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Introducción
La Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (en adelante: Comisión Protectora),1 durante las presidencias Juan Pablo Echagüe (1931-1944)2 y Carlos Alberto Obligado (1944-1949)3, buscó articular el universo de las bibliotecas populares a través una serie de políticas bibliotecarias de lectura ligadas a la difusión de un discurso público en relación con la circulación del libro, la ampliación del público lector y la conformación del campo bibliotecológico (Coria, 2024a). De manera particular, la trascendencia característica del periodo estuvo dada por la estrategia comunicacional, centrada en sus publicaciones, tanto monográficas como periódicas: el Boletín de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (1933-1947) (en adelante: Boletín) y la Revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (1948-1949) (en adelante: Revista). Así, mediante estas entregas, el organismo nacional dio a conocer una prédica sobre la lectura que cimentaba la instrumentación de las políticas bibliotecarias sobre la conformación de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas populares, la institucionalización del campo bibliotecario, la profesionalización disciplinar y la configuración de los lectorados. Esta política comunicativa no era una iniciativa aislada, sino que fue el resultado de un desarrollo a nivel institucional, que combinaba la impronta intelectual de los dirigentes de la Comisión Protectora con un devenir en la utilización de los medios impresos para la difusión de ideas y para la promoción de políticas públicas.
Durante las primeras décadas del siglo XX, se inició en Argentina un período de amplia circulación de publicaciones impresas, lo que posibilitó el posicionamiento de las bibliotecas populares como espacios donde los nuevos lectores y lectoras tomaban contacto con la literatura (Eujanian, 1999). Este había sido uno de los propósitos originales de la Comisión Protectora y de su impulsor Sarmiento, quien ideó estas asociaciones como «las propicias para poner los libros al alcance de todos los lectores y abrir paso en ellos a una variada gama de lecturas» (Batticuore, 2010, p. 415).
Las condiciones de posibilidad que condujeron al acceso a la lectura de este nuevo público lector fueron diversas: la creciente urbanización, la inmigración mayormente europea, la migración interna motorizada por la demanda laboral, la ampliación de la escolarización y la alfabetización, el aumento de la prensa escrita, la profesionalización de los escritores y el desarrollo comercial y administrativo del mercado editorial acompañado por un avance técnico en la producción de impresos (Sarlo, 1985; De Diego, 2015). En este adelanto tuvieron un papel fundamental los folletos y los libros baratos, o, como los llama De Diego (2015) evocando a Domingo Buonocore: las ediciones «popularísimas». Como podemos advertir, se trataba de ejemplares mínimos a precios exiguos, de amplia circulación en la sociedad. Si bien eran considerados por ciertos sectores letrados como lectura efímera y recreativa, constituyeron el estímulo para la instauración del hábito y, a la vez, se conformaron como una fuente de trabajo para autores y editores.4
Ahora bien, este avance condujo, asimismo, a la consolidación de un género editorial que, si bien había surgido a mediados del siglo XIX y su despegue se produjo unos años después, alcanzaría su auge recién en el siglo siguiente: la revista (Tarcus, 2020).5 La apropiación de los diversos impresos abordados, sin embargo, no se dio del mismo modo, sino que, tal como advierte Eujanian (1999), el establecimiento del libro habilitaba cierto prestigio social para aquel que lo leía o al menos lo portaba, mientras que la revista no implicaba esta ostentación, pero sí conllevaba la singularidad de habilitar la lectura compartida (mano en mano) y conquistar espacios de circulación populares como las plazas y el transporte público a través de su comercialización callejera. Es por esto que estas últimas fueron el tipo de publicación preferida por las instituciones ligadas a la cultura o por los grupos de intelectuales para la difusión de sus corrientes de pensamiento. Incluso, hacia la década del 30, estas publicaciones se establecieron como el encuentro entre eruditos y organizaciones políticas (Cattaruzza, 2009).
Acerca de la distinción particular de los modos de desplazamiento de los libros y las revistas, cabe agregar que, a partir de la segunda mitad de la década de 1930, la producción y la difusión de las segundas mencionadas aumentó considerablemente (Eujanian, 1999), lo que puede ser asociado al comienzo de la denominada «edad de oro» en la edición del libro argentino. La sincronía en la expansión de estas dos tipologías escriturarias debe ser interpretada de manera conjunta, ya que, si bien el avance de la industria editorial favoreció la proliferación de las entregas periódicas, fueron estas mismas las que reforzaron la circulación de los libros. Aunque el destino de la gran producción libresca de este tiempo fue la exportación, mientras que la masiva edición de revistas culturales y literarias fue designada mayormente al mercado nacional (Eujanian, 1999), consideramos que la masificación de las editoriales supuso, asimismo, un espacio propicio para su expansión, ya que se dio una dinámica característica que consistía en la edición de publicaciones periódicas muchas veces homónimas a su casa editora (De Diego, 2014).
En este contexto de auge de la edición surgieron las publicaciones de la Comisión Protectora que analizamos de forma precisa en este artículo como la gran apuesta de la institución en materia comunicativa. Esta revisión requiere reconocer el particular género que adoptaron el Boletín y la Revista, ya que, si bien desde su concepción primaria se trataba de impresos oficiales de un organismo estatal con una función institucional, al mismo tiempo compartían algunas propuestas que las vinculaban con las revistas literarias asociadas a grupos de intelectuales y con los boletines bibliográficos, más propios del campo bibliotecario. En este marco, el programa editorial se caracterizó, quizá llamativamente, por no incurrir en manifestaciones políticas explícitas o partidarias, sino más bien se dedicó largamente a presentar contenidos relacionados con las corrientes culturales y literarias de la época y con recomendaciones bibliográficas afines al ideario intelectual validado. En esta singular confluencia, materializada en las ediciones de la Comisión Protectora, nuestro planteamiento principal radica en pensar que sus impulsores, Echagüe y Obligado, en carácter de presidentes de una entidad bibliotecaria nacional, pero que originalmente eran escritores, motorizaron sus propias redes intelectuales para el alcance de los recursos y los aportes textuales necesarios para la creación y el desarrollo de estas publicaciones oficialistas, a lo largo de casi dos décadas.
