1. Introducción

A más de un año del inicio de la emergencia por covid-19 en América Latina, la región sigue luchando por contener la pandemia y sus efectos colaterales. De esa forma, resulta macabramente sintomático que los grandes países del subcontinente, Brasil y México, alcanzaron durante el primer trimestre de 2021 la cifra de trescientas mil y doscientas mil muertes a causa del virus, respectivamente (^{Valente, 2021}; ^{Velásquez, 2021}). Centroamérica no es la excepción y, pese a los retos de estas pequeñas naciones, El Salvador muestra ser un caso particular de estudio. Este país, por ejemplo, registró al 12 de julio de 2021, una tasa de 12,477 casos confirmados de covid-19 por cada millón de personas (^{Our World Data, 2021b}), la cifra más baja de la región centroamericana si se exceptúa a Nicaragua. De acuerdo con esta misma fuente asociada a la Universidad de Oxford, el pequeño país centroamericano registra altas tasas de vacunación, al alcanzar, al 12 de julio 2021, 49,53 vacunados por cada 100 personas, uno de los índices más altos en Centroamérica (^{Our World Data, 2021a}). Asimismo, este ritmo de inoculaciones se ha alcanzado en un tiempo relativamente corto, puesto que las primeras dosis de inmunizantes contra el covid-19 fueron aplicadas tan solo a mediados del mes de febrero de 2021.

Pese a que esta información situaría a El Salvador como uno de los países que más eficientemente habría manejado la pandemia, existen serios indicios que ponen en duda los datos oficiales triunfalistas. Por ejemplo, medios locales retrataron un gran exceso de muertes durante 2020, lo que apunta a un subregistro del 20,6 % en el número de óbitos relacionados al covid-19 hasta septiembre de 2020 (^{Segura y Belloso, 2020}). De la misma forma, publicaciones posteriores, emanadas de académicos y medios de comunicación reconocidos, han refrendado esta tendencia, con estimaciones muy similares (^{The Economist, 2021}; ^{Karlinsky y Kobak, 2021}; ^{Pearson, Prado, y Colburn, 2021}). Con ello, Pearson et al. (2021) señalan que puede existir hasta 90 % de subestimación en el reporte de exceso de muertes en el año 2020 para El Salvador.

Por otra parte, el manejo de la pandemia en el país ha utilizado un enfoque excesivamente policial y militar (^{Passos y Acácio, 2021}). Con ello, la implementación de medidas represivas ha sido la norma desde marzo de 2020, fecha en la que fue decretada una cuarentena generalizada y orden de confinamiento en casa. Estas medidas dotan de una importancia destacada e incluso desproporcional a aspectos represivos en la atención de la emergencia, y dejan de lado características de manejo epidemiológico y del derecho humano a la salud (^{Molina y López, 2021}; ^{Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 2020}). Tal enfoque se vio claramente ilustrado en la imposición del estado de sitio en La Libertad, municipio costero que, a pocas horas del anuncio de restricciones constitucionales, vio militarizado su territorio y con una presencia anecdótica de trabajadores sanitarios (^{Molina y López, 2021}; ^{Rivas y Escalante, 2020}). En un país con una tradición autoritaria, el enfoque punitivo en el manejo de la pandemia generó un rosario de denuncias por violaciones a los derechos humanos, incluyendo malos tratos, detenciones arbitrarias, internaciones obligatorias e, incluso, prohibición del ingreso de ciudadanos procedentes del extranjero (^{Arévalo y Wenham, 2020}; ^{Molina y López, 2021}; ^{Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 2020}).¹ Vale la pena destacar que, la prohibición del ingreso a los nacionales se encuentra explícitamente prohibida por la constitución salvadoreña.

A los mencionados reveses en términos de derechos humanos, se suman las deficiencias en política social durante la pandemia. En tal sentido, ^{Ayala Durán (2021}) retrata por ejemplo, el caos logístico que supuso la entrega del subsidio único por 300 dólares. Según este autor, esa asignación fue realizada sin los lineamientos técnicos, metodológicos y logísticos necesarios; lo que dificultó su adecuada contraloría social. Asimismo, la prensa local documentó casos en los que personas con frágiles condiciones sociales no fueron beneficiadas por esta medida (^{Gavarrete, 2020}; ^{Guzmán, 2020}), agregando presiones adicionales a las negativas perspectivas en seguridad alimentaria y nutricional para El Salvador (^{Ayala Durán, 2020}). Las interrogantes circundantes a esta transferencia monetaria son de tal envergadura que la misma Corte de Cuentas de la República (ccr) ha señalado indicios de corrupción en esta iniciativa gubernamental (^{Ayala Durán, 2021}). Vale la pena destacar que la delicada situación económica y fiscal que atravesaba el país antes del inicio de la pandemia hacían imperiosa la utilización eficiente tanto de los recursos económicos utilizados en esta transferencia monetaria, como de los fondos empleados en todo el combate a la emergencia. En ese sentido, el déficit fiscal en los últimos cinco años giraba en torno al 3 % (^{Díaz, 2020}; ^{Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2021}). Asimismo, los niveles de deuda pública hasta 2019 se habían acercado peligrosamente al 70 % del producto interno bruto (pib) (^{Díaz, 2020}). Estos indicadores fueron marcadamente fragilizados durante 2020, en función de la paralización económica y del gasto efectuado durante los meses más álgidos de la pandemia por covid-19. Con ello, se calcula que la deuda pública ha alcanzado 90 % del pib del país centroamericano en 2020, y que su déficit fiscal fue de más del 10 % en el mismo período (^{Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2021}).

