1. Introducción

El término antipolítica es de uso frecuente de un tiempo a esta parte en el debate público -«la antipolítica parece estar de moda» (^{González, 2022})-, a veces asociado a algunos de los representantes más controversiales de las llamadas nuevas derechas (^{Giordano, 2014}), como Donald Trump, Jair Bolsonaro (^{Solano, 2018}; ^{Mayorga, 2021}; ^{Beveridge y Featherstone, 2021}) o Javier Milei (^{Ghiretti, 2021}). En el uso público del término, en la discusión política, a menudo adquiere una connotación negativa, a semejanza de lo que ocurre con otras categorías políticas que los cientistas sociales se han esforzado por definir técnicamente (incluso, algunas con las que a veces aparece emparentada, por ejemplo, populismo, autoritarismo, etc.), frecuentemente asociada -por su vínculo con las nuevas derechas- a perfiles autoritarios, neoliberales o tecnocráticos. No es difícil ingresar en una discusión anegada cuando el término antipolítica se usa para (des)calificar a políticos antiestablishment o outsiders, especialmente cuando se trata de las nuevas derechas. ¿Cómo llamar antipolítico a quien participa de la política? ¿Cómo llamar antiestablishment a los mejores defensores del establishment? (véase el artículo de ^{Ghiretti, 2021}).

En el ámbito académico, la definición de antipolítica no parece haber alcanzado aún un consenso, y más aún cuando otros términos ingresan en la discusión: despolitización (Berveridge y Featherstone, 2021), impolítica (^{Rosanvallon, 2007}, p. 38) o pospolítica (^{Mouffe, 2007}, p. 9). En el ámbito anglosajón, es posible encontrar bibliografía en buena medida producida a partir de fenómenos como Trump y el Brexit; en América Latina, la discusión se ha enfocado en experiencias neoliberales, autoritarias y neopopulistas -otro concepto polémico- de diferentes países -Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela-, a partir de la década de los noventa -en los análisis se destacan las presidencias de Fujimori, Menem, Collor de Mello y hasta la irrupción de Bolsonaro (^{Freiburn, 2021}; ^{Echevarría, 2007}; ^{Degregori, 2016}; ^{Pontes, 2020}; ^{Mayorga, 1997}; ^{Capriles, 2006}; ^{Romano y Díaz Parra, 2018})-, donde la antipolítica aparece como la estrategia política predominante, fruto de la crisis de legitimidad de la democracia representativa y del sistema de partidos. En este contexto, antipolítica aparece estrechamente emparentada con neopopulismo y neoliberalismo (^{Mayorga, 1997}).

Por otra parte, algunos autores señalan que la categoría carece de credenciales teóricas suficientes, habiéndose originado fuera de la academia -principalmente, en el ámbito del activismo en internet-, y caracterizan la antipolítica como una posición refractaria a la política y sus instituciones, sostenida por quienes convocan a obtener poder a través de la eliminación de las élites políticas y del conflicto (^{Sintomer y Abbas, 2022}).

Teniendo en cuenta estos debates, el objetivo de este ensayo es discutir la noción de antipolítica, reflexionar sobre las conceptualizaciones que han sido propuestas en la bibliografía, problematizar sus implicancias y, finalmente, proponer una conceptualización que permita salvar algunos de los problemas identificados. En ese sentido, se intentará argumentar que la antipolítica es la antítesis de la gestión pacífica del conflicto y la diferencia en el marco de sociedades desiguales y plurales, que, en sus formas extremas, puede habilitar la aniquilación del otro como solución del conflicto, lo que resulta incompatible con una democracia.

El texto se organiza en cinco apartados. En primer lugar, antes de abordar la noción de antipolítica, dado su carácter antitético, se intenta definir el concepto opuesto, tarea no menos compleja. En este sentido, en la siguiente sección el artículo se pregunta qué es la política y qué es lo político. En la sección siguiente se discuten los alcances de algunos conceptos relacionados con la antipolítica. Luego, a partir de la bibliografía disponible, se aborda la noción de antipolítica y se presenta una propuesta de conceptualización de este término. El ensayo concluye con algunas interrogantes y líneas de investigación posibles.

2. La política y lo político

La distinción entre la política y lo político es retomada por varios autores en su discusión sobre la antipolítica. Tal es el caso, por ejemplo, de Chantal ^{Mouffe (2007}, p. 15), ^{Fair (2012}) o de ^{Romano y Díaz Parra (2018}, p. 27). Siguiendo a esta autora (Mouffe), entendemos lo político como la dimensión del antagonismo inherente a las sociedades humanas, y a la política, como el conjunto de prácticas e instituciones que organizan la convivencia, en el marco de la conflictividad de lo político (^{Mouffe, 2007}, p. 16). Pero conviene comenzar por desarrollar las ideas de Schmitt, en tanto es el principal teórico que se ha ocupado del concepto de lo político, retomado luego por otros académicos.

Carl Schmitt se pregunta cuál es la esencia de lo político. Señala que, frecuentemente, el término se utiliza en oposición a otros términos -política y economía, política y derecho, etc.- y muchas veces se asocia lo político con el Estado (^{Schmitt, 2009}, p. 50). Esta conceptualización se muestra insuficiente desde que el Estado abarca -o puede potencialmente abarcar- cualquier aspecto de la realidad social, por lo que no sirve para fundar la diferencia específica de lo político (^{Schmitt, 2009}, p. 53).

