Presentación

Este artículo aborda el cambio de la política de ingreso a las carreras de Ingeniería Agronómica y de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina, a partir de la reforma de la Ley de Educación Superior (LES) realizada en 2015. El trabajo reconstruye, desde la perspectiva de los actores institucionales, la dinámica del proceso de cambio, indagando en el procesamiento local de esa política.

Es preciso señalar que en Argentina, a partir del retorno de la democracia en 1983, la modalidad de acceso más extendida en las universidades públicas fue el ingreso directo, aunque algunas instituciones o facultades fueron adoptando distintas modalidades selectivas (^{Chiroleu, 2009}; ^{Duarte, 2009}). ^{Ramallo y Sigal (2010}) señalaron una coexistencia de modalidades eliminatorias e irrestrictas, con una tendencia más fuerte hacia las primeras que hacia las segundas. A partir de la sanción de la LES en 1995, los modos de admisión a las universidades argentinas se fueron diversificando y la gran heterogeneidad de modalidades implementadas en el sistema universitario nacional se sustentó en la autonomía que poseían dichos centros académicos en el momento de definir la política de ingreso, debido a que en ese marco regulatorio cada centro que poseía más de 50.000 estudiantes gozaba de la potestad de establecer su propia política de ingreso. Como veremos en este artículo, de manera reciente se modificó esa norma, estableciéndose que en ningún caso la evaluación que se implemente en los cursos de ingreso podrá tener «carácter selectivo, excluyente o discriminador» (Ley 27.204).

En lo que respecta a la estructura de este trabajo, en el primer apartado presentamos el marco teórico metodológico de referencia de la investigación. En el segundo, describimos los cambios introducidos en la normativa nacional en 2015 y su correlato en el ámbito de la UNLP. Luego, en el tercer y cuarto apartados reconstruimos el proceso de reforma de la reglamentación relativa a la estrategia de ingreso (EI) en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF). Específicamente, analizamos, desde la perspectiva de los actores, las dinámicas de cambio y continuidad que se desarrollaron con relación a la EI y el primer año, los conflictos, tensiones y resistencias presentes en el procesamiento de esas políticas a partir de la modificación en la normativa nacional en 2015 y de un intento de reforma local en 2013. Finalmente, se presentan las conclusiones vinculadas al procesamiento de los cambios en las organizaciones universitarias.

Territorio teórico y metodológico de la investigación

Esta investigación se enmarca en el área de estudios de la educación superior (^{Krotsch, 2001}) y, desde esa plataforma, reúne aportes de enfoques organizacionales (^{Clark, 1983}), de la sociología de la cultura (^{Bourdieu, 2008}) y de los enfoques neoinstitucionales (^{Brint y Karabel, 1991}; ^{Peters, 2003}).

Se retoman perspectivas teóricas para el análisis que describen a la organización universitaria como una «anarquía organizada» (^{Clark, 1983}; ^{Krotsch, 2001}). Asumimos un enfoque teórico-metodológico que reconoce que las universidades manejan niveles de autonomía relativa respecto del poder central por sus características organizacionales, y desarrollan dinámicas específicas por la intervención de grupos académicos que modelan su ambiente de trabajo e inciden en el medio externo. Reconocemos que la división del trabajo académico va demarcando compromisos y orientaciones de valor, creencias e ideologías, perfiles de autoridad y modos particulares de integración interna que inciden en el procesamiento de los cambios. En la perspectiva organizacional, cuando un sistema se institucionaliza los motores del cambio se localizan en su interior. Los procesos de transformación son invisibles y graduales, mientras las formas existentes actuarían como condicionantes. En esta visión, el cambio es fundamentalmente una función del trabajo realizado en las unidades operativas consideradas la base de los sistemas de educación superior (cátedras, departamentos, institutos). Así, el poder se encuentra diseminado en gran medida en la base del sistema, en unidades operativas con grados de relativa autonomía, mediante la legitimidad que les otorga ser productoras y portadoras de conocimientos especializados. No obstante, siguiendo a ^{Krotsch (2001}), ^{Varela (2007}) señala que la universidad argentina y latinoamericana presenta otras tensiones debido a la convivencia de algunos elementos: su débil capacidad de producción de conocimiento y su impronta profesionalista sumadas a una fuerte articulación con el campo político que, en las perspectivas internistas, implicaría que estas instituciones debieran tener un patrón de cambio básicamente exógeno. Sin embargo, la forma de gobierno de estas universidades (que adopta la forma de república parlamentaria) dificulta la inducción de cambios proactivos desde la cumbre de las instituciones y el sistema, por lo que el poder continúa diseminado en las bases ya no organizadas única y necesariamente a partir de la producción disciplinar, sino de la representación política de los actores que ejercen su ciudadanía universitaria.

