La certificación de productos ecológicos en España y Brasil

Velleda Caldas Nadia¹, Sacco dos Anjos Flávio¹, Lozano Cabedo Carmen² 

¹Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Departamento de Ciências Sociais Agrárias. Campus Universitário s/nº, 96010-970 Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Correio eletrônico: velleda.nadia@gmail.com

²Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento de Sociología II. Obispo Trejo nº2 . 28040 Madrid, España.

Recibido: 20/3/13 Aceptado: 18/12/13

Resumen

El trabajo analiza dos sistemas de certificación de productos ecológicos, el Sistema Participativo de Garantía (SPG) y la Certificación por Tercera Parte (CTP), mediante el análisis comparativo de dos realidades: el Estado de Rio Grande do Sul (Brasil) y Andalucía (España). Se estudian la trayectoria seguida por ambos sistemas en cada una de las zonas, así como sus particularidades, otorgando especial atención a la perspectiva de los actores sociales. Para ello se ha utilizado una metodología cualitativa sustentada en la aplicación de entrevistas abiertas y la observación participante. La principal conclusión es que, si bien ambos sistemas han tenido presencia en las dos zonas, el predominio de uno sobre otro en cada región constituye un reflejo de los intereses creados en torno a la certificación de productos ecológicos tanto por parte de las entidades públicas y privadas, como por parte de los operadores ecológicos.

Palabras clave: CERTIFICACIÓN DE ALIMENTOS, PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, SPG, ESPAÑA, BRASIL

Summary

Certification of Organic Products in Spain and Brazil

The paper analyzes two systems of certification of organic products, the Participatory Guarantee System and the Third Party Certification, by comparative analysis of two realities: the State of Rio Grande do Sul (Brazil) and Andalusia (Spain). This study has analyzed the trajectory of both systems in each of the areas and their specificities with particular attention to the perspective of social actors. To do this we used a qualitative methodology supported by the application of open interviews and participant observation. The main conclusion is that although both systems have been present in the two areas, the predominance of one over another in each region is a reflection of complex interests arosen around the certification of organic products by both public and private entities, and the organic operators.

Keywords: FOOD CERTIFICATION, ORGANIC PRODUCTION, PGS, SPAIN, BRAZIL

Introducción

Los tres últimos decenios han sido testigos de una sensible expansión de la producción ecológica a escala mundial, tanto desde el punto de vista de la superficie cultivada como del número de agricultores implicados en los sistemas de producción de esta índole. Dicho incremento responde a un conjunto de circunstancias y factores muy conocidos, sobre todo los que surgen desde el ámbito de los intereses de los consumidores, cada vez más orientados hacia el consumo de productos de calidad diferenciada y que no ofrezcan riesgos a la salud. En este sentido, hay que tener en cuenta que el creciente desarrollo tecnológico del sector agroalimentario ha propiciado el alejamiento entre el consumidor y la elaboración de su propia comida, aumentando las sospechas de las crecientes manipulaciones de los alimentos que terminaron por convertirse en certezas ante los recientes incidentes (enfermedad de la vaca loca, intoxicación por dioxina, etc.), determinando una mayor preocupación ciudadana por la seguridad y la calidad de los productos (Beck, 1998; Díaz Méndez y Gómez Benito, 2001; Callejo, 2005; Aguilar Criado, 2007).

Es desde esta perspectiva como podemos entender la proliferación que han experimentado, en los últimos años, las denominaciones de calidad que vienen a avalar las cualidades diferenciales o la renta de especificidad (Gómez Muñoz y Caldentey, 1999) que determinados alimentos poseen. Unas características que se sustentan en la vinculación de un producto con un territorio, una materia prima, un saber hacer y/o unas técnicas de elaboración concretas. Para garantizar la presencia de estos atributos que, en muchos casos, son intangibles, se han desarrollado diversos sistemas de certificación. Uno de los métodos con mayor trayectoria en este ámbito es el de la Certificación por Tercera Parte (CTP) en la que una entidad externa aplica una serie de procesos de control para asegurar que el producto se ajuste a unas normas técnicas determinadas y que posea los atributos de valor en los cuales se basa su especificidad.

