Introducción
En el presente artículo se analiza, desde la perspectiva de género, el uso de armas de fuego en los femicidios-suicidios, incluidos los cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, en la Argentina actual. Como se verá a continuación, la mayoría de los suicidios efectivos fueron llevados a cabo por varones y uno de los factores explicativos es el mayor uso de armas de fuego por parte de estos. Esta preferencia y el mayor acceso a las armas de fuego como instrumento suicida en los hombres parece vincularse con la construcción de la masculinidad hegemónica (Stroud, 2012).
Siguiendo tal perspectiva, en este artículo se focaliza en un tipo particular de suicidios masculinos con armas de fuego: los femicidios-suicidios, que refieren a los casos de suicidio de los agresores que cometen femicidios, especialmente con armas de fuego. Además, se identifica la participación de miembros activos y retirados del sector seguridad en este tipo de casos. El análisis permite contribuir, con evidencia empírica, a dar cuenta de la relación entre el suicidio de los femicidas, el fácil acceso a las armas de fuego, en especial por los agentes de seguridad, y el ideario de la masculinidad hegemónica como dimensión subyacente tanto de los femicidios y los suicidios posteriores como del uso de armas de fuego para cometerlos.
Para ello, en primer lugar, se discute teóricamente desde la perspectiva de género el vínculo entre el mayor nivel de suicidios masculinos y el uso de armas de fuego, a partir del concepto de masculinidad hegemónica y de la tesis de accesibilidad. Para focalizar en los femicidios-suicidios, se aborda el concepto de femicidio, el de femicidio-suicidio y, finalmente, el uso de armas de fuego tanto en los femicidios como en los suicidios posteriores. Así, se busca dar cuenta de la masculinidad hegemónica como factor que relaciona la violencia de género extrema con la posesión de armas de fuego, incluso entre miembros de las fuerzas de seguridad, como parte de la problemática del estado policial.
En segundo lugar, se presenta la estrategia metodológica llevada a cabo, basada en el análisis de datos secundarios y en el análisis de contenido cuantitativo. Se describen las fuentes de datos utilizadas y se mencionan los procedimientos estadísticos empleados.
En tercer lugar, se presentan los resultados del análisis, partiendo de un panorama general sobre el nivel de suicidios en Argentina según distintas fuentes y el uso de armas de fuego para cometerlos. Se muestra la evolución de los femicidios, del uso de armas de fuego en ellos y de la comisión de femicidios-suicidios, especialmente con armas de fuego y por miembros del sector seguridad en el país.
Finalmente, a modo de conclusión, se discuten algunas recomendaciones de políticas públicas que incluyen tanto medidas de control de armas de fuego y desarme como políticas de prevención de la violencia de género, a nivel legislativo y orientadas hacia la intimidad, a fin de promover la deconstrucción de la masculinidad hegemónica y, por lo tanto, la motivación subyacente de la violencia de género y del uso de armas de fuego.
Suicidios y armas de fuego con perspectiva de género
El suicidio, que se define como el acto de matarse deliberadamente a uno mismo, es un problema multicausal que produce la muerte de casi un millón de personas al año en el mundo (Organización Mundial de la Salud, 2014). Desde la sociología, se señala que afecta de manera diferencial a cada grupo social y se plantea que se trata de un hecho social que trasciende el plano de los individuos patológicos (Durkheim, 2004(1897).
En efecto, desde una perspectiva de género, se observa una paradoja: mientras las mujeres presentan entre tres y diez veces más intentos de suicidio, los varones muestran tasas de suicidio completo hasta cinco veces mayores (Rosado Millán et al., 2014; Organización Mundial de la Salud, 2014). Esta mayor tasa de éxito de los suicidios en los hombres parece responder a su preferencia por métodos más letales, como las armas de fuego, así como un mayor acceso a ellos. Estos métodos limitan la posibilidad de arrepentimiento, la búsqueda de ayuda, la detección por terceros, la intervención y la asistencia médica (Ajdacic-Gross et al., 2008; Conner y Zhong, 2003; Florquin y Wille, 2004; Kaplan, McFarland y Huguet, 2009). El fácil acceso a las armas de fuego (tesis de accesibilidad) incrementa la probabilidad de suicidio con ese método y de suicidio en general, tal como se demostró en Estados Unidos, donde el riesgo de suicidio es tres veces mayor en los hogares armados (Brent y Bridge, 2003; Briggs y Tabarrok, 2014), aun si sus miembros son policías o miembros de las Fuerzas Armadas (Shaw, 2013).