Para encontrar esta diferencia específica, el autor propone la distinción amigo-enemigo, análoga a la que resulta del bien y el mal en el ámbito moral, o la distinción entre lo bello y lo feo en términos estéticos. Esta distinción es la que se corresponde con el dominio de lo político, según ^{Schmitt (2009}, p. 56), quien, además, señala qué es exactamente un enemigo: no se trata de un «enemigo privado» o un adversario, sino del enemigo público, de un grupo dispuesto a combatir a otro grupo; un hostis, no un inimicus (^{Schmitt, 2009}, pp. 58 y ss.).

De acuerdo con Schmitt, cuanto más próximo a la distinción entre amigos y enemigos se encuentre un conflicto, más político será:

La oposición o el antagonismo constituye la más intensa y extrema de todas las oposiciones, y cualquier antagonismo concreto se aproximará tanto más a lo político cuanto mayor sea su cercanía al punto extremo, esto es, a la distinción entre amigo y enemigo. (^{Schmitt, 2009}, p. 59)

Si bien estas ideas sirven de base al pensamiento de Mouffe, hay una diferencia importante, y es que para Mouffe, lo político es agonismo y no antagonismo: el antagonismo es el extremo, donde la eliminación física es una posibilidad real, donde ya no hay adversarios, sino enemigos.

Para Schmitt, la confrontación es lo central, al punto que el combate es una opción admisible y representa el punto máximo de lo político:

Cuando dentro de un Estado las diferencias entre partidos políticos se convierten en «las» diferencias «políticas a secas», es que se ha alcanzado el grado extremo de la escala de la «política interior», esto es, que lo que decide en materia de confrontación armada ya no son las agrupaciones de amigos y enemigos propias de la política exterior, sino las internas del Estado (…). La guerra civil. (^{Schmitt, 2009}, p. 62)

Cuando Schmitt se refiere a la «lucha», al «enemigo» o utiliza otros términos semejantes, no lo hace de modo metafórico o simbólico, sino en su sentido bélico, ligado a la posibilidad real de la eliminación física (^{Schmitt, 2009}, p. 63).

Si el intento de Schmitt por definir lo político es exitoso, resulta por lo menos controversial esta admisión aproblemática de la violencia, aunque la violencia -su monopolio legítimo- ha sido identificada como el rasgo característico del Estado, tan emparentado con lo político, como señala Schmitt: el Estado posee la facultad de declarar la guerra y disponer sobre la vida de las personas (^{Schmitt, 2009}, p. 75). Con todo, el autor no propone la guerra como expresión política, sino que incluso afirma que «lo políticamente correcto» podría consistir en la evitación de la guerra. Para Schmitt, la guerra no es el contenido ni el objetivo de la política, sino un presupuesto, una posibilidad real siempre latente: un mundo completamente pacificado sería un mundo sin política (^{Schmitt, 2009}, pp. 64-65). Sobre la posibilidad extrema del combate y la eliminación física, Schmitt (2009, p. 78) afirma:

No existe objetivo tan racional, ni norma tan elevada, ni programa tan ejemplar; no hay ideal social tan hermoso, ni legalidad, ni legitimidad alguna que puedan justificar el que determinados hombres se maten entre sí por ellos. La destrucción física de la vida humana no tiene justificación posible, a no ser que se produzca, en el estricto plano del ser, como afirmación de la propia existencia contra una negación igualmente óntica de esa forma. Una guerra no puede justificarse tampoco a base de argumentos éticos y normas jurídicas. Cuando hay enemigos verdaderos, en el sentido óntico al que se está haciendo referencia aquí, tiene sentido, pero solo políticamente, rechazarlos físicamente, y si hace falta, combatir con ellos.

Es esta escisión central entre lo moral y lo político, lo que resulta tan polémico en Schmitt, el autor reconoce que el extremo de la eliminación física es injustificable desde todo punto de vista, salvo desde el punto de vista político, cuando la diferencia amigo-enemigo es llevada al extremo.

Según el autor, la posibilidad de agruparse en amigos y enemigos es lo que define a la comunidad política o, en sus términos, la unidad política, que no admite pluralismos en su interior, porque como tales destruirían la unidad y, con ello, lo político (^{Schmitt, 2009}, p. 74). Schmitt da un paso más, postulando entonces la imposibilidad del pluralismo si quiere conservarse la esencia de lo político; este es otro de los aspectos controversiales de la teoría de Schmitt, reñido con una concepción democrática de la política, pero sin duda coherente con el pensamiento del autor, cuyas posturas autoritarias son explícitas (^{Schmitt, 2009}, pp. 97 y ss.). Si bien muchas de las ideas de Schmitt son aceptables, es necesario abordar lo político desde una perspectiva diferente: no hace falta mencionar las consecuencias históricas de algunas de las ideas sostenidas por el Kronjurist.

Por su parte, Mouffe ve con escepticismo las teorías deliberativas y consensualistas de la democracia, en tanto exigen una racionalidad inalcanzable, dado que las emociones, los afectos, las «pasiones» tienen una incidencia significativa en las decisiones políticas (^{Mouffe, 2007}, pp. 28 y ss.). El conflicto no puede resolverse mediante el diálogo, no siempre es posible arribar a un consenso superador de las diferencias (visión que define como pospolítica). La política, entonces, debería tener por objetivo permitir la expresión de las diferencias, canalizando las demandas de manera pacífica, «domesticando el antagonismo», sin que esto implique una visión consensualista que pretenda ponerle fin.

La política entendida como «agonismo» (^{Mouffe, 2007}, pp. 13 y 27) consiste, precisamente, en la confrontación adversarial, no antagónica. A diferencia de Schmitt, el adversario político no es un enemigo que debe ser destruido, sino un otro, diferente, cuya postura es legítima. Dicho de otro modo, el fin último de la política no sería el consenso, sino la convivencia pacífica. En palabras de ^{Mouffe (2007)}: «Lo que requiere la democracia es trazar la distinción nosotros/ellos de modo que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo, que es constitutivo de la democracia moderna» (p. 21).

