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1. INTRODUCCIÓN
El artículo es una reflexión sobre las prácticas comunicativas públicas de una organización de trabajadores rurales nucleados en el Sindicato de Tareferos1 de Misiones (SITAJA), provincia ubicada en el extremo noreste de Argentina. La construcción de dicho objeto de estudio parte de reconocer los aportes y la perspectiva de la obra de Pierre Bourdieu (2000, 2007, 2017), centrando la atención en las nociones de campo y habitus, las cuales son de mucho valor en el análisis de las prácticas sociales del mencionado grupo de trabajadores misioneros dedicados a la cosecha de la yerba mate.
Para su desarrollo se retoman problemáticas abordadas en la tesis de Maestría dedicada al estudio de SITAJA y al proceso de aparición en el espacio público mediatizado2. Dicho trabajo académico gira en torno de los conceptos de comunicación, política y trabajo agrario y tiene como objetivo comprender las prácticas y las estrategias de comunicación del sindicato. También observa el modo en que las mismas han contribuido en el proceso de organización de los trabajadores rurales.
En tal sentido, reflexionar sobre la comunicación en las organizaciones supone tener en cuenta las especificidades del sector analizado, que cuenta con niveles de organización muy precarios y ha hecho de la comunicación una herramienta fundamental para la realización de la tarea y el despliegue de sus trayectorias organizativas. La discusión de las prácticas de comunicación de esta organización y el aporte derivado del análisis de los datos generados se exponen como parte de los resultados preliminares de la tarea investigativa que se viene llevando adelante.
El artículo presenta una aproximación a la obra de Bourdieu, centrándose en algunos de los conceptos principales de su teoría: campo y habitus. Estos conceptos, en tanto dispositivos operativos para “explicar lo social”, han demostrado una gran potencialidad para comprender el funcionamiento de diversas prácticas y ámbitos de la realidad social. Sin embargo, hay autores como Bernard Lahire (2004) -particularmente en su obra El hombre plural. Los resortes de la acción-, que señalan aspectos que permiten complejizar el modo en que se comprende la acción de las personas y su vinculación con los campos sociales específicos.
El campo yerbatero en la provincia de Misiones, su funcionamiento concreto y los intereses y prácticas involucradas se presentan como un espacio de disputas; como un campo social que requiere un abordaje concreto a la hora de establecer y comprender cómo se comportan los agentes, las luchas que allí se dirimen y la puesta en juego de determinadas prácticas que movilizan y les dan sentido a las acciones. Asimismo, es necesario delimitar y hacer hincapié en el proceso de organización de los trabajadores rurales en tanto primer eslabón de la cadena yerbatera y las tensiones y disputas que -en el interior del campo- se plantean con los productores, empresarios y contratistas, y dar cuenta del modo en que esta organización de trabajadores rurales se posiciona frente al gremio mayoritario de los trabajadores agrarios que es la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores (UATRE).
2. METODOLOGÍA
La investigación en la que se basa este artículo es de carácter exploratorio y tiene la pretensión de identificar y hacer un mapeo que permita comprender las prácticas comunicativas públicas desarrolladas por el SITAJA y cómo éstas contribuyen a su conformación como un actor gremial y político que disputa públicamente el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de los trabajadores cosecheros de la yerba mate. En tal sentido, constituye un primer acercamiento que permite “indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes” (Hernández Sampieri, 2003, p. 115).
La investigación se centra en el estudio de un caso: la organización de trabajadores rurales nucleados en SITAJA. Según Robert Yin, todo estudio de caso resulta apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos” (1989, p. 23) o no han sido estudiados de manera específica; y que permiten, por lo tanto, el abordaje y la descripción de prácticas y formas de funcionamiento que no han sido problematizadas. En tal sentido, el estudio de caso permite analizar los fenómenos sociales “dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes” (Stake, 1999, p. 69) y las situaciones que se pretenden analizar presentan “muchas más variables de interés que datos observacionales” (Ibíd.). Dicho acercamiento posibilita avanzar en la comprensión de los procesos particulares, así como precisar la conceptualización que iluminará la construcción del objeto y la problematización del caso escogido.
Como parte del recorte de investigación, el estudio se centró en los trabajadores que forman parte del SITAJA con sede, principalmente, en las localidades de Jardín América, Comandante Andresito y Oberá, todas pertenecientes a la provincia de Misiones. Dicha organización gremial ganó presencia pública en 2011, razón por la cual se toma como marco temporal de análisis el periodo que se extiende desde entonces hasta el 2017, año de mucha relevancia por las medidas de fuerza de los pequeños productores tareferos en reclamo de mejores condiciones de trabajo.
En ese marco, las herramientas teóricas brindadas por Bourdieu, específicamente las nociones de campo y habitus, resultan muy operativas, ya que permitirían ordenar las características del espacio donde se mueve el SITAJA, las disputas históricas que enmarcan su funcionamiento y el lugar de los trabajadores. En tal sentido, la obra de Bourdieu implica una crítica a aquellas teorías que -basándose en interpretaciones meramente objetivistas o subjetivistas- han dado cuenta del mundo social, sin atender -o, al menos, no siempre- el cruce entre lo material y las dimensiones simbólicas que habitan lo social y las relaciones de dominación.
Si hay que manifestar, contra el objetivismo mecanicista, que las formas simbólicas tienen una lógica y una eficacia propias que les confieren autonomía relativa con respecto a las condiciones objetivas aprehendidas en las distribuciones, hay que recordar también contra el subjetivismo marginalista que el orden social no está formado (…) por la simple adición mecánica de los órdenes individuales. En la determinación de la clasificación colectiva y de la jerarquía de los valores fiduciarios acordados a los individuos y los grupos, no todos los juicios tienen el mismo peso, y los dominantes se hallan en situación de imponer la escala de preferencias más favorable a sus productos (Bourdieu, 2007, p. 224).