Además, la preferencia por las armas de fuego y, por lo tanto, el mayor acceso a ellas en los hombres parece responder a la masculinidad hegemónica, esto es, a las “prácticas discursivas y disposiciones incorporadas que legitiman la dominación masculina” (Connell, 1995, citada en Stroud, 2012, p. 217). Si bien la mayoría de los hombres armados señalan que tienen armas de fuego para protegerse, la muy baja utilización en enfrentamientos y el comprobado mayor riesgo de muerte deberían alejar este tipo de consideraciones instrumentales (Cerqueira y Mello, 2012; Violence Policy Center, 2015; Pekny et al., 2015). Por el contrario, las armas parecen ser utilizadas principalmente con fines expresivos, ya que permiten demostrar “poder, fuerza, agresividad, determinación, precisión y una fría racionalidad”, ser respetados por otros hombres como valientes y ser vistos como buenos padres protectores y jefes de familia, todos atributos vinculados a la masculinidad hegemónica (Stroud, 2012; Connell y Messerschmidt, 2005; Page, 2009; Pandolfi, Álvarez y Cribari, 2015).
En el caso de los suicidios, se podría afirmar que los hombres prefieren utilizar armas de fuego porque refuerzan las ideas masculinas de determinación, control, fuerza y éxito, incluso en este último acto (Cukier y Cairns, 2009). Asimismo, son más proclives a actuar de forma impulsiva y arriesgada que las mujeres, y las armas son un método eficaz para ello (Dahlberg, Ikeda y Kresnow, 2004; Muggah, 2001). Además, parecieran preocuparles menos que a las mujeres las consecuencias estéticas de su utilización (Varnik et al., 2008). Por último, los hombres tienen más acceso a las armas de fuego en general de forma previa al intento suicida por motivos como la autodefensa, la práctica de tiro y caza, el coleccionismo o como miembros de fuerzas de seguridad, lo que refuerza la tesis de la accesibilidad como factor de aumento del riesgo de muerte con armas de fuego.
Femicidios-suicidios y armas de fuego
Además de vincular el mayor nivel de suicidio efectivo en los hombres por el uso de armas de fuego con la masculinidad hegemónica, la perspectiva de género permite focalizar en un tipo especial de suicidio masculino, los femicidios-suicidios, es decir, los suicidios que cometen los varones agresores luego de un femicidio. Este es el tipo más frecuente de suicidio de homicidas en las 24 horas posteriores al crimen (Antúnez, 2016).
Para entender este fenómeno, se parte del concepto de femicidio1 entendido como la muerte de una mujer producida por un hombre debido a su condición de género, que implica la apropiación del cuerpo de la mujer por el hecho de serlo o no serlo de manera “adecuada”, como castigo por romper la dependencia y, por tanto, la dominación masculina y como modo de convertirla en “víctima sacrificial”, es decir, como prueba para participar de la economía simbólica de los pares (Segato, 2003). El cuerpo de la mujer se convierte en un objeto propiedad del agresor, quien, a partir de celos, infidelidad o fin de una relación, toma para sí lo que creía poseer (Hernández et al., 2018). Es la culminación de estructuras de desigualdad, subordinación y poder que termina con la vida objeto de deseo.
El uso de armas de fuego es frecuente en los femicidios, especialmente en los femicidios íntimos cometidos por parejas o exparejas (Gerney y Parsons, 2014; Violence Policy Center, 2010). Esto se debe a que la presencia de armas de fuego en el hogar, lejos de ser un factor de protección, aumenta un 41% el riesgo general de que cualquiera de sus miembros muera por un arma pequeña y “en el caso de las mujeres ese riesgo se incrementa en un 272%” (Ortiz, 2015a, p. 12). Así, se muestra la fuerte relación entre la posesión de armas de fuego en el hogar y el riesgo de femicidio, tal como ha sido analizado en estudios anteriores en Argentina (Der Ghougassian, Otamendi y Fleitas, 2015; Otamendi y Der Ghougassian, 2017; Alfie et al., 2018).
Además, este riesgo es mayor cuando la pareja forma parte de las fuerzas de seguridad pública o privada y lleva el arma reglamentaria al hogar (Ortiz, 2015a y 2015b; Vetten, 2006). Nuevamente la dimensión subyacente entre femicidio y uso de armas de fuego es la masculinidad hegemónica, ya que, como se mencionó, las armas de fuego son símbolos de la virilidad asociados al poder, la fuerza y la agresividad, y como tales permiten reforzar masculinidades frágiles por condiciones de edad, sociales o de salud, convirtiéndolas en hipermasculinidades, o mantener el estatus de buen padre y esposo que protege a su familia, según la división de roles tradicionales de género (Small Arms Survey, 2014; Stroud, 2012). Así, el arma sirve para facilitar la dominación masculina mediante las amenazas y la muerte, última forma de disponer del cuerpo femenino (Otamendi y Der Ghougassian, 2017).