Podemos decir que si lo político consiste en el antagonismo latente en todo grupo humano, y no tiene un contenido esencial, sino que puede surgir en torno a cualquier cosa, la política sí parece tenerlo. Las prácticas e instituciones políticas, adopten la forma que adopten, deberían ser capaces de garantizar la convivencia pacífica de la comunidad política y el respeto por el otro y sus derechos; de lo contrario, podrían poner en juego la existencia misma de la comunidad. Si lo político, en última instancia, puede conducir a la discriminación amigo/enemigo y al combate físico, la política tendría como fin evitar dicha instancia. De allí que la democracia, pese a sus imperfecciones y críticas, siga siendo la mejor forma disponible, en la medida en que tiende a propiciar las condiciones para el agonismo, siendo contraria a ella toda forma de radicalización de la confrontación antagónica.

Por otra parte, Romano y Díaz Parra también retoman esta distinción entre la política y lo político que resulta relevante en la discusión sobre la antipolítica. Parten de un ejemplo: en 2015, el gobierno de Argentina decide imprimir nuevos billetes, que en lugar de las imágenes de próceres criollos que tenían los billetes del gobierno kirchnerista tenían imágenes de animales autóctonos. Esta decisión, en apariencia anecdótica, dicen los autores, tiene un significado simbólico más profundo:

Los billetes con animalitos son parte de un proceso de eliminación de símbolos políticos de las instituciones, lo que parecería una contradicción en sus propios términos. Pero no lo es. El cambio de los símbolos impresos en los billetes es una operación simbólica que va mucho más allá de lo evidente y que demuestra una voluntad de sacar las manos políticas de la esfera de la economía. ¿Y no es este el objetivo último de toda política neoliberal?

Puede, entonces, que plantear una política antipolítica no sea tan contradictorio. La clave del problema podría hallarse en una diferenciación bastante común en la filosofía política entre «la política» y «lo político». (^{Romano y Díaz Parra, 2018}, p. 28)

Siguiendo a ^{Echeverría (1998}), estos autores entienden la política como el conjunto de instituciones y mecanismos políticos propios de una sociedad, mientras lo político es el contenido sustancial de la política, aquello de lo que las instituciones se ocupan, el objeto de la decisión (^{Romano y Díaz Parra, 2018}, p. 28). Sin embargo, los autores señalan la tendencia a identificar la política con el Estado, convirtiendo lo político en su monopolio, dejando de lado a la «sociedad civil» (^{Romano y Díaz Parra, 2018}, p. 29).

Esta visión reduccionista de la política denunciada por Romano y Díaz Parra resulta interesante a los efectos de ampliar la comprensión de la política y no limitar a lo estatal las instituciones que se ocupan de lo político; puede y debe reconocerse como políticas otras instituciones, otros mecanismos y otras prácticas que participan de la lucha por la hegemonía fuera del Estado, es decir, que se ocupan de lo político y son, por ende, políticas. Ejemplos sobran: todos los movimientos sociales; en ocasiones, las religiones, y obviamente los gremios profesionales, por solo mencionar algunos de los más clásicos.

3. Despolitización, pospolítica e impolítica

Vale la pena detenerse en algunos conceptos que pueden relacionarse con la noción de antipolítica, al menos en algunas de sus acepciones. La despolitización supone de alguna manera la exclusión de lo político, lo que puede implicar, en algunos casos, la exclusión de los tópicos de los que se ocupa la política y, en otros casos, la negación del conflicto político. Un ejemplo del primer caso son las estrategias tecnocráticas; implican despolitización, ya que excluyen -o pretenden excluir- del conflicto ciertos tópicos que ya no serían una cuestión debatible, sino un asunto de la técnica. Un ejemplo de las segundas son las posturas consensualistas; las posiciones que sostienen que la política es la búsqueda del acuerdo mediante el diálogo niegan la confrontación, y, en ese sentido, despolitizan, desde la perspectiva del agonismo y el antagonismo, que no conciben lo político sino como conflicto.

El discurso despolitizante, en realidad, es un discurso político, ya que confronta con otros discursos políticos en el campo político, para usar una expresión de Bourdieu, lo que también es advertido por ^{Fair (2012}, p. 7). Si se admite esta idea, debe admitirse que antipolítica es otra cosa. El discurso despolitizante -en el sentido de Fair- es esencialmente político en la medida en que disputa qué temas son o no políticos. Fair (2012, p. 7) identifica en el caso argentino dos modalidades de despolitización: una extrema, representada por el discurso tecnocrático-gerencial-neoliberal, y una moderada, representada por el discurso democrático-liberal, deliberativo y consensualista. Pero tiende a identificar despolitización con antipolítica (^{Fair, 2012}, p. 10). Por su parte, ^{Rosanvallon (2007}, p. 35 y ss.) argumenta contra el mito de la pasividad ciudadana. Si bien se observa una tendencia a la baja en los indicadores de participación política (confianza en las instituciones, adhesión a partidos, participación en elecciones), no ocurre lo mismo con las formas no convencionales de participación, es decir, aquellas ajenas a las instituciones tradicionales (huelgas, manifestaciones, petitorios). Esto se relaciona con una comprensión amplia de la política, no reducida a lo estatal ni al sistema de partidos.

