Los estudios sobre la figura de las víctimas

En las últimas décadas las ciencias sociales han prestado creciente atención a los estudios sobre víctimas con enfoques y objetos muy diferentes entre sí. Sin duda este interés se vincula con la centralidad adquirida por las víctimas en distintos aspectos de la vida social. En muchas situaciones de conflicto las víctimas, tanto a título individual como colectivo, han comenzado a ocupar el centro de la escena. Por otro lado, en los últimos tiempos han aumentado en distintas latitudes las políticas públicas y las asociaciones y organizaciones de asistencia o contención de víctimas (^{Lefranc, Mathieu y Siméant, 2008}; ^{Fassin y Rechtman, 2010}; ^{Fassin, 2014}; ^{Gatti, 2017}; ^{Latté, 2012}).

En este trabajo se revisan cuatro núcleos de indagación en los que los estudios sobre víctimas han prosperado con particular énfasis:

Un primer ámbito de indagación sobre la figura de las víctimas está ligado al impacto del holocausto y a la relevancia de las víctimas en dicho proceso histórico (^{Chaumont, 1997}; ^{Gatti, 2017}). A partir de las reflexiones sobre el rol de las víctimas y la violencia genocida se forjó toda una línea de indagación sobre las consecuencias de la violencia política y la emergencia de víctimas en los procesos de descolonización y de transición a la democracia (^{Elster, 2010}; ^{Lefranc, 2006}; ²⁰⁰⁹; ^{Lefranc, Mathieu y Siméant, 2008}; ^{Gatti, 2017}). Los análisis se concentraron en dos grandes líneas de trabajo, la primera centrada en el punto de vista subjetivo sobre la experiencia del horror y los modos de narrar, registrar y documentar esas experiencias (^{Levi, 2003}; ^{Calveiro, 2008}; ^{Burucúa y Kwiatkowski, 2014}; ^{Feierstein, 2012}; ^{Anstett y Dreyfus, 2012}); la segunda vinculada a las discusiones sobre justicia transicional, inaugurada por los estudios realizados por ^{Elster (2010}; ^{Sikkink y Walling, 2006}; ^{Greiff, 2006}). Allí se plantearon de manera exhaustiva los problemas de retribución y reparación a víctimas en contexto de transformación del régimen político y, fundamentalmente, como modos de clausurar períodos signados por la violencia política (^{Elster, 2010}).

En segundo lugar, desde los años ochenta también surgieron numerosos estudios sobre el lugar de las víctimas en catástrofes naturales y ambientales (^{Beck, 1998}; ^{Das, 1995}; ^{Revet, 2007}; ²⁰¹²; ^{Revet y Langumier, 2013}). Las llamadas catástrofes nucleares o industriales desde esa década multiplicaron los estudios sobre riesgo y a partir de entonces se ampliaron para cubrir también los efectos de la cuestión ambiental. Víctimas de inundaciones, tsunamis, terremotos y huracanes aparecen en ese tipo de estudios como un foco de interés particular (^{Hyndman, 2011}; ^{Figueroa, 2013}; ^{Merlinsky, 2013}). La contención de la urgencia en esas situaciones y la pregunta acerca de la responsabilidad del Estado y de otras organizaciones en la previsión y respuesta frente a ese tipo de sucesos ha permitido el desarrollo de trabajos que, desde miradas más analíticas o técnicas, avanzaron especialmente en las discusiones sobre prevención y en el desarrollo de protocolos de actuación (^{Revet y Langumier, 2013}).