Primeras propuestas editoriales de la Comisión Protectora
Desde las facultades otorgadas por la ley n.o 419 de fundación de la Comisión Protectora de 1870, en particular por el artículo n.o 2 de su correspondiente decreto reglamentario, residió en su conformación cierta línea de acción vinculada con el establecimiento de algún medio impreso a través del cual la organización debía difundir información sobre su funcionamiento y promocionar la creación de bibliotecas populares. Así, partir de 1872, se comenzó a emitir el Boletín de las Bibliotecas Populares. Se trató de una edición de seis volúmenes, con una frecuencia irregular,6 en los que se incluyeron artículos variados: rendiciones de cuentas, cuadros estadísticos, reglamentos, pautas de funcionamiento, catálogos de libros, textos de conferencias y ensayos de autores nacionales y extranjeros sobre educación popular (Planas, 2017). Su relevancia radicaba, asimismo, en que se constituyó como la primera revista dedicada a la temática en nuestro país. No obstante, adherida a los vaivenes del accionar de la institución, llegó a su temprano fin en 1875. De este modo, con el declive de la Comisión Protectora culminó una publicación que no encontró sustituta hasta 58 años después, ya que, desde la reapertura de la institución en 1908 hasta la presidencia de Echagüe, pasando por algunos mandatos breves e incluyendo el extenso período de Rodríguez, no hubo una publicación periódica de este organismo que se asemejara en su complejidad y vastedad al Boletín del siglo XIX y, mucho menos, a la que se emprendería desde 1933.7
Sin embargo, durante este extenso lapso, la Comisión Protectora sí editó publicaciones de tipo libro o folleto con posterioridad a su reapertura. Bajo la inicial presidencia de José Nicolás Matienzo, la línea editorial se inició justamente con la publicación del decreto que restituía la actividad de la institución bajo el título de Decreto sobre bibliotecas populares de 3 de julio de 1908 y mensaje explicativo (1908). Esta presentación de 20 páginas contenía los dos documentos mencionados en su portada con la correspondiente firma del entonces presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, y su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Rómulo Naón. Le siguió, en 1911, bajo la presidencia de Juan Antonio Bibiloni, la publicación de Leyes y decretos relativos a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (1911), en la que se incluyó la totalidad de las legislaciones referentes a la organización sancionadas desde su creación hasta ese momento. En 1912 asumió la presidencia de la Comisión Protectora Miguel F. Rodríguez; no obstante, sus primeros cinco años de mandato transcurrieron sin implementar ninguna iniciativa de publicación.8 En 1917, la Comisión Protectora imprimió la memoria de la institución, correspondiente a los años 1915 y 1916, tal como reza su título. Este documento, cuyo requerimiento se encontraba estipulado desde el decreto reglamentario de 1870 (Decreto Reglamentario, 29 de octubre de 1870), se constituyó como el primero de su género en ser impreso y distribuido, aunque, durante el período de Rodríguez, no hubo ninguna otra instancia pública en la que difundieran, al menos de modo similar, las memorias de la Comisión Protectora, como sí lo hallamos de manera recurrente en la gestión posterior. En este estudio de 262 páginas, además de la nómina de los establecimientos existentes en todo el territorio nacional, se exponía un cuadro de situación de la realidad institucional de la Comisión Protectora y de las bibliotecas populares, haciendo hincapié en las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de las asociaciones y, en particular, de las bibliotecas elementales (Planas, 2021a; Planas, 2021b).
Al continuar el arqueo, en 1921 se publicó Libros y Bibliotecas, que, en línea con las ediciones de la década anterior, se dedicó, en parte, a reproducir documentos que ya habían sido registrados públicamente: máximas, conferencias, discursos leyes, normas, reglamentos, estatutos, actas de constitución de bibliotecas, fichas de registro de préstamos, solicitudes de libros, intercambios epistolares y nóminas de asociaciones. En 1925 se publicó La Biblioteca Popular Nº 1000, en ocasión de haber alcanzado el millar de asociaciones protegidas por la Comisión Protectora.
El año 1926 fue una instancia inédita en la política comunicativa de la gestión de Rodríguez al frente de la Comisión Protectora, ya que editaron tres obras en un tiempo acotado. Dos de estas entregas, con una extensión considerable (promedio de 245 páginas), se identificaban con una misma unidad semántica representada en Libros y Bibliotecas, pero se diferenciaban en su subtítulo, cuestión que delimitaba el abordaje de cada uno de ellos: acción interna y externa. Además, como podemos notar, se volvieron a nombrar estas obras con una titulación que ya había sido utilizada en 1921 y, posteriormente, en la gestión de Echagüe se refirió nuevamente a otro libro con esta misma denominación. Completaba las publicaciones de 1926 la obra titulada Sección argentina en la Biblioteca Nacional de Montevideo: su inauguración, en la que, en consonancia con el objetivo de la Comisión Protectora en relación con el cumplimiento del canje internacional, se presentaba la disposición de un área bibliográfica con producciones de origen nacional en la mayor institución bibliotecaria del país vecino. Luego de este desarrollo editorial único en la presidencia de Rodríguez, hasta su fin cinco años después, solo se publicó una obra, denominada Nómina de bibliotecas populares, en 1929. Se trata de un documento más corto, en contraposición a las publicaciones anteriores, y con un tipo de formato ya conocido, que comprendía la presentación de los nombres de las bibliotecas populares patrocinadas al momento por la Comisión Protectora, distribuidas según su origen geográfico. Este tipo de repertorios ya se había incluido en la memoria de 1917 y se constituyó posteriormente como un registro frecuente a modo de anexo en las memorias de gestión o bien como impresos independientes.
En esta disposición cronológica de las ediciones de la Comisión Protectora desde sus orígenes hasta la propuesta iniciada por Echagüe, podemos advertir que la línea editorial establecida, si es que hubo una, no contó con una propuesta acabada, sino que los diversos impresos difundidos respondieron, mayormente, a intereses eventuales que, más allá de que de manera singular se hayan constituido como obras significativas, no implicaban un proyecto comunicativo previsto por la institución. Los contenidos temáticos, los tipos documentales incluidos y los formatos seleccionados para las entregas no revestían una envergadura y trascendencia tal que mereciera que se identificara como una iniciativa singular del organismo ni del período. Sin embargo, conocer las particularidades que implicaron los escritos editados por la Comisión Protectora en sus primeros sesenta años nos permite valorizar la originalidad del plan editorial desarrollado a partir de la gestión de Echagüe y, posteriormente, la de Obligado.