Ahora bien, en un alto porcentaje, que varía entre un 18% y un 40%, los femicidas cometen suicidio y, en la mayoría de los casos, con armas de fuego (Mathews et al., 2008). Algunos autores sugieren que se trata de un tipo de suicidio extendido, y que, en este marco, el homicidio resulta ser un acto para llevarse a la familia consigo. En estos casos, se observa planificación y, por otra parte, se incluyen como femicidios-suicidios los llamados pactos suicidas o suicidios por piedad, especialmente cuando la víctima o el agresor son ancianos o están enfermos (Richards, Gillespie y Smith, 2013). En otros casos, el femicidio es la culminación de años de violencia de género, ya sea como reacción celosa espontánea o como pérdida de control ante la separación, y el suicidio posterior es un acto de remordimiento, vergüenza o temor a las consecuencias (Mathews et al., 2008). Estos casos son denominados suicidios machistas, ya que se originan en la relación de dominación y dependencia entre la víctima y el victimario. Cuando la víctima de esa relación busca romperla o amenaza con hacerlo, el agresor pierde el control y busca recuperarlo de forma violenta. De este modo, el asesinato es una forma de negar la pérdida. Sin embargo, paradójicamente, la ira y la depresión por la pérdida del vínculo terminan con la pérdida real de la persona, lo que tiende a incrementar la autodesvalorización, la rabia y el autorreproche. Además, como el sentido de la vida del agresor estaba dado por la dominación traumática de la mujer, al matarla, desaparece el centro de su vida, llevándolo al suicidio (Antúnez, 2016).
Las armas de fuego también juegan un rol central en estos femicidios-suicidios, cuando el agresor asesina tanto a su pareja o expareja (femicidio) como a otras niñas o mujeres vinculadas (femicidio vinculante), ya que, en general, utiliza la misma arma para suicidarse (Alvazzi del Frate y Pavesi, 2014). En efecto, la evidencia internacional muestra que la posesión de armas de fuego está fuertemente asociada con un mayor riesgo de femicidio-suicidio (Shaw, 2013). Por lo tanto, no sorprende que los trabajadores del sector seguridad, que disponen de sus armas de fuego reglamentarias en sus hogares, suelan estar sobrerrepresentados en estos casos (Mathews et al., 2008).
En el contexto argentino, los policías y demás miembros de las fuerzas de seguridad cuentan con la prerrogativa de circular con el arma reglamentaria y llevarla a su casa fuera del horario laboral por el llamado estado policial, una condición jurídica por la cual se considera que siguen siendo policías aun cuando se encuentran fuera de servicio o retirados (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2018). Además, como tales, están habilitados a “portar el arma con el cartucho en la recámara y el martillo bajo”, por lo que los funcionarios policiales pueden abrir fuego con solo apretar la cola del disparador, a diferencia de los particulares con licencia para tenencia de armas (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2018, p. 27). Esto hace que el fácil acceso a las armas de fuego en sus hogares lleve a aumentar las probabilidades de femicidio y suicidio por los agentes policiales, activos o retirados.
En síntesis, la tesis de la accesibilidad señala que la mayor proliferación de armas de fuego, dada su alta letalidad, incrementa los riesgos y niveles de suicidio efectivo. A su vez, la masculinidad hegemónica parece llevar a los hombres a utilizar más armas de fuego para suicidarse, incrementando su efectividad, y, según este mismo ideario, los conduciría a cometer femicidios como forma extrema de dominación masculina, incluso con armas de fuego. Estas, por su parte, resultan ser también símbolos de esa masculinidad hegemónica. Finalmente, algunos de estos femicidas también se suicidan, utilizando en algunos casos armas de fuego, lo que da cuenta de la masculinidad hegemónica como dimensión subyacente tanto del femicidio y del suicidio posterior como del uso de armas de fuego en ambos fenómenos. Por su parte, el mayor acceso a las armas de fuego debido a su profesión, el estado policial que les permite llevarlas a sus hogares y la probable identidad masculina construida alrededor del uso de la fuerza podrían explicar una alta prevalencia de femicidios-suicidios armados entre agentes de las fuerzas de seguridad. A continuación, se describe la metodología seguida para analizar estas tendencias en el caso argentino en los últimos años.
Estrategia metodológica
Para llevar a cabo el estudio se planteó una estrategia metodológica cuantitativa consistente en el análisis de datos secundarios y en el análisis de contenido cuantitativo (González Rodríguez, 1996; Cea D’Ancona, 1996). Como parte del análisis de datos secundarios, se revisaron las dos fuentes oficiales que existen en Argentina sobre suicidios y femicidios-suicidios.