Uno de los estudios más sistemáticos sobre la condición de víctima es el desarrollado por Fassin y Rechtman en el libro L’Empire du traumatisme: Enquête sur la condition de victime (2007). Allí los autores asocian el proceso de centralidad adquirido por las víctimas a un movimiento de difusión e imposición de la categoría de trauma a escala internacional. Proveniente de los campos profesionales de la psiquiatría y el psicoanálisis, se reconoce un uso global creciente de esta categoría en las últimas décadas, a partir de la sistematización y eficacia de las intervenciones ligadas al síndrome de estrés postraumático (PTSD, por su sigla en inglés) (^{Fassin y Rechtman, 2010}). Los autores sostienen que en una creciente cantidad de situaciones que van desde conflictos armados a campos de refugiados el trauma se impuso como un modo legítimo de dar cuenta y de intervenir, produciendo como resultado una transformación en víctimas de las poblaciones en cuestión. Esos análisis han resultado particularmente fructíferos como modo de comprensión del componente moral y político que vincula las nociones de víctima y trauma y, fundamentalmente, como modo de dar cuenta de la manera en que la noción de víctima tiene un componente de “producción social”. Los saberes expertos y los procedimientos asociados (diagnósticos, test, recomendaciones) pasan a ocupar el centro de la atención de los análisis, lo que representa, sin duda, un aporte muy interesante. En una línea similar se desarrollaron los estudios sobre dispositivos de tratamiento de las víctimas (^{Barbot y Dodier, 2013}; ²⁰¹⁴; ²⁰¹⁷), que ampliaron esta mirada sobre las intervenciones profesionales, por un lado, incorporando otro tipo de competencias profesionales (abogados, juristas, periodistas, médicos) y, por otro, proponiendo una perspectiva de corte más interaccionista, basada en la noción de dispositivo (^{Barbot y Dodier, 2013}).

Por último, varios análisis pusieron el foco en las transformaciones del delito y de la justicia penal desde los años setenta. Los estudios de ^{Garland (2005}) mostraron con claridad que algunos de los elementos centrales de la transformación registrada en las respuestas estatales frente al delito son el reconocimiento, la legitimidad y el rol crecientemente importante que ocupan las víctimas. En Estados Unidos, por ejemplo, esta dinámica de ascenso es producto tanto de movimientos de víctimas de homicidios como de aquellos ligados a los derechos de las mujeres y la violencia de género o racial (^{Lepore, 2018}; ^{Manikis, 2019}). Durante la década del setenta, el movimiento feminista logró exitosamente tematizar la violencia contra las mujeres y sobre esa base se crearon los primeros centros de atención a víctimas de violación y violencia doméstica (^{Young y Stein, 2004}, p. 3). También en esos años comenzaron a surgir organizaciones y asociaciones de familiares de víctimas de homicidios reclamando atención y contención, apoyándose en los desarrollos de la victimología. La constitución de un verdadero movimiento nacional de víctimas fue la base para el desarrollo posterior de las políticas públicas orientadas a víctimas que llevó adelante el gobierno conservador de Reagan en los años ochenta (^{Young y Stein, 2004}, p. 5).

En Argentina, la figura de las víctimas ha estado presente centralmente en los estudios sobre la última dictadura militar y la dinámica del movimiento de derechos humanos. Algunos trabajos han destacado la primacía del vínculo y su reconocimiento formal como actores legítimos para el reclamo (^{Vezzetti, 2002}; ^{Filc, 1997}). Algunos otros, a su vez, han leído su intervención y papel como límite a la universalización del reclamo (^{Jelin, 2008}; ^{Vezzetti, 2002}; ^{Filc, 1997}), mientras otras lecturas han destacado su potencialidad para generar mayor adhesión en virtud de la legitimidad que ofrecen esos “lazos de sangre” (^{Pita, 2005}; 2010; ^{Vecchioli, 2005}), así como también han llamado la atención sobre su condición de activistas (^{Pita, 2010a}). Finalmente, otros, en el caso de los movimientos surgidos durante la última dictadura, los han emparentado con el discurso “familiarista” dominante en la época y, por eso, de notable efectividad (^{Grassi, 1990}). Si se recuperan los análisis sobre el movimiento de derechos humanos, es posible observar que una importante distinción entre organismos de afectados y no afectados siempre estuvo presente.