A la luz de este desafiante ambiente sanitario, social y económico; la implementación de políticas que logren estabilizar el número de infectados y un efectivo control de la pandemia se tornan fundamentales. En ese sentido, la realización de pruebas masivas, provisión de información fidedigna o la vacunación de personas; se erigirán cruciales para superar esta crisis. No obstante, para alcanzar estos objetivos, se vuelve necesario contar con la confianza de la sociedad salvadoreña en su gobierno, puesto que de ello depende, en buena medida, la adopción de determinadas conductas y estrategias sanitarias. Estudios como el de ^{Kreps y Kriner, (2020}) han mostrado que las personas pueden reaccionar diferentemente a información científica sobre el covid-19, en función de la confianza depositada en determinados líderes partidarios. De la misma forma, el trabajo de ^{Lucia, Kelekar y Afonso (2020}) muestra que estudiantes de medicina en Estados Unidos se mostraban reticentes a vacunarse voluntariamente contra el covid-19 en función de la falta de confianza. En línea similar, ^{Vergara, Sarmiento y Lagman (2021}) resaltan la importancia de la confianza pública para fomentar la vacunación voluntaria contra el covid-19. Estos trabajos, a su vez, muestran correspondencia con investigaciones previas sobre pandemia y confianza pública, como el elaborado por ^{Bangerter et al. (2012}) durante la crisis de la gripe H1N1.

Si bien gobiernos de la región, incluidos El Salvador, no se conocen por sus altos índices de confianza, transparencia y legitimidad (^{Rosenthal, 2020}; ^{Stein et al., 2013}); construir confianza alrededor de cómo se gestiona la emergencia sanitaria por covid-19 se torna crucial para su efectivo combate. Sobre este particular, ^{Gozgor (2021}) afirma que, en medio de la actual pandemia, se necesitan grados sin precedentes de cohesión social y confianza en la actuación pública, ya que de eso pueden depender determinados comportamientos y acciones que coadyuven a manejar la crisis.

Pese a toda esta evidencia, a conocimiento del autor del presente texto, no existen estudios que aborden explícitamente la confianza en el manejo de la pandemia por covid- 19 en El Salvador. Para contribuir a cerrar esa brecha, el presente trabajo tiene como objetivo principal identificar algunos determinantes asociados a la confianza pública en el manejo de la pandemia para El Salvador. Como forma de aproximación, se aborda la confianza pública en la figura del ministro de salud Francisco Alabí y del presidente salvadoreño Nayib Bukele. De esta forma, el presente texto va más allá de la clásica evaluación gubernamental que otorga especial preponderancia al presidente o jefe de gobierno (^{Dyer, 2020}; ^{Sosa-Villagarcia y Hurtado Lozada, 2021}; ^{Ugarte, Cumberland, Flores y Young, 2021}), siendo que el ministro de salud es, probablemente, el principal implicado en la respuesta a la emergencia en términos sanitarios. Asimismo, desavenencias entre el titular de salud y el jefe del ejecutivo pueden causar trastornos en el combate a la pandemia (^{Verdes-Montenegro, 2020}). Similarmente, el trabajo del funcionario de salud puede entorpecer o facilitar el trabajo del gobierno en áreas como economía, finanzas o educación; con lo que se hace necesario reparar en la actuación del titular de esta cartera.

Con este objetivo trazado, el resto del texto se organiza así: al finalizar esta introducción se realiza una revisión de la literatura sobre confianza y covid-19. Esto da paso al apartado metodológico, que incluye la implementación del análisis estadístico. Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos y se realiza la discusión pertinente. A seguir, se elaboran consideraciones finales y se resaltan posibles líneas de investigación a ser explotadas.