En la agricultura ecológica, la implantación de sistemas de certificación ha sido necesaria no sólo porque, a diferencia de otros productos agroalimentarios de calidad, sus atributos no son distinguibles a simple vista, sino porque las características diferenciales que aportan los alimentos ecológicos no tienen ningún otro valor sino ser claramente percibidas y apreciadas por el consumidor. Y es por ello que ha resultado crucial el establecimiento de signos distintivos de calidad (Allaire y Sylvander, 1997) ya que estas herramientas (etiquetas, términos, logos) permiten visibilizar claramente al producto, mejorar su identificación y otorgarle una mayor credibilidad y confianza al certificar que el alimento se ajusta a las normas establecidas (Lozano Cabedo, 2009).

Un alimento ecológico, según Minetti (2002), podría definirse como aquel que se ha obtenido a partir de la aplicación, durante todo su proceso (producción, elaboración, transformación y envasado) de las normas que regulan la producción ecológica y que el cumplimiento de las mismas ha sido verificado a través de sistemas de inspección y certificación. Es por esto por lo que se suele decir que cuando se habla de «calidad» de los alimentos ecológicos se hace referencia más a un proceso de calidad total, en cada una de las fases (Molina y Pérez-Sarmentero, 2003). Por tanto, para que un producto pueda ostentar el sello de «agricultura ecológica» debe someterse a una serie de controles que pueden tomar la forma de auditorías, inspección del proceso productivo y/o producto, ensayos sobre muestras tomadas en producción o en el mercado, etc. Una labor que realizan entidades externas e independientes que, a cambio del cobro de un dinero por sus servicios, garantizan la adecuación del producto a la normativa. Sin embargo, no siempre resultan claros ni los procedimientos adoptados por las empresas certificadoras en su labor, ni la credibilidad de los procesos implicados. A ello hay que sumar que el coste de este proceso es abonado por el operador, lo que repercute no sólo en el precio final del producto sino, también, en los productores más pequeños, muchos de los cuales se ven marginados al no poder asumir estos gastos. Bajo el término «operadores» en producción ecológica se incluye a productores, elaboradores, importadores y comercializadores.

Estas cuestiones pueden explicar, al menos parcialmente, la aparición de otros regímenes de certificación como es precisamente el caso del Sistema Participativo de Garantía (SPG) de la Red Ecovida en los estados meridionales de Brasil. De un modo preliminar se puede decir que se trata de un sistema que se apoya en la capacidad de los propios agricultores –de carácter familiar– de establecer mecanismos de control y regulación, sin menoscabo del cumplimiento de las normas de certificación consagradas en la legislación nacional que regula dicho sector. Es decir, lo que se pretende es que este proceso de certificación no dependa, exclusivamente, del dictamen de una entidad externa y del examen realizado por un técnico, sino que los productores puedan participar en una dinámica que les afecta directamente. La aplicación de este SPG supone, como su propio nombre indica, que los actores deben adquirir un mayor compromiso con la producción ecológica, así como un papel activo en la supervisión del sistema.

En efecto, si la CTP viene marcada por la verticalidad de los procesos y por concentrar el poder en las manos de las empresas certificadoras, en el sistema propuesto por la Red Ecovida la apuesta recae en la horizontalidad de unas relaciones que conectan productores, consumidores y técnicos/asesores. Sin embargo, la certificación participativa se enfrenta a diversas dificultades a causa de las particularidades de su dinámica operativa, lo que propicia que sea un sistema que no puede ser implementado en todas las circunstancias y contextos.

Los casos de análisis, Rio Grande do Sul (Brasil) y Andalucía (España) han sido elegidos por ser líderes en la producción ecológica en sus respectivos países y por ser dos regiones en las que ambas experiencias: CTP y SPG han convivido, aunque sea durante un breve período de tiempo. La pregunta principal que ha guiado la presente investigación puede ser formulada en los siguientes términos: ¿qué factores han bloqueado la implantación del Sistema Participativo de Garantía en Andalucía? Por otra parte, se puede indagar: ¿qué condiciones han contribuido para que el sur de Brasil surgiese una experiencia de certificación que hoy por hoy es vista como una referencia a nivel mundial?

El objetivo del trabajo es realizar un abordaje comparativo de ambos sistemas, analizando sus particularidades y desafíos, sus límites y posibilidades, desde la óptica de la ampliación de las perspectivas de los actores sociales implicados en estos procesos y de las dinámicas que les corresponden.