Los libros de Echagüe y Obligado
El período que hemos delimitado desde 1931 reviste una amplia estrategia comunicativa que comprendió la edición y la circulación de publicaciones periódicas, libros, memorias y nóminas, así como también transmisiones radiales,9 con la principal intención de divulgar información sobre el accionar de la Comisión Protectora y otros contenidos considerados esenciales en la conformación de la cultura nacional. De forma particular, las manifestaciones públicas impulsadas en este sentido durante el período comprendido entre 1931 y 1949 constituyeron una política que identificó y representó el carácter comunicativo que adoptó la Comisión Protectora en este tiempo. En este apartado nos concentramos en especificar aquellas ediciones que hemos delimitado como monográficas, abordadas de forma complementaria a las publicaciones periódicas que analizamos a continuación. Reconocemos que puede resultar cuestionable concebir las memorias y las nóminas como publicaciones no periódicas, ya que se trataba de ediciones que se difundieron sucesivamente en un período. No obstante, la inclusión de estos tipos de impresos en esta categoría y no en la siguiente se debe principalmente a que nos interesa distinguir las publicaciones periódicas que fueron distribuidas con una regularidad precisa según la frecuencia anunciada de aquellas ediciones que se constituyeron como presentaciones individuales, que respondían a intereses específicos o que no respetaron de forma rigurosa la periodicidad declarada.
Hecha esta salvedad, referimos entonces, inicialmente, a la memoria impresa en 1932, que podemos identificar como la primera expresión pública editorial de Echagüe como presidente, quien había asumido en 1931. La inclusión del balance correspondiente a los años 1931 y 1932, una novedad del período, se justifica al considerarla como la obra inaugural de la línea editorial orientada a difundir los informes anuales de la Comisión Protectora, la que se continuó a lo largo de toda la década.10 Otra orientación editorial, accesoria y complementaria a las memorias,11 que tuvo un antecedente en 1929, se constituyó a partir de la publicación de listados actualizados de las asociaciones subvencionadas, nombrada Nómina de bibliotecas populares. En este tiempo, las apariciones en formato individual, que además se incluían en las memorias, se dieron en 1933, 1935, 1938, 1941 y 1946.
En 1936 se publicó la primera obra estrictamente monográfica del período editada por la Comisión Protectora, aunque no fue pergeñada por esta,12 impresa por Talleres Gráficos Argentinos J. L. Rosso y titulada Las Islas Malvinas. Su autor era Paul Groussac, quien fue, hasta su muerte en 1929, director de la Biblioteca Nacional argentina. Se trató de la traducción de la obra original publicada en francés (Les Îles Malouines, Editorial Coni, 1910), y contenía una nota introductoria a cargo de Juan Pablo Echagüe. En 1939, se le sumó al libro de Groussac una obra que se le asimilaba en extensión, en densidad y en el hecho de haber sido concebida por una iniciativa externa a la Comisión Protectora:13Sarmiento: cincuentenario de su muerte. Páginas selectas de Sarmiento sobre bibliotecas populares. En este repertorio, que denotaba la vigencia de los sentidos con los que Sarmiento había constituido la identidad de las bibliotecas populares en Argentina, se revalorizaban aquellos fragmentos de la extensa obra del fundador de la Comisión Protectora, entre su profusa producción textual, dedicados a desarrollar sus elaboraciones conceptuales sobre las bibliotecas populares. Estas dos obras referidas pueden pensarse dentro de la propuesta editorial de la Comisión Protectora, puesto que de forma evidente conservan relación con las nociones estructurantes de la institución; no obstante, debe considerarse como una salvedad el hecho de que sean producciones surgidas de las funciones que el organismo debía cumplir como ente estatal ligado a la cultura y el libro.
También en 1939 se publicó, bajo la denominación Libros y bibliotecas (tal como había sucedido en 1921 y 1926), un título de la Comisión Protectora que incluyó como autor personal al propio Echagüe. Se trató de una obra de 104 páginas, impresa en los Talleres Gráficos de Francisco A. Colombo, que incluía escritos que el presidente de la institución nacional pronunció o dio a conocer en diversos ámbitos culturales o bibliotecarios. En 1943, la Comisión Protectora editó una breve publicación (32 páginas) titulada La lectura, cuyo autor era el vocal del mismo organismo, y también escritor, Arturo Marasso.14 Este texto era, por un lado, una publicación con autor personal que exponía una temática en la que venía trabajando desde hacía tiempo en su rol docente, y, por otro lado, planteaba y promovía conceptualizaciones vertebrales en el ideario de la Comisión Protectora: el valor de la alfabetización en la edad temprana, la capacidad formadora y transformadora de la escuela, el cultivo del idioma argentino, los criterios de selección de la «buena lectura», el reconocimiento de las bibliotecas escolares y, por último, el enaltecimiento de la ejemplar función que las bibliotecas populares cumplían en Argentina en favor del desarrollo de la lectura.
A partir de 1944, y durante toda la administración de Obligado, se imprimió solo una obra monográfica que continuaba la tendencia de formatos breves, pero que a diferencia de su antecesora inmediata no contaba con la identificación de un autor personal. Así, en 1948 se publicó Catalogación y clasificación de libros: apuntes para uso de pequeñas bibliotecas populares, y se constituyó como la primera de las obras impulsadas por la institución destinada a impartir conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de las bibliotecas populares. De este modo, en el marco de otras iniciativas orientadas a la formación de los trabajadores de las bibliotecas, como lo fue la Biblioteca del bibliotecario (Coria, 2023), se difundió este impreso que contaba con información precisa y práctica, con ejemplos concretos, para la descripción bibliográfica, la conformación de los catálogos, ficheros y fichas, los criterios de ordenamiento de estanterías y algunas nociones administrativas de la disciplina.
Si dispusiéramos este corpus bibliográfico reseñado en un mismo espacio físico, en un golpe de vista podríamos determinar cuáles son las obras que no fueron producidas enteramente por la Comisión Protectora. Estas son: Sarmiento: cincuentenario de su muerte. Páginas selectas de Sarmiento sobre bibliotecas populares y Las Islas Malvinas. Esto se debe, principalmente, a la predominancia del volumen de estos libros, característica física que difiere de aquellas propuestas nacidas como parte del proyecto comunicativo de la institución. Estas últimas conllevaban presentaciones que no excedían las cien páginas, estrategia que fue ajustándose y diferenciándose de las escasas ediciones publicadas durante la gestión de Rodríguez, que presentaban una extensión considerable. De este modo, se percibe que se priorizaba un tipo de presentación que propugnaba el establecimiento de materiales de acceso amplio y comprensible.