2. Revisión de la literatura

La confianza pública ha sido un tema largamente estudiado por disciplinas como las ciencias políticas, la sociología o la antropología. ^{Segovia (2006}, p. 100) la define como «un tipo especial de apoyo, donde los ciudadanos expresan la idea de que las instituciones realizarán las acciones y se obtendrán resultados que se esperan, aun en condiciones de bajo nivel de control». ^{Criado y Herreros (2007}) manifiestan que los ciudadanos confiarán más en aquellas instituciones que sean percibidas como eficaces a la hora de cumplir con sus funciones. No obstante, otros autores relatan que el aumento de la confianza no solo se limita al desempeño de las instituciones, sino que se basa en una percepción cognitivo-racional cimentada en valoraciones individuales, experiencias propias, información disponible y expectativas de cara al futuro (^{Güemes y Brugué, 2017}; ^{James, 2011}; ^{Organisation for Economic Co-operation and Development -oecd-, 2014}). Por su parte, Morales (2008) va más allá al relacionar la confianza institucional con la satisfacción, democracia y legitimidad del sistema; muy en sintonía a lo propuesto por algunos trabajos clásicos como los elaborados por ^{Citrin (1974}) o ^{Easton (1975}, ¹⁹⁹⁹).

Por otra parte, altos niveles de confianza supondrían comportamientos específicos por parte de los ciudadanos, incluyendo un mayor cumplimiento voluntario de la ley (^{Güemes y Brugé, 2017}; ^{Kreps y Kriner, 2020}). Asimismo, esta confianza se tornaría fundamental en situaciones críticas como los desastres naturales y las crisis económicas o políticas (^{oecd, 2013}).

De tal suerte, y ante la creciente incertidumbre derivada de esta emergencia sanitaria, la confianza pública ha sido vista más allá de los tradicionales dominios de las ciencias sociales, tornándose poco a poco en una herramienta más en el manejo la crisis del covid-19. Precisamente, esta confianza vendría a cimentar el cumplimiento de ciertos comportamientos otrora contra intuitivos, incluyendo el distanciamiento físico, el aislamiento en casa, el uso de dispositivos médicos regulares y la vacunación contra el virus. En tal sentido, ^{Lucia et al. (2020}) muestran cómo la solidez y confianza en los expertos en salud pública puede ser determinante para que los colectivos decidan adoptar ciertas medidas sanitarias. Similarmente, ^{Mallapaty y Callaway (2021}) señalaban los latentes efectos negativos de la falta de transparencia al reportar los resultados de los exámenes clínicos necesarios para el desarrollo de la vacuna Astra-Zeneka en Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos. Asimismo, trabajos como el de ^{Gozgor, (2021}) y ^{Vergara et al. (2021}) resaltan la importancia de la confianza pública para fomentar la vacunación voluntaria contra el covid-19.

Por otra parte, no se pueden descartar motivos ideológicos en la construcción de confianza. De tal suerte, ^{Kreps y Kriner (2020}) resaltan la influencia de la orientación política del interlocutor en la confianza generada, así como en la disposición de adoptar medidas sanitarias para combatir el covid-19. Similarmente, ^{Ayalon (2021}) muestra evidencia que apunta a que la orientación política es un factor explicativo de la confianza pública y del cumplimiento de medidas sanitarias en Israel durante la actual pandemia. Por su parte, ^{Wong y Jensen (2020}) muestran que la percepción y confianza pública generada por el ejecutivo en Singapur posee diferencias notables entre ciudadanos y residentes extranjeros.

Por todo ello, la confianza en las autoridades públicas sería una estrategia deseada por parte de los gobiernos para lograr metas durante la actual pandemia por covid-19. En tal sentido, ^{Gozgor (2021}) plantea que, para poder obtener buenos resultados al enfrentar esta emergencia se necesitan grados de cohesión social y confianza pública sin precedentes. Precisamente, en este ambiente de incertidumbre por la pandemia, ^{Gozgor (2021)} afirma que las personas confiarían en sus gobiernos siempre que valoren su capacidad, experticia y conocimiento técnico para tomar las mejores decisiones en busca del interés público. En sentido similar, ^{Eichenberger et al. (2020}) señalan que los gobiernos deben poseer la confianza de sus ciudadanos para que estos últimos vean como viables las estrategias sanitarias promovidas, incluyendo la realización de pruebas masivas, la creación de programas de rastreo epidemiológico, la implementación de certificados de inmunidad o la vacunación a larga escala.

Basándose en la premisa de mejorar la confianza ciudadana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (^{oecd, 2014}) relata la existencia de cinco dimensiones que moldean la confianza en las instituciones públicas: confiabilidad, capacidad de respuesta, apertura, integridad e imparcialidad. La figura 1 ilustra que algunas de estas dimensiones abarcan temas relacionados a la transparencia o a la prestación de servicios públicos; deudas históricas en varios países centroamericanos, incluyendo El Salvador (^{Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2015}; ^{Stein et al., 2013}).

Fuente: Elaboración propia con base en ^{oecd, 2014}

Figura 1: Dimensiones de la confianza pública 

La renovada importancia de la confianza pública en el manejo de la pandemia, hace necesario conocer más de cerca los determinantes que influyen en su construcción. Enfocarse en los trazos cruciales que influyen en su desarrollo puede servir, en el caso de El Salvador, como una herramienta más para influenciar el cumplimiento voluntario de medidas de salud pública, como lo han mostrado algunos de los estudios mencionados (^{Eichenberger et al., 2020}; ^{Gozgor, 2021}). Por tales motivos, el presente trabajo aborda la confianza pública en dos figuras claves en el manejo de la pandemia en El Salvador: el ministro de salud y el presidente del país. La puesta empírica de esta tarea, se detalla en la siguiente sección.

