transferencias de renta;

-programas de crecimiento de la economía, gasto público y distribución de renta;

-políticas sociales tendientes a disminuir la desigualdad, la pobreza y la extrema pobreza;

-políticas económicas anticíclicas para enfrentar la crisis económica (recuperación de la demanda agregada);

-cambios en la política cambiaria (desvalorización del real para abaratar la inversión productiva y proteger el mercado interno);

-reducción de las tasas de interés y del spread bancario⁶.

El proyecto lulista se caracterizó por una especie de paradoja: la búsqueda del “crecimiento económico con transferencia de renta” sin cuestionar los fundamentos estructurales del neoliberalismo. Esta profunda incapacidad delimitó su margen de acción, obligándole a convivir con una contradicción de gran significación que en el largo plazo explotaría con fuerza. Ello se evidenció a partir de la crisis económica brasileña y la acentuación de la polarización de los intereses económicos y políticos.

No obstante, los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff no recibían bien las políticas de austeridad -aunque nunca dejaron de someterse a los imperativos del gran capital-. No recibían bien desapuntalar el crecimiento económico, las privatizaciones, los recortes al gasto social, erosionar la política social (su “gran” obra), ni el desmantelamiento de la distribución de renta y la pulverización de la “inclusión social”, vertebrales en el neoliberalismo ortodoxo.

Los grandes capitales rechazaban con fuerza contribuciones fiscales (recuérdese la enorme campaña empresarial abanderada con la consigna “no voy a pagar el pato”⁷), la disminución de la tasa de ganancia, la reducción de tasas de interés. Los grandes capitales se oponían también a un aumento del gasto público, al papel activo del Estado en la economía, al fortalecimiento de la demanda agregada, al incremento de la inversión pública. La clase empresarial se oponía con fuerza a las políticas sociales del lulismo, a las que estigmatizaba tachándolas de “populismo”, así como también rechazaba con firmeza los programas anticíclicos de la clase reinante⁸ lulista.

Crisis económica y crisis política: relación de fuerzas y proyectos de poder

La crisis económica brasileña se hace evidente desde 2012 como resultado de la crisis global de 2008, abriéndose con ello en la sociedad brasileña una crisis política de enormes consecuencias (económicas, sociales, ideológicas).

A nuestro juicio, la crisis económica del capitalismo dependiente brasileño instaló un nuevo orden de relaciones entre la clase reinante (gobernante), es decir, la clase situada en las alturas del aparato gubernamental - estatal (personificada en los gobiernos del Partido de los Trabajadores) y el bloque en el poder bajo la hegemonía de la fracción financiera. El nuevo escenario de crisis de la economía brasileña y de los planes anticrisis de los principales grupos de poder quebrantó el equilibrio inestable de los compromisos en el orden político, poniendo fin a la alianza pluriclasista que los gobiernos Lula - Dilma construyeron. La crisis del capitalismo dependiente en Brasil creó un nuevo escenario en el que se agudizaron los conflictos entre las políticas sociales correspondientes al ideario social - desarrollista y los dictados de disciplina y ajuste fiscal, el nudo gordiano de la restauración de nuestro tiempo.

Una crisis política supone una condensación de contradicciones en un momento concreto (^{Poulantzas, 1977}). En la formación social brasileña, la crisis económica empujó a la definición de una nueva coyuntura política concreta, en la cual se presentó una condensación de contradicciones con rasgos particulares en el dominio político.

La diferenciación de intereses económicos y políticos entre las fuerzas neodesarrollistas y las fracciones hegemónicas fue tal que se ha establecido bajo la forma de proyectos de poder.

Ante el agravamiento de esta conflictiva diferenciación, la ofensiva del bloque en el poder optó por resolver con el golpe político los problemas de representación de sus intereses con la clase reinante (lulista) prevaleciente. Con ello, fracturó el plano formal de la institucionalidad política, ocupando la maquinaria estatal y el conjunto de sus aparatos.

De este modo, el significado del golpe fue la deconstrucción de la relación de fuerzas en el seno del aparato de Estado y sus procesos de toma de decisiones. Se produjo un dislocamiento hacia la derecha en una relación de fuerzas (previa a mayo de 2016) que venía neutralizando una radicalidad neoliberal preestablecida para la ejecución política del “puente para el futuro”, el proyecto oligárquico que terminaría por imponerse a la sociedad brasileña.