Bourdieu plantea la existencia de condiciones o condicionamientos establecidos por las singularidades de la distribución material, pero también le presta especial atención a los esquemas clasificatorios que interiorizan los agentes, a los que define como disposiciones estructurantes o habitus. Al respecto, Bourdieu plantea una relación dialéctica
entre las condiciones objetivas, registrada en las distribuciones, y las disposiciones estructurantes -habitus-, ellas mismas estructuradas por esas condiciones, es decir conforme a las distribuciones, que la estructura de orden continuo de las distribuciones se cumple bajo una forma transfigurada e irreconocible en la estructura de orden discontinuo de los estilos de vida jerarquizados y en las representaciones y las prácticas de reconocimiento que engendra el desconocimiento de su verdad (Bourdieu, 2007, p. 225).
En ese marco, atravesado por condiciones materiales y simbólicas concretas, aunque en disputa, describir la cadena de la yerba mate en la provincia de Misiones y exponer las circunstancias propias de la lucha supone un primer paso para comprender los modos en que se transforman o se conservan las categorías de percepción del mundo social. Y de allí también el valor de lo comunicacional como posibilidad de interacción en la que se ponen en juego las visiones plurales del mundo.
2.1. Acerca del concepto de campo y las prácticas sociales
La producción científica de Bourdieu ha estado fijada en la construcción de elementos que permitieran fundamentar, mediante una lógica de análisis que incluya el trabajo empírico, el desarrollo de la sociología de la cultura. Para ello elaboró una serie de conceptos que, unidos a la teoría de los campos, han funcionado como elementos centrales en sus trabajos sobre la producción y el consumo de bienes simbólicos.
Esta pretensión de comprender las prácticas sociales desde una perspectiva sociológica que hace hincapié en los usos y los consumos culturales conlleva la idea de que la mera descripción de las condiciones objetivas no basta para explicar el condicionamiento social de los individuos, sino que es necesario reflexionar y “rescatar” -comprender- las prácticas de los agentes sociales.
En este sentido, cualquier práctica que se analice desde la perspectiva de Bourdieu se inserta en un campo social específico que se encuentra definido por relaciones objetivas. Ello supone analizar la interacción en el sistema de relaciones específicas en el cual están insertas. Para ello, Bourdieu plantea que la vida social transcurre en campos que funcionan como estructuras de posiciones objetivas con relativa autonomía entre sí. Así, lo social puede ser visto como la estructuración de una diversidad de campos (político, económico, cultural, religioso, entre otros posibles) y que, a su vez, están organizados y regulan su funcionamiento en torno a la existencia de un capital (económico, simbólico, social o cultural, por decirlo en términos generales) y la lucha por su apropiación.
Es importante señalar que los campos tienen sus propias leyes o reglas de funcionamiento. Es por eso que el trabajo empírico, además de que permite relevar la información y las referencias específicas del campo estudiado, también posibilita establecer las continuidades, las rupturas y las modificaciones que se producen o alteran las condiciones de la disputa.
En contraposición a la producción de Bourdieu respecto de la organización del mundo social en campos y sub-campos, Lahire (2004), en El hombre plural. Los resortes de la acción, plantea algunos señalamientos acerca del modo en que se comprende la acción de los individuos y el vínculo con esos mismos espacios, ya que hay sujetos en posiciones de dominación que viven ajenos al funcionamiento de todo campo. Lahire señala que sólo en algunas ocasiones hay contextos diferenciados que permiten organizarse o identificarse bajo esa forma, en el sentido que Bourdieu le asigna al término, pero no toda interacción social puede asignarse o estructurarse en referencia a un campo.
Al respecto, Lahire (2004) subraya que:
Los campos conciernen esencialmente al terreno de las actividades, profesionales (y públicas), y más concretamente a las de los agentes que luchan en el seno de dichos campos, es decir, los productores (…). Se constatará, sobre todo, que gran número de actores están fuera de campo, perdidos en un gran espacio social que ya no tiene como eje de estructuración más que el volumen y la estructura del capital poseído (capital cultural y capital económico) (p. 51).
Para explicar esto, Lahire propone pensar en el caso de muchas mujeres para quienes su vida transcurre dentro del hogar, sin actividad pública ni profesional. Tomando este caso es que afirma que la teoría de los campos no contempla a aquellos sujetos que construyen su identidad y se definen socialmente por fuera de alguna actividad que se sostenga o se piense en el interior de algún campo.
En nuestro caso, el punto de partida para el análisis es asumir que la cadena agroalimentaria de la yerba mate puede considerarse un campo estructurado, tal como lo entiende Bourdieu, y que está conformado por agentes e instituciones representativas que se disputan la renta y ocupan posiciones diferenciales y antagónicas tanto en el plano material como simbólico. En tal sentido, nos interesa específicamente analizar el lugar que ocupan los trabajadores cosecheros de yerba mate (tareferos) y las prácticas comunicativas que se llevan adelante en el marco de este sub-campo, dado que constituyen el eslabón inicial de la cadena agroalimentaria.
2.2. El habitus como un esquema o como estructura social internalizada
Uno de los aportes más interesantes de Bourdieu, producto a su vez de las mayores críticas que ha recibido, tiene que ver con el modo doble en que piensa los condicionamientos de la vida social: es decir, “las estructuras sociales externas, lo social hecho cosas, plasmado en condiciones objetivas, y las estructuras sociales internalizadas, lo social hecho cuerpo, incorporado al agente” (Gutiérrez, 2006, p. 16). En este sentido, al hablar de “estructuras sociales externas” Bourdieu refiere a las materializaciones de poder históricamente constituidas, mientras que al hablar de “estructuras sociales internalizadas” alude a su idea de habitus, noción entendida como:
Sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente reguladas y regulares sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas, y, por todo ello colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta (Bourdieu, 2007, p. 86).
En este sentido, y tal como señala Cristiano (2008), “el habitus no debe pensarse como un molde sino como un esquema” (p. 3), entendiendo por esquema una forma vacía que repite el mismo tipo de prácticas, no las mismas prácticas. De allí justamente que sea un mecanismo estructurador de las prácticas que permite o hace que los agentes actúen respondiendo a las demandas del campo y a la posición construida y asumida dentro de los mecanismos que regulan la disputa, que es siempre móvil y se encuentra en permanente tensión. El habitus así concebido sería la internalización de lo social en los individuos y, por lo tanto, expresaría una suerte de correspondencia entre las estructuras objetivas del mundo social y las estructuras subjetivas del individuo, aunque estas nunca son definitivas sino un esquema que, en el caso de Bourdieu, ofrece pistas para comprender la trama de los fenómenos y comportamientos sociales estudiados.