Para ^{Rosanvallon (2007}, p. 38), no hay despolitización, sino impolítica; no es desinterés por lo político -en el sentido de los asuntos públicos, el contenido de la política-, sino falta de aprehensión global de los problemas ligados a la organización de un mundo común, en el marco de la caída de los «grandes relatos», que entraña en sí misma una despolitización. Si bien existe una caída de la confianza en las instituciones políticas, crecen las formas de participación «no convencionales» (^{Rosanvallon, 2007}, p. 35), de manera que las personas no están despolitizadas ni son refractarias a lo político; sin embargo, estas demandas no encuentran respuesta en la política tradicional, por lo que Rosanvallon propone delinear una suerte de contrapolítica, que no tiende al ejercicio directo del poder (en el sentido del control de las instituciones de gobierno, «desde adentro»), sino a su contralor ciudadano (un control «desde afuera»). El autor señala las debilidades que esta «contrademocracia» impolítica presenta. Por un lado, su esencia reactiva impide las expresiones de pertenencia a un mundo común, y por otro, reducen la visibilidad y legibilidad por efecto de su diseminación, produciendo así una actividad democrática, paradójicamente, con efectos no políticos (^{Rosanvallon, 2007}, p. 39).

La noción de impolítica se acerca un tanto a Mouffe y su postura respecto a la falta de comprensión de lo político, que impide pensar políticamente. Para Rosanvallon, parecería tratarse principalmente de un problema estratégico de los actores políticos, o, en todo caso, de las instituciones democráticas; un déficit en la capacidad de articular diversas demandas y mecanismos de control sobre el poder. Para Mouffe, en cambio, el desinterés en la política se relaciona con el énfasis en el consenso que existe actualmente; la movilización requiere politización, y esto implica una representación conflictiva del mundo (^{Mouffe, 2007}, p. 31). Dicho énfasis en el consenso también es presentado como el resultado de la caída de los «grandes relatos», la conocida tesis del «fin de la historia». La vieja oposición de izquierdas y derechas se desdibuja en la hegemonía del capitalismo y la democracia liberal, operando así una despolitización que reduce lo político a la gestión técnico-administrativa del Estado. Esta hegemonía, este consenso en torno a la democracia liberal y el capitalismo, que obtura la posibilidad de pensar alternativas que confronten con el statu quo, convierten a la política en la búsqueda del consenso y reduce lo político a la gestión del Estado: es lo que Mouffe denomina pospolítica.

Desde una perspectiva marxista, ^{Romano y Díaz Parra (2018}, pp. 30 y ss.) discuten la noción de pospolítica de Mouffe, siguiendo a Žižek. En palabras de los autores,

lo que la filosofía política está refiriendo como pospolítica no es otra cosa que una situación de victoria y dominio del neoliberalismo. Y la operación fundamental del neoliberalismo no es ocultar cualquier tipo de antagonismo: solo el antagonismo que produce y que, por lo tanto, surge de su propia existencia, el antagonismo de clase que implica una disputa por el tipo de orden de las relaciones socioeconómicas. Pero ¿qué es el neoliberalismo si no el nombre actual para la ideología dominante? (^{Romano y Díaz Parra, 2018}, p. 32)

Desde esta perspectiva, el principal antagonismo -la esencia de lo político, para Schmitt- que se genera en el sistema de producción capitalista es el antagonismo de clase. Pospolítica denomina la situación en la que no hay alternativas al statu quo, mientras la antipolítica siempre, según estos autores, es el vaciamiento de lo político, del contenido de la política.

Aunque puede ser compartible, esta crítica no le hace justicia al potencial teórico del concepto de pospolítica. Más allá de la hegemonía neoliberal, la noción puede ser útil para denominar cualquier otra situación de hegemonía en la que existe un consenso no cuestionado que excluye: a) determinados asuntos del debate político, o b) situaciones o temas que no generan conflicto ni antagonismo. Y esto, a su vez, diferenciándose de la antipolítica, cuyo sentido aún es necesario definir.

4. ¿Qué es la antipolítica?

En la discusión pública, resulta tentador llamar antipolítica a cualquier expresión política que se pretenda descalificar (desde una perspectiva que reivindique la política y lo político, claro está): el autoritarismo, la tecnocracia, el populismo, el anarquismo o incluso el consensualismo, lo que, de hecho, ha sido argumentado en la academia, asemejando la antipolítica a cualquier desconfianza para con la democracia representativa liberal (^{Wood, 2022}).

La hegemonía cultural de la democracia (^{Held, 1997}, p. 23) puede inclinarnos a definir la antipolítica como sinónimo de antidemocracia. Y es que, de acuerdo con Mouffe, en la discusión sobre lo político, precisamente, es la democracia lo que está en juego (^{Mouffe, 2007}, p. 16), aun cuando parece innegable que, pese a todas las críticas, no hay forma mejor para ocuparnos de los problemas de la polis y los conflictos inherentes a la pluralidad.

En el ámbito latinoamericano, uno de los trabajos más interesantes sobre la antipolítica es el de ^{Romano y Díaz Parra (2018}). Estos autores hablan de «estrategias antipolíticas» duras y blandas: las primeras son ejemplificadas con las dictaduras militares y la acción paramilitar en el continente, que opera un vaciamiento de lo político a través de la eliminación física de los rivales políticos; las segundas son las estrategias políticas neoliberales que surgen a partir de los años noventa (la política-espectáculo, la privatización y la delegación de las políticas sociales hacia las ong; Romano y Díaz Parra, 2018, p. 21). De acuerdo con los autores, ambas tienen en común la finalidad de eliminar las amenazas a los «intereses dominantes» (^{Romano y Díaz Parra, 2018}, p. 41).

Los autores proponen una definición de antipolítica a los efectos de su trabajo: «el proceso de vaciamiento del contenido político de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto» (^{Romano y Díaz Parra, 2018}, p. 29). Asimismo, consideran que lo político requiere de un proyecto utópico, alternativo al statu quo; la antipolítica supone la represión de dicha posibilidad (^{Romano y Díaz Parra, 2018}, p. 39).