En la imagen que el movimiento de derechos humanos comunicó a la sociedad, el lazo de la familia con la víctima es la justificación básica que da legitimidad para la acción. Para el sistema judicial, en realidad era el único. Solo las víctimas sobrevivientes y los parientes directos son considerados “afectados” en sus demandas de reparación -personalizadas e individualizadas. (^{Jelin, 2008}, p. 5)

Resulta interesante observar este señalamiento, centrado en el análisis de sucesos -hechos y movilizaciones- ocurridos en la década de los ochenta, ya que a partir de estos antecedentes puede comprenderse con mayor claridad la escena del presente. Hoy, los familiares (habitualmente madres, eventualmente hermanos, en ocasiones padres, parejas o hijos) aparecen como figuras legítimas de la representación en numerosos casos que se refieren a motivos muy diversos (^{Gayol y Kessler, 2018}). A pesar de sus diferencias, debidas a configuraciones y modos de organización distintos y de diferente complejidad, en todos los casos los colectivos de familiares que se movilizan presentan centralidad, aun cuando los acompañen amigos, vecinos y organizaciones sociales y políticas.

Una investigación sobre la movilización de víctimas

La investigación se propuso como objetivo general analizar los rasgos específicos que muestran la organización y la movilización de víctimas y familiares de víctimas en Argentina, así como indagar en los diversos sentidos de justicia que, a veces, aparecen anudados en la noción de impunidad como categoría nativa.⁵ Para este artículo se recuperan los resultados de una línea específica del proyecto, aquella dedicada a la realización de estudios de caso sobre movimientos de víctimas.⁶ La Tabla 1 resume los distintos estudios de caso que configuraron el desarrollo del proyecto.

Tabla 1: Estudios de caso de movimientos de víctimas 

* Nominaciones nativas. Fuente: Proyecto PICT Movimientos de víctimas y demandas de justicia.

Cada uno de los estudios de caso puso el foco en los procesos de constitución de movimientos o colectivos de víctimas y familiares de víctimas y en las distintas acciones y estrategias llevadas adelante por ellos. Se analizó la conformación interna de la organización en términos de las prácticas sociales constitutivas y su significación: por un lado, el tipo de redes de interacción que puede dar cuenta de la constitución de los colectivos movilizados y, por otro lado, los significados comunes que operan en la definición de la identidad de los sujetos como emergencia de un nosotros. Al mismo tiempo, se intentó dar cuenta de la posición de la organización en términos de la disponibilidad de recursos y oportunidades políticas para la acción.

La producción de datos es resultado, fundamentalmente, de un trabajo de investigación de tipo etnográfico. Se realizó trabajo de campo intensivo en el período que va de 2010 a 2019 (aunque en el caso de algunos de los investigadores de este equipo su trabajo junto a los actores del campo cuenta ya con más de veinte años de antigüedad). Este supuso la participación en diferentes tipos de eventos y encuentros (manifestaciones de protesta, reuniones de familiares, reuniones entre expertos y víctimas, etc.), situaciones conversacionales y entrevistas (a familiares, funcionarios, militantes políticos, expertos, etc.). También nos detuvimos en el análisis de fuentes documentales de tres tipos: documentos producidos por los movimientos de víctimas, información de prensa y documentos de agencias del Estado en aquellos casos en que los movimientos dieron lugar a la puesta en marcha de procesos judiciales o políticas públicas. El análisis etnográfico propuesto avanzó en el desarrollo de un esquema comparativo entre los casos, lo que permite jerarquizar una instancia analítica antes que una meramente descriptiva (^{Barth, 2009}; ^{Geertz, 2001}; ^{Peirano, 1995}). El establecimiento de comparaciones para el abordaje del objeto permitió identificar adecuadamente tanto las especificidades como las regularidades, enriqueciendo el alcance de los objetivos propuestos.