Al respecto, Lahire (2004) pone en discusión el supuesto de la unicidad aparente del habitus y desconfía de una visión que entienda dicho sistema de disposiciones como algo compacto. Considera que esa concepción podría funcionar para determinados contextos y que lo más habitual es que nos encontremos con habitus dispersos, asistemáticos y fragmentarios. En este sentido, Lahire vuelve a plantear que no todo tipo de interacción es tematizable en términos de campo y que frente a la homogeneidad que -según entiende el autor- plantea Bourdieu, existen dispares experiencias de socialización, algo que el propio Bourdieu no desconoce más allá de ciertos registros un tanto esquemáticos en el planteo de las “estructuras sociales internalizadas”.
En tal sentido, Cristiano (2008) señala que las investigaciones de Lahire tienen la virtud de poner en discusión el concepto de habitus y de “abrir desprejuiciadamente” dicha noción para “diferenciar sus manifestaciones y sus partes, entre ellas la corporal” (p. 8). No obstante, Cristiano señala que discutir el concepto de habitus significa discutir, fundamentalmente, una visión canonizada de la acción social, por lo cual es preciso perfeccionar su uso “en virtud del espíritu ético-político con el que fue forjado” (p. 9). Es decir, revalorizar su vigencia en tanto aporte para comprender las prácticas o fenómenos sociales, pero sin que esto suponga visiones objetivistas de las que el propio Bourdieu renegaba.
Por lo tanto, estudiar el funcionamiento del sub-campo de los trabajadores agrarios ligados al SITAJA y analizar sus comportamientos y los mecanismos comunicacionales instrumentados en el marco de las tensiones que habitan la cadena agroalimentaria de la yerba mate, permitirá establecer conexiones entre las relaciones objetivas de ese campo social y el sentido o concepto práctico que los agentes e individuos tienen de esas relaciones y que, muchas veces, las ponen en discusión. Es por ello que, como plantea Gutiérrez (1994), el objetivismo y el subjetivismo no son perspectivas irreconciliables, sino que “representan dos momentos del análisis sociológico” (p. 14). Un momento objetivista donde se analizan posiciones relativas dentro del campo y un momento subjetivista en el que se analizan los esquemas de percepción, de evaluación y acción de los agentes sobre la realidad social en la que participan.
En este sentido, en tanto las experiencias de socialización de los agentes son variadas, es necesario entender cuáles son las posibilidades de acción, los mecanismos de comunicación instrumentados y las prácticas concretas en que se materializa la disputa. Al decir de Gutiérrez (2006), “un campo no es una estructura muerta, es un espacio de juego que existe en cuanto tal, en la medida en que hay jugadores dispuestos a jugar el juego” (p. 23). En este artículo se busca dar cuenta de esas estructuras y esos juegos que han marcado la historia de la disputa agraria en el nordeste argentino. Además, se hace referencia a las prácticas comunicativas públicas desarrolladas por los trabajadores rurales nucleados en SITAJA3.
3. EL CAMPO SOCIAL YERBATERO Y LAS LUCHAS DE LOS TAREFEROS
La región del Nordeste argentino está conformada por las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Cabe señalar que todas las provincias de la región, exceptuando a Corrientes, comparten el hecho de haber sido territorios nacionales hasta mediados del siglo XX y recibieron una fuerte oleada de inmigrantes europeos que se dedicaron -principalmente- a la agricultura.
En relación a la yerba mate, Gortari (2007) describe cómo fue marcando el ímpetu de la economía regional desde el mismo surgimiento de Misiones como territorio formalmente institucionalizado. Desde la llegada de los españoles, la yerba -como infusión- se difundió en todo el territorio del Virreinato del Río de La Plata. Por entonces eran los indígenas quienes se ocupaban de las tareas de cosecha.
La expulsión de los jesuitas luego de casi dos siglos de presencia en la región -entre principios de siglo XVII y 1768- generó un cambio en el orden social que se fundaba en las misiones y marcó el reinicio, según Gortari, “de la expoliación de la mano de obra nativa y de los yerbales” (2007, p. 14). Al mismo tiempo, con la creación del Virreinato en 1776 se formalizó la importancia política y administrativa de Buenos Aires, centro neurálgico de la circulación de productos y el comercio, y se generó el desplazamiento de los habitantes de la región hacia las zonas de mayor riqueza y generadoras de trabajo. En la etapa de lucha por la independencia la yerba mate también cobró importancia por la disputa generada en torno del control y la producción.
Pero fue recién en los inicios del siglo XX, en el marco de la caída de la producción de los yerbales, cuando se inició un proceso de desarrollo y mejoramiento tecnológico. Esto motivó un proceso de llegada y asentamiento de inmigrantes europeos -década del 20-, quienes, a condición de plantar yerba, recibieron chacras para el cultivo y la comercialización.
Entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX se produjo precisamente un reparto de tierras que generó una estructura bipolar: por un lado, consolidó el predominio de grandes propiedades con más de 10 mil hectáreas y, por el otro, se colonizaron tierras de menor extensión, tanto estatales como privadas. Bajo esa estructura se configuraron las prácticas productivas tradicionales, y si bien el avance de la colonización de tierras generó también la producción de cultivos industriales, la economía y producción familiar continuó teniendo presencia en el proceso de reparto de las tierras públicas y la concentración de grandes extensiones por parte de algunos sectores. Tal como plantean Gortari, Rosenfeld y Oviedo (2016), la conformación de pequeños núcleos productivos se dispuso con un promedio de 20 hectáreas por familia, situación que aún persiste si hablamos de los pequeños productores.