El Boletín y la Revista como ejes vertebrales de la política comunicativa
Más allá de la edición de las publicaciones monográficas especificadas, que no respondían a una lógica editorial unificada, la singular apuesta de la propuesta comunicativa de la Comisión Protectora entre 1931 y 1949 fueron el Boletín y la Revista (figuras 1 y 2). La divulgación de las orientaciones de lectura de la Comisión Protectora a través de las publicaciones periódicas constituyó la iniciativa más sólida y perdurable de la amplia estrategia de comunicación del organismo, tendiente a la institucionalización de las bibliotecas populares. En este tipo de publicación específica, se impartían una multiplicidad de contenidos: nociones sobre técnicas bibliotecarias, recomendaciones bibliográficas, novedades, instrucciones y contenidos sobre bibliotecas populares relevantes, entre otros fundamentos vinculados al campo de la literatura, la cultura y la bibliotecología. Esta línea, en el plan comunicacional, tomó mayor relevancia como medio de difusión debido, principalmente, a la escasa presencia de la Comisión Protectora en el territorio, que debía valerse de maestros y otros agentes para llevar adelante las tareas de inspección, control de subsidios, formación en técnica bibliotecaria y notificación de requerimientos burocráticos. Estas publicaciones, junto a las que ya hemos referido, las trasmisiones radiales y los eventos motorizados por la organización bibliotecológica gubernamental15 constituyeron los medios a través de los cuales se vehiculizaron las políticas bibliotecarias de lectura, desde el Estado hacia las bibliotecas populares de todo el país.
Las publicaciones periódicas editadas por la Comisión Protectora entre 1933 y 1949 tuvieron una periodicidad regular con un promedio mayor a cuatro entregas anuales, lo que les permitió proveer contenidos originales y actualizados. Se publicaron durante 17 años, en los que se alcanzó un total de 73 números con una extensión de 6 páginas para el caso del Boletín y 20 para la Revista. La relevancia de estas publicaciones se percibe asimismo en términos cualitativos, al considerar la amplitud de temáticas consideradas en estos escritos, ya que no solo eran un vehículo de difusión para las bibliotecas populares y los sujetos que formaban el naciente campo bibliotecario, sino que también buscaron ocupar un espacio en el mundo literario del momento. Esta impronta, impulsada por las trayectorias intelectuales de Echagüe y Obligado, signó la orientación discursiva de estas publicaciones. Entonces, los contenidos incluidos versaban, por una parte, sobre la lectura, los libros, los lectores y las técnicas bibliotecológicas generales recomendadas para las bibliotecas populares, pero también informaban acerca de ellas. Es decir, incluían estadísticas, testimonios de bibliotecarios y anuncios de actividades que daban cuenta de los recorridos de estas asociaciones y, a la vez, funcionaban como estrategia propagandística de la Comisión Protectora. Por otra parte, una gran porción de las páginas de estas publicaciones periódicas incluía artículos de y sobre referentes literarios del momento y sus obras, incluyendo a los propios presidentes y miembros de la cúpula directiva de la Comisión Protectora, aunque el gran peso estaba dado en la cantidad de reseñas de obras literarias, que se constituían en un repertorio recomendado para las bibliotecas populares.
Si bien el Boletín y la Revista conllevaron particularidades que les eran propias a cada uno de ellos por tratarse de programas vinculados a dos gestiones diferentes, se constituyeron como una misma política comunicacional que implicaba propósitos, alcances y estilos que la perpetuaron como una iniciativa inédita de la Comisión Protectora. Entonces, resulta conveniente caracterizar las singularidades que identificaban a los proyectos editoriales implicados por cada una de estas publicaciones periódicas como un único concepto que supuso, durante todo el período de vigencia de las entregas, un plan editorial progresivo, coherente y uniforme. De este modo, las publicaciones periódicas de la Comisión Protectora se constituyen como una fuente documental fundamental para la reconstrucción de las políticas bibliotecarias de lectura del organismo y, en particular, como dispositivo para la reconstrucción de la prédica autorizada dentro del campo bibliotecario nacional (Delgado, 2014).
La aspiración comunicacional de la Comisión Protectora durante este período se restringía a un público objeto definido desde la propuesta de difusión y distribución, ya que estas publicaciones no se encontraban a la venta en los circuitos habituales de las revistas culturales, literarias o bibliográficas, sino que, más bien ligadas a una dinámica de canal institucional, era la misma Comisión Protectora la que se encargaba de disponer de forma gratuita los ejemplares considerados necesarios a las bibliotecas populares protegidas de todo el país y a otras instituciones nacionales o extranjeras (Memoria, 1939).
Al intentar componer el grupo al que iban destinadas, debemos advertir que la enunciación resultaba ambigua. Por una parte, desde los inicios del Boletín la institución apuntaba a alcanzar un lectorado amplio de la sociedad civil al que se debía instar a la conformación de bibliotecas populares. Por otra parte, desde las manifestaciones discursivas, como también desde los espacios de lectura considerados por las estrategias de circulación, el lectorado modelo se constituía por los bibliotecarios, las bibliotecarias y las personas a cargo de las asociaciones, o bien por las comisiones directivas de las bibliotecas populares. Esto es, no se estipulaba que esta publicación se estableciera como un material a ser incorporado en las colecciones bibliográficas, sino que se apuntaba a que se utilizara como una herramienta técnica, metodológica y conceptual que enriqueciera el quehacer diario en las bibliotecas populares y a la vez se instituyeran las nociones sobre la lectura y la cultura validadas por la Comisión Protectora. Esta indeterminación es presentada como vastedad: «servir de medio de comunicación con los bibliotecarios y con los lectores de las bibliotecas populares» (Memoria, 1936, p. 23). No obstante, cabe reafirmar que la instancia de alcance a los lectores y las lectoras de las bibliotecas estaba mediada por la participación de los bibliotecarios, las bibliotecarias y los responsables de las instituciones.