Por un lado, se utilizó la base de datos de mortalidad del Sistema de Estadísticas de Salud (SES) que lleva a cabo la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Argentina. Esta base compila y valida a nivel nacional la información remitida por las unidades de Estadísticas Vitales y de Salud de las jurisdicciones provinciales, que a su vez reciben, controlan y codifican los datos suministrados por el nivel local, esto es, por el personal de salud que certifica los hechos y capta los datos básicos a partir del informe estadístico de defunción (Dirección de Estadística e Información de Salud, s/f y 2017).
Para la codificación de la causa de defunción, esta base de datos sigue la Clasificación Internacional de Enfermedades. Décima Versión (CIE-10), de la Organización Panamericana de la Salud (1995). Para el presente análisis, se descargaron las bases agregadas de la DEIS y se tuvieron en cuenta los códigos correspondientes a muertes por lesiones autoinfligidas (códigos X60 a X84) y, en particular, por armas de fuego (códigos X72 a X74).
Esta fuente de datos presenta serios problemas de subregistro y clasificación por diversas razones: debido al abuso de categorías residuales como muertes de intención no determinada, para las que no se informa si se trata de homicidio, suicidio o muerte accidental (Alazraqui et al., 2012; Zunino, Ramos de Souza y Lauritzen, 2008); porque no siempre se registra el instrumento causante de la muerte, como puede ser el arma de fuego; y porque hay errores u omisiones en el registro de la edad, el sexo y la provincia de residencia de la persona fallecida (Spinelli et al., 2015). Además, solo se registra el sexo de la víctima, no su género, lo cual limita un análisis más profundo desde la perspectiva de género.
Por otro lado, la segunda fuente oficial sobre suicidios en Argentina la constituyen los registros policiales provinciales y de las fuerzas federales, que son compilados, validados y agregados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Estos registros siguen los criterios del Código Penal Argentino y del sistema de Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos diseñado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015). Los datos luego son publicados de forma agregada por provincia y categoría delictiva de manera anual en el Informe SNIC, en el que los suicidios son la categoría 31 (Sistema Nacional de Información Criminal, 2018).
Esta fuente también plantea problemas metodológicos: primero, los suicidios no configuran delito, aunque se contabilizan por tratarse de muertes violentas; segundo, algunos óbitos clasificados en el primer parte policial como suicidios terminaron siendo caratulados judicialmente como homicidios, y es un problema la falta de trazabilidad entre ambas fuentes. Por último, en la actualidad no se publican datos del Sistema de Alerta Temprana (SAT) que permitirían conocer el sexo y la edad de la víctima y el instrumento causante de la muerte, como por ejemplo el uso de armas de fuego, por lo que solo se cuenta con el dato a nivel provincial.
A partir de los datos del informe de DEIS (2018) y de SNIC (2018), se observa que las fuentes sanitaria y policial para el año 2017 difieren en un 3% de suicidios a favor del SNIC a nivel nacional. Si bien ambas fuentes presentan problemas y están desactualizadas -2017 es el último año disponible-, la fuente sanitaria publica de forma desagregada el sexo, el grupo de edad y el lugar de residencia de la víctima y el instrumento causante de la muerte, por lo que resulta más útil para el análisis con perspectiva de género de la incidencia de las armas de fuego en los suicidios que aquí se plantea, aunque registre menos casos.
Con el fin de reconstruir la serie de suicidios de femicidas en Argentina, especialmente los cometidos con armas de fuego, se identificaron los femicidios, definidos en la Ley 26.791, de 2012, como la muerte de una mujer “cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” (inciso 11.°), y los femicidios vinculados, definidos como aquellos realizados “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1.°” (inciso 12.°).
En el país, actualmente existen tres fuentes oficiales y dos no oficiales de femicidios. Las oficiales son el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la Unidad de Registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación. Por su parte, las no oficiales son el Observatorio de Femicidios Zambrano, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, y el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres Ni Una Menos, de MuMaLá. En el presente estudio se utilizó principalmente la fuente de La Casa del Encuentro, ya que cuenta con la serie temporal más larga y con variables de interés que otras fuentes no incluyen, como el uso de armas de fuego, el suicidio posterior del agresor y su pertenencia a las fuerzas de seguridad (Der Ghougassian, Otamendi y Fleitas, 2015; Otamendi y Der Ghougassian, 2017).