En términos económicos, según Gortari (2016), la producción y la comercialización de yerba mate en el país son negocios redituables, con un mercado consumidor interno y externo que muestra una dinámica sostenida, como así también perspectivas de desarrollo en términos científicos y tecnológicos. Y agrega:
Pero que así como genera importantes ganancias y oportunidades de capitalización en un reducido número de actores concentrados que ostentan el mayor poder económico de la cadena de valor (grandes productores, molinos integrados e hipermercados), produce en simultáneo situaciones de extrema vulnerabilidad social y económica en el otro extremo de los integrantes de esa cadena (cerca de treinta mil familias de pequeños productores y obreros rurales dispersas por todo el territorio provincial y con un muy incipiente nivel de organización gremial) (p. 63).
Esta realidad fue mediada durante casi sesenta años por la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), cuya función principal fue el control del precio, pero la situación se agravó a partir del año 1991 al disolverse este organismo mediante el decreto Nº 2284/91 del entonces presidente Carlos Menem4. La sobreproducción de yerba mate a partir del proceso de desregulación de la producción, iniciado durante la década del 90, llevó a una crisis yerbatera que impactó fuertemente -en especial, por la caída de precios generada por la sobreoferta-en los dos sectores más débiles de la cadena: los pequeños y medianos productores y los trabajadores de la cosecha.
Esta situación se tornó más crítica debido a las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno de Menem. Fue una etapa de concentración y asimetría en la producción, y también se produjo la integración vertical5 de los grandes molinos y se afectó de manera directa al sector de pequeños y medianos productores y trabajadores, lo que generó una crisis de la agroindustria yerbatera en el sector. A su vez, la conformación de oligopolios directamente relacionados con la desregulación llevó a una concentración económica y a que el poder de decisión quedara fijado en los eslabones superiores de la cadena. Asimismo, la llegada de grandes cadenas de supermercados e hipermercados también generó un segundo “cuello de botella” en el campo de la comercialización, incrementando la crisis en la agroindustria yerbatera.
Esta crisis tuvo su eclosión entre los años 2000 y 2001, cuando los productores aplicaron enérgicas medidas de protesta, acompañados en algunas localidades por los propios trabajadores rurales. La manifestación más intensa de esa época ha entrado a la historia de las luchas de los productores misioneros como “El Tractorazo”: los agentes ocuparon la plaza principal de la capital provincial y realizaron cortes de ruta en toda la provincia en contra de los molinos y la concentración de la cadena en el nivel de comercialización.
En relación a los obreros rurales, la desregulación del sector de los años noventa provocó que a principios del siglo XXI se produjera una brusca reducción del empleo en las chacras, iniciando un proceso de expulsión de la población del ámbito rural. Los trabajadores se asentaron en distintos barrios periurbanos de las ciudades del interior de Misiones. Allí, en condiciones precarias, formaron grandes barrios de trabajadores rurales.
En esos años apareció la figura del “contratista” como intermediario entre los dueños de los yerbales, los trabajadores rurales y los secaderos. Como señala Gortari (2016),
la figura del contratista adquirió en este contexto un papel relevante, tanto como actor productivo clave para garantizar el levantamiento de la cosecha como su participación en los ingresos que esta actividad genera. La variable de ajuste en esa negociación, y en la posibilidad de que el contratista obtenga el máximo de beneficios, es la remuneración y las condiciones de trabajo de la cuadrilla de tareferos. Los que, al estar en situación de desempleo estacional y sin ningún anclaje laboral organizacional, carecen de todo otro poder negociador que no sea su predisposición personal a trabajar en tales condiciones (p. 65).
3.1. El rol del Estado y las políticas públicas para el sector del trabajo agrario
La primera medida implementada que benefició a los trabajadores rurales fue el Estatuto del Peón, sancionado en el año 1944. El Estatuto del Peón fijó por primera vez, para todo el territorio nacional, condiciones de trabajo humanitarias para los asalariados rurales no transitorios: salarios mínimos, descanso dominical, vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de higiene y alojamiento, entre otras condiciones que permitieron dignificar el trabajo rural.
En 1947, la Ley de los Cosecheros amplió los derechos adquiridos creando la Comisión Nacional de Trabajo Rural. Luego, durante el tercer mandato presidencial de Juan Domingo Perón6, se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo que sistematizó la totalidad de las regulaciones atinentes a un contrato de trabajo. Es importante destacar que con anterioridad a dicha ley el marco normativo de las relaciones laborales estaba atomizado en múltiples normativas y decretos, muchos de ellos dictados por gobiernos de facto. Esta ley tuvo la función de contener todas las regulaciones previas, y se caracterizó por un marcado interés en proteger las condiciones de los trabajadores.
Durante la última dictadura cívico-militar argentina, que se extendió entre 1976 y 1983, se instauró, mediante el decreto Nº 390/76, un régimen laboral que implicó la precarización del trabajo agrario. Además, entre otros puntos sensibles, restringió el derecho a huelga y las convenciones colectivas de trabajo. Esto generó bajas en las tasas de empleo, los salarios promedio se contrajeron y las condiciones laborales empeoraron.
En el final de la segunda presidencia de Menem se creó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), un organismo privado de derecho público. Esto significó que el Estado depositaba sobre las entidades patronales y un gremio -la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)- la responsabilidad y el control de las regulaciones que pesaban sobre los trabajadores rurales. Esta situación se prolongó hasta el 2011, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner7 presentó un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen de trabajo agrario sancionado por el Congreso Nacional a fines de ese mismo año.
La Ley Nº 26.727 supuso la ampliación de los derechos de los trabajadores rurales de todo el país y, en este sentido, el cambio de las prácticas en torno al cumplimiento de las normativas vigentes implicó una fuerte colaboración entre los organismos estatales, nacionales y las principales organizaciones sindicales y gremiales de la producción. Además, y enmarcado en el artículo 61, se creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y se disolvió el organismo antes mencionado. El RENATEA fue el primer organismo público destinado a trabajar en el desarrollo de políticas para el sector, pasando a la órbita del Estado las tareas de registración, fiscalización y capacitación, que hasta entonces habían sido tercerizadas.