La ofensiva autoritaria de las fracciones dominantes no se anticipó. Respondió y se adecuó a la nueva coyuntura de la lucha de clases presentada bajo las coordenadas de la crisis económica neodesarrollista y la crisis de la forma política semibonapartista construida con el lulismo. Así también, después de casi dos décadas de derrotas electorales, “… la derecha percibió que no tendría más oportunidad de regresar al poder por el voto. Que perdería con Lula en 2018” (^{Secco, 2016}).

Realizado el nuevo dislocamiento político en los aparatos estatales, el golpismo procedió a imponer sus intereses con extraordinaria velocidad, esto es, como un huracán que levantara por los aires el carácter social del proyecto neodesarrollista, incluso más allá, al impactar en el carácter social de la Constitución de 1988, sustentada en los derechos sociales, políticos y civiles.

Mayo de 2016: el golpe “blando” y sus objetivos

Con la ruptura de la democracia formal y de la institucionalidad política, se puso de manifiesto el carácter radical de la ofensiva del bloque en el poder y su fracción hegemónica. No puede pasarse por alto que el neoliberalismo ingresó en la historia de América Latina del brazo de la contrainsurgencia, es decir, de la mano del terror (^{Dos Santos, 2007}, pp. 3‑5). El programa económico trazado por el gobierno Temer mostró el carácter real de sus objetivos, encaminados a profundizar las condiciones de concentración de riqueza⁹.

En el artículo titulado 50 años en 5 días (^{Miola, 2016}), se resume el objetivo central del golpe estatal: un despojo radical del futuro de la sociedad brasileña. Este artículo refiere a un retroceso de Brasil a la “… época del Estado oligárquico establecido para atender los intereses de una minoría parasitaria y patrimonialista a las espaldas de la exclusión de la mayoría de la población”. Asimismo, se enumeran quince puntos que el gobierno de Michel Temer expresó en sus primeros cinco días, que lograría concretar en el transcurso del golpe.

Si tuviéramos que añadir otros elementos, diríamos que la ofensiva del gran capital pretende acelerar y profundizar los ejes del patrón de reproducción del capitalismo dependiente brasileño, anclado en el agronegocio y la agroindustria exportadora; busca reorientar nuevos espacios del capital y nuevas asociaciones público - privadas (infraestructura encaminada hacia el comercio exterior), así como elevar la escala de la superexplotación del trabajo y asegurarle a Brasil una ubicación subordinada en la división internacional del trabajo que le permita reproducir la valorización financiera. Es así como se entiende el núcleo radical de los intereses prevalecientes: la “meta fiscal”, la reforma laboral, la precarización y tercerización del trabajo, la reforma de la seguridad social, la privatización de la salud y la educación públicas, el desmantelamiento de la política social estatal, las transferencias de riqueza (superávit primario, privatizaciones) a las fracciones hegemónicas.

Ajuste fiscal redoblado: “una bella victoria”

El nudo gordiano del golpe de Estado logró su objetivo desde los primeros días de gobierno. La “propuesta” de ajuste fiscal que el capital financiero impuso significó la experimentación de un proceso de rearticulación “social” del capital sobre la sociedad brasileña o, mejor dicho, un proceso de rearticulación y concentración de la riqueza social en manos privadas.

La “meta fiscal” del gobierno golpista redobló los planes de ajuste que el gobierno de Dilma venía elaborando. El tamaño del “ajuste” hizo evidente la suspensión de la representación de los intereses del gran capital financiero por parte de la clase reinante (lulista), otrora instalada en el dominio del aparato de Estado.

El ajuste fiscal del gobierno de Temer y Henrique Meirelles impuso una hemorragia en la sociedad brasileña de alrededor de 170.000 millones de reales, equivalente a 48.000 millones de dólares, es decir, la reducción del tamaño estatal. Una vez aprobado este proceso de rearticulación social del capital -en la madrugada del 25 de mayo de 2016 por la Cámara de Diputados- Folha de São Paulo reflejó en sus titulares las palabras de Michel Temer: “Fue una bella victoria”¹³.

Crisis política permanente: el desafío de articular un organismo político popular

En las primeras semanas del golpe, las fuerzas sociales se encontraron con la enorme tarea de articular un bloque que sustentara y enfrentara la nueva ofensiva que el gran capital impuso con fuerza. El nuevo período de lucha de clases que se abrió -aún más acentuado y amenazante-, se caracterizó por una gran movilización de masas, ampliamente politizada¹⁴.