Marco teórico-metodológico

El presente estudio se basa, esencialmente, en el potencial heurístico del abordaje comparativo como instrumento de análisis. Pero no se trata simplemente de confrontar dos modalidades de certificación, sino dos realidades con sus respectivas singularidades, lo que supone aceptar ciertos interrogantes como, por ejemplo, si es posible cotejar procesos relativos a contextos tan distintos, como son el Estado de Rio Grande do Sul, por una parte, y Andalucía por otra. Se busca establecer el nexo existente entre ambos sistemas de certificación aplicados a la producción ecológica dentro de una perspectiva simultáneamente sincrónica y diacrónica. Una cuestión lógica, sobre todo si tenemos en cuenta que resulta imposible hablar del SPG llevado a cabo en Brasil o del sistema de CTP de Andalucía sin hacer referencia a las circunstancias históricas que los engendraron. En otras palabras, se puede decir que esta investigación se asienta sobre el eje de las simultaneidades, que busca estudiar las relaciones entre un determinado objeto-la certificación de productos agrarios- en un momento dado, y en el plano de las sucesividades, que trata de analizar la historicidad de dicho objeto en dos ámbitos distintos, representados por Rio Grande do Sul y Andalucía.

La estrategia metodológica se apoya, como antes mencionamos, en un abordaje de carácter comparativo, método que, durante mucho tiempo, ha sido considerado como el instrumento por antonomasia de la sociología (Bottomore, 1973), utilizado por autores como Durkheim (1985) o Weber (1981). Por tanto, la aplicación de este método nos ofrecía la posibilidad de analizar el estado de la cuestión de los sistemas de certificación en ambas realidades, el Estado de Rio Grande do Sul y la Comunidad Autónoma Andaluza. Es decir, no estamos hablando de comparar dichos contextos entre sí, sino más bien de yuxtaponer las dos realidades en torno a un objeto concreto: la certificación de los productos ecológicos. Una dinámica que, al fin y al cabo, se presenta como un proceso socio-político singular.

Para realizar este abordaje, nuestro estudio se basa en el examen de dos fuentes de información. La primera de ellas corresponde a los datos recogidos en documentos y archivos relativos a la certificación de ambos sistemas y que obtuvimos en el contacto con los agentes (organizaciones no gubernamentales, extensión rural, empresas, etc.). La segunda fuente recae en las 53 entrevistas realizadas en Andalucía y Rio Grande do Sul entre 2009 y 2011 con agricultores y agricultoras, agentes dinamizadores, investigadores, funcionarios públicos de las alcaldías, técnicos de las agencias de certificación, miembros de asociaciones de consumidores y de productores, etc. Las entrevistas (semi-estructuradas) fueron realizadas a través del uso de grabadora digital, mediante consentimiento previo, y de un guión de preguntas que mezclaba preguntas abiertas y cerradas. El contenido de las entrevistas fue fielmente transcrito y arrojó una gran cantidad de material que fue codificado a partir de un temario de interés con énfasis en tres grandes tópicos relacionados con el aludido proceso de creación del SPG: participación, control social y transparencia. La observación participante ha sido utilizada en las reuniones técnicas de los agricultores y en seminarios organizados por las asociaciones de productores y de consumidores.

Resultados y discusión

La certificación de productos ecológicos en Andalucía

España ocupa una situación destacada en el ámbito de la producción ecológica, pues con 1,3 millones de hectáreas certificadas ocupa el sexto puesto a nivel mundial y el primero a nivel europeo (Willer y Kilcher, 2011). Dentro de España, Andalucía detenta una privilegiada situación ya que engloba prácticamente el 54 % de la superficie de agricultura ecológica de dicho país, seguida desde lejos por Castilla-La Mancha (9,15 %), Extremadura (7,18 %), y Cataluña (4,48 %). Del mismo modo, aglutina a un tercio de los productores totales en agricultura ecológica que hay en España. Su evolución ha sido muy destacada, pues ha pasado de tener 2,212 hectáreas y 193 productores en 1992, a contar con 866.799 ha y 7.794 productores en 2009 (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011).