Anclamos el trabajo comparativo precisamente en la noción de víctima, como categoría cuyo uso se ha ido expandiendo en el tiempo para referir a individuos, grupos o colectivos sobre los cuales se ejerce o ejerció algún tipo de violencia o daño, o que padecen o padecieron algún episodio de carácter traumático (^{Wieviorka, 2003}). También consideramos que la figura de las víctimas está -a diferencia del universo potencialmente más amplio de afectados por algún tipo de situación violenta o traumática - ligada a la estructuración de un reclamo o demanda de reconocimiento, reparación o justicia. Hablamos aquí de víctimas en el sentido de individuos o grupos que se atribuyen o a los que les es atribuida la categoría de víctimas en relación con algún tipo de daño sufrido (^{Barbot y Dodier, 2013}; ^{Elster, 2006}).⁷ En este punto resulta importante reconocer que la noción de víctima puede aparecer en algunos casos como categoría nativa o bien puede ser repuesta como herramienta analítico-descriptiva en otras situaciones en que sus rasgos y características están más bien implícitos. Puede identificarse allí una primera tensión en nuestro estudio. Es aquella relativa a los rasgos comunes y específicos de la figura de las víctimas (en general) y los diferentes tipos de víctimas (realmente existentes). En esta investigación trabajamos sobre distintos tipos de víctimas, es decir, víctimas que son relativas a situaciones y temas muy diferentes entre sí.

Las situaciones y los temas en los que surgen determinadas víctimas resultan un elemento central para el análisis de sus rasgos y características. Cada tema tiene asociadas de modo más o menos claro definiciones de responsabilidad causal y política sobre los acontecimientos. Los temas implican, en ese sentido, modos de estructuración de los reclamos y los objetivos de las víctimas, que varían de manera considerable. Podemos llamar víctimas tanto a las personas que han sufrido un incidente vial como a aquellas que sufrieron violencia institucional, pero sabemos que el alcance de su condición de víctima es muy diferente. Sin embargo, precisamente es el autorreconocimiento o el reconocimiento por parte de otros de esa condición de víctima lo que establece un suelo común. Términos como dolor, sufrimiento o padecimiento se repiten para evocar la experiencia común de las víctimas. A su vez, como sostienen Gatti y Martínez,

la lógica que lo estructura (el campo de las víctimas); pone en tensión dos fuerzas que convergen y al tiempo se enfrentan: (una) sus habitantes comparten (o buscan hacerlo) formas comunes de mostrar, gestionar y habitar el sufrimiento; (dos) al tiempo que eso, esas formas se manifiestan como siendo únicas, singulares, intransmisibles. No comunes. (^2017b, p. 75)

Los tipos de víctimas estudiados incluyeron temas, causas o problemas diversos.⁸ Por lo demás, no todos los hechos alcanzaron el mismo grado de notoriedad y estatus de asunto público; los hechos ocurrieron en distintos espacios sociales de diferente escala (nacional o local); las víctimas, así como los familiares-víctimas, eran diferentes por su perfil social, por sus historias y trayectorias previas; y en cada caso fueron puestas en juego diferentes formas de organización y movilización.

A continuación, se presentan los hallazgos principales que surgen del trabajo de comparación de los resultados de los estudios de caso.

Violencias, estatus y jerarquías de las víctimas

¿De qué modos es posible que hechos de violencia o determinados daños dejen de ser únicamente un hecho para tornarse un caso, una denuncia, un evento justiciable y judicial? Esa pregunta contiene en sí muchas otras que nos llevan a interrogarnos sobre las formas iniciales de acción e intervención ante los hechos, sobre la puesta en juego de tramas de relaciones, la apelación a movimientos sociales, organizaciones e instituciones conocidas o aliadas, partidos políticos y personalidades para conseguir que un hecho adquiera relevancia pública o para ejercer presión sobre el sistema de administración de justicia. Y también esa pregunta llama a indagar tanto acerca de la experiencia como del capital social disponible con anterioridad a los hechos, que pueden contribuir a las condiciones de posibilidad para tornar que un hecho devenga un caso y este una causa.