3. Metodología

Para la implementación del presente estudio se utilizaron los datos reportados por el ^{Centro de Estudios Ciudadanos (2020)}. Esta institución, perteneciente a la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador, realizó un estudio mayor sobre percepciones prelectorales a lo largo de todo el país entre el 2 al 6 de septiembre de 2020. A partir de la utilización de un muestreo aleatorio, con un intervalo de confianza de 95 % y un nivel de error de 2,5 %, recolectó un total de 1305 boletas. El levantamiento de la información con estos patrones estadísticos permite realizar inferencias a nivel nacional.

Para implementar el presente estudio sobre confianza pública en la figura del presidente y del ministro de salud, se utilizaron, en cada caso, las siguientes preguntas respectivamente:

En la escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 excelente, ¿qué nota le pondría al presidente Nayib Bukele por el manejo de la pandemia?

En la escala de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 excelente, ¿qué nota le pondría al ministro de salud Francisco Alabí por el manejo de la pandemia?

Para la estimación de los determinantes de la confianza pública en el manejo del covid-19, se utilizaron regresiones lineales múltiples corregidas con errores estándar robustos. Las correcciones de los errores estándar permiten relajar algunos supuestos necesarios en la regresión por mínimos cuadrados ordinarios, incluyendo homocedasticidad de los residuos. Trabajos como el de ^{Gozgor (2021}) han utilizado este tratamiento de datos para la medición de confianza y honestidad en otros trabajos internacionales sobre la pandemia por covid-19. De tal suerte, se realizó una regresión para evaluar la confianza en el ministro de salud (Francisco Alabí) y otra en el presidente (Nayib Bukele). Los modelos fueron computados en Stata 14. Como variables explicativas, fueron utilizadas, fundamentalmente, características demográficas de la población encuestada. La descripción se detalla en la tabla 1. Adicional a la inclusión de variables demográficas, se incorporó como variable independiente de interés la posición ideológica del respondiente. Trabajos como el de ^{Kreps y Kriner (2020}) o ^{Ayalon (2021}) han identificado que aspectos ideológicos y políticos-partidarios se muestran centrales en la construcción de confianza en la pandemia por covid-19. Con ello, se emplea esta variable que mide la afinidad ideológica entre izquierda y derecha como característica explicativa de la confianza.

Tabla 1: Variables independientes utilizadas en el análisis de la confianza pública 

Fuente: elaboración propia.

Los mencionados predictores demográficos han sido utilizados en una variedad de estudios que se han centrado tanto en la construcción de confianza pública en términos generales (^{Christensen y Lægreid, 2005}; ^{Morales Quiroga, 2008}; ^{Zhao y Hu, 2017}), como en la confianza enfocada a la pandemia por covid-19 (^{Ayalon, 2021}; ^{Gozgor, 2021}). La formalización de los dos modelos utilizados viene representada por las ecuaciones 1 y ecuaciones 2, para el ministro de salud y el presidente, respectivamente:

Los resultados fueron evaluados en términos de multicolinearidad y correlación mediante el coeficiente de inflación vif, lo que sugiere la existencia de un buen ajuste del modelo.

4. Resultados

Algunas variables descriptivas se encuentran resumidas en la tabla 2. En función de las variables continuas, se puede evidenciar que el ministro de salud posee una nota media de 8,48, levemente inferior a la asignada al presidente (8,67). Vale la pena destacar que, en términos generales, y a seis meses del inicio de la pandemia, esta representa una valoración muy positiva para los funcionarios evaluados. No obstante, tales valoraciones no se muestran en línea de numerosas denuncias sobre irrespeto a los derechos humanos (^{Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 2020}), fallas en mecanismos de selección de ayudas sociales (^{Ayala Durán, 2021}), ocultamientos de información sobre la pandemia (^{The Economist, 2021}; ^{Pearson et al., 2021}) y serios indicios de corrupción (^{Transparency International, 2021}).

Por otra parte, se evidencia una tendencia ideológica más alineada a la derecha (5,94), algo que ya había sido identificado por otros sondeos de opinión (^{Centro de Estudios Ciudadanos, 2021}; ^{Instituto Universitario de Opinión Pública, 2021}). Asimismo, respecto a la situación económico-laboral de los respondientes, el 68,26 % se encuentra trabajando y un 24,29 % recibe remesas.

Tabla 2: Estadísticas descriptivas 

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, los resultados sobre la valoración del ministro de salud y del presidente se encuentran resumidas en la tabla 3. Respecto al responsable de salud, se encontraron como variables significativas las siguientes: género (β=0,4538989, p-valor≤0,000), edad (β=-0,0148357, p-valor≤0,003), posición ideológica (β=0,1155, p-valor≤0,0001), educación universitaria (β=-1,32,p-valor≤0,004) y algunos estratos de ingresos.