En lo relativo a la certificación y regulación de la producción ecológica, hay que destacar que el origen de esta actividad en Europa estuvo relacionado con la aparición, a partir de los años 50 del siglo XX, de un conjunto de asociaciones discrepantes con las técnicas y métodos de la agricultura industrializada. Entre ellas estaría la «Association Française de l´Agriculture Biologique», surgida en Francia en los años 1960, o «Vida Sana», en España, a mediados de los 1970. Fue a través de estas asociaciones como se establecieron las primeras normativas de producción y elaboración en agricultura ecológica, así como los sistemas de certificación privada basados en la confianza entre productores y consumidores (Amador Seco, 2006). En 1972 se da uno de los pasos más importantes en la consolidación de la agricultura ecológica ya que, coincidiendo con la Conferencia de Estocolmo, de la que surgiría el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se creó la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) en Versailles. Integrada, en un principio, únicamente por cinco asociaciones: Swedish Biodynamic Association (Suecia), Soil Association (Reino Unido), Soil Association of South Africa, Rodale Press (USA) y la anfitriona Nature et Progrès, a mediados de los 1980 ya englobaba a más de 100 asociaciones, en su mayor parte europeas, y en el año 2000 integraba a más de 700 (Molina y Pérez-Sarmentero, 2004).

En paralelo a este proceso, comenzaba a surgir un interés por parte de diversos países europeos por regularizar y controlar la agricultura ecológica. El primer país en crear una regulación para la agricultura ecológica fue Francia, en 1980, a través de la «Ley de Orientación Agrícola». Su ejemplo fue seguido por Dinamarca en 1987 y por España en 1991. La generalización de estas normas en Europa, pero también en otras regiones del planeta, llevó a IFOAM a establecer un marco común de actuación, a nivel internacional, en lo relativo a la agricultura ecológica: las «Normas Básicas de IFOAM para la agricultura ecológica y la transformación de alimentos» que quedaron definitivamente establecidas en 1989. Estas normas, en continua revisión, se han visto complementadas en los últimos años con un Programa de Acreditación que garantiza, a nivel mundial, la equivalencia de los diversos sistemas de certificación. Lógicamente, este paulatino desarrollo de normativas estatales e internacionales, así como el crecimiento de la demanda de los alimentos ecológicos en Europa, impulsaron a la Comunidad Económica Europea a elaborar un Reglamento que permitiese unificar la diversidad de criterios, sistemas de control, procedimientos de producción, importación, etc., utilizados para regular la agricultura ecológica en los diversos países. La aprobación del Reglamento (CEE) Nº 2092/91 (sustituido en el año 2007 por el Reglamento (CE) 83472007) sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios supuso la creación de un marco legal comunitario que determinaba, pormenorizadamente, los requisitos que debía cumplir un producto agrícola o un alimento para poder llevar algún tipo de referencia al método de producción ecológico. Asimismo, mediante este Reglamento se equipararon las distintas denominaciones utilizadas en los diferentes países miembros: orgánico (Gran Bretaña), biológico (Grecia, Francia, Italia, Holanda y Portugal) y ecológico (España, Dinamarca, Alemania, Suecia y Noruega).

Se trata, por tanto, de una normativa bastante compleja que, además de definir en qué consiste ese método ecológico de obtención de productos vegetales y animales, regula y unifica los criterios relativos al etiquetado, la transformación, la inspección y el comercio de los productos ecológicos dentro de la Comunidad, así como la importación de productos de ese tipo procedentes de terceros países. De la misma forma, a través de la misma, cada país miembro adquiría potestad para establecer su propio sistema de certificación, pudiendo ser este de carácter público o privado. España fue uno de los primeros países en regular dicha actividad ya que en 1988 se aprobó la Denominación Genérica «Agricultura Ecológica» y se creó el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica (CRAE). El CRAE tuvo la potestad en el ámbito de la certificación de los productos ecológicos a nivel estatal hasta el año 1993, momento en el que se dio el traspaso de sus competencias a las Comunidades Autónomas. Este hecho supuso la sustitución del CRAE por la Comisión Reguladora de la Agricultura Ecológica, formada por representantes del sector del consumo, administración pública y las Comunidades Autónomas. Con la transferencia de competencias, cada región asumió el control en lo relativo a la certificación de productos ecológicos, optando todas ellas por continuar con el sistema público, a través de Consejos o Comités de Agricultura Ecológica territoriales. Sin embargo, en Andalucía y en Castilla-La Mancha se impuso, hace unos años, el sistema de certificación privada y en Aragón coexisten ambos sistemas. A este panorama hay que sumar que en Andalucía se implementó, como veremos más adelante, una iniciativa experimental en torno a los SPGs, lo que nos muestra la variabilidad de situaciones que se dan en el país.