Ante la ausencia de estadísticas oficiales, en 2008 la organización no gubernamental La Casa del Encuentro construyó de manera pionera el primer registro nacional de femicidios de Argentina a partir de las noticias de las agencias informativas Telam y DyN y de 120 diarios nacionales y provinciales. Esto hace que sea la serie más larga, pero, dado que la fuente primaria son los medios de comunicación, se debe advertir que se pudo haber omitido casos por “razones de localización, por sus características o porque simplemente no haya sido noticia” (López Pons, 2010, p. 83) y, además, porque lesiones iniciales pudieron haber terminado en la muerte de la víctima, sin que esto fuera publicado. Por lo tanto, se utilizaron los informes de La Casa del Encuentro y, cuando fue posible, se contrastaron los datos con los del registro de femicidios de la CSJN.
Finalmente, para un análisis más detallado de los femicidios-suicidios, el uso de armas de fuego y la participación de agentes del sector seguridad, se procedió al análisis de contenido cuantitativo (Cea D’Ancona, 1996) de las noticias compiladas en el informe de La Casa del Encuentro (2013) sobre los tres primeros años de su registro de femicidios (2008-2010). Esta técnica de análisis consiste en la cuantificación o medición de la frecuencia de palabras o frases que remiten a ciertos conceptos en un texto. En este caso, se cuantificó si aparecía o no determinada palabra en las noticias de femicidios seleccionadas para poder clasificar los casos de femicidio a partir de las siguientes variables nominales dicotómicas: uso de armas de fuego en el femicidio; suicidio del agresor; suicidio del agresor con armas de fuego; pertenencia del agresor al sector seguridad; y pertenencia de la víctima del femicidio al sector seguridad. En los casos en los que el agresor era del sector seguridad, se identificó la fuerza a la que pertenecía y si estaba activo o retirado. En todos los casos, el análisis de los datos estadísticos fue descriptivo, mediante la presentación de porcentajes, tasas y diferencias porcentuales y también odds ratio para comparar las chances relativas entre distintos grupos, lo cual permite evaluar la asociación e intensidad de una relación entre variables a partir del cociente entre razones de categorías tomadas de dos en dos (López Roldán y Fachelli, 2015).
Suicidios con armas de fuego
A partir de los informes de 2017 de la DEIS y del SNIC, se observa que en el país ocurrieron alrededor de 3.200 suicidios ese año, con una tasa de entre 7,3 y 7,5 suicidios por cada 100.000 habitantes, superior a la tasa de homicidios dolosos, que fue de 5,2 para el mismo año (Sistema Nacional de Información Criminal, 2018). Si bien hay cierta variabilidad, tal como lo muestra el Gráfico 1, en promedio ocurrieron alrededor de 3.100 suicidios al año en el período de 2008 a 2017, con un pico de 3.340 casos en 2012 y 2014 (Dirección de Estadística e Información de Salud, 2018).
Las armas de fuego fueron utilizadas en al menos 19 casos de cada 100, en promedio, durante el período 2008-2017, el mayor uso se produjo en 2009 (22%) y en el último año disponible, 2017, fueron utilizadas en un 16% de los casos (DEIS, 2018; Fleitas, Lodola y Flom, 2014). La disminución puede deberse al plan voluntario de canje de armas que se mantiene desde el año 2007 (Fleitas, 2011; Ronconi, Lenis y Schargrodsky, 2011) y a problemas de registro, tal como lo evidencian las 860 muertes por armas de fuego cuya intención no fue determinada (códigos Y22 a Y24 en la fuente sanitaria), esto es, para los que no se registró si fue homicidio, suicidio o muerte accidental. Asimismo, dado que no siempre se registra el método causante de la muerte, es probable que haya aún más muertes por armas de fuego no identificadas.
Por último, cabe señalar que el uso de armas de fuego para cometer suicidio siempre es mayor entre los varones que entre las mujeres. Para el último año con información disponible las proporciones fueron 18,2% y 7,5%, respectivamente (DEIS, 2018). Esto da indicios de que los varones suelen elegir más las armas de fuego para intentar suicidarse y, por lo tanto, lo logran de forma más efectiva, dada la alta letalidad de estos instrumentos. Como se señaló al comienzo, la preferencia por las armas de fuego y el acceso a ellas parecen vincularse con la construcción de la masculinidad hegemónica, de la que estas armas son símbolos.
Femicidios y uso de armas de fuego
Según un informe de La Casa del Encuentro (2018) que compila diez años de estadísticas de femicidios (2008-2017), en más del 62% de los casos las víctimas fueron asesinadas por parejas o exparejas, en más del 51% ocurrieron en el hogar de la víctima y en el 5,7% de los casos los agresores eran miembros actuales o retirados de distintas fuerzas de seguridad. En promedio, en todo el período, un 26,8% fueron cometidos con armas de fuego.