La nueva reglamentación implicó una reforma profunda que igualó a los trabajadores rurales con los restantes trabajadores del sector privado. Esto quiere decir que se produjeron avances en relación a la equiparación de los derechos laborales: el contrato de trabajo agrario, la protección de los trabajadores temporarios, la regulación de la jornada laboral, entre otros aspectos contenidos en la nueva regulación. Además, se establecieron nuevos requerimientos para el mejoramiento de las viviendas, la alimentación y los traslados de los trabajadores y se hicieron extensivas las licencias especiales. Como mecanismos de control y garantía, se crearon instancias tendientes a evitar el trabajo infantil, el sometimiento y se procuró el registro de los trabajadores no registrados, además de que se creó un servicio público de empleo, se estableció el derecho a una jubilación y se gestaron las condiciones para el ejercicio de los derechos colectivos. En relación a este último punto, el ejercicio de los derechos colectivos implica el derecho de huelga y la participación de los trabajadores en las negociaciones fijadas por las convenciones colectivas de trabajo.
Sin embargo, esta situación se revirtió cuando, en noviembre del año 2015, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio lugar a un amparo presentado por el entonces titular del gremio UATRE y se declaró inconstitucional el artículo que creó el RENATEA. Tiempo después se reestableció el funcionamiento del RENATRE, conformado por un directorio de entidades del campo: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria, además de la UATRE.
Esto supuso un retroceso en materia de derechos adquiridos, ya que el RENATRE es un organismo público de derecho privado que deslinda al Estado de cualquier responsabilidad o accionar respecto a la regulación y control del sector. Asimismo, el Sindicato de Tareferos, constituido con anterioridad y en oposición al gremio UATRE, implicó una situación de conflicto de intereses en el propio ámbito sindical. Situación marcada, además, por las altas tasas de empleo no registrado y los pocos avances en materia de condiciones de trabajo, algo que había empezado a modificarse a partir del año 2013 y había contado con el Estado como articulador de muchas de las demandas de los trabajadores rurales y nexo entre los empleadores y los tareferos.
4. SITAJA: CUATRO MOMENTOS EN EL DEVENIR DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Primer Encuentro Nacional de Tareferos y el nacimiento de algo nuevo8
Se identifica como un hecho fundacional de la aparición pública del SITAJA, en tanto actor político-gremial, al I Encuentro de Tareferos realizado en mayo del año 2012 en la localidad de Jardín América. Esta pequeña ciudad del interior de la provincia de Misiones fue el escenario, durante el año 2011, de la conformación de la Asociación Civil de Tareferos. Y fue, en ese marco, que tuvo lugar el proceso de creación del sindicato. Por entonces, Antenor Álvez, actual Secretario General de SITAJA, señaló:
Somos una organización que nace de la propia necesidad de los compañeros tareferos, cansados de sentirnos explotados, de no tener dinero para sostener a nuestras familias y de que los grandes empresarios se llenen los bolsillos a costa de nuestro sacrificio. Somos tareferos cansados de que nuestros hijos sufran necesidades y de trabajar largas jornadas en malas condiciones, arriesgando nuestras vidas (Discurso de Antenor Álvez, I Encuentro de Tareferos, mayo de 2012).
A partir del auto-reconocimiento como explotados y la necesidad de transformar esta situación, los integrantes de la Asociación Civil de Tareferos comenzaron a recorrer la provincia en la búsqueda e integración con otros trabajadores que vivieran la misma situación. Diálogo que llevó recisamente a la organización del Encuentro con el fin de poner en común la situación del sector y planificar una agenda propia de los trabajadores agrarios. En 2011 participaron alrededor de 500 trabajadores, con una alta presencia de funcionarios y organizaciones políticas que se propusieron colaborar con el sector.
Los principales objetivos planteados fueron: discutir el desafío político que plantea la organización gremial, teniendo en cuenta además la desarticulación que sufría el sector, y fijar demandas para lograr mejorar las condiciones de trabajo -básicamente: que la escala salarial se actualice anualmente como sucede con los demás sectores de la economía, mejorar los índices de registración, mejorar las condiciones de traslado y alojamiento en los períodos de cosecha. Asimismo, se empezaron a discutir alternativas sindicales para el sector teniendo en cuenta que el único gremio con el cual los tareferos tenían representación -hasta el momento- era la UATRE. Estos temas, junto con la convocatoria a los trabajadores de otras provincias para compartir experiencias, constituyeron el grueso de los objetivos planteados entre 2011 y 2015, los cuales marcaron la agenda programática del sector.
Al mismo tiempo, cabe señalar como antecedente a la conformación de este actor, el debate generado en relación al régimen de los trabajadores rurales y la sanción de la Ley N° 26.727 en 2011, denominada Nuevo Régimen de Trabajo Agrario. El debate que supuso el tratamiento y la aprobación de esta ley debe reconocerse como un momento clave para la discusión y puesta en agenda de la situación de los trabajadores agrarios de todo el país. Pero, al mismo tiempo, tratándose de un sector con escasa movilización social, podemos señalar que fue la propia sanción lo que generó el reconocimiento de una situación problemática para los trabajadores, que hasta entonces no era evidenciada como tal.
La sanción de la Ley fue un hecho fundamental en dos sentidos: por un lado, porque implicó una modificación sustancial en los términos en que eran reconocidos los trabajadores hasta ese momento, y, por otro lado, porque generó las bases para desarrollar una articulación del Estado con las organizaciones sociales, políticas y sindicales del sector, y buscar garantizar así el reconocimiento y el ejercicio de los derechos más básicos y elementales de un sector históricamente desfavorecido. No en vano el documento que se leyó en el I Encuentro de Tareferos señala que la nueva reglamentación -Nuevo Régimen de Trabajo Agrario- es “una reparación histórica que, como toda conquista social, debe ser defendida por una mayor organización de los trabajadores”.
4.2. La inscripción gremial. Un paso hacia la institucionalización
En marzo de 2013 el SITAJA logra la inscripción gremial en el Ministerio de Trabajo de la Nación9. Este hecho se da en el marco del II Encuentro de Tareferos que, a diferencia del primero, contó con la participación de aproximadamente dos mil trabajadores de toda la provincia y de otras ramas productivas del país. Asimismo, contó con la presencia del entonces gobernador de la provincia, Maurice Closs.