El carácter de base pesada de las universidades presenta fuertes obstáculos a los intentos de cambio impulsados por fuerzas exógenas. Esta mirada es consistente con la idea de que la universidad sería un sistema complejo de toma de decisiones en el que los cambios generados en el nivel del establecimiento universitario o agencias del Estado difícilmente pueden imponerse sin persuadir o generar coaliciones en los grupos localizados en las unidades operativas (^{Krotsch, 2001}).

Por otro lado, retomamos los aportes de los enfoques neoinstitucionales que permiten hacer foco en la dinámica de las tensiones, negociaciones y acuerdos que desarrollan los sujetos en la construcción de estrategias institucionales; en nuestro caso, en estrategias de ingreso a la universidad. Desde estas perspectivas, que nos permiten complejizar el análisis, los fenómenos sociopolíticos deben centrarse en el individuo y en sus comportamientos, aunque los factores institucionales son necesarios, dado que son los marcos dentro de los cuales los sujetos operan (^{Peters, 2003}). ^{Brint y Karabel (1991}) resaltan el papel de los actores y las coaliciones en «los procesos de toma de decisión, quienes asumen posiciones de aceptación o resistencia como estrategias de apropiación o enajenamiento de los fines y medios que se disponen para llevar adelante los procesos de cambio» (^{Brint y Karabel, 2016}).

Como se ha expuesto, la perspectiva organizacional y el enfoque neoinstitucional posibilitan comprender las dinámicas, los conflictos y las tensiones que atraviesan a esta organización, así como también indagar sobre las estrategias que ponen en juego diversos actores universitarios. Aunque desde un paradigma disímil, la visión analítica de ^{Bourdieu (2008}) desde la sociología de la cultura permite complejizar la mirada acerca de la intervención de los actores en el campo universitario. Según el modelo bourdiano, dicho campo funciona como un sistema de fuerzas con una dinámica y estructura propias, en correspondencia con las relaciones de posición, oposición o combinación que se producen entre esas fuerzas. Desde esta perspectiva, el conflicto resulta un componente central en el análisis de la intervención de los actores en dicho campo.

En este estudio se triangularon datos procedentes de distintas fuentes: se analizaron documentos institucionales de ingreso, actas taquigráficas y normativa de la universidad; se realizaron entrevistas en profundidad a informantes clave tales como miembros del equipo de gestión y representantes de los claustros en el Consejo Directivo de la FCAyF.

La modificación de la LES en 2015 y su incidencia en la UNLP

Tras veinte años de vigencia de la LES, hacia fines del año 2015, en el tramo final de la gestión de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se concretó una reforma puntual de la ley vigente.¹

En este apartado analizamos la modificación de algunos articulados de la LES; en particular, nos concentraremos en el contenido de los artículos 7 y 50 que la modificatoria revisó. La Ley 27.204 indica que el único requisito para el ingreso a la educación superior es la aprobación del nivel secundario, por lo que establece que el ingreso es libre e irrestricto. Señala también la necesidad de complementarlo con cursos de nivelación y orientación que en ningún caso tengan carácter selectivo.

Estas modificaciones de la ley tuvieron su correlato en la UNLP con la aprobación de una ordenanza (288/15) que se adecuó a la nueva normativa estableciendo que los sistemas de ingreso no podrán ser selectivos o excluyentes y deberán permitir, a su finalización, cursar las materias del primer año (UNLP, 2015a).

La discusión relevada en las Actas del Consejo Superior de la UNLP da cuenta de la actualización de un viejo conflicto entre la universidad y la Facultad de Ciencias Médicas. Desde el año 1992 esa facultad venía implementando un sistema de ingreso restrictivo que generó un conflicto interno que fue objeto de disputas y sentencias judiciales contrarias a las decisiones de la universidad (^{Montenegro, 2016}).

La relevancia institucional de esta modificación se advierte en las declaraciones del presidente de la universidad, quien manifestó: «… luego de muchos años de estar discutiendo estos temas y hoy tenemos la satisfacción de que sea la Universidad la que tenga la potestad de fijar las normas generales de ingreso» (UNLP, 2015b, p. 19).