Ahora bien, si se tienen en cuenta los datos más recientes, incluyendo los del año 2018, se obtiene un total de 2.952 femicidios y femicidios vinculados entre 2008 y 2018, lo que arroja un promedio de 268 femicidios por año, con picos de 295 casos en 2013 y 2017, tal como se observa en el Gráfico 2. En promedio, un 26,7% de ellos se cometió con armas de fuego, dato que se mantiene siempre superior al 24% y alcanza picos de 28,1% en 2013 y de 27,8% en 2017,2 similar al 28,2% que se obtiene a partir del Registro Nacional de Femicidios de la CSJN (2018).
Resulta así que los años en los que se produjo la mayor frecuencia de casos de femicidio, 2013 y 2017, también fueron los años de mayor uso de armas de fuego en los femicidios, lo cual podría indicar la mayor letalidad de este tipo de armas para cometer femicidios. Asimismo, que las armas de fuego sean utilizadas en más de uno de cada cuatro casos de femicidio da indicios de cómo la violencia de género y el acceso a las armas de fuego se vinculan entre sí, probablemente porque ambos fenómenos responden a la identidad del género masculino como dominante y agresivo mediante el uso de la fuerza física.
Para entender el peso que tienen los femicidios en el total de los homicidios de mujeres, se analizaron las distintas fuentes disponibles. A modo de ejercicio, se obtuvo que el 62% de los homicidios de mujeres habrían sido femicidios en 2008 y el 76% en 2015 (La Casa del Encuentro para femicidios y SNIC para homicidios). Además, el 53% de los homicidios de mujeres con armas de fuego en el año 2015 parecerían ser femicidios armados. Así, ante cada homicidio femenino y más aún con arma de fuego, se debería orientar la investigación criminal hacia un femicidio, lo que lograría una mayor tasa de esclarecimiento y menos impunidad.
Femicidios-suicidios y armas de fuego
A partir del Gráfico 2, se observa también que entre 2008 y 2018 hubo al menos 538 femicidas que se suicidaron, lo cual representa un 18,2% de los casos, con una variación de entre un 12% en 2015 y un 26% en 2008, aunque en este primer año el registro pudo haber sido de menor calidad (La Casa del Encuentro). Para el último año, 2018, la proporción fue de 20,1% según La Casa del Encuentro, mientras que en el registro oficial alcanza un 21,8% de los casos (CSJN, 2019). Según ese mismo registro, para los años anteriores (2014-2016), si se toman como suicidios los casos bajo el rótulo otra forma de terminación del proceso penal, se suicidó un 16,4% de los femicidas, mientras que para el año 2017 la proporción fue de un 15,4%, muy similar al 15,6% informado por La Casa del Encuentro. Esto datos dan cuenta de que al menos una parte de los femicidas se suicida y, por lo tanto, de que parte de los suicidios totales se da con posterioridad al acto femicida. En efecto, a modo de ejercicio, se puede señalar que del total de suicidios del año 2017, al menos un 1,2% habría sido de un femicida que se suicida (para los femicidios-suicidios, CSJN, 2018; y para los suicidios, DEIS, 2018 y SNIC, 2018).
Mediante el análisis de contenido cuantitativo de las noticias de los tres primeros años (2008-2010) del informe de La Casa del Encuentro (2013), resumidos en la Tabla 1.1 del Anexo, se calculó que en promedio se suicidaron 24,2% de los femicidas,3 número algo superior a los datos precedentes. A su vez, se puede agregar que un 4,5% lo intenta sin lograrlo y un 1,5% que se suicidó y asesinó a más de una víctima. Si estos datos se suman, en total resulta que en 3 de cada 10 femicidios el agresor se suicidó o intentó hacerlo, y el arma de fuego fue el instrumento más utilizado (58,5%). De hecho, si toman en cuenta solo los suicidios completos, este último porcentaje aumenta, ya que el 63,6% de los suicidios efectivos de femicidas fueron con armas de fuego. Si se considera solo los intentos de suicidio con armas de fuego, el 92,6% logró su cometido, lo que demuestra la alta letalidad de las armas de fuego (Tabla 1.1 del Anexo).
El intento de suicidio o suicidio efectivo del agresor es más probable cuando las mujeres fueron baleadas, ya que, posiblemente, utilice la misma arma para cometerlo. Como lo muestran los datos de la Tabla 1.1 del Anexo, mientras que al 56,5% de los femicidios con armas de fuego le sigue el intento o el suicidio efectivo del agresor, esta situación se reduce a un 18,2% cuando la víctima no fue baleada. Lo anterior implica que hay tres veces más chances de que el femicida se suicide o lo intente cuando mató con arma de fuego que cuando utilizó otros métodos (odds ratio de 3,1). Si solo se consideran los suicidios efectivos, hay casi cuatro veces más chances (odds ratio de 3,9) de que un femicida que baleó a su víctima se suicide que de que lo haga un agresor que utilizó otro método para el femicidio. Como era de esperar, casi todos los suicidios (completos e incompletos) de los femicidas que balearon a sus víctimas fueron cometidos con armas de fuego (97,5%). Por lo tanto, el uso de las armas de fuego para cometer femicidios aumenta las chances de suicidio del agresor e incrementa la mortalidad.