Tabla 3: Resultados Modelos: Coeficientes y errores estándares en paréntesis 

Nota: Standard errors in parentheses Source: auto.dta ^* p < 0,10, ^** p < 0,05, ^*** p < 0,01

Los resultados muestran que, en términos generales, aquellas personas que poseen más ingresos en comparación a las que no alcanzan el salario mínimo ($300) poseen una valoración menos positiva sobre el manejo de la pandemia por parte del ministro de salud Francisco Alabí. De esa forma, quienes se encuentran en los rangos de ingresos que van de (β=-0,76, p-valor≤0,001), de $751 a 900 (β=-0,73, p-valor≤0,081) y mayores a $1501 β=-1,1564, p-valor≤0,000) asignan una nota menor al ministro en el manejo de la pandemia. De tal suerte, los resultados indican una relación inversa entre los ingresos y la valoración ministerial. El trabajo de ^{Gozgor (2021}) ha identificado una tendencia similar cuando se evalúa la confianza de los ciudadanos alrededor del mundo y el logaritmo del ingreso. Algo parecido sucede cuando este mismo autor evalúa el efecto del ingreso en la percepción de la transparencia gubernamental en medio de la pandemia por covid-19.

Por otra parte, la variable que registró un mayor efecto en la nota asignada al ministro de salud es la educación universitaria. De esa forma, las personas que alcanzaron ese nivel formativo asignan una valoración notablemente más negativa que aquellas sin educación formal (β=-1,32, p-valor≤0,004). Esto sugeriría que las personas con mejor formación, las mismas que usualmente cuentan con mejores ingresos y mayor acceso a información, valoran más negativamente la gestión ministerial de la actual pandemia. Estos ciudadanos, a su vez, pueden basar sus valoraciones en publicaciones especializadas provenientes de la academia y organizaciones de los derechos humanos (^{Ayala Durán, 2021}; ^{Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 2020}; ^{Tobar, 2020}; ^{Transparency International, 2021}). Una tendencia similar ha sido identificada por ^{Gozgor (2021}) al analizar la confianza pública y la transparencia en la información gubernamental durante la pandemia por covid-19. ^{Ayalon (2021}), por su parte, muestra que la educación también posee importancia en la construcción de confianza en Israel, y resalta efectos particulares en grupos con alta instrucción, como científicos o trabajadores de la salud. Similarmente, grupos con conocimientos en medicina en Estados Unidos se mostraron indecisos en recibir la vacuna para el covid-19 en las etapas iniciales de aprobación para su uso (^{Lucia et al., 2020}). Con ello, para el caso de El Salvador, los resultados indican que la educación se erige como una característica que explica parcialmente la disminución en la confianza sobre el manejo de la pandemia a nivel ministerial.

Una variable que usualmente no es tomada en cuenta en las estrategias para el combate a la pandemia es la tendencia política e ideológica. Pese a ello, los resultados muestran que las personas que poseen una tendencia ideológica de derecha tienden a valorar más positivamente el manejo de la pandemia por parte del ministro de salud (β=0,1155, p-valor≤0,0001). El factor ideológico ha sido estudiado por ^{Kreps y Kriner (2020}) en los Estados Unidos durante la actual pandemia. Los mencionados autores analizan las diferencias en la percepción pública sobre el manejo de la emergencia, al comparar las recomendaciones de salud emanadas de gobernadores demócratas y republicanos. Este trabajo resalta que, pese a que las grandes críticas sobre las medidas restrictivas por covid-19 provienen de la derecha, este sector ideológico muestra una aceptación similar al uso de la ciencia como base en la reapertura económica postpandemia (^{Kreps y Kriner, 2020}). Para el caso de El Salvador, la tendencia hacia la derecha parece tener un efecto positivo en la valoración ministerial.

Finalmente, variables demográficas relevantes incluyeron género y edad. De tal suerte, las mujeres valoran más positivamente la gestión ministerial de la pandemia (β=0,4538989, p-valor≤0,000), al igual que las personas más jóvenes (β=-0,0148357, p-valor≤0,003). La tendencia sobre el género resulta ser llamativa, puesto que no existen elementos que a priori puedan justificarla. Con ello, el tema del género y la confianza pública en El Salvador es un campo a explorar. Por otra parte, la edad muestra una tendencia esperada, puesto que buena parte de la base electoral de la administración gubernamental es potenciada por jóvenes (^{Ruiz-Alba y Mancinas-Chávez, 2020}, ^{Tobar, 2020}). Los esfuerzos por acercarse a este sector etario se manifestaron en estrategias específicas dirigidas a jóvenes votantes durante la campaña electoral 2020-2021 (^{Ruiz-Alba y Mancinas-Chávez, 2020}, ^{Tobar, 2020}). Tal apoyo de sectores con menor edad puede venir explicado por dos motivos: i) por la estructura demográfica del país y ii) por la edad de estos funcionarios públicos. De tal forma, la población del país muestra amplios contingentes etarios jóvenes (^{Dirección General de Estadísticas y Censos, 2008}) y las personas entre 20 a 24 años de edad son el grupo etario mayoritario, seguido muy de cerca por la franja de personas entre 15 a 19 años de edad (^{Ministerio de Salud, 2018}). Asimismo, el gabinete ejecutivo, que incluye al ministro de salud y al presidente, son notablemente jóvenes al no superar los cuarenta años de edad, con lo que puede existir una valoración positiva al sentirse más próximos a estas figuras públicas contemporáneas.