De esta conceptualización resulta especialmente interesante el componente de violencia que caracterizaría a la antipolítica. En su fase dura, la violencia es explícita -ejemplificada con las dictaduras latinoamericanas (^{Romano y Díaz Parra, 2018}, pp. 40 y ss.)-, mientras en su fase blanda, mucho más sutil e indirecta, la violencia física es reemplazada por otras estrategias. Los autores destacan entre las estrategias antipolíticas blandas «la empresarialización del Estado, la externalización de las funciones sociales a través de las ong, la transformación de los procesos electorales en un espectáculo mediático y la judicialización de la política» (^{Romano y Díaz Parra, 2018}, p. 44).

Como se dijo, esta conceptualización -la antipolítica blanda- es pasible de algunas críticas, en tanto estas formas de gestión, las políticas y las estrategias no pueden escapar a la política. Sin embargo, la antipolítica dura que describen estos autores aporta elementos interesantes para una posible definición en la que el componente de violencia es especialmente relevante; se trata de la eliminación del adversario político.

En el ámbito anglosajón, Berveridge y Featherstone (2021) reseñan algunos usos del término desde fines del siglo pasado (anti-politic) entre los que se destaca la vinculación con el concepto de despolitización (depoliticization). En este sentido, la relación entre antipolítica y autoritarismo podría rastrearse en la tendencia al descontento para con la política tanto como para con la democracia, interpretado como dos caras de una misma moneda. En sociedades regidas por democracias representativas-liberales, la desafección política expresa el malestar con la política democrática (y quizá, también, en el fondo, aunque dicha interpretación no es la más difundida, con el orden liberal económico). En su propia conceptualización del término, los autores parecen asimilarlo -o, al menos, aplicarlo- a fenómenos que podrían caracterizarse como derechas radicales -tal es el caso de las presidencias de Bolsonaro y de Trump- alt-right o populismos de derecha (^{Beveridge y Featherstone, 2021}). Sin embargo, es discutible si un fenómeno de dichas características se opone a la política -y a lo político- o es, en rigor, parte del juego político, paradoja que invariablemente advierten los analistas y que se resume en la expresión de ^{Fair (2012}): «la política antipolítica».

^{Beveridge y Featherstone (2021)} plantean, entonces, abordar la antipolítica en dos dimensiones: con relación a las formas de política y a los espacios de política. La antipolítica se presenta entonces como la oposición, o bien a las formas de política, o bien la creación de espacios de política alternativos. En ambos casos, supone una oposición hacia la configuración estándar de la política, pero no puede soslayarse que estas nuevas formas y espacios no dejan de ser fuerzas que luchan, en términos bourdieuanos, en el campo político (no necesariamente contra el campo político); formas y espacios alternativos, diferentes, acaso contrapolíticos (a semejanza de ^{Rosanvallon, 2007}, en un sentido análogo al de contracultura, como una corriente alternativa al mainstream), pero no anti.

Los autores afirman que el rol político de la antipolítica es (re)ordenar lo político. En este sentido, se acercan a la visión de ^{Fair (2012}) -«el discurso político de la antipolítica»-, así como a la de ^{Romano y Díaz Parra (2018}), en cuanto a las estrategias antipolíticas blandas, y a otras visiones que emparentan la antipolítica con algunas formas de hacer política (lógicas, estrategias, estilos o prácticas como la tecnocracia o el populismo, cuyo objetivo no es destruir la política, sino redefinir lo político). Por ello, no parece adecuada la expresión antipolítica para su conceptualización; no se trata de la destrucción del juego de la política, sino de una modificación de sus contenidos. Son prácticas políticas que pretenden redefinir lo político, participando de la política, más que redefinir o erradicar la política, lo cual es notado por el propio Fair en el declive de lo político con la preeminencia de discursos tecnocráticos (2012, p. 3), así como por Romano y Díaz Parra (2018, p. 29) cuando se refieren al vaciamiento del contenido político.

Otras interpretaciones en nuestro continente también parecen asimilar la antipolítica a la desafección, el desinterés por la política, la despolitización (^{Freibrum, 2021}). Como dice Freibrum (2021): «Si la sensibilidad antipolítica no expresa inevitablemente un pensamiento de derecha, lo cierto es que los discursos de las fuerzas políticas que ocupan ese lugar la utilizan de un modo eficiente, generando identificación». Si, por un lado, antipolítica se asocia a las nuevas derechas y, por otro lado, también denomina una actitud refractaria a la política -apolítica, podríamos decir-, aún resta saber por qué son las derechas -una opción política, entre otras- las que sacan partido del descontento. El desgaste de los gobiernos progresistas de las primeras décadas del presente siglo en América Latina puede tener algo que decir, pero no alcanza para explicar por qué el malestar no encuentra expresiones en el extremo izquierdo del espectro ideológico tendientes a la radicalización de la democracia. En este sentido, ^{Berveridge y Featherstone (2021)} proponen visualizar la antipolítica como el (re)surgimiento de formas contestatarias y subalternas de hacer política, ya no solo patrimonio de la izquierda. Esto condice con el uso peyorativo del término en algunos ámbitos.

5. Una propuesta de conceptualización

De la bibliografía revisada surgen diferentes usos del concepto de antipolítica en los que se identifican, en particular, algunos rasgos destacables: en primer lugar, la dificultad para calificar como antipolíticos algunos elementos que parecen ser parte de la política; en segundo lugar, la asociación de la antipolítica con las derechas (¿es posible una antipolítica de izquierdas?), y en tercer lugar, la vinculación del término con formas, estrategias o prácticas (anti)políticas que se valen de la violencia o amenazan con su utilización.