En casos de violencia policial, por ejemplo, estos elementos son centrales, ya que muchas veces el estatus o condición de víctima es cuestionado o controversial. A través de la documentación y el registro de un hecho de violencia policial sin víctimas letales en un barrio popular del sur de la Ciudad de Buenos Aires, María Victoria Pita dio cuenta del intenso trabajo social necesario para que un hecho pueda tornarse un caso, es decir, para que un evento, una vez conocido socialmente, tomado por injusto y, por ello, devenido justiciable, pueda convertirse en un expediente judicial y, eventualmente, tornarse parte de una causa pública que lo incluya y también lo trascienda. Allí resultaron fundamentales el activismo experto en litigio en derechos humanos y la militancia territorial para producir un caso, legitimar unas víctimas inicialmente no tenidas por tales e incluso ofrecerles un estatus específico dentro de esa condición. Algo similar encontramos en los registros de muertes violentas en barrios populares. Alcanzar la condición de víctima necesariamente está en relación con la mayor o menor legitimidad de las violencias físicas y morales que definen una determinada situación, ya que no siempre las violencias tienen un sentido negativo y tampoco siempre acaban produciendo víctimas que activen demandas y reclamos al Estado.

Cuando los hechos no están claros, la atribución y el reconocimiento de la condición de víctima pueden ser problemáticos. Evangelina Caravaca estudió la muerte de tres jóvenes habitantes de una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires. Tiene sentido mencionar que se trata de una ciudad pequeña, porque la escala y la localización aparecen como dimensiones relevantes para pensar en los elementos y procesos sociales que confluyen en la construcción de un caso o, en su reverso, un no caso; esto es, un hecho que debido a diferentes motivos no consigue adquirir las características de un suceso tenido por injusto y, por ello, factible de ser tenido como un hecho justiciable (es decir, que no alcanza a tornarse un evento de significación para alguna de las tramas sociales disponibles). Las coordenadas político-coyunturales, las biografías, roles y posiciones específicas de los actores sociales intervinientes en el escenario local, ciertas condiciones estructurales en relación con los modos de desempeño de las fuerzas de seguridad y las series, marcos de acción y narrativas disponibles son centrales a la hora de identificar, clasificar y así visibilizar prácticas y sentidos sobre las violencias o sobre un hecho traumático y, en consecuencia, sobre las respuestas colectivas ante tales situaciones. La escala del hecho resulta un factor clave. Casos locales se oponen de ese modo a eventos que impactan directamente en la escena política nacional. Allí la tarea de configurar el caso puede estar igualmente sujeta a variabilidad, pero las estructuras con las que trabajan los actores tienen, sin duda, un peso mayor. Problemas públicos que están disponibles, actores políticos estructurados en términos de gobierno u oposición son referencias ineludibles para entender el desarrollo de esos episodios y la configuración de los casos.

Las acciones e intervenciones, las experiencias, los saberes y recursos activados son los que podrán conseguir, con mayor o menor éxito, discutir la naturaleza de las violencias que produjeron esas víctimas, así como sus estatus y jerarquías. En este sentido, es importante destacar que la condición de víctima no es el resultado directo de la ocurrencia de un evento o acontecimiento y que tampoco se alcanza de una vez y para siempre; por el contrario, implica un proceso (^{Holstein y Miller, 1990}; ^{Barthe, 2017}). Es una condición que se consigue y que, aun habiendo conseguido acceder a ella, en muchas ocasiones es la propia intervención social y colectiva la que se aboca a producir, también, la legitimidad de tales víctimas, ya que no todas gozan del mismo estatus y jerarquía.