En este tiempo de expansión y gradual crecimiento de las bibliotecas populares a lo largo de todo el país (Coria, 2024b), la Comisión Protectora debió mediar estrategias que procuraran establecer canales fluidos de comunicación, asistencia, instrucción y control. En este marco, las publicaciones periódicas se constituyeron como uno de los modos que utilizó la institución para alcanzar a las asociaciones del territorio nacional. En la época de surgimiento del Boletín, la Comisión Protectora no contaba con otro medio de comunicación masivo y regular que sirviera de vehículo de difusión de las informaciones y las conceptualizaciones que se querían proclamar como fundamentos para el surgimiento y el desarrollo de las bibliotecas populares. En este marco funcional, deben considerarse entonces el Boletín y la Revista como lo que Rogers (2019) llama «dispositivos de expansión», ya que, si bien la Comisión Protectora se constituía como una institución estatal de carácter nacional, en términos operativos se dificultaba establecer y sostener recursos de divulgación de información accesibles por las asociaciones de todo el país. Esta carencia fue supliéndose gradualmente con estas publicaciones, posteriormente con el programa radial y con la extensión e intensificación de las inspecciones de forma presencial, posibilitadas por la ampliación de recursos.
Entonces, en el año 1933, como parte de las iniciativas de Echagüe, se relanzó el Boletín publicado y discontinuado en el siglo XIX. Según se anunciaba, su principal objetivo era «suplir en cierto modo la falta de una escuela de bibliotecarios para bibliotecas populares y de bibliotecas tipo» (Boletín, 1934, 1, 4, p. 6). Con esta finalidad, a lo largo de sus páginas se incluyeron numerosos aportes que aludían a nociones y debates acerca de la lectura, la literatura, los autores, la cultura, los lectorados, los editores, la expansión del libro, las bibliotecas y la imprenta, así como también conceptualizaciones acerca de tipos específicos de bibliotecas, como las circulantes, o más bien destinadas a modelos particulares de lectorados, tales como bibliotecas para estudiantes, niñas, niños, obreros, enfermos (biblioterapia) y poblaciones rurales. Esta edición seriada, a cargo del funcionario Honorio Barbieri (Comisión Protectora, Libro de actas n.o 4), comenzó con una frecuencia trimestral, aunque se manifestaron desde sus inicios intenciones de convertirla en una entrega bimensual o mensual (Memoria, 1934). Con este propósito, desde 1936 se optó por una regularidad combinada, que comprendía dos números trimestrales y tres bimensuales en el transcurso de un año calendario.16 La presentación física se disponía en formato de tríptico impreso en doble faz, que resultaba en una publicación de seis páginas cada número. La disposición del texto en cada hoja, de un tamaño de 24,5 centímetros de ancho por 37 centímetros de alto, estaba estructurada en cuatro columnas de 4,5 centímetros de ancho por 31,5 de alto, con márgenes de 2,5 centímetros. La eventual inclusión de fotografías, imágenes y tablas resultaba apropiada en su cantidad (en promedio uno por página) y su pertinencia, ya que alcanzaba una variedad de elementos ilustrativos que acompañaban la información textual: fotos de instalaciones de bibliotecas, escenas de lecturas, rostros de personalidades mencionadas, tapas o portadas de libros, imágenes figurativas alusivas, pinturas, ilustraciones, reproducciones, todo en blanco y negro. La elaboración de dibujos y clisés para el Boletín se encomendó a terceros, mientras que la entidad encargada de la impresión fueron los Talleres Gráficos Argentinos J. L. Rosso, los que también imprimieron otras producciones de la Comisión Protectora (Comisión Protectora, Libro de actas n.o 4). La tirada inicial de los primeros números del Boletín fue de dos mil ejemplares, cifra similar a la que estilaba producir de otras ediciones, como por ejemplo la memoria de 1932.
Si bien desde la asunción de Obligado en 1944 continuó con el Boletín creado por Echagüe, en 1947, tras 65 números publicados ininterrumpidamente, lo discontinuó para dar lugar a un nuevo formato: «El viejo Boletín de la Comisión de Bibliotecas Populares transfiere su misión, a partir de esta entrega, a esta Revista de la Comisión de Bibliotecas Populares» (Revista, 1948, 1, p. 1). El trabajo de edición de los dos primeros números estuvo a cargo del escritor argentino César Fernández Moreno, para lo cual recibió en concepto de pago la suma de $ 1600 m./n17., es decir $ 800 m./n. por cada uno de ellos (Boletín del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 1949, II, 15, p. 1004). La Revista contó con ocho números bimestrales, con una presentación particular y diferente a la de su antecesora, ya que contaba con 16 páginas por entrega, con una numeración consecutiva a lo largo de todas sus presentaciones. Esta se distribuía gratuitamente entre las bibliotecas populares protegidas, así como también se incluía en el canje de publicaciones con otras instituciones del país y del exterior. De modo similar al Boletín, se incorporaban reseñas bibliográficas de obras, artículos referidos a cuestiones técnicas del libro y las bibliotecas, descripciones de instituciones consideradas emblemáticas, anuncios sobre la gestión administrativa de la colección y artículos que presentaban conceptualizaciones de ciertas nociones consideradas clave en el proceso de difusión de la Comisión Protectora. Asimismo, las secciones regulares, si bien eran denominadas de forma diferente e incluían leves modificaciones, continuaban con objetivos afines a los apartados fijos que presentaba el Boletín.
Según Fiorucci, que se ocupó de la Revista, se trató de un corto período de vigencia, hasta octubre de 1949, desenlace acelerado por la repentina muerte de Obligado. La autora fundamenta este declive al referirlo como un «proyecto editorial frágil», ya que «no había logrado institucionalizarse» (Fiorucci, 2014, p. 163). Sin embargo, esta caracterización debe ser interpretada al tiempo que se reconoce que fue una edición concebida y desarrollada enteramente durante el gobierno peronista y fue pergeñada por una institución estatal. A propósito, Fiorucci (2014, p. 166) ha puntualizado en este aspecto y concluido que la Revista se singularizaba como un proyecto caracterizado por una «apertura ideológica y estética» y la «neutralidad política». Es decir, que, si bien se trató de una publicación financiada por el Estado, y al considerar la predilección peronista de expandir sus discursos laudatorios en todas las instancias comunicativas, en este caso, el medio comunicativo de la Comisión Protectora se mantuvo abocado a los principios culturales, literarios y bibliotecarios con los que esta había sido creada, sin inmiscuirse en cuestiones políticas. Incluso, tal como advierte Fiorucci (2014), es posible encontrar en sus páginas una amplitud de orientaciones políticas de las que provenían sus colaboradores, al considerar contribuciones procedentes de intelectuales tanto peronistas como antiperonistas.