Teniendo en cuenta estos elementos, se propondrá una conceptualización de la antipolítica capaz de salvar los obstáculos que se presentan. Para ello, primero se propone acordar una conceptualización de la política y lo político ante la cual contraponer la definición de antipolítica; luego se argumentan las implicancias de la conceptualización propuesta, mostrando algunos ejemplos.

Sucintamente, a partir de las ideas de Chantal Mouffe sobre la política y lo político, la antipolítica podría entenderse como la postura opuesta a las instituciones y a las prácticas que organizan la convivencia en el marco de la pluralidad y la conflictividad. Desde esta perspectiva, y admitiendo expresamente la finalidad deseable de una coexistencia pacífica, se sigue que estas instituciones y prácticas, no restringidas al ámbito estatal -política en el sentido más amplio-, deben evitar el extremo del combate y la eliminación física como respuesta al conflicto.

La política democrática, en la visión de Mouffe, no consiste en superar el antagonismo -objetivo imposible-, sino en plantearlo en términos compatibles con el pluralismo, evitando el antagonismo extremo. Pese a la pluralidad de democracias, podría decirse que, en general, cualquier posicionamiento que implique un retroceso en términos democráticos -desde la política-espectáculo hasta el terrorismo- tiene cierto carácter antipolítico, en tanto implica un menoscabo a las instituciones y prácticas que organizan la convivencia. Sin embargo, no todas estas posturas tienen la potencialidad de alcanzar el extremo de radicalizar el conflicto al punto en que la eliminación del otro es una posibilidad; esta es la verdadera antipolítica, según la definición propuesta.

La oposición, entonces, a estas instituciones y prácticas es antipolítica. Pero también lo es, fundamentalmente, cualquier postura que, sin atacarlas expresamente, habilite el pasaje al antagonismo en la lógica bélica de amigo-enemigo. En este sentido, la incitación a la violencia y los discursos de odio son la principal arma antipolítica, en tanto promueven la identificación del otro como un enemigo a destruir.

La difusión de discursos de odio -muchas veces, vinculados a los populismos de ultra derecha- desde el rol parlamentario² constituye una actitud antipolítica, aunque se despliegue en el marco de una institución política democrática. Estas estrategias emplean los recursos propios de la política en contra de la política, esto es, atentando contra el objetivo de favorecer la convivencia pacífica en el marco de sociedades plurales.

Tales discursos, indudablemente, pueden afectar el funcionamiento de las instituciones democráticas cuando el antagonismo pasa de latente a manifiesto, o derivar incluso en golpes de Estado, sean «blandos» o tradicionales -la antipolítica «dura» que describen Romano y Díaz Parra- y otras formas de atentado contra las instituciones o contra la vida de sus representantes (en los últimos tiempos hemos visto episodios de estas características en nuestro continente).

Algunos ejemplos de estos fenómenos violentos fomentados por discursos antipolíticos -aunque no sean estos el único factor causal- pueden ser el asalto a las sedes de los tres poderes de Brasil por seguidores de Bolsonaro el 8 de enero de 2023 o el atentado contra Cristina Fernández el 1.º de setiembre de 2022, en Argentina. En ambas situaciones es posible afirmar que una ofensiva antipolítica, discursiva, contribuyó a desencadenar episodios de violencia política de extrema gravedad, creando un clima político propiciatorio, donde la violencia pudo llegar al extremo de la eliminación física. No hace falta argumentar por qué estos episodios suponen una afrenta a la democracia, a las instituciones políticas y a la convivencia pacífica.

De acuerdo con Mouffe, en una democracia, los adversarios luchan en el marco de un conjunto de reglas compartidas y aceptadas, admitiendo que las diferentes posturas, aunque irreconciliables, son legítimas (^{Mouffe, 2007}, p. 58). Esto implica reconocer al otro como un igual, y en tanto persona, sujeto de derechos inherentes a la personalidad humana. Los discursos de odio resultan ilegítimos desde que no consideran al otro una persona, un igual, sino un enemigo, rompiendo así las reglas aceptadas por la comunidad política (cuya conservación, en buena medida, depende de su respeto como garantía del respeto mutuo entre los integrantes de la comunidad, sin la cual esta no puede existir). Una comunidad que tolera los discursos de odio bien podría ser una comunidad antipolítica, donde los conflictos se plantean en términos antagónicos y la eliminación del otro es una posibilidad real, legitimada y admitida por los individuos, caso en el cual, en rigor, ya no cabe hablar de comunidad, puesto que habrá al menos dos bandos antagónicos. Ahora bien, es necesario deslindar algunas formas, prácticas o estrategias políticas que, a partir de esta conceptualización, y a contrario del uso que se ha hecho del término en la bibliografía, no necesariamente deben ser calificadas como antipolíticas.

Como se mencionó al exponer las ideas de Berveridge y Featherston, los discursos, las lógicas, las prácticas o estrategias políticas tecnocráticas, gerencialistas o populistas, no necesariamente erradican el conflicto adversarial; no conducen necesariamente a la pospolítica ni al antagonismo extremo, pero sí pretenden reconfigurar lo político y, en ocasiones, la política. También es posible que estas estrategias causen eventualmente el desinterés de las personas por la política (despolitización), pero no se trata de prácticas antipolíticas. Son simplemente estilos, estrategias, dinámicas, prácticas o formas de hacer política, y, por ende, calificarlas como antipolíticas supone una contradicción. Participan del juego y no pretenden destruirlo.

A partir de esta conceptualización de la antipolítica es posible excluir de la definición algunas prácticas y estrategias que no necesariamente conducen a la radicalización violenta del conflicto, como se ha dicho, o que no pretenden eliminar al adversario; formas de hacer política que importan la participación en el campo político, con el objetivo de redefinir lo político, pero sin redefinir la política (mucho menos, disolverla en un conflicto antagónico explícito, es decir, una confrontación violenta).