Fuerzas de seguridad, femicidios y femicidios-suicidios con armas de fuego
Como se señaló, la pertenencia actual o anterior a las fuerzas policiales, de seguridad o armadas incrementa las chances de cometer femicidio y femicidio-suicidio, en general con el arma reglamentaria. Como se verá a continuación, ambas tendencias se comprueban en Argentina, donde se permite la tenencia del arma de fuego reglamentaria en el hogar fuera de servicio e incluso luego de retirarse de la fuerza, por el llamado estado policial (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2018).
Según el informe de La Casa del Encuentro (2008-2017), en un 5,7% de los femicidios ocurridos en Argentina aparecen miembros de las fuerzas policiales o de seguridad involucrados. A partir del análisis de cada noticia entre 2008 y 2010 y tal como figura en la Tabla 1.2 del Anexo, se observan 53 casos de agentes involucrados en femicidios. Si bien son pocos, se procedió a analizarlos calculando porcentajes para poder realizar comparaciones con la totalidad de femicidios en general y los odds ratio para dar cuenta de las relaciones entre las variables. Así, del total de femicidios entre 2008 y 2010, se observa un porcentaje algo mayor de participación de integrantes de las fuerzas (7,7%) y mucho mayor aún si se contempla la modalidad del femicidio, ya que en un 19,2% de los femicidios con armas de fuego el responsable fue un agente policial, cuya presencia es mucho menor en los casos sin armas de fuego (2,5%). Lo anterior indica que casi dos de cada diez femicidios de mujeres baleadas ocurrieron en manos de un funcionario de seguridad. Es posible que esto responda al fácil acceso a las armas de fuego en los hogares policiales, ya que en el 77,4% de los casos donde miembros de las fuerzas policiales o de seguridad estuvieron involucrados, los femicidios se produjeron con armas de fuego. Por otra parte, en los femicidios en los que el agresor era policía o similar, había nueve veces más chances de que la mujer fuera baleada que en los casos donde el agresor era un particular.
Luego del homicidio, el 62% de los femicidas policías intentó quitarse la vida y en el 88% intentó hacerlo con armas de fuego. Este 62% supera ampliamente el promedio general de 18% de femicidas que buscan suicidarse para el período 2008-2017 e incluso al 24% del período 2008-2010. Lo mismo sucede con el método, ya que si bien en la población general las armas de fuego también son el instrumento más utilizado para suicidarse luego de un femicidio (58%), en los integrantes de las fuerzas es aún mayor (88%). Si bien el intento de suicidio de agentes representa un 16% del total de intentos de femicidas, si se contemplan solo los que utilizaron armas de fuego su participación asciende a un 24%. En otras palabras, casi uno de cada cuatro intentos de femicidios-suicidios con armas de fuego fue cometido por un agente de seguridad entre 2008 y 2010. Además, si bien el involucramiento de algún agente en un femicidio ocurre en un 7,7% de los casos, su participación en los casos de femicidio-suicidio se duplica (16%). Esto indica que, una vez que un policía comete un femicidio, tiene más del doble de chances de suicidarse (odds ratio 2,27) y casi el cuádruple de hacerlo con armas de fuego que el resto de los femicidas (odds ratio 3,76).
De los 53 agentes de seguridad femicidas, la mayoría estaba en actividad (38 casos) y el resto (15) eran retirados. En cuanto a la fuerza de seguridad de pertenencia, 37 eran policías provinciales o federales, 7 eran gendarmes o prefectos, otros 7 eran miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas, mientras que los 2 restantes eran agentes de seguridad privada. Por su parte, al menos 8 víctimas pertenecían también a alguna fuerza de seguridad, en 5 casos eran pareja o expareja de otros agentes de la misma fuerza, 3 de ellas de policías, una de gendarmes y otra de la fuerza área.
Conclusión: hacia el desarme de la masculinidad hegemónica
Como fue analizado, las armas de fuego son un factor de riesgo en los suicidios, ya que su mayor letalidad limita el arrepentimiento, la detección y la intervención de terceros. Por otra parte, la perspectiva de género permitió identificar que las armas de fuego son el medio más utilizado para cometer femicidios en Argentina, incluso en los casos en los que el femicida se suicida. En estos femicidios-suicidios, se advierte la participación de miembros activos o retirados del sector seguridad, quienes utilizarían las armas reglamentarias provistas por el Estado para cometerlos. Cabe señalar, entonces, algunos caminos a seguir.