Las trayectorias políticas de las víctimas

La movilización de reclamos por parte de las víctimas implica un modo particular de hacer política. ¿Son las víctimas y los familiares nuevos actores políticos? La nominación, clasificación e inscripción del hecho o caso en una determinada serie ofrece condiciones de posibilidad específicas para la presentación de los familiares-víctima como actores políticos o figuras públicas. ¿De qué modos se da ese proceso subjetivo y colectivo que lleva a convertirse en una víctima o un familiar-víctima? ¿Cómo ese proceso da lugar a un devenir militante o activista?⁹ Los modos en que personas de distintas generaciones y géneros y con muy diferentes biografías dan curso a sus experiencias nos ha interesado especialmente, toda vez que estudiar las trayectorias de las víctimas militantes o activistas permite pensar la vinculación que existe entre las prácticas que llevan adelante y el desarrollo de una carrera política o una militancia que supone modos específicos de presentarse y hacer de las víctimas.

En los distintos casos se pueden observar las condiciones que hacen posible la construcción de formas de compromiso político y describir las múltiples formas en que las víctimas se cruzan con lo político o bien acaban presentando perfiles políticos no partidarios pero comprometidos con causas públicas. Estudiar las trayectorias de las víctimas permite ver que el compromiso político puede adquirir diferentes formas que van desde la búsqueda de justicia en el propio caso hasta la participación político-electoral, pasando por el desarrollo o el sostenimiento de causas o problemas públicos.

La condición de la víctima, o el vínculo con ella, es central para el estudio del activismo político. En este trabajo, el desarrollo de trayectorias de activismo y militancia frente a un hecho traumático es sostenido principalmente por familiares de víctimas. La madre de la víctima es una figura recurrente y destacada en la mayor parte de los procesos de politización de los casos. El universo de los familiares (que se tornan figuras) notables en temas como violencia policial, delito e incidentes viales está densamente poblado por las madres de las víctimas. Sin embargo, en los últimos años ese panorama se ha ido diversificando de un modo muy interesante. Otras figuras, otros familiares han ido adquiriendo protagonismos en los movimientos de víctimas.

Nuestra investigación permitió explorar, por ejemplo, las trayectorias de hermanos y hermanas de víctimas que devienen activistas o militantes. Esas trayectorias muestran una progresiva reconfiguración de la histórica matriz familiarista que dio origen al movimiento de derechos humanos en el país y registra las resignificaciones operadas sobre ella, a la vez que se pone de manifiesto la emergencia de un actor político como les hermanes, que evidencia los rasgos de un corte generacional en este tipo de actores políticos. Este aspecto parece indicar una marca epocal y la concomitante acumulación -de saberes sobre desempeños institucionales, así como sobre prácticas de demanda, protesta y acción colectiva- de un colectivo generacional que incide en los avatares de las historias y trayectorias individuales. La posición de les hermanes como víctimas implica formas específicas en que confrontan los guiones disponibles sobre “la lucha de los familiares” y procuran generar sus propios modos y marcas distintivos de intervención.

La política de las víctimas está organizada, en buena medida, en el trabajo de reclamo y en las demandas de justicia. Y los reclamos asociados a la movilización colectiva de las víctimas suelen guiarse por marcos de acción colectiva ya establecidos. Sin embargo, confrontados a un hecho particular y específico, la actividad de denuncia no puede ser leída de modo directo a partir de los hechos en cuestión. Violeta Dikenstein, por ejemplo, estudió dos casos de muertes violentas en situación de robo ocurridas en 2006 y en 2014 en el mismo barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires en el que María Victoria Pita realizó su investigación. Cifrados bajo una misma serie -la inseguridad como categoría pública disponible-, los dos hechos no son tratados del mismo modo por los allegados de las víctimas. Una respuesta punitiva, en un caso, y una explicación social, en el otro, aparecen como alternativas que confrontan y se oponen en la identificación de las responsabilidades, causas y consecuencias. Los actores toman aquí posiciones políticas claras frente a los hechos, defendiendo o criticando los marcos de acción disponibles en relación con las víctimas de delitos.