Creado en 1991, el Comité Territorial Andaluz de Agricultura Ecológica pasó a ser el único órgano competente para el control de la agricultura ecológica en la comunidad andaluza (Del Campo, 2000). Este organismo pasará a denominarse, a partir de 1994, Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), órgano desconcentrado y consultivo de la Consejería de Agricultura que poseía amplias atribuciones que iban más allá del control y la certificación para desempeñar labores de promoción y difusión de la agricultura ecológica.

En 1996 Andalucía se dotó de un reglamento propio, aprobado por la Orden de 5 de junio, para la regulación de la agricultura ecológica en su territorio, en el que se señalaba como autoridad competente para el control de esta actividad en el territorio al CAAE. Por tanto, hasta el año 2002 el sistema de control implantado en Andalucía se basaba en el hecho de que las inspecciones y el proceso de certificación recaían sobre una autoridad de control pública y dependiente de la Junta de Andalucía: el CAAE. Sin embargo, en el año 2003, se modificó el sistema de control para la producción ecológica andaluza, iniciándose un proceso de transición hacia un sistema privado de certificación que supuso la aparición de nuevas entidades operadoras como en el caso de Sohiscert o Agrocolor, entre otras (Lozano Cabedo, 2011). En efecto, desde 2005 el sistema de certificación en Andalucía se basa en la existencia de una Autoridad Competente –la Dirección General de Agricultura Ecológica (DGAE)– perteneciente a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que es la entidad encargada de autorizar a los organismos privados de control para que puedan operar en esta Comunidad Autónoma. Creada en el año 2004, como consecuencia de un acuerdo entre el PSOE y los Verdes de Andalucía, la DGAE pasó a ser la entidad encargada de la dirección y fomento de políticas de producción ecológica en esta comunidad autónoma, hasta su disolución en 2009.

En este contexto, el CAAE se vio obligado a realizar una serie de cambios que le permitieran continuar con su actividad. Para ello tuvo que pasar de ser una entidad pública a constituirse como una organización sin ánimo de lucro. Las razones que condujeron al CAAE a asumir dicha conformación escapan a los límites del presente trabajo, pero es verdad que nos encontramos delante de un proceso social y político complejo, con lo cual se han generado valoraciones muy distintas en cuanto a los resultados que produce desde la óptica de los intereses de distintos grupos involucrados (consumidores, productores, organizaciones no gubernamentales, etc.). La transición hacia un sistema privado de certificación que culminó en la aparición de la Asociación CAAE es resultante de las circunstancias que, según su presidente, les obligaron a asumir la actual conformación. Dijo el presidente de CAAE: «yo creo que la certificación tiene que responder a criterios públicos, no a criterios privados. Siempre lo he defendido y lo defiendo. Nosotros nacimos con esta vocación. Lo que pasa que con el tiempo, debido a que nosotros no permitíamos ciertos temas, nos obligaron a privatizarnos, en contra de nuestra voluntad».

Pero hay que tener en cuenta que la expansión de la actuación de las certificadoras en España, especialmente en Andalucía, no puede ser analizada sin aludir el efecto producido por las ayudas agroambientales. Este hecho hay que tenerlo en cuenta cuando se examina la trayectoria de la certificación de producción ecológica en esta comunidad. Además, según González de Molina (2009: 44-45), la agricultura ecológica española, en buena medida, «está siendo refugio de producciones en crisis. Las ayudas son la única manera de que subsistan».

No obstante, desde 2006, y con el fin de proporcionar la máxima objetividad y rigor al sistema, sus servicios de certificación están acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación en la norma UNE EN 45011, reforzando la competitividad y fiabilidad. La trayectoria de esta entidad desde los orígenes de la producción ecológica en Andalucía y su adaptación al nuevo marco, han permitido que la Asociación CAAE se haya convertido en la entidad que actualmente lidera la certificación de productos ecológicos en Europa y España, representando a más de 7.200 operadores de Andalucía y Castilla-La Mancha y desarrollando su actividad sobre 714.663 hectáreas. La marca CAAE cerró el año 2008 con incrementos del 15,43 % en el número de operadores certificados y del 43,7 % en la superficie dedicada a la agricultura y la ganadería ecológica (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, 2009). Sin embargo, y como destacan diversos autores (Guthman, 2002; Gómez Tovar et al., 2005; Cuéllar Padilla, 2008; Caldas, 2011) desde la óptica del consumo se puede decir que la CTP no asegura niveles de confianza en los procesos que le corresponden. En buena medida se considera que se trata de un proceso eminentemente burocrático en donde no siempre «se cumplen los mínimos establecidos para las visitas anuales y las que se hacen no son de calidad ni rigurosas» (Cuéllar Padilla, 2008).