Con la existencia de frentes sociales, bases populares y del trabajo con escaso grado de articulación, ha sido un reto mayor lograr la cohesión popular en un organismo de poder que enfrentara el proceso de restauración neoliberal y fuera más allá de este. Destacamos las palabras de Ricardo Antunes respecto a los retos políticos que en los primeros días del golpe se impusieron a la sociedad brasileña:

“… ¿pero al final, qué es lo más importante: un partido, un movimiento social o un sindicato? (…) El desafío no es ver cuál de esos son más importantes. Es preciso acabar con las jerarquías preestablecidas. (…) El desafío es buscar una alternativa de la construcción política de nuevo tipo que desconstruya la institucionalidad que hoy es dominante. (…) ¿Cómo hacer para que tales movimientos alcancen un nivel de organicidad que los aproximen más, en vez de aislarlos? ¿Cómo avanzar hacia una nueva política radical, cómo soldar lazos de solidaridad y de pertenencia de clase, en lugar de quedarnos en la política de fraccionamiento y fragmentación? Es el desafío que se coloca en el próximo período”. (^{Antunes, 2016})

Profundización de contradicciones en el seno del bloque golpista

El bloque político golpista se había articulado entre las siguientes fuerzas: a) la burguesía brasileña dependiente (bancos y finanzas, agronegocio, medios de comunicación, grandes industriales); b) las fracciones transnacionales del capital financiero y la burguesía posicionada en el mercado interno; c) el Poder Judicial y los aparatos de justicia (Supremo Tribunal Federal, ministerios públicos federales, Procuraduría General de la República, Policía Federal, magistraturas, jueces) y las altas clases medias que los sustentan; d) la inmensa mayoría de partidos políticos apostados en el Legislativo y asegurados a alianzas y compromisos específicos con el fin de dar sustento a la figura del Ejecutivo.

A un año de la articulación del bloque de dominación golpista, fue fundamentalmente el fracaso del gobierno Temer -y de su bloque político partidista de alianzas- y su incapacidad de imponer la radical restauración conservadora lo que motivó el inicio de esta nueva etapa. Temer había fracasado con las “reformas fundamentales”, promesas que empuñó desde su discurso de toma de posesión del gobierno. El fracaso se evidenció: a) con los problemas para sacar adelante la Reforma Laboral (trabalhista) -hasta ese momento sin aprobarse- y de la Seguridad Social (previdência), piezas centrales de la ofensiva golpista del gran capital financiero; b) con la crisis de legitimidad de su gobierno, el descrédito mayoritario por parte de la población brasileña respecto a un orden político institucional estancado en un enorme cuadro de corrupción; c) con el consecuente auge y fortalecimiento de las fuerzas políticas de las clases populares.

Ante tal frustración política, la burguesía puso en primer plano la carta de la defenestración del gobierno Temer. Fue mediante O Globo que se dio el paso hacia la destitución de la figura presidencial, cada vez más descartable para la clase dominante.

A un año de la maniobra golpista, se agravaron las fisuras del bloque de dominación: se pronunciaron contradicciones entre la burguesía dependiente - financiera - transnacional con la burguesía “interna”, los conflictos del Poder Judicial con el gobierno Temer y sus redes de corrupción, se abrieron fisuras entre el Ejecutivo golpista con su incapacidad para continuar el camino de contrarreformas y su otrora sustentación principal en la gran burguesía dependiente.

Por otro lado, la propia profundización de la crisis económica empujó a las clases dominadas a intensificar sus luchas. La huelga general del 28 de abril (2017) convocada a partir de la lucha sindical y el movimiento popular, que contó con la participación de 40 millones de trabajadores y ciudadanos brasileños, fue prueba clara de una nueva relación de fuerzas que desafiaba al nuevo orden político. A más de un año del golpe de Estado y de la rearticulación “social” del capital, la clase trabajadora y el movimiento popular brasileño venían dando grandes pasos hacia su articulación como organismo de poder.

Así, entre los meses de mayo y julio (2017), el Ejecutivo fue puesto contra la pared, la coalición de partidos en el Legislativo (Partido del Movimiento Democrático Brasileño (pmdb), psdb, Partido Socialista de Brasil (psb), y muchos otros); naufragaba. Las fracturas en el interior del bloque golpista abrieron un período de inestabilidad hegemónica, un impasse político que se agravaría con la creciente intensidad de las luchas populares.

Dicha etapa de inestabilidad hegemónica expresaba la tendencia de constituirse en una crisis de Estado. ¿Quién construiría la unidad del bloque de dominación si las contradicciones lo colmaban? ¿Quién impondría los ejes centrales de la reproducción del capital? ¿Desde qué cuerpo o aparato estatal, si estos -Ejecutivo, Legislativo, Justicia- venían experimentando relaciones de fuerza oscilantes?