Por otro lado, existen también otras claves de lectura de esa actividad política, que resultan igualmente importantes. Si miramos, por ejemplo, los casos de violencia policial ejercida primordialmente sobre jóvenes de sectores populares -investigados por Natalia Bermúdez y Cecilia García Sotomayor-, hay una dimensión barrial de suma importancia del trabajo político. La conmemoración, la construcción de una biografía de la víctima, la circulación de y la confrontación con narrativas locales sobre los hechos y las personas son todos elementos que tienen una relevancia destacada. Altares, murales y grutas forman parte de una materialidad del trabajo social, político y simbólico que desarrollan familiares y allegados ante las “muertes violentas”. La activación de un entramado social, unas acciones y unas movilizaciones populares que pueden, eventualmente, incidir en la reinscripción y valoración moral de las muertes de jóvenes pobres.

En este sentido, el estudio de la movilización de las víctimas invita a explorar aspectos divergentes y hasta contradictorios sobre la politización de los casos y las causas (^{Pereyra, 2005} y ²⁰⁰⁸; ^{Zenobi, 2014}). Una primera actividad que realizan los familiares es precisamente la de establecer equivalencias, es decir, identificar patrones que permitan inscribir su caso en una serie. Esa dinámica fue observada por Sebastián Pereyra, por ejemplo, en el análisis del caso Perassi. Menos encuadrado temáticamente, este caso muestra a lo largo de los años el trabajo continuo de ensayo y error por parte de los familiares de la víctima para conseguir apoyos y aliados que permitan hacer avanzar la investigación y, en particular, el proceso de búsqueda, con aliados provenientes, en distintos momentos, de universos temáticos muy diferentes (delito, derechos humanos, violencia de género). Ese trabajo permanente aparece cruzado, a su vez, por la necesidad de realizar cálculos y evaluaciones sobre la cooptación o utilización del caso por parte de intereses partidarios en una escala local, provincial y nacional de la política.

El análisis de los procesos que hacen al devenir activista o militante o figura de la política (y eventualmente político profesional) comprende además la posibilidad de discutir la noción de carrera (^{Becker, 2009}), poniendo en juego la categoría de experiencia (^{Thompson, 1989}) a la hora de indagar en las biografías de las víctimas y familiares-víctima a partir de la consideración de historias previas de vinculación con la militancia, el activismo o la condición de “activista incidental” (^{McWilliams, 1998}), por un lado, y, por otro, de la revisión de las estrategias y experiencias en el colectivo del que son parte o en el propio núcleo familiar (división social, moral y sexual del trabajo, roles, etc.).

Los dispositivos de victimización

Como se mencionó páginas atrás, la condición de víctima no está dada de hecho, sino que es producida o, más bien, implica un proceso de producción (habitualmente denominado proceso de victimización). Cuando nos detuvimos a explorar la cuestión del estatus y las jerarquías de las víctimas, lo hicimos inicialmente atendiendo a la acción y movilización para la demanda y la protesta ante la ocurrencia de determinados hechos que reclamaban ser atendidos como casos y para los que se reclamaba justicia. Ahora bien, en ese complejo y diacrónico proceso de victimización hay más que hechos, afectados, movilización y protesta. Nos preguntamos, entonces, ¿qué otros actores, agencias e instituciones intervienen a tal efecto y de qué maneras lo hacen? ¿Qué otras intervenciones y acciones es preciso analizar, además de indagar en las prácticas de movilización y protesta de víctimas y familiares de víctimas? A nosotros nos ha interesado detenernos en el análisis de los modos en que expertos, instituciones y dispositivos¹⁰ contribuyen en esos procesos de victimización, es decir, aportan y moldean los casos y reclamos de las víctimas, así como las estrategias de las víctimas (más o menos organizadas) para articular con, adherir a o bien confrontar con esos modos (^{Barbot y Dodier, 2013}).

En nuestro trabajo fue crucial reconstruir las categorías y los marcos de significación disponibles o en disputa que operan sobre la definición de los distintos tipos de víctimas. Para ello, en los diferentes casos nos concentramos especialmente en el análisis de las intervenciones de agencias estatales y de expertos en tareas de acompañamiento y asistencia; las intervenciones de operadores del sistema judicial que se producen en el desarrollo de las causas; y las intervenciones de periodistas y medios de comunicación en el seguimiento y la cobertura de los casos.