Este II Encuentro fue un momento bisagra ya que generó la visibilización de la organización como un actor que aparecía en la escena pública misionera y disputaba el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos. Esto no se desprende solamente de la presencia de las autoridades gubernamentales, sino de la entrega del documento con la inscripción gremial por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. Obtener dicha inscripción significó que se le reconociera entidad institucional al sindicato, y también le permitió fortalecer y potenciar el trabajo organizativo que venían llevando a cabo. Contaban con 3000 afiliados en toda la provincia, 22 delegaciones y 3 seccionales. Por otra parte, la participación de los trabajadores fue creciendo, y en el último Encuentro, realizado en julio de 2015, llegarían a contar con alrededor 5000 tareferos. Desde 2011, además, quedó conformada la conducción de la organización que logró una amplia adhesión de los trabajadores y fue capaz de elaborar sus propios documentos y demandas.
Al mismo tiempo, los principales referentes -surgidos de cada Encuentro- comenzaron a reunirse en las distintas localidades de la provincia y terminaron por configurar un espacio más amplio en cantidad de trabajadores, pero también en cuanto a edades y géneros. Este trabajo territorial posibilitó el crecimiento del SITAJA, al mismo tiempo que generó su reconocimiento social y una mayor presencia en los medios de comunicación en tanto actor que participa en las negociaciones y disputas que atraviesan la cadena productiva de la yerba mate, el producto más emblemático de la provincia. Pero fue un hecho trágico el que terminó por instalar al SITAJA como un actor emergente en la escena pública, capaz de ser reconocido como fuente legitimada en los medios para expresarse en representación de los trabajadores.
4.3. Tragedia de Salto Encantado. Acciones públicas y acciones mediáticas
El 17 de junio de 2013 un camión que llevaba la carga de la yerba recién cosechada, con alrededor de 20 trabajadores, lo cual estaba prohibido por la Ley Nº 26.727 antes referida, chocó contra un poste en un camino vecinal. En la tragedia fallecieron 5 menores de entre 11 y 16 años de edad; los demás trabajadores resultaron heridos. La cobertura mediática de este hecho, que en los principales medios locales fue caratulado como “accidente”, logró en cierto modo la visibilización del sindicato como actor legitimado para denunciar no sólo las causas de esta tragedia, sino las condiciones infrahumanas a las que son sometidos como trabajadores del sector.
En tal sentido, la tragedia vivida permitió identificar varios aspectos del proceso: el atropello de la Ley por parte del sector empresario y la falta de compromiso del Estado provincial para garantizar su cumplimiento efectivo, algo que puede sostenerse por las constantes denuncias públicas que el SITAJA realizó desde los medios de comunicación. Esta práctica de denuncia y exposición mediática llevada adelante por la organización fue efecto de la experiencia acumulada y el efecto sobre el entorno, lo cual le permitió ocupar una posición legitima ante lo sucedido, tanto en el escenario mediático como en el acompañamiento a las familias de las víctimas.
Asimismo, el hecho de que el camión que transportaba la carga de yerba mate trasladara a trabajadores de una villa ubicada en el Municipio de Campo Ramón, a 150 km de la capital provincial y lugar donde reside el jefe de seccional del sindicato, hizo que la tragedia cobrara mayor magnitud mediática, dado que las denuncias sobre las condiciones de carga y de traslado fueron constantemente reflejadas.
En un comunicado que el SITAJA envió a los medios locales señalaba:
Lo acontecido es un hecho que se reitera en todas las rutas, caminos y picadas de la provincia de Misiones, que el Sindicato viene enfrentado y denunciado sin descanso desde su constitución, y que la propia presidenta ha calificado como ‘situaciones de esclavitud intolerables para la década que vivimos’ (Comunicado de prensa, junio de 2013).
La primera consecuencia política fue la renuncia de la entonces Ministra de Trabajo de la provincia. Pero además se insinuó un cambio en la gestión de la política provincial respecto al trabajo agrario: la ejecución de más controles en las rutas y la conformación de espacios de diálogo para solucionar problemáticas específicas del sector. En tal sentido, se elaboró una mesa de trabajo para abordar la situación de los trabajadores, donde participaron los distintos actores del Estado nacional y provincial, más representantes tareferos. Fue a partir de esa mesa que se incrementaron los controles en la cosecha mediante el trabajo articulado con los organismos estatales, como así también se pudieron encausar las denuncias de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo.
En términos de los cambios que se produjeron a nivel político institucional, es importante destacar que el sindicato logró ocupar un lugar en el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), integrado por representantes de los diferentes sectores de la cadena yerbatera. Al respecto, cabe señalar que anteriormente el único representante del sector de trabajadores era la UATRE, y que el hecho de haber obtenido ese lugar compartido significó para el sindicato adquirir voz en un espacio de discusión relevante y trascendental del sector.
La otra consecuencia, más bien de orden público, tiene que ver con dos aspectos centrales: el reconocimiento del Secretario General del SITAJA, Antenor Álvez, como interlocutor político y referente ante los medios de comunicación, dado que se constituyó en una fuente legitimada para informar sobre este tema, y en ese marco, el segundo aspecto tiene que ver con la relevancia que adquirió la problemática del trabajo agrario de la yerba mate, que hasta allí era usualmente referida por la agenda mediática como noticias de la sección policiales.
4.4. Reclamo en el INYM junto a los pequeños productores
La saga de acciones sindicales en reclamo de mejoras tuvo otro momento importante con la toma de las instalaciones del INYM durante marzo de 2017. La acción duró más de 15 días e incluyó un acampe en las cercanías de las instalaciones, el corte de calle en procura de soluciones y la negociación concreta con las autoridades y organizaciones del sector. Este hecho fue significativo por las alianzas que se gestaron con otros actores de la misma cadena yerbatera.