Comisión Protectora: sus miembros como editores y su vinculación con el campo literario
Rogers (2019), al concebir las publicaciones como dispositivos de expansión, se manifiesta sobre la aparición de anuncios publicitarios como modo de anclaje y propagación de estas entregas periódicas. En la propuesta de la Comisión Protectora, no se incluían patrocinadores, ya que la entera financiación de la edición y la repartición se encontraba a cargo del Estado, mediado por el Ministerio de Instrucción Pública y la propia institución como administradores del presupuesto destinado para este fin. Es decir: si bien las ediciones periódicas de la Comisión Protectora apelaban desde sus contenidos a constituirse como entregas asociadas con otras publicaciones del momento sobre cultura y literatura, no compartían con ellas las condiciones de financiación, comercialización ni distribución. En este sentido, cabe establecer un nexo con La Literatura Argentina (en adelante: LLA), revista bibliográfica dedicada a valorizar la actividad literaria y editorial, impresa de forma mensual entre 1928 y 1937. LLA no pertenecía a una institución estatal, ya que su editor la impulsó como un proyecto editorial privado y personal; sin embargo, compartía el propósito con el Boletín de no establecerse con un fin económico, sino literario y cultural. Su creador, Lorenzo Rosso, adoptó LLA como una realización propia, por lo que no dudó en utilizar los beneficios económicos percibidos por el resto de sus empresas editoriales para financiar esta revista.18 Si bien contaba con algunos anuncios de editores y libreros afines, el precio de venta resultaba exiguo, lo que incrementaba su propagación. Incluso, como en el caso de las publicaciones de la Comisión Protectora, el mismo Rosso enviaba ejemplares a modo de donación a embajadas, bibliotecas nacionales o extranjeras y asociaciones de bibliófilos (Pierini, 2012).
La cercanía entre LLA y el Boletín, que coincidieron en su periodo de vigencia, resulta evidente en varios puntos: la estrechez en las temáticas abordadas, la coincidencia de las personalidades referidas y las obras bibliográficas implicadas, lo que nos permite referirnos a esta revista bibliográfica como un «material testimonial y documental» en torno a nuestro objeto de estudio (Gerhardt, 2019, p. 124). LLA conllevaba un sólido carácter expansivo en todas las temáticas vinculadas con el campo libresco: difusión del libro argentino, industria del libro, iniciativas de exportación, leyes de protección al libro, noticias sobre el mercado internacional, defensa de traducciones argentinas (frente a la competencia española), informes periódicos sobre la labor de editoriales, impulso a bibliotecas, promoción de la labor bibliotecaria, difusión de actividades vinculadas con las letras, valoración de nuevas manifestaciones culturales, legislación sobre la difusión de la producción impresa, el régimen legal de la propiedad intelectual y sobre la libertad de prensa (Pierini, 2012). En el tiempo que las dos publicaciones coincidieron en vigencia, hubo menciones cruzadas: el Boletín se ubicaba junto a LLA como revista bibliográfica, mientras que en LLA eran corrientes las referencias a la Comisión Protectora, a las personalidades que la conformaban e incluso al Boletín.
Otra de las vinculaciones entre las publicaciones periódicas, Boletín/Revista y LLA, refiere a la coincidencia en la inclusión de notas ligadas al campo bibliotecológico: anuncios de certámenes y premios literarios, reseñas de bibliotecas reconocidas, proyectos legislativos asociados a procesos de instituciones bibliotecarias, noticias de donaciones de bibliografía, relatos de viajes de bibliotecarios que visitaban bibliotecas del mundo, inauguración de bibliotecas y fomento de colecciones bibliográficas. También es posible establecer lazos entre las publicaciones periódicas de la Comisión Protectora a través de la participación de sus miembros, y otras de tipo culturales e institucionales de la época. Tal es el caso del Boletín de la Academia Argentina de Letras, que comenzó a editarse en 1933 y cuya comisión redactora estaba conformada, entre otros miembros del colegio, por Echagüe, Obligado y Marasso (Boletín de la Academia Argentina de Letras, 1933, I, 1),19 e incluso la revista Nosotros (1907-1943), reconocida como espacio de sociabilidad y legitimación del campo intelectual argentino (López, 2013), de la que Obligado participó como vocal en el directorio constitutivo (Prislei, 1996). Las confluencias entre esta revista y las de la Comisión Protectora se perciben tanto en las incursiones que los escritores reunidos bajo la identidad intelectual de Nosotros tuvieron en el Boletín como en el rol que ocupó el organismo nacional como leal comprador de la publicación para ser distribuida en las bibliotecas populares (Comisión Protectora, Libro de actas n.o 4). Reconocer estos puntos de contacto de las publicaciones de la Comisión Protectora en relación con otras propuestas del momento nos permite dimensionar el despliegue desarrollado por el organismo nacional, al tiempo que recompone algunos rasgos del entramado de afinidades literarias e intelectuales de Echagüe y Obligado.
Entonces, el Boletín y la Revista, que conformaron la máxima apuesta del proyecto propagandístico de la Comisión Protectora en este período, se atribuían respectivamente a los presidentes que estuvieron a cargo de la institución durante su edición. Cabe destacar, asimismo, que durante la presidencia de Echagüe, Obligado permaneció como miembro de la cúpula de autoridades, oficiando como vocal o vicepresidente alternativamente. Esta continuidad reforzó la consolidación de estas dos publicaciones como un solo modelo editorial. Si bien se constituyeron desde los estímulos personales de cada uno, ambas respondían a los idearios y los objetivos que se manifestaron en la génesis de 1933 y se mantuvieron de forma sólida durante todo el período. Este robustecimiento se fundamentó en las consolidadas trayectorias literarias e intelectuales que estos presidentes implicaron en el proceso editorial de la Comisión Protectora.