Entendemos que en estas expresiones se plasma el resultado favorable para la universidad frente a un conflicto político que había trascendido los límites de la propia institución y que la reposiciona en un escenario en el que tiene el poder de decidir sus pautas generales de ingreso.

El cambio en el ingreso en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales desde 2015 a la actualidad

A partir del cambio en la normativa nacional, se inició en la UNLP un proceso en el que cada unidad académica instrumentó las adecuaciones necesarias para sus estrategias de ingreso. En el caso particular de FCAyF, el 29 de diciembre de 2015 se aprobó la modificación del ingreso para el año 2016. Cabe señalar que con antelación a esa modificación, aproximadamente un mes antes de la «reforma Puiggrós»,² el Consejo Directivo de la facultad había aprobado una EI que validaba como requisito la obligatoriedad de aprobar exámenes de Física, Matemática y Química, por separado, para poder cursar las materias homónimas de primer año. Esta nueva propuesta aprobada quedó sin efecto a partir de los cambios establecidos.

Hasta 2015 las carreras de Ingeniería Agronómica y de Ingeniería Forestal de la UNLP contaban con un sistema de admisión que, si bien consideraba al aspirante como alumno de la facultad desde el mismo momento de la inscripción y esto lo habilitaba automáticamente a cursar dos de las asignaturas de primer año, establecía que para cursar las otras asignaturas (Matemática, Química General e Inorgánica y Física Aplicada) era necesario aprobar dos exámenes de nivelación de conocimientos en Química y Fisicomatemática. Los cursos de nivelación se desarrollaban en dos oportunidades: cursos regulares en febrero con exámenes en marzo y cursos flexibles en abril y mayo con exámenes en junio.

La propuesta de ingreso 2016 retomó en sus considerandos la modificación de la ley nacional de 2015, indicando que pretendía afianzar y profundizar los mecanismos que permitieran una mayor inclusión y retención de los ingresantes. La resolución 695 aprobó una estrategia que en sus anexos establecía que los cursos de nivelación eran optativos y su evaluación «no podrá tener carácter selectivo excluyente o discriminador», sino que «solo podrá ser realizada con fines diagnósticos» (FCAyF, 2015). Esta disposición significó que el resultado de las evaluaciones no condicionaría la posibilidad de cursar la totalidad de las asignaturas de primer año. Estos cambios implicaron una modificación sustantiva a la EI que se venía replicando sin modificaciones mayores en torno al examen desde hacía más de veinte años.

No obstante, encontramos que en esta unidad académica en el año 2013 el sistema de admisión tuvo un intento de reforma de características similares a las establecidas en 2015, en esa ocasión impulsado por la gestión de la facultad. La reforma buscaba eliminar los exámenes de nivelación y reemplazar los cursos propios del ingreso por un único Taller de Ambientación Universitaria. En ese esquema, los cursos de primer año incluirían los contenidos del ingreso y se implementarían estructuras de apoyo con rango curricular que fueran capaces de «contener» a la población que manifestara dificultades de aprendizaje. Esta propuesta no fue aceptada por el claustro de profesores, especialmente por los docentes del Departamento de Ciencias Exactas, quienes objetaron que no se hubiera dispuesto de tiempo suficiente para su análisis y expresaron su desacuerdo con un ingreso centrado solamente en la «alfabetización académica». Esas diferencias se resolvieron a favor de la posición de los profesores en un escenario preelectoral³ que les permitió presionar desde el ejercicio de su ciudadanía política para que se sostuviese el esquema de ingreso con exámenes. Las autoridades, al no poder prescindir de esos votos, accedieron a no avanzar con la reforma. Si bien esa propuesta de cambio no se concretó, instaló en la dinámica institucional un tema que disparó polémicas, tensiones y visiones contrapuestas que se reeditaron en el contexto de la reforma del 2015.

El ciclo de la política (^{Tamayo Sáez, 1997}) de ingreso sin exámenes en la FCAyF se inició en 2013 con aquel intento «fallido» que se implementó en 2015 y finalizó luego de dos años, cuando la Secretaría de Asuntos Académicos de la facultad elaboró, mediante la resolución 563/17, un proyecto para el ingreso 2018 en el que contemplaba nuevamente la inclusión de exámenes de ingreso en las áreas disciplinares básicas. Esta propuesta estableció la aprobación de esos exámenes como requisito para cursar las materias homónimas, aunque, paralelamente, habilitaba a cursar dos materias de primer de año. El rediseño de la EI contempló un Taller de Ambientación Universitaria, cursos de nivelación de Matemática y Química a desarrollarse durante el mes de febrero y un curso de nivelación en Física a desarrollarse a mitad de año. En caso de desaprobar esos exámenes, los estudiantes deberían realizar un curso extendido durante el primer cuatrimestre a fin de volver a rendir los exámenes a mitad del año académico (FCAyF, 2017).