El origen de la toma se vincula a la discusión por el precio de la hoja verde de yerba mate. Los pequeños productores -disconformes con el precio fijado y los mecanismos establecidos para ello- y los trabajadores -con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las mejoras para las condiciones laborales- produjeron una toma en las puertas del edificio del organismo. Pidieron la renuncia del directorio y exigieron un precio que beneficiara a todos los eslabones de la cadena productiva, no solamente a los sectores más concentrados. Al mismo tiempo, el principal reclamo que entablaron productores y tareferos fue el pago al contado de la cosecha por parte de los molinos a los pequeños productores, y de esa manera garantizar el pago efectivo a los tareferos. De lo contrario, se repetiría la situación de la zafra 2016, cuando los tareferos cobraron sus salarios en vales de comida10.
La incidencia de este hecho, en el marco de las estrategias y el recorrido realizado, implicó la emergencia de SITAJA como un actor reconocido y legitimado por parte de los pequeños productores y la mayor presencia en los medios de comunicación, lo cual permitió visibilizar las demandas del sector.
4.5. Prácticas comunicativas del SITAJA
En este apartado señalaremos algunas de las prácticas comunicativas desplegadas por el SITAJA y su contribución al proceso de organización: en primer lugar, una descripción de las condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de las prácticas comunicativas; y, en segundo lugar, lo que refiere al proceso político organizativo que se da en la acción colectiva que despliega el SITAJA, es decir: cuáles son las prácticas y qué acciones realizan, de qué modo expresan sus demandas, cómo son planteadas, qué logros obtuvieron, con qué actores se relacionan y cómo se auto-perciben en el marco de ese proceso.
Como hemos mencionado, por condiciones objetivas entendemos al conjunto de condiciones externas a la organización que generan o implican el marco de relaciones de fuerzas y los condicionamientos institucionales que marcan la coyuntura del sector y, ocasionalmente, la posibilidad de ampliar los derechos de los trabajadores. En el marco de la contextualización realizada identificamos el rol del Estado, con la sanción de leyes y políticas destinadas al sector, la estructura agraria de la provincia de Misiones, el sector de los tareferos y, desde el punto de vista gremial, la existencia de una sola organización y muchas asociaciones dependientes de partidos u organizaciones sociales, es decir, la no existencia de espacios colectivos propios.
Por su parte, trabajamos en relación a las condiciones subjetivas en tanto motivaciones e ideas que operan e inciden en las posibilidades de llevar adelante experiencias renovadoras, entre las que se identifican las prácticas comunicativas. En tal sentido, la indagación realizada y el relevamiento de la organización -en pleno proceso- tiene la intención de ordenar la indagación en torno de: la auto-percepción de los trabajadores en tanto ciudadanos sujetos de derechos, la valoración o reconocimiento en tanto trabajadores y, finalmente, las expectativas, intereses y motivaciones en relación con la organización gremial.
En tal sentido, identificamos tres grupos de prácticas, los cuales se singularizan con el propósito de presentarlos en este artículo. Un primer grupo tiene que ver con los distintos Encuentros Nacionales de Tareferos -ya caracterizados-, pero que en términos de descripción de las acciones y las prácticas nos permitieron observar acciones que marcan los inicios del proceso estudiado. Dichos Encuentros se realizaron de manera sistemática hasta el año 2015 y reunieron, la última vez, más más de 5000 trabajadores. Asimismo, constituyeron espacios de movilización que expresaron el paulatino proceso de organización y el marco de discusiones, acuerdos y tensiones que conlleva la tarea colectiva. En cada uno de estos encuentros se leyó, además, n documento en el que se expusieron las demandas y reivindicaciones del sector.
Un segundo grupo de prácticas tiene que ver con lo que denominamos acciones de protesta. Refiere a los cortes de ruta, tomas de secaderos y protestas frente al INYM, y frente a la casa de los patrones que habían “despedido a la cuadrilla”, entre otras acciones. Esas prácticas reconocieron coyunturas particulares y expresaron objetivos específicos, dando lugar a repercusiones que, en algunos casos, tuvieron un alto impacto en el espacio público y permitieron visibilizar al sector.
El tercer grupo de prácticas tiene que ver con la participación en espacios/mesas de negociación con diferentes organismos, públicos y privados, sobre todo para exigir mayores controles y la fiscalización en tanto herramienta que permita hacer efectivo el registro de los trabajadores.
Para cada uno de este grupo de prácticas se tienen en cuenta dimensiones de análisis que sirvieron al registro de acciones centradas en la mediatización de las demandas y la descripción de las mismas:
1) Cómo se organizaron para cada acción. Inicialmente los trabajadores tenían contacto con las radios locales y terminaron por gestar la producción de espacios mediáticos o programas propios. Asimismo, es de notar el valor de la ocupación de la plaza principal de Posadas, lo cual permitió el acceso y la mediación de los movileros de distintos medios, receptivos al impulso de “pedir la palabra”.
2) Con quiénes articularon. Los trabajadores organizados fueron construyendo una agenda propia de temas. En un principio, el Estado tuvo un rol muy importante, sobre todo durante la existencia de RENATEA -tiempo en el que se gestó un trabajo conjunto que luego se vio interrumpido. El SITAJA comenzó su articulación con el Estado no por demanda de alimentos, sino en reclamos de mayores controles y la puesta en marcha de instancias de capacitación y apoyo a las cuestiones gremiales.
3) Cómo las presentaron. Hubo momentos de grandes movilizaciones, como por ejemplo en los mencionados Encuentros que fueron marcando la paulatina consolidación de la organización. La presencia del gobernador en algunos de esos Encuentros y la presencia política marcaron la consideración del sector como un actor social que ganó presencia en la agenda política y mediática. La permanente publicación de comunicados y gacetillas también constituyen herramientas al servicio de la visibilización y presentación de las demandas.
4) Cómo se auto-perciben. Este aspecto fue tenido en cuenta dado que en la región productora de yerba mate hablar de tareferos es hablar de “un trabajo en las más duras condiciones” (Rau, 2011, p. 13). En las entrevistas realizadas es recurrente el reconocimiento de dichas condiciones de trabajo, a la vez que se muestra cierto “orgullo” por asumir esa tarea.