La dificultad para caracterizar la antipolítica radica en la paradoja largamente señalada: «la política de la antipolítica». Tanto el populismo como el neoliberalismo, así como también otras doctrinas, implican la participación en el campo político y no necesariamente pretenden una reconfiguración radical del campo al punto de su destrucción -verdadero objetivo antipolítico- ni buscan la eliminación del adversario. En este sentido, neoliberalismo, tecnocracia y populismos -de izquierda o derecha- no serían, en principio, ejemplos de antipolítica. Ello, porque no pretenden, en principio, radicalizar el conflicto político al punto de volverlo violento, ni utilizan -también en principio- la violencia como un medio para fines políticos, ni promueven necesariamente la eliminación del adversario, ni se caracterizan por pretender destruir la política; al contrario, participan de ella, siguiendo las reglas del juego.

Si bien a veces se establecen relaciones entre estos términos, particularmente en la discusión pública, el riesgo radica en tachar de antipolítica cualquier forma política que se pretenda descalificar, o caer en la paradoja señalada. Por ello, resulta importante elaborar una conceptualización teórica sólida si se pretende utilizar el concepto con precisión. En cierto sentido, sin embargo, es imposible escapar de la política (y también de lo político); cualquier ataque a la política como actividad es una actividad, en mayor o menor medida, política, pues implica tomar parte en la disputa, salvo que ese ataque se valga de medios ilegítimos -de nuevo, en términos bourdieuanos- ajenos a las reglas del campo político, caso en el que se trata de una actividad antipolítica.

El ataque a lo político puede no ser una actitud antipolítica per se. Por ejemplo, cuando se intenta sustraer un tema del debate público aduciendo que se trata de una cuestión técnica; dicha estrategia puede calificarse como despolitización, pero no como antipolítica. Este ejemplo es trasladable a algunas de las situaciones que suelen catalogarse como «judicialización de la política»; a diferencia del lawfare, entendido como la guerra jurídica -su fin es eliminar a un adversario, por ejemplo, a través del castigo penal-, la política se judicializa cuando un asunto político es planteado como una discusión técnico-jurídica a ser resuelta por los órganos de justicia (un ejemplo puede ser la discusión sobre la constitucionalidad o no de una ley, planteada por un actor político en oposición a los intereses de otro). Dicho de otra forma, distinguir la antipolítica de prácticas y lógicas políticas «no convencionales» implica distinguir a quienes quieren «cambiar las reglas de juego» del campo político de quienes quieren destruir el juego y a los jugadores. Esto no implica tachar de antipolítica todo intento revolucionario, sino solo en cuanto el conflicto sea violento. No son antipolíticas desde esta perspectiva, por ejemplo, las posiciones «antisistema» que apuestan a la resistencia pacífica o la desobediencia civil.

Esta distinción es relevante en tanto autores como Romano y Díaz Parra sostienen, paradójicamente, que la violencia extrema del terrorismo de Estado es antipolítica dura; pero, según su análisis, la finalidad de esta estrategia es impedir «el momento político por excelencia»: la guerra, la crisis, la revolución (^{Romano y Díaz Parra, 2018}, p. 29). Así las cosas, parecería que solo es posible una antipolítica de ultraderecha, mientras una guerra civil o una revolución armada serían la máxima expresión de la política, lo que no parece muy lógico.

El ataque a las instituciones políticas es decididamente antipolítico cuando se efectúa con medios ilegítimos -vale decir, violentos-, pero es lícito el cuestionamiento siempre que se respeten las formas legítimamente preestablecidas. Esta visión puede criticarse por ser excesivamente institucionalista -acaso, incluso conservadora-, pero no debe perderse de vista que lo político es, precisamente, el objeto de la disputa. Las reglas del campo son parte de lo que está en juego en el campo político; en consecuencia, existe, aun sin valerse de medios ilegítimos, la posibilidad de cambiar radicalmente las reglas de juego. Por otra parte, la ambigüedad y la utilización política del término antipolítica puede ocultar intenciones conservadoras cuando se utiliza para descalificar lógicas y prácticas políticas que pretenden impugnar las formas preestablecidas -sea por izquierda o por derecha-, aun participando de ellas; el mejor ejemplo de esto es la aplicación del término a fenómenos populistas.

Ahora bien, con base en las ideas de Mouffe, podemos decir que la política también es la disputa por la hegemonía, en el marco de las instituciones políticas (en un sentido amplio, no acotado a lo estatal), y lo político son los tópicos sobre los cuales se construye la narración, tan racional como afectiva, con la que se pretende conquistar la hegemonía. Cualquier intento de tornar violenta esa disputa puede calificarse como antipolítico.

Si la política es la gestión pacífica del conflicto y la diferencia en el marco de sociedades plurales, la antipolítica es su opuesto. Su finalidad es la radicalización del conflicto hasta el punto en que se vuelve válida la eliminación del adversario, y sus medios son todos aquellos que permiten lograr tal objetivo. La antipolítica se presenta cuando el adversario político es demonizado, convertido en enemigo, de lo cual cabe concluir que el fascismo y el neofascismo son formas paradigmáticas de antipolítica, aunque no las únicas; también fenómenos como el terrorismo, el paramilitarismo y la violencia más extrema del crimen organizado (cuando pone en cuestión el orden político establecido), o algunas de las respuestas estatales a estos fenómenos, consistentes en estados de excepción y ejercicios de violencia institucional comparables con el terrorismo de Estado (un ejemplo actual es el gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador). Estas lógicas habilitan la aniquilación del otro, atentan contra las instituciones políticas, ponen en riesgo la democracia y perjudican la convivencia pacífica, y por ello, pueden calificarse como antipolíticas.