El retorno a los exámenes de ingreso se diseñó e implementó en un escenario político preelectoral⁴ marcado por fuertes tensiones y conflictividades que devinieron en una elección dilatada por la falta de quórum para lograr la mayoría necesaria para la votación. En este escenario político, la propuesta de modificación permitía a la gestión vigente acercar posiciones con profesores especialmente de primer año de las ciencias básicas, priorizando de este modo la disputa política para sostenerse como gobierno de la facultad.

Las perspectivas de los actores acerca de la reforma del ingreso en Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

En este apartado, reconstruimos el proceso de adecuación de la EI en la FCAyF a partir de las perspectivas de los actores intervinientes en la definición de la política de ingreso. Según la visión de la presidenta⁵ de la Comisión de Enseñanza,⁶ la modificación de la EI en 2015 tuvo el objetivo de «ajustar» la modalidad de ingreso de la facultad a la nueva reglamentación. Se trató de una «adecuación» a un cambio en la normativa tanto nacional como institucional. Resaltó que, desde su punto de vista, era preciso que la facultad dispusiera de un mecanismo de nivelación de contenidos de ciencias básicas en virtud de las condiciones en las que ingresan los estudiantes en lo relativo al dominio de contenido. A su entender, la modificación en la EI aprobada 2015 dejó «librada a la voluntad de los estudiantes» la utilización de las distintas herramientas de nivelación que la facultad ofrecía. Este aspecto, a su juicio, requeriría ser evaluado en cuanto a la incidencia de este cambio en los cursos de primer año.

Al momento de analizar el proceso de aprobación de esta modificación, la entrevistada señaló que hubo «consenso» en la Comisión de Enseñanza en cambiar la función de los exámenes de nivelación en cuanto a asignarles un carácter exclusivamente diagnóstico. Entendía que la anterior modalidad de exámenes podía ser considerada «selectiva» en la medida en que si un estudiante no cumplía con su aprobación se veía imposibilitado de cursar algunas de las asignaturas de primer año. La entrevistada interpretó que esa modalidad apartaba a la EI de la normativa nacional y por ello era preciso «ponerla en consonancia» con las nuevas pautas.

Por su parte, quien a fines de 2015 ocupaba el cargo de director de Carrera⁷ sostuvo que hubo una «necesidad de adaptar rápidamente la EI prescripta por la ley y por el Consejo Superior de la UNLP». En este sentido, señaló que el tiempo que medió entre la reforma de la ley y la normativa del Consejo Superior, y la adecuación de la facultad fue «acotado» y «abrupto». A su entender, la EI «necesitaba de un tiempo más extenso para discutirla». Por otro lado, planteó que hubo una «aceptación de la adecuación» fundada en el principio no restrictivo de la norma nacional. No obstante, destacó que esos mismos actores (en referencia a los profesores del primer año) sostenían que el cambio iba a incrementar la tasa de desaprobación, por lo que presentó una preocupación por lo «metodológico» o didáctico de la EI. Sostuvo que, en términos generales, la mirada de los profesores de primer año hacia la reforma fue cuestionadora, dado que sostenían que ese sistema de ingreso afectaría el proceso de enseñanza y aprendizaje e incidiría en la tasa de aprobación del primer año. Al respecto, el entrevistado consideró que aquellos actores que no estaban vinculados con el ingreso no tenían diferencias con relación al principio político de la norma, dado que no estaban preocupados por los aspectos metodológicos y operativos de su implementación.

Por su parte, un miembro del claustro de graduados⁸ y de la Comisión de Enseñanza sostuvo que la ley «era bastante explícita, no había forma de encontrar una interpretación que permitiera mantener los exámenes». Esto implicó que no hubiese diferencias en relación con la necesidad de aplicar la ley, pero sí con la postura «política». Ante ello señaló que «la discusión [en la Comisión de Enseñanza] fue más técnica que política». Destacó entonces que si bien había discusiones y diferencias con relación al ingreso irrestricto, no hubo espacio para la discusión debido a que «podés estar en contra de la ley, pero es la ley, el conflicto interno no tiene mucho sentido porque… el conflicto está afuera».