Al centrarse en la figura presidencial, manejo de pandemia y confianza pública; se evidencia una correspondencia con las variables previamente identificadas para el caso del ministro de salud. Con ello, las variables relativas al género (β=0,4215, p-valor≤0,000), edad (β=-0,0125, p- valor≤0,005), posición ideológi ca (β=-0,01055, p-valor≤0,001) y algunos subestratos del ingreso y grado académico se mostraron estadísticamente significativos.

La tendencia de los ingresos es la misma que la identificada en el caso de la gestión ministerial: en la medida en que aumentan los ingresos, la valoración del presidente Nayib Bukele tiende a ser peor. De hecho, las personas con ingresos superiores a los $1501 muestran el mayor efecto en el modelo estadístico (β=-3,30, p-valor≤0,024.) Pese a ello, este colectivo con altos ingresos representa únicamente el 0,27 % del total de los encuestados. Un efecto mucho menos pronunciado se muestra entre las personas que poseen ingresos de entre $451 a 600 (β=- 0,8431, p-valor≤0,000).

Por otra parte, algunas franjas de educación mostraron también una relación inversa a la confianza presidencial. De esa forma, aquellos que poseen estudios de postgrado (β=-2,38, p-valor≤0,088) o universitarios (β=-1,5098, p-valor≤0,001) valoran más negativamente la gestión de la pandemia por parte del presidente.

Asimismo, la posición ideológica sigue una tendencia y una magnitud muy similar a la identificada en el caso del ministro de salud. Con ello, aquellas personas con una tendencia de derecha valoran mejor la gestión presidencial de la pandemia (β=0,4538989, p-valor≤0,000),.

Finalmente, los factores demográficos género (β=0,4215, p-valor≤0,000) y edad (β=-0,0125, p- valor≤0,005) refrendaron su importancia en la valoración presidencial de la emergencia sanitaria, en un sentido análogo al mostrado en el caso del ministro.

5. Discusión

En primer lugar, es destacable que los resultados muestran un alto nivel de aceptación en el manejo de la pandemia por covid-19 para los dos funcionarios evaluados. Específicamente, los resultados se encuentran arriba del ocho como nota promedio, en la escala de uno a diez. Este no es un dato menor, especialmente, si se toman en consideración sondeos de opinión que evalúan a otros presidentes en las Américas. Por ejemplo, el presidente estadounidense Donald Trump fue evaluado negativamente en un sondeo elaborado treinta días antes del sondeo en El Salvador (^{Pew Research Center, 2020}). En ese país norteamericano, los servicios de salud nacional y estatal recibían valoraciones diversas (^{Robinson et al., 2020}). En América Latina, la popularidad de algunos presidentes se vio notablemente afectada en medio de la pandemia por covid-19 (^{Sosa-Villagarcia y Hurtado Lozada, 2021}). En el vecino país Guatemala, el vicepresidente Guillermo Castillo solicitó, a finales de 2020, al presidente Alejandro Giammatei la renuncia conjunta de sus cargos en medio de la crisis sanitaria (^{Sorto, 2020}). Ello habría tenido como base la falta de confianza de la sociedad guatemalteca en las autoridades electas debido a la histórica opacidad ejercida en el manejo de la cosa pública (^{Rosenthal, 2020}; ^{Stein et al., 2013}). Estos descontentos continuaron manifestándose hacia 2021, siendo que han existido manifestaciones y protestas que demandan la renuncia del presidente guatemalteco por el mal manejo de la pandemia, en general, y por la posible corrupción en la adquisición de inmunizantes de origen ruso, en particular (^{Pérez, 2021a}, ^2021b). Por su parte en Argentina, se evidenciaron fuertes variaciones en términos de aprobación del presidente en medio de la pandemia, incrementándose en hasta 30 % la aprobación al inicio de la crisis, seguida de notables caídas (^{Klobovs, 2020}). No obstante, el levantamiento realizado en América Latina por ^{ipsos (2021)} refleja altas valoraciones en la figura presidencial de Uruguay (68 % de aprobación) y de Chile (50 %); países que han mostrado notables planes de vacunación contra el covid-19. Aun así, la valoración presentada para el presidente de El Salvador y su ministro de salud son notablemente altas e incluso superiores a las reportadas en otros países de América Latina (^{ipsos, 2021}; ^{Klobovs, 2020}).