Pero existen también otras formas más sutiles de radicalizar el conflicto y, en casos extremos, habilitar la eliminación del adversario, siempre que se genere un clima político favorable a ello. Desde la denegación del diálogo hasta la violencia explícita de los atentados -todas las formas de violencia, incluida la violencia política y la simbólica, en tanto incitan a la violencia explícita-, pasando por la negación del disenso -excluyendo o eliminando la disidencia-, los discursos de odio, así como las actitudes antidemocráticas -contra la participación, la deliberación o la pluralidad social, desde la proscripción de organizaciones y la persecución de líderes hasta la difusión sistemática de noticias falsas u otras operaciones mediáticas- o el lawfare -entendido como el intento de descalificar (en el sentido de eliminar) a un adversario a través de procesos penales- pueden ejemplificar estrategias en mayor o menor medida antipolíticas.

El lawfare, a diferencia de lo que se describió como judicialización de la política, pretende la eliminación del adversario y resulta, por ello, una estrategia antipolítica, a diferencia de la judicialización de la política, que puede ser considerada una estrategia despolitizadora. Una vez más, Argentina y Brasil muestran ejemplos de esto en los últimos años; tal es el caso de los procesos penales seguidos contra Luiz Inácio Lula da Silva y contra Cristina Fernández, a la que expresamente se pretendió inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos.

El extremo es la violencia explícita, pero no son menos antipolíticas otras formas de violencia más sutiles y sofisticadas cuando tienen la finalidad o la potencialidad de propiciar una radicalización del conflicto hasta el extremo del combate o promueven la eliminación del adversario.

6. A modo de conclusión

Sin ánimo de clausurar un debate vigente, parece necesario dotar la categoría antipolítica de una mayor precisión teórica, sin perjuicio de las definiciones operacionales que se puedan elaborar para análisis concretos. El riesgo de no avanzar en ese sentido es el de tildar de antipolítico cualquier estrategia o forma política que se pretenda censurar. Por esa razón, este trabajo discute con las conceptualizaciones que asocian la antipolítica a ciertas formas de hacer política, como el populismo -de izquierda o derecha- y la tecnocracia, cayendo en la paradoja de «la política antipolítica».

En este ensayo también se discutió sobre la relación del concepto antipolítica con otros términos, como impolítica, despolitización y pospolítica, respecto de los cuales se intentó diferenciar el término que nos ocupa. Si bien se trata de nociones que aparecen emparentadas, se advierten diferencias en la conceptualización que hacen de cada una de ellas los autores que las utilizan. En ese sentido, el ensayo contribuye a la discusión identificando similitudes y divergencias entre estos conceptos.

Parece indudable que el significado de antipolítica dependerá, en buena medida, de lo que entendamos por política y por político, dos términos que hemos distinguido en este trabajo. Si, de acuerdo con ^{Giordano (2014}), descubrir qué hay de nuevo en las nuevas derechas supone una historización y una caracterización de las «viejas derechas», puesto que lo que entendemos por derechas depende del contexto histórico, podemos decir, junto con ^{Beveridge y Featherstone (2021)}, algo semejante sobre la antipolítica: siempre hay antipolítica en oposición a una cierta política determinada, situada. Solo cabe concluir que resta aún una investigación profunda sobre los sentidos históricamente situados de los términos política y antipolítica. Un interrogante de partida puede plantearse del siguiente modo: en el caso latinoamericano, ¿la antipolítica aparece como la negación de la política de los gobiernos del ciclo progresista, tendientes a la gestión pacífica del conflicto social inherente a la pluralidad y la desigualdad?

Más allá de esta posible línea de investigación, en este ensayo se propone, a partir de una concepción de la política que le atribuye una finalidad de gestión pacífica del conflicto, una definición de antipolítica que vincula esta noción al uso de la violencia y, fundamentalmente, a la radicalización del conflicto político al punto de habilitar la eliminación del adversario. Esta definición pretende salvar la paradoja que supone «la política antipolítica»; para ello, traza una frontera sobre los medios válidos en la política: todo intento por convertir el conflicto político en un conflicto violento puede calificarse como antipolítico desde esta perspectiva. Claro que la violencia física es el extremo más radical, pero no se excluyen otras formas de violencia -simbólica, institucional, política- que, aunque no revistan las características explicitas de la violencia física, pueden ser utilizadas para generar las condiciones de pasaje del agonismo al antagonismo, en términos de Mouffe, favoreciendo la eliminación del adversario.

Desde esta perspectiva, son muchos los fenómenos actuales e históricos que admiten un análisis a partir de la conceptualización propuesta. Si bien se mencionaron algunos ejemplos concretos, podría resultar interesante abordar otros casos de mayor magnitud a partir de la noción de antipolítica: el estallido social en Chile de 2019 y la respuesta del Estado chileno; el golpe de Estado de 2019 en Bolivia y los últimos gobiernos de Daniel Ortega, en Nicaragua, son solo algunos de los casos más interesantes y más recientes en nuestro continente.

Como se dijo, esta propuesta supone admitir primero un concepto de política. Luego, tiene la ventaja de comprender que muchas formas o estrategias políticas polémicas -populismo, tecnocracia- no necesariamente conducen ni pretenden la extinción de la política; se reserva el término antipolítica para aquellos casos que sí pretenden o conducen a ese destino.

Pero más allá de las definiciones teóricas, una categoría tan potente tiene y tendrá sin duda sus propios -diferentes- usos y significaciones -en disputa- en el debate público. Identificarlas, comprenderlas y aprehenderlas es también tarea de las ciencias sociales.