Por un lado, Echagüe contaba con un vasto recorrido en vinculación con las publicaciones periódicas, incluso desde su infancia, ya que su padre, Pedro Echagüe, fundó y trabajó en varios diarios (El Riojano, El Zonda, El Nacional, El Constitucional), y fue en este espacio de su San Juan natal donde Juan Pablo tuvo sus primeros abordajes al periodismo, con el seudónimo de Jean Paul.20 Así, en su carácter de crítico teatral formó parte de variadas publicaciones: los diarios El Argentino, El País, La Nación, El Diario, La Razón, e incluso la popular revista Caras y Caretas.21 De la cuna paterna, Echagüe heredó una tradición castrense y otra literaria, aunque solo se inclinaría por la segunda, con un fallido paso por la instrucción militar. Juan Pablo formó parte de la «generación de Ideas» junto con Lorenzo Fernández Duque, Roberto J. Bunge, Alberto Gerchunoff, Emilio Becher, Alfredo C. Lopez, Manuel Gálvez, Atilio Chiápori y Abel Cháneton, grupo asociado a la revista con ese mismo nombre (1903-1905).22 Con estos antecedentes, su arribo a la Comisión Protectora, en octubre de 1930 como vocal y en febrero de 1931 como presidente, se produjo por ser una figura reconocida en el ámbito artístico y literario del país: «una personalidad escogida, de buena cuna intelectual, de mostrado sentido crítico, un auténtico hombre de letras» (LLA, 1931, III, 31, p. 217). El presidente nacional de facto, José Félix Uriburu, lo consideró para este rol y al tiempo lo convocó para conformar la recientemente creada Academia Argentina de Letras.23 Este recorrido, sumado a su participación en instituciones centrales de la cultura nacional, como la Academia Nacional de la Historia y el Instituto Nacional Sanmartiniano, así como también por la vinculación literaria a temáticas de la identidad nacional y regional, lo posicionaron como integrante del movimiento del nacionalismo cultural argentino ligado a las figuras de Ricardo Rojas y Manuel Gálvez (García, 2013).
Por su lado, Obligado también contaba con un extenso recorrido en el mundo de las letras y las publicaciones periódicas.24 Carlos Alberto compartía con Echagüe la cuna literaria, ya que era hijo del referente del nacionalismo literario Rafael Obligado, quien también había tenido participación en la cúpula directiva de la Comisión Protectora en carácter de vocal durante la presidencia de Miguel F. Rodríguez. Carlos Alberto creció y se formó en un ambiente ligado a la élite de las letras y la cultura argentina; su casa familiar se constituyó como el espacio de encuentro del mundo intelectual porteño de fines del siglo XIX.25 Los designios paternos fueron continuados de forma activa, ya que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y, a partir de 1920, comenzó su labor poética, que lo llevó a consolidarse también en los círculos sociales ligados a la aristocracia literaria. En 1934, al igual que Echagüe lo había hecho unos años antes, fue incorporado a la Academia Argentina de Letras como corolario de su profusa labor en el ambiente literario nacional a partir de la recomendación de Manuel Gálvez (Gálvez, 2002). En aquella ocasión, Arturo Marasso, secretario de la Academia y también miembro de la Comisión Protectora, no escatimó en elogios a su colega: «fino poeta, cincelador del poema breve y de la oda caudalosa, sutil y armonioso» (LLA, 1934, VI, 65, p. 129).
Una vez que reconocemos a los presidentes de la Comisión Protectora como los hacedores e impulsores de sus publicaciones periódicas, cabe preguntarnos en este marco acerca de su rol como editores. Como advertimos, se trató de publicaciones nacidas en el seno de una institución bibliotecológica estatal, pero que conllevaban un fuerte contenido literario y cultural, en gran parte influenciado por las procedencias, los intereses y las labores de sus promotores. A lo largo de sus páginas, no se incluyeron referencias directas que los aludieran como editores; no obstante, considerándolos como los responsables de la administración del presupuesto, selección de contenidos, diagramación, disposición y circulación de los ejemplares, se constituyeron en el mismo rol que otros editores de publicaciones de literatura y cultura de la época. Durante esta época, los escritores, en especial los de renombre, oficiaban de editores de este tipo de publicaciones, según dos dinámicas particulares. Por una parte, en aquellas revistas surgidas de los propios grupos de intelectuales con el objetivo de difundir las corrientes artísticas o culturales a las que se circunscribían, aquí cada uno de los integrantes contribuía en la tarea de coeditor, y ciertamente de autor. Mientras que, por otra parte, el desempeño del rol de editor estaba dado, asimismo, por una convocatoria ad hoc como trabajo asalariado, para ejercer la responsabilidad editorial de una publicación periódica asociada a una institución independiente (Louis, 2019).26
En el caso del Boletín y la Revista, sus responsables, Echagüe y Obligado, respectivamente, también oficiaban como autores, no solo de artículos vinculados a su labor al frente de la institución, recensiones sobre bibliotecas reconocidas, discursos, crónicas de sus viajes y comunicaciones a las bibliotecas de país a título de su máxima autoridad, sino también con producciones vinculadas a su desempeño en el área literaria. Así, Echagüe incluyó críticas literarias, como a Martín Fierro (Boletín, 1934, 2, 7, p. 1), y ensayos (Boletín, 1935, 3, 11, pp. 1-6). Por su parte, de Obligado se incluyeron en el Boletín reseñas sobre sus obras: Patria (Espasa Calpe Argentina, 1943) y Ausencia (Emecé, 1945), y, en la Revista, se reprodujo parte de El Poema del Castillo y una traducción inédita del poema «L’Art», de Théopile Gautier, en el número dedicado a la conmemoración de su muerte.