5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En el comienzo de este artículo mencionamos que nuestro objetivo principal era dar cuenta del proceso organizativo gremial ligado a la conformación del SITAJA y la importancia creciente de la comunicación como herramienta de visibilización de sus demandas. En tal sentido, la operatividad del concepto de campo propuesto por Bourdieu permite señalar y describir a los agentes e instituciones que intervienen en la cadena productiva y los cambios históricos y legales que han regulado su funcionamiento. En tal sentido, la conformación del SITAJA constituye un eslabón más de esa estructura y su seguimiento permite entender las particularidades de ese espacio como sub-campo emergente que en la última década adquirió peso propio y representación gremial efectiva.
La situación objetiva de desigualdad, pero al mismo tiempo los procesos constitutivos de dominación e interpelación simbólica, llevan a pensar -como parte de la investigación en marcha- en las prácticas y el sentido de las acciones de los trabajadores agrarios y las estrategias que se juegan en el plano comunicacional, ya que han cobrado una importancia antes desconocida o naturalizada por parte de los medios de comunicación y de la agenda política. De allí la asociación con la “paradoja de la doxa” mencionada por Bourdieu (2000), en tanto las cuestiones estructurales externas, pero también las disposiciones socialmente adquiridas y aceptadas, tienden a acentuar las situaciones, los sobreentendidos y las verdades instaladas, algo que replica en el sentido común expandido por la agenda pública y mediática, y también puede expresarse como marca del habitus de los cosecheros de yerba mate.
En este sentido, es interesante preguntarse acerca de la constitución de la identidad tarefera. “Ser tarefero” es algo diferente a simplemente tarefear, porque es algo que excede a la práctica de cosecha en sí. La constitución de una identidad tarefera implica una inmersión en el yerbal en la que se objetiva una manera de ser y sentir teñidas por un estilo y una marca, extendidas al cuerpo y a las emociones socialmente situadas, es decir, supone sumergirse en el sentido y la auto-percepción que los trabajadores tienen sobre sus prácticas y repensar dicho proceso en el marco de la emergencia del SITAJA como expresión de una voz propia.
Mientras que la yerba mate es conocida localmente como un producto noble que le otorga identidad a la región, siendo Misiones una provincia cuyo “mito de origen” se vincula al proceso de colonización agrícola y la inmigración europea, los trabajadores y trabajadoras agropecuarios han sido tradicionalmente excluidos de las representaciones hegemónicas (Rau, 2005). En este sentido, “la tarefa”, en el ámbito local, es considerada como “la peor ocupación que se pueda tener”, como una actividad cercana a la esclavitud, y es portadora, además, de calificaciones vinculadas al origen guaraní de la figura que antecedió a los tareferos: “el mensú”.
Esta conformación de los tareferos en tanto clase trabajadora no expresa solamente relaciones laborales, sino que constituye una compleja amalgama de elementos portadores de tradiciones, de habitus, de disposiciones y de instituciones que sostienen un fuerte lastre simbólico. En este sentido, la “objetiva” proletarización y la vigencia superestructural de normas jurídico-políticas modernas no instituyen por sí solas formas o comportamientos económicos siempre iguales y adecuados al funcionamiento de un mercado laboral. En ello también subyace una lógica y una situación particular que, por así decirlo, “crea” al mercado de trabajo siempre de un modo peculiar, confiriéndole una dinámica determinada y específica.
En este sentido, las relaciones sociales y la historia que han enmarcado la vida de los tareferos encuentra, al menos encuentra, en las tensiones generadas en los últimos años una zona de entredichos que, materializados en la organización sindical, puja por el reconocimiento de mejores condiciones de trabajo y de vida. Y esto se ha puesto en juego en un doble sentido: hacia arriba, demandando una mejor distribución de la renta y la regulación de las relaciones entre capital y trabajo; pero también encierra, hacia abajo, las disputas y los intereses del propio sub-campo, donde la representación y el reconocimiento también es un capital en disputa. El “ser tarefero” también es una interpelación al interior de las propias organizaciones de trabajadores en el marco de la representación institucional y la conformación de espacios diferentes de participación.
El sentido político de las acciones, al menos en este caso, responde en muchas ocasiones a una comprensión de las situaciones de dominación encarnadas en las formas de trabajo, en los cuerpos, en las experiencias cotidianas. Y con ello, el aporte desde la comunicación y el entendimiento de su instrumentación puede operar para comprender de qué manera esas prácticas se subjetivan y adquieren vitalidad en un espacio público que, en parte, comporta esquemas de funcionamiento naturalizados desde hace más de 300 años. Esto justamente no quiere decir que no sea posible intervenir o preguntarse sobre las modificaciones de esas prácticas. En particular, en el caso de los tareferos hubo quiebres en términos de comprensión de las desigualdades dentro del campo que habitan, y eso generó diferentes momentos en el devenir de la organización -tal como señalamos con anterioridad- que, a su vez, representan experiencias, alianzas y vivencias con diferentes agentes del sector.
Analizar este caso desde la perspectiva de Bourdieu nos brinda elementos para comprender el entramado de relaciones y posiciones que se dan hacia el interior de un sector que en su fase moderna ha consolidado la división entre los poseedores de la tierra y el capital y el sector que posee la fuerza de trabajo. En este sentido, como señala el autor en El desarraigo (2017),
el objetivo no es liberar en clave subjetiva a los campesinos y obreros de la coyuntura en que vivían, sino constituir un conocimiento que suministre medios para cambiar el trasfondo de sus condiciones objetivas, esas que sólo se pueden trascender si nos percatamos de cómo irremediablemente somos copartícipes de la dominación (Bourdieu, 2017, p. 18).
Para finalizar, la perspectiva de Bourdieu nos habilita a pensar las implicancias de los procesos de organización colectiva, en este caso centrado en el rol de SITAJA. Y, al mismo tiempo, permite reflexionar acerca de cuáles son las condiciones objetivas y subjetivas para que un sector atravesado por situaciones de enorme desigualdad histórica, cultural y económica pueda, a través de las dimensiones simbólicas y la experiencia común, poner en tensión el lugar que se le asigna o el que ocupa. Y generar las condiciones, claro, para la asignación de sus y derechos.