Diego Zenobi, por ejemplo, analizó a través del estudio de un acontecimiento de gran repercusión como fue el caso Cromañón,¹¹ la manera en que diversos actores sociales, en particular víctimas y expertos, intervinieron en la demanda, discusión y definición en torno a la reparación de las víctimas. Para ello focalizó en las demandas civiles, explorando de qué manera estas son pasibles de ser moldeadas a partir de consideraciones de tipo moral. Colocando el foco en quienes “modelaron” las demandas civiles, Zenobi da cuenta de qué modo los derechos humanos, como paradigma de derechos en el orden transnacional, pueden tornarse un recurso global disponible que reconfigura las nociones de víctimas, sobrevivientes y deudos cuando la justicia es leída en clave de reparación. También concluye que tales “modelaciones”, que implican reorientar o transformar un dispositivo, requieren de víctimas movilizadas tanto como de expertos y distintos profesionales que puedan aportar, en su rol de agentes especializados, recursos sociales disponibles, argumentos y estrategias que nutran y orienten las causas públicas.

En otro caso de características similares, Carolina Schillagi avanzó en el análisis de los dispositivos y repertorios de atribución de responsabilidades. Su caso fue el de la explosión y derrumbe de un edificio en 2013 en la ciudad de Rosario, durante la reparación de una válvula de gas, conocido como “la tragedia de la calle Salta”. A través del análisis de lo que Schillagi llama “el repertorio de acusación y atribución de responsabilidades” explora las tramas de interrelaciones entre los diferentes actores sociales (individuos, colectivos de familiares, autoridades, figuras políticas locales y nacionales e instituciones), sus eventuales interacciones eficaces o conflictivas y sus contribuciones a ese complejo proceso de definición de víctimas. Un proceso que, por cierto, está construido tanto desde la novedad y lo imponderable del acontecimiento imprevisto como desde los recursos, narrativas y marcos de acción anclados en visiones previas o fundados en narrativas socialmente disponibles, muchos de ellos con larga historia en lo que hace a problemas públicos nacionales. Cuestiones técnicas y evaluaciones políticas se entremezclan en las controversias que rodean el caso, no solo en términos del desarrollo de la causa judicial, sino también de cara a la opinión pública. El rol de los expertos y de las instituciones cobra así una importancia crucial para desentrañar la relación entre responsabilidad causal y responsabilidad política. Se trata de la impericia de un técnico o de un operario en una reparación, de negligencia por parte de la empresa proveedora del servicio, corrupción o falencias en los controles y la regulación del Estado sobre los servicios públicos. Como podemos ver, estos elementos -especialmente en casos de grandes estragos, catástrofes o tragedias- convierten a diversos tipos de expertos y dispositivos en figuras centrales. Sus intervenciones definen causas y consecuencias y establecen, por tanto, las condiciones fundamentales para el tratamiento de las víctimas.

El problema central de los dispositivos de victimización son los procedimientos de validación, categorización y jerarquización que operan sobre las víctimas. Explorar esos procedimientos nos ha permitido analizar dos aspectos que, perfectamente, pueden ser complementarios. Por una parte, aquel que atiende a los desempeños específicos de los expertos y los diferentes dispositivos e instituciones que gestionando la situación de los afectados por determinados hechos o daños los identifican, clasifican y jerarquizan, y así contribuyen a su producción qua víctimas. Por otra parte, el aspecto referido a los tipos de casos, ya que ciertos tipos pueden presentar características que posibiliten más fácilmente su inscripción en una serie socialmente disponible, lo que supone, también, disponer de narrativas y marcos ligados a grandes causas y problemas sociales (por ejemplo, violencia institucional, inseguridad, corrupción. etc.).