Como vemos, se trata de la generación de una cadena de condiciones que cuestionan la capacidad del Estado (y de su cuerpo, aparatos y ramas institucionales) de establecer el papel esencial que encierra el ejercicio político de la hegemonía, papel que corresponde a la fracción hegemónica: organizar el bloque en el poder, reconstruir su unidad, establecer el interés político general, imponer los intereses principales de la reproducción del capital (ejes de acumulación); construir la cohesión social, inducir el equilibrio institucional y estabilizar el orden; desorganizar las luchas populares.

Cuestionar el papel del Estado en el ejercicio de la hegemonía, tanto en su papel de organización de la unidad del bloque de dominación como en la representación de la fracción o fracciones hegemónicas, es un factor de una crisis de Estado. El régimen político brasileño se inclinaba durante esta etapa hacia esta tendencia. Las distintas contradicciones llevaron a profundizar los conflictos por la definición de las rutas de transición hacia la instauración de un nuevo gobierno.

Las vías de transición: las rutas del golpismo versus el camino del Frente Brasil Popular

Desde el punto de vista del bloque oligárquico, la “solución” se presentaba mediante la destitución del Ejecutivo, la defensa del “Estado de Derecho” y el reemplazo de la figura presidencial. Dentro de ese contexto, una de las rutas de transición consistía en la toma del cargo presidencial por parte del presidente de la Cámara de Diputados, quien convocaría -según lo marca la ley- en un plazo no mayor a 30 días a elecciones presidenciables indirectas, es decir, con voto del Congreso y a espaldas del voto popular.

La otra ruta de transición que se manejaba de modo oficial era la formación de un gobierno “provisional” en el que asumiría la jefatura del Estado el Supremo Tribunal Federal (stf) por intermedio de su presidente. Se hablaba incluso de un abanico de sustitutos de la figura presidencial, entre cuyos nombres destacaban el expresidente Fernando Henrique Cardoso o el propio Nelson Jobim, ministro del stf.

El resultado fue que, con una mano en la Constitución y con la otra en la excepción, las fuerzas oligárquicas y la política de alianzas en el Congreso se enredaron en la discusión sobre estas “vías de transición”.

Efectivamente, el problema permanente de estas vías de “transición” -para el capital- consistía en que ninguna de ellas lograría estabilizar la crisis política ni la deslegitimidad creciente, elementos necesarios para establecer lo esencial de la restauración neoliberal: las contrarreformas.

Ante estos problemas, las clases dominantes buscaban dotar de vitalidad al nuevo “príncipe” y los aparatos ministeriales, entre los cuales el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, viene siendo uno de los candidatos con mayor relevancia.

Como señalamos en otro momento:

“Con la Constitución por delante, la oligarquía pretende dar legitimidad a un orden político corroído por la gigantesca corrupción político - capitalista brasileña. Más aun, con el espíritu político de la Lava - jato es posible que el gran capital se atreva a presentar una nueva institucionalidad en el orden de los partidos políticos amparadas en el ‘imperio de la Ley’, la ‘transparencia’ y la ‘democracia’. Una ‘nueva derecha’ compuesta de supuestos outsiders se ha venido ampliando justamente en este sentido”. (^{Ríos, 2017})

El camino del Frente Brasil Popular

Por otro lado, las clases trabajadoras junto con el movimiento popular, ahora constituidos en el Frente Brasil Popular (fbp)¹⁵, demandaron -en ese momento- el restablecimiento del orden democrático constitucional bajo la consigna popular de elecciones directas (“Diretas já!”), lo que inmediatamente retrotraía a Brasil a las batallas del movimiento popular de mediados de la década de los ochenta, encaminadas a poner fin al régimen de la dictadura.

La nueva lucha popular se orientó a la defensa del sufragio universal para elegir inmediatamente al jefe de Estado (dentro del año 2017) y establecer un gobierno emanado de las fuerzas democráticas. No obstante, dichas elecciones precisarían de una Enmienda Constitucional adversa al espíritu prevaleciente en el Congreso.

Cabe señalar que la consigna popular por las Diretas já! formaría parte del Plan Popular de Emergencia, enarbolado por el fbp, que busca crear “… una correlación de fuerzas favorable a la oportuna convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente destinada a refundar el Estado de Derecho y establecer reformas estructurales democráticas”¹⁶.

De este modo, la sociedad brasileña se internó en una encrucijada: elecciones directas o indirectas; cada alternativa indicaba un solo ganador. La crisis política adquirió en dicha encrucijada su más álgida tensión, que se reflejaría el día 24 de mayo en el marco de masivas manifestaciones -“Ocupa Brasilia”-, reprimidas por un decreto del Ejecutivo que impuso la participación de las fuerzas armadas en el Distrito Federal.