Por otro lado, una representante de la minoría del claustro estudiantil⁹ sostuvo, en sintonía con lo planteado por el resto de los entrevistados, que «fue acotado el tiempo como para generar un debate […] fue una convocatoria apresurada». La estudiante vinculó la premura de la convocatoria con la definición de la universidad de modificar sus propias normativas, indicando que, debido a que «la decisión había venido así de rectorado […] la facultad no tenía mucho changüí». Un aporte novedoso, en su perspectiva, fue el reconocimiento de que la modificación de la normativa nacional y local «afectaba mucho más a Medicina que a Agronomía. Entonces mucha discusión no se generó, no estaba problematizado en profundidad qué pasaba en Agronomía con el ingreso». La entrevistada reconoció también que, en términos generales, al claustro docente se le dificultaba aceptar la eliminación de exámenes.

Finalmente, uno de los estudiantes representantes de la mayoría estudiantil presentes en la Comisión de Enseñanza¹⁰ reconoció que los escasos tiempos implicaron para ellos la imposibilidad de debatir el asunto en su organización política, por lo que tomó la decisión de apoyar la reforma en términos personales.

Los argumentos expresados por los diferentes actores involucrados en el diseño de la política de ingreso respecto de la modificación 2015 dan cuenta de la existencia de debates no saldados que, por la premura de la modificación de los reglamentos de la UNLP, no fueron considerados al momento de tomar la decisión de eliminar los exámenes vinculantes. Es posible advertir que el proceso de modificación de la EI a nivel local actualizó tensiones y debates no resueltos en el intento de reforma de 2013.

El retorno a los exámenes de ingreso aprobado en 2017 fue argumentado por la misma gestión de la facultad a partir una valoración institucional sobre la eficacia de esos exámenes en el desempeño de los estudiantes, dado que «se observó que la presencia o no de exámenes vinculantes pareciera no constituir una variable crítica para garantizar el acceso a los estudios universitarios». Por este motivo, argumentaron la «importancia de utilizar formativamente la evaluación en el ingreso como un recurso para determinar los saberes previos que los estudiantes portan al momento de comenzar la carrera». No obstante, resaltaron que el retorno de exámenes vinculantes no contradeciría el espíritu de la nueva ley, dado que «adquiere un sentido diferente a los años precedentes». Al mismo tiempo, destacaron que el carácter formativo del examen se evidencia en el rediseño del curso de nivelación extendida obligatorio. Para los docentes, implicaría la posibilidad de «trabajar los mismos contenidos con distintos abordajes atendiendo a la diversidad de trayectorias formativas» (FCAyF, 2017, p. 3).

El único actor que se pronunció en contra del retorno de los exámenes de ingreso fue la mayoría estudiantil, que presentó una nota al Consejo Directivo solicitando la modificación de la propuesta de ingreso 2018, alegando que los exámenes de ingreso «no podrán tener ningún carácter restrictivo, selectivo o excluyente, ya que plantearía la incompatibilidad con la Ordenanza n.° 288/15 de la Universidad» (Expediente 200-3260/17, página 16).

Llegados hasta aquí, se evidencia que, para la gestión de la facultad, en los diferentes momentos en los que se puso en debate la existencia de exámenes de ingreso primaron los intereses políticos al sostener posturas significativamente contrapuestas en los diferentes contextos. Para la gestión, el retorno a los exámenes en 2017 actuó como estrategia de construcción de consenso con el claustro de graduados y profesores, de cara a las elecciones de 2018.

Conclusiones

En este trabajo abordamos el cambio de la política de ingreso a las carreras de Ingeniería Agronómica y de Ingeniería Forestal de la UNLP, a partir de la modificatoria de la ley vigente realizada en 2015, reconstruyendo, desde la perspectiva de los actores institucionales, la dinámica del proceso de cambio e indagando en el procesamiento local de esa política.

Un primer elemento de consenso entre los diferentes actores institucionales refirió a que el cambio en la EI estuvo fuertemente vinculado a la necesidad de «ajustarse» o «ponerse en consonancia» con las nuevas reglamentaciones de la UNLP y las modificaciones propias de la ley. En este sentido, la premura explicó la existencia de un acuerdo en los órganos de cogobierno para eliminar los exámenes de ingreso, condición que todos los actores reconocieron como limitante de la posibilidad de debate.