Los altos niveles de aceptación reportados para El Salvador resultan aún más impresionantes si se toma en consideración que el manejo de la pandemia en ese país ha poseído notables deficiencias. Por ejemplo, fueron certificadas diversas violaciones a los derechos humanos, que van desde detenciones arbitrarias, períodos de cuarentena excesivamente prolongados o el uso indiscriminado de la violencia como política de Estado (^{Molina y López, 2021}; ^{Nóchez, 2020}; ^{Passos y Acácio, 2021}; ^{Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 2020}). No sorprende, en ese sentido que trabajos como el de ^{Passos y Acácio (2021)} muestran cómo El Salvador utilizó fundamentalmente un enfoque policial y militar para el control de la pandemia.

Adicionalmente, existen diversas dudas en el tema del manejo de la emergencia a nivel sanitario. Por ejemplo, se evidencian altos índices de exceso de muertes por covid-19 no reportadas (^{The Economist, 2021}; ^{Karlinsky y Kobak, 2021}; ^{Pearson et al., 2021}). Algunas de estas estimaciones retratan que podría existir hasta un 90 % de muertes no reportadas por covid-19 (^{Pearson et al., 2021}). Asimismo, información válida para el manejo de la crisis ha sido oficialmente declarada como secreta, por ejemplo, el plan nacional de vacunación (^{Estrada, 2021}). Tales acciones estarían en contrasentido con las dimensiones propuestas por ^{oecd (2014)} para aumentar la confianza, particularmente, con la necesidad que esta organización otorga a minimizar incertidumbres, así como a mostrar apertura, integralidad e imparcialidad por parte de las administraciones públicas.

Por otra parte, el manejo de las consecuencias sociales de la pandemia no ha estado exento de polémica. Diversos sectores apuntaron a una reapertura mal organizada de la economía salvadoreña, lo que obedeció al conflicto permanente entre el órgano ejecutivo y el legislativo a lo largo de 2020 (^{Tobar, 2020}). Asimismo, existe evidencia de que las políticas sociales, como las transferencias monetarias, no siguieron lineamientos técnicos, ni utilizaron criterios de priorización preestablecidos (^{Ayala Durán, 2021}). Esto ha propiciado, incluso, reparos por parte de los órganos de contralor público (^{Campos, 2020}; ^{Rodríguez, 2021}).

A la luz de estas características, se esperaría que existiera una notable desconfianza hacia las figuras públicas más notorias en el manejo de la pandemia en El Salvador: ministro de salud y presidente. Pese a ello, los resultados muestran, precisamente, una tendencia contraria. Esta propensión iría en línea con lo señalado por ^{Del Tronco (2013}) al recordar que líderes neopopulistas latinoamericanos (Alberto Fujimori en Perú, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador) mostraban altos índices de confianza en sus respectivos países. Similarmente, los resultados en El Salvador seguirían la tendencia identificada por ^{Güemes y Brugué (2017}) que muestra que el conocimiento de actos de corrupción no se relaciona linealmente con la confianza en la administración pública en América Latina. Estas autoras argumentan que los latinoamericanos no determinan la confianza pública basada en el desempeño estatal, ya sea medido en términos objetivos (índice de burocracia o red de seguridad social) o subjetivos (satisfacción con los servicios públicos) (^{Güemes y Brugué, 2017}, p. 268). En ese sentido, ^{Del Tronco (2013)} apunta que, en América Latina, son los factores económicos, culturales y el apoyo a la democracia los que condicionan la confianza pública.

Sobre algunas de estas temáticas como democracia y autoritarismo histórico en el país, se han realizado influyentes estudios. De tal forma, destacan los trabajos seminales de ^{Martín-Baró, (1982}, ¹⁹⁸³) durante el conflicto interno salvadoreño², o los elaborados, más recientemente, por ^{Orellana (2018a}, ^2018b). Algunos de estos trabajos, dentro del contexto del autoritarismo de derechas, abordan la sumisión autoritaria, o la aceptación voluntaria de acciones originadas en las autoridades establecidas (^{Orellana, 2018b}). Esto implicaría, según (^{Orellana 2018b}), que esas autoridades son depositarias de confianza, obediencia y respeto; lo que vendría a justificar posturas intolerantes hacia grupos específicos como oposición política, comunidad lgbti o mujeres. Bajo este ambiente, no resulta descabellado evidenciar que, pese a que El Salvador cuenta con un presidente que ha mostrado notables rasgos de autoritarismo y al que el influyente medio estadounidense ^{The Economist (2020)} lo perfilaba como el posible primer dictador millennial, los niveles de aprobación y confianza durante la pandemia continúan inalterados. En esta misma línea, Economist Intelligent Unit (^{eiu, 2021}) degradó a El Salvador desde democracia imperfecta a un régimen híbrido. Esta categoría hace referencia a regímenes donde existen elecciones formales, pero conviven elementos como acoso a la prensa, no independencia judicial o corrupción generalizada (^{eiu, 2021}). Con ello, evaluar las particularidades que explican la confianza pública de la sociedad salvadoreña en su gobierno, pese a la existencia de este contexto autoritario, se muestra como una línea de investigación notablemente fértil. En este supuesto, los aspectos económicos, apoyo general a la democracia y el autoritarismo se muestran como hipótesis plausibles, según lo señalado por ^{Del Tronco (2013}).