Finalmente, la lucha de clases permitió la “salida” mediante una opción inesperada para la mayoría: el gobierno Temer logró sobrevivir tanto a la nueva ofensiva golpista como a la creciente presión popular. En realidad, no logró ser derribado por las siguientes razones: a) las fracciones dominantes no lograron encontrar una figura presidencial sustituta que unificara el conjunto de sus intereses y su estrategia; b) Temer logró accionar las herramientas del Poder Ejecutivo que le permitieron mantener las bases de apoyo necesarias para mantenerse en el cargo -compra de votos y fuertes complicidades en el Congreso, compromisos con los grandes empresarios respecto a las reformas “faltantes”-; c) la falta de una mayor fuerza y contundencia por parte de las movilizaciones populares en las calles; d) el papel de la élite judicial -como es el caso del ministro Gilmar Mendes- que frustró las expectativas populares sobre la caída del gobierno.

En síntesis, el régimen político en Brasil ha venido girando, con el Estado de Derecho de Excepción por delante¹⁷, hacia una nueva morfología autoritaria. Las modificaciones estatales se tensionan entre la profundización radical de un Estado autoritario fuerte (del Estado de Excepción permanente ya en proceso) y la transformación democrático - popular del orden estatal institucional.

El Frente Brasil Popular: tres elementos relevantes

Ante la nueva etapa política, el fbp ha venido profundizando sus grados de organización y activismo político. Ello se evidenció en su Segunda Conferencia Nacional, realizada el 9 y 10 de diciembre de 2017 en el estado de San Pablo, justamente dos días antes de darse a conocer la fecha para la segunda instancia del juicio contra Lula.

En dicha Conferencia, a la cual asistieron más de 300 militantes representantes de multiplicidad de organizaciones políticas, populares y sindicales, el fbp se puso en guardia ante la ofensiva golpista para impedir la candidatura de Lula. Así se advierte en la declaratoria de su Segunda Conferencia Nacional:

“El Frente Brasil Popular evalúa que todo este proceso de participación popular será potenciado si logramos garantizar el derecho de Lula a ser candidato a la presidencia de la república. Defender el derecho de Lula a ser candidato es defender la democracia y dar un paso importante para la derrota del golpe. Los enemigos del pueblo no toleran el liderazgo de Lula y son capaces de todo para evitar su regreso a la presidencia de la república. Por eso, no descartamos la farsa del golpe dentro del golpe por la vía de los sectores reaccionarios del poder judicial, por el parlamentarismo o por el semipresidencialismo. El éxito de esta construcción pasa, por lo tanto, por derrotar a los golpistas en las urnas y en las calles. El Frente Brasil Popular, de forma unitaria, dialogará con las candidaturas del campo democrático comprometidas con esos objetivos”¹⁸.

La Segunda Conferencia del fbp puso de relieve tres elementos significativos:

Como observamos, las tendencias que se abren dentro de esta etapa pasan por la mayor intensificación de las luchas políticas. El primer mes del año 2018 se orienta hacia la profundización del régimen de excepción y, como contrapartida, a la irrupción del estallido social, máxime cuando el bloque político aliado al Ejecutivo se ha visto obligado a presentar una nueva fecha (9 de febrero) para la discusión y aprobación de la contrarreforma de la seguridad social -ello por no contar con los 308 votos para su aprobación-.

Ante tal acumulación de tensiones, asistidas por la profundización de la agenda golpista y el ataque a los derechos políticos básicos, ¿cuál sería la nueva posición política a adoptar por el Partido de los Trabajadores con Lula en la dirección moral? En caso de confirmarse la inhabilitación, ¿cuál sería la reacción política de la enorme base social que respalda al expresidente?

Por lo pronto, los principales representantes del fbp (Movimiento de Trabajadores Sin Techo (mtst), Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (mst), Central Única de los Trabajadores (cut)); ya han acordado para la segunda quincena de diciembre de 2017 la organización de distintas actividades políticas, entre las que se destaca una nueva caravana en “defensa de la democracia”, dentro de la cual se instale un enorme campamento de ocupación social y popular de Porto Alegre, frente al Tribunal Federal Regional (Cuarta Región), donde se llevará a cabo el juicio contra Lula el 24 de enero.

Ante tal estado de crisis permanente, es común escuchar en los medios brasileños aquella idea de que faltan muchos años para llegar a octubre de 2018, es decir que, antes de alcanzar esa fecha, están por experimentarse múltiples acontecimientos.