En los testimonios relevados fue posible advertir la existencia de debates no saldados en torno al ingreso irrestricto, que se visualizaron inicialmente en el intento fallido de reforma iniciado en 2013.

La reconstrucción realizada permitió observar que, si bien la reforma de 2015 tuvo sus orígenes en fuerzas exógenas relacionadas con la política nacional, el poder vinculado al procesamiento de las políticas y a los cambios institucionales en las unidades académicas se encuentra en sus «bases». En concordancia con los planteos de las perspectivas internistas, esta característica de «base pesada» de las unidades académicas nos permite explicar, en el caso local, la imposibilidad de avanzar en cambios en la EI en el año 2013 (a un año de las elecciones de decano) y el retorno de los exámenes en el año 2018 vinculado a la necesidad de construir una EI que sea bien recibida por el claustro de profesores. El análisis del procesamiento de esta política posibilitó observar cómo los modos particulares de integración interna (en este caso, integración política de claustros con representación en el cogobierno) inciden en el procesamiento de los cambios. Cuando esas modificaciones son originadas por fuerzas exógenas a la institución y a sus reglas de juego, encuentran fuertes resistencias locales para asentarse a largo plazo, en la medida en que no se construyan acuerdos entre los actores institucionales para su recepción positiva.

El análisis de la modificación de la EI en el año 2015 y su procesamiento interno en la FCAyF permitió también hacer foco en la dinámica de las tensiones, negociaciones y acuerdos que los diferentes actores institucionales desarrollaron en la construcción de estrategias. En el caso analizado, observamos cómo los actores que constituyen la base pesada de la institución construyeron estrategias de resistencia mediante la actualización de su ciudadanía política, en contextos electorales en los que ese poder les permitió traccionar a su favor en los procesos de toma de decisiones. Así, lograron revertir la orientación de los cambios influidos externamente en función de sus intereses y perspectivas con relación al ingreso. Los resultados presentados hasta aquí dan cuenta también de la pertinencia de los enfoques neoinstitucionales para comprender las dinámicas de negociaciones, acuerdos o compromisos que se construyen en un determinado contexto -como fue la adecuación a la reforma Puiggrós en 2015- pero pueden ser revertidos en función de la modificación de las variables de la arena política de situaciones que se presentan en el escenario local de la institución.

Finalmente, la investigación realizada permitió identificar que, para el caso de estudio, la modificatoria de la normativa nacional no resultó un elemento definitivo, sino un factor de la coyuntura que incidió en la dinámica política interna, favoreciendo el posicionamiento de un grupo político que venía intentando fallidamente desde 2013 implementar la eliminación de los exámenes de ingreso. No obstante, en un nuevo escenario político interno preelectoral, ese mismo grupo político revirtió su posicionamiento respecto a los exámenes en pos de sostener el gobierno de la facultad frente al riesgo de un posible reposicionamiento del grupo político opositor. Esto dio cuenta de la existencia de un ciclo interno de procesamiento de la política vinculado a los exámenes de ingreso iniciado en 2013 y finalizado en 2018. La reconstrucción permitió dar cuenta de que los cambios en las organizaciones universitarias no responden necesariamente a dinámicas externas, sino al juego político que despliegan los actores universitarios según sus posiciones relativas de fuerzas.

Fuentes consultadas

Expediente n.° 200-3260/17. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata.

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF). Universidad Nacional de la Plata. Resolución n.° 695. La Plata, 2015.

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF). Universidad Nacional de La Plata. Resolución 563/17. La Plata, 2017.

Ley de Educación Superior n.° 24.521. Sancionada el 20 de julio de 1995. Promulgada el 7 de agosto de 1995 (Decreto 268/95). Publicada el 10 de agosto de 1995, Boletín Oficial n.° 28204.

Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior n.° 27.204. Sancionada el 28 de octubre de 2015. Promulgada el 9 de noviembre de 2015. Publicada el 11 de noviembre de 2015, Boletín Oficial n.° 33254.

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (2015a). Ordenanza 288/15. Ingreso a la Universidad Nacional de La Plata. La Plata. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/51010/Documento_completo.pdf?sequence=1 Último acceso: 20/06/2017.

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (2015b). Acta taquigráfica del Consejo Superior de la UNLP, n.° 1222. 16 de diciembre de 2015. La Plata. Mimeo.