Pese a estas contradicciones, y con el foco puesto, exclusivamente, en el manejo de la pandemia, las valoraciones positivas percibidas por la sociedad salvadoreña pueden suponer el cumplimiento voluntario de normas sanitarias particulares, como el mantenimiento de la distancia física o el abstenerse de realizar reuniones privadas. En ese sentido, ^{Lucia et al. (2020}) muestran cómo la solidez y confianza en los expertos en salud pública puede ser determinante para que colectivos decidan adoptar directrices sanitarias. Esto supondría que la confianza de la sociedad salvadoreña en su ministro de salud y presidente se materializaría en la adopción de medidas sanitarias recomendadas. Pese a ello, esta relación se espera que no sea automática y que aspectos laborales y económicos influyan en el cumplimiento voluntario de medidas, con lo que la mencionada temática se erige como una segunda línea de investigación a explorar.

Pese a estos altos índices de confianza en el manejo de la pandemia, vale la pena destacar que tales indicadores son sujetos a variaciones en el tiempo. De tal suerte, reveses en las estrategias pueden suponer mermas en los niveles de aceptación. Por ejemplo, un aumento injustificado en el número de infecciones o un nivel bajo de inmunidad, pese a contar con altos niveles de inoculación, pueden suponer retos importantes en la confianza del manejo de la pandemia para El Salvador. Precisamente, existen investigaciones periodísticas en medios reconocidos como The New York Times o BBC; que abordan el aumento de infecciones por covid-19 en países que han utilizado fundamentalmente inmunizantes de origen chino (^{Sui-Lee, 2021}; ^{Uchoa, 2021}), como es el caso de El Salvador. No obstante, Uruguay provee un adecuado contraste, puesto que utilizando el mismo fármaco (Sinovac-Coronavac) se evidencia una tasa de incidencia por covid-19 decreciente (^{Ministerio de Salud Pública, 2021}). En todo caso, el refuerzo de la confianza en el caso uruguayo viene supeditado a los estudios científicos y diseminación de información epidemiológica, algo que el gobierno salvadoreño ha prohibido por ley.

En la misma línea, ^{Mallapaty y Callaway (2021}) señalaban los latentes efectos negativos de la falta de transparencia al reportar los resultados de los exámenes clínicos necesarios para el desarrollo de la vacuna AstraZeneka. Con ello, más que celebrar los altos índices de aprobación en el manejo de la pandemia, en El Salvador, se hace necesario realizar constantes procesos de evaluación para comprobar que el público continúa confiando en sus autoridades, lo que se espera incentive el cumplimiento de normas sanitarias y sociales durante la actual pandemia.

6. Consideraciones finales

Ante los abundantes retos necesarios para superar la pandemia por covid-19, la confianza pública se muestra como una herramienta más a ser tomada en consideración. Para el caso de El Salvador, existe evidencia que apunta a que la sociedad, en términos generales, aprueba el manejo de esta emergencia sanitaria, tanto a nivel ministerial como presidencial. Este representa un hallazgo notable, particularmente, a la luz de las numerosas deficiencias que han sido reportadas a nivel social, legal, económico, logístico o sanitario. El nivel de complejidad que reviste la actual pandemia torna crucial que la sociedad en general confíe en los gestores de la pandemia. Percibir que son funcionarios competentes puede influir en el cumplimiento voluntario de una gran cantidad de medidas públicas.

Pese a la positiva evaluación registrada, se hace necesario verificar regularmente si la población continúa confiando en las autoridades responsables, ya que, de no hacerlo, la estrategia pública de combate a la pandemia se puede ver comprometida. Para tales fines, pueden ser relevantes los pilares para la construcción de la confianza, como los elaborados por ocde (2014), al destacar la importancia de la transparencia, imparcialidad, o integridad.

Finalmente, el presente texto invita a continuar investigando al menos en dos líneas pertinentes: i) en los determinantes de la confianza pública en El Salvador (y otros países) dado un ambiente autoritario y ii) en evaluaciones empíricas sobre confianza y cumplimiento de las medidas sanitarias. La primera línea se tornaría importante en función de las serias deficiencias encontradas en el manejo de la pandemia en El Salvador. Este tipo de línea de investigación podría resultar fértil en otros países con características similares, como Brasil o Nicaragua en América Latina. Asimismo, trabajos sobre confianza y cumplimiento de medidas vendría a evaluar la hipótesis que mayores niveles de confianza suponen mayor cumplimiento voluntario de las recomendaciones médicas.