Si ampliamos la mirada a todo el grupo directivo de la Comisión Protectora, nos encontramos con otras personalidades que también provenían del campo literario del momento, o tenían vinculación con publicaciones periódicas y que eventualmente se incluyeron como autores de artículos en el Boletín. Tal es el caso del mencionado Marasso, quien, al igual que Obligado, se mantuvo presente a lo largo de todo el período de este proyecto editorial como miembro de la institución. Su producción como prolífico escritor en libros y entregas periódicas fue amplia, por lo que su injerencia en la constitución de la política comunicativa de la Comisión Protectora a lo largo de todos estos años era evidente. Sus intervenciones como autor en el Boletín versaban sobre el rol de las bibliotecas populares en la cultura nacional (Boletín, 1933, 1, 2, pp. 2-6), conceptualizaciones acerca de la lectura en la enseñanza primaria (Boletín, 1935, 3, 10, pp. 1-3), una referencia literaria al poeta renacentista Fray Luis de León (Boletín, 1937, 4, 17, pp. 1-6) y una poesía de su autoría titulada «Entre el alma y el cielo» (Boletín, 1941, 8, 37, p. 3). Otro de los integrantes que ofició como vocal y vicepresidente, y a la vez contribuyó en las páginas del Boletín, fue el intelectual y escritor Rómulo Zabala, quien se sumó en 1935 luego de la renuncia de Eduardo Tibiletti tras ser electo gobernador de la provincia de Entre Ríos. Zabala se mantuvo como miembro directivo de la Comisión Protectora hasta 1943. En este tiempo, contó con una sola colaboración en la publicación, en la que realizó un recorrido editorial y literario por las ediciones de Ulrico Schmidl, viajero y cronista que participó de la conquista del Río de La Plata (Boletín, 1935, 3, 12, pp. 1-6). Además, el vocal Eleuterio Felipe Tiscornia, escritor, filólogo romanista e hispanista argentino, tuvo una breve participación en la Comisión Protectora, ya que se incorporó en 1944 y falleció en 1945, momento en que oficiaba como vicepresidente (Boletín, 1945, 13, 58, pp. 3-6). En el mismo número donde se anunció su fallecimiento se incluyó un artículo de su autoría constituido por un análisis literario de la obra poética de Olegario V. Andrade. Otros miembros de la Comisión Protectora, aun cuando tuvieron renombre, no participaron con artículos en las páginas del Boletín. Tales son los casos del poeta posmodernista Enrique Banchs (vocal, 1945), el crítico, periodista, historiador y filósofo José A. Oria (vocal y vicepresidente, 1941-1946), el político Eduardo Tibiletti (vocal y vicepresidente, 1923-1935) y el doctor Carlos Malbrán (vocal y vicepresidente, 1931-1940).
Ahora bien, más allá de las contribuciones concretas que detallamos, consideramos que revalorizar la participación del equipo directivo de la institución durante la edición de las publicaciones periódicas permite interpretar la impronta dada a las entregas. Las autoridades de la Comisión Protectora provenían mayormente del campo literario del momento, lo que se traducía en considerables contenidos vinculados con esta área, que se complementaban con las informaciones administrativas y técnicas. Estas se constituían en una misma política de lectura amplia para las bibliotecas populares.
Consideraciones finales
En este artículo comenzamos relevando las ediciones de la Comisión Protectora entre 1870 y 1930 con un propósito dual: reconstruir el catálogo de publicaciones editadas por el organismo nacional y, a la vez, dimensionar la singularidad del periodo posterior que nos ocupa, ya que, hasta la presidencia de Echagüe, no hubo una iniciativa semejante, aunque sí se publicaron escritos de tipo monográfico que se dedicaban a reproducir documentos sobre la Comisión Protectora y las bibliotecas populares y discursos de referentes del organismo, dar a conocer información del devenir de las asociaciones, así como también algunos aportes conceptuales. Sin embargo, esta oferta no se asimilaba al despliegue editorial pergeñado por la Comisión Protectora entre 1931 y 1949, período en el que puso en marcha una maquinaria propagandística poderosa que funcionó de manera sostenida e ininterrumpida durante las presidencias de Echagüe y Obligado. Además del significativo número de libros y folletos distribuidos y el programa de radio, los instrumentos de comunicación más potentes fueron el Boletín y la Revista.
La línea editorial de la Comisión Protectora no tenía como finalidad conformar un catálogo de referencia o bien constituirse como una casa editora de renombre, sino que su rol en este sentido era producir materiales que sirvieran de forma efectiva para el desarrollo de las bibliotecas populares. De este modo, estas producciones sirvieron como medios a través de los cuales alcanzaban a las asociaciones de todo el país y le permitía al organismo impulsar sus políticas bibliotecarias de lectura. Entonces, si bien no podemos delimitar una única tendencia editorial, ya que los aportes varían en su extensión, autoría y presentación, debemos reconocer que la cantidad de contribuciones editoriales pergeñadas por la Comisión Protectora constituían una evidente política en lo que se refiere al aparato comunicativo dispuesto hacia las bibliotecas populares.
De este modo, Echagüe y Obligado propusieron un dispositivo expansivo que incluyó libros, folletos y emisiones radiofónicas, pero sin dudas las producciones más emblemáticas fueron el Boletín y la Revista, en las que los presidentes del organismo oficiaron como editores y pusieron en disponibilidad su amplia trama de sociabilidades literarias para constituir estas entregas como publicaciones oficiales de una entidad bibliotecaria, pero también con un fuerte anclaje en el ámbito intelectual de aquel momento. La envergadura de esta política se evidencia en la diversidad y vastedad de contenidos sobre el campo bibliotecario y literario ofrecidos, extendidos por un considerable período de 16 años. En el análisis del vasto plan comunicacional de la Comisión Protectora, resulta necesario reparar en el grado de autonomía y persistencia alcanzado, ya que, en este tiempo, mientras en la Comisión Protectora se sostuvieron dos gestiones directivas, a nivel nacional se sucedieron siete mandatarios presidenciales, que incluyeron gobiernos de facto y democráticos de partidos políticos antagónicos. Sin embargo, al interior del organismo bibliotecario, más allá de los desajustes presupuestarios, estos cambios gubernamentales no incidieron en los planes bibliotecarios y comunicacionales de Echagüe y Obligado.
Por último, vale destacar que, si bien en este trabajo nos dedicamos a concebir la política comunicacional de la Comisión Protectora desde una visión integral, reparando en el rol de los miembros de la institución, así como en la vinculación con otras publicaciones afines, no nos adentramos aquí en el tratamiento del Boletín y la Revista de manera pormenorizada, sino que los concebimos como parte de un dispositivo amplio de difusión en el que tomaron una función protagónica. Naturalmente, son objetos en los que seguiremos profundizando, ya que, como pudimos percibir, su comprensión reviste la complejidad de considerar múltiples actores, instituciones y procesos vinculados con el campo bibliotecario y literario.