En primer lugar, una de las estrategias más efectivas para la prevención de suicidios es limitar el acceso a los medios para llevarlo a cabo, entre ellos las armas de fuego (Organización Mundial de la Salud, 2014). Esta estrategia está incluida en el primer Plan de Acción en Salud Mental de la OMS, que tiene como una de sus metas reducir en un 10% la cantidad de suicidios para el año 2020 (Organización Mundial de la Salud, 2014). A su vez, se estima que una disminución del 10% de las armas en los hogares reduciría la tasa de suicidios en más de un 4%, ya que los medios de reemplazo son menos letales (Miller et al., 2007).
Asimismo, el control de antecedentes y, en particular, de denuncias de violencia de género, reduciría los femicidios por armas de fuego y, probablemente, los femicidios en general. Además, se debe fomentar campañas que generen una mayor conciencia sobre los riesgos de las armas de fuego en los hogares. Para prevenir suicidios, femicidios y femicidios-suicidios por fuerzas policiales y de seguridad, se debería prohibir que miembros activos y retirados lleven las armas reglamentarias a sus hogares cuando están fuera de servicio, limitando las prerrogativas del estado policial. Asimismo, se debe mejorar la formación de las fuerzas de seguridad y de los operadores de la justicia para prevenir el uso de armas de fuego en casos de violencia de género. Desde luego, también se debe investigar para desarticular el mercado negro de armas de fuego, mediante el control de los arsenales de las fuerzas, la destrucción de las armas decomisadas, el rastreo de las armas robadas y el control de las importaciones de armas que pudieron ser desviadas.
Sin embargo, lo que garantizará una sociedad más segura, pacífica y justa a largo plazo es cuestionar los roles hegemónicos de género, que legitiman tanto la violencia de género como la tenencia de armas de fuego, y promover, en cambio, “nuevos modelos de masculinidad” (Ortiz, 2015a). Al respecto, surgen planteos sobre la utilidad de la ley y del castigo para prevenir conductas machistas. Por un lado, Segato (2003) advierte que gran parte de los violadores que entrevistó en Brasilia no tenían conciencia de haber cometido un delito, ya que parten de un sistema premoderno ordenado por el régimen jerárquico de estatus. Se trataría, entonces, de actos sin una finalidad instrumental o de una racionalidad con arreglo a valores, para los que la ley no resultaría útil en términos de disuasión racional. A su vez, como fue analizado, varios femicidas terminan con su propia vida, por lo que no parecería que el castigo fuera capaz de disuadirlos. Más aún, la ley no lograría cambiar las condiciones estructurales de ese orden desigual. No obstante, la misma Segato (2003, p. 126) señala que la ley sí cumple un rol fundamental, por su eficacia simbólica, esto es, por su capacidad para nombrar problemas y demandar derechos, para impulsar, informar y generar un sentimiento ético desde la perspectiva del otro minorizado y victimizado que permita transformar “la moral que sustenta las costumbres y el esquema jerárquico de la sociedad”. Según la autora, dada la capacidad persuasiva de la ley, que incide lenta, indirecta pero eficazmente en la moral y las costumbres que legitiman las violencias de género, el campo de la reforma legal debe ser un campo de disputa para una deliberación ética que pueda dar lugar a nuevas sensibilidades. Así, se promueven la expansión legislativa nacional e internacional y la agenda de derechos humanos, en un ejercicio de retroalimentación entre lo local y lo global (glocal).
Al mismo tiempo, se debe avanzar en un reconocimiento reflexivo y en políticas hacia la intimidad, que cuestionen el mandato patriarcal en las relaciones íntimas que genera violencias. Tanto en la niñez como en la adultez se puede deconstruir el género binario y criticar la masculinidad hegemónica, dando lugar a la democratización de las relaciones de género y aboliendo las diferencias de poder (Connell y Messerschmidt, 2005). Para eso, resulta central trabajar con las instituciones educativas, los medios de comunicación y la academia, con el objetivo de que cuestionen las dimensiones violentas de las relaciones de género, aún en las familias más “normales y legales”. Esto permitirá deconstruir ese otro genérico social que impulsa los actos de violencia de género y mostrar que la libertad de las mujeres no es una amenaza, que no se requiere ser violento para pertenecer a grupos de pares y que las mujeres no son un objeto de competencia entre antagonistas. Al deconstruirlo también se afectará el poder simbólico de las armas de fuego, para que sus efectos de poder, dominación y control ya no sean requeridos y, por lo tanto, tampoco utilizados, con lo que se evitarían miles de muertes y de vidas bajo amenaza.