Desde la perspectiva de los intereses de los productores hay críticas hacia la modalidad de CTP, sobre todo para los productores familiares que no poseen condiciones para asumir los costes que acarrea dicho sistema. Asimismo, los productores nos señalaban lo injusto que es que se les exija que identifiquen con un sello su producción ecológica (y que tengan que abonar los precios de la certificación para demostrar la idoneidad de su producción) mientras que la producción convencional puede seguir generando externalidades ambientales negativas (Lozano Cabedo, 2011). Según uno de los agricultores andaluces entrevistados: «nosotros tenemos que demostrar que lo estamos haciendo bien y pagar por ello, cuando está permitido envenenar todo».

Otro aspecto que se debe subrayar es que dicho sistema no contribuye a ampliar la actuación política de los productores familiares, dado que presupone una relación estrictamente contractual, bajo la lógica de la certificación por producto. Un sistema que, por cierto, no contribuye al acercamiento entre productores y consumidores en torno a unos compromisos más amplios como son la preservación medioambiental y la sostenibilidad de los agroecosistemas (González de Molina et al., 2007). Para tratar de reducir estos problemas desde la DGAE se implementó una iniciativa para evaluar las posibilidades que tendría la aplicación del SPG –claramente inspirado en la experiencia de la Red Ecovida de Brasil– entre los pequeños productores ecológicos andaluces. Esta iniciativa se implementó en tres zonas de Andalucía (Serranía de Ronda, Sierra de Segura y Castril) a partir de la creación de grupos de productores-consumidores que fueron los encargados de controlar el proceso. Por ejemplo, en la Sierra de Segura, en torno a un grupo de 15 productores orientados por un técnico, se sentaron las bases y se evaluaron las potencialidades y problemas que presentaba la aplicación de este sistema de certificación. Es decir, con esta iniciativa lo que se pretendía era que el proceso de certificación no dependiera exclusivamente del examen realizado por un técnico, sino que los actores pudieran participar en una dinámica que les afectaba directamente. Ello suponía que los productores y consumidores debían adquirir un mayor compromiso con las diferentes dimensiones de la producción ecológica, así como un papel activo en la supervisión del sistema. Con todo, esta experiencia no consiguió asentarse a causa de la presión ejercida por sectores contrarios.

Cuéllar Padilla (2008) señala que los factores que obstaculizaron la implantación de un SPG fueron, por un lado, la incapacidad de muchos productores para concebir un sistema de certificación alternativo al actual, sobre todo dado que el reglamento oficial no considera ninguna otra opción. Por otro, también se explica por la escasa tradición en el asociacionismo y trabajo en grupo, así como la falta de carácter emprendedor imperante, todavía hoy, en muchas áreas rurales andaluzas. Según sus propias palabras: «por un lado el individualismo, lo que generaba desconfianza ante los demás, sentimiento de soledad y una escasa iniciativa para implicarse en procesos grupales; y por otro lado la pasividad, generada por la actitud generalizada en el territorio de esperar las soluciones a sus problemas desde la administración» (Cuéllar Padilla, 2008: 194-195).

La certificación de productos ecológicos en el sur de Brasil

La denominación «orgánico/a» es la que se ha utilizado tradicionalmente en la legislación brasileña para hacer referencia a este método productivo, así como a los alimentos obtenidos mediante la misma. Sin embargo, en los últimos años diversos movimientos sociales han comenzado a utilizar el término «producción ecológica», para aludir a un sistema productivo regido por los principios de la agroecología, restringiendo la denominación «producción orgánica» para hacer referencia a aquella que está sometida a certificación por tercera parte y que se limita, en gran medida, a desarrollar una práctica de sustitución de insumos. En este apartado se utilizarán ambos términos para reproducir estas dos visiones diferenciales que, actualmente, coexisten en el panorama brasileño en torno a la certificación de alimentos ecológicos. Las estadísticas más recientes de Brasil respecto a la situación de la agricultura orgánica informan que dicho país ocupa el tercer puesto al nivel mundial (Willer y Kilcher, 2011). Esto ocurre como resultado de la inclusión de la superficie dedicada a los sistemas sostenibles de producción existentes en la región amazónica. No obstante, hay que considerar otros datos. Brasil cuenta con un universo de 5.175.489 de explotaciones agrarias, según datos del último Censo Agropecuario de 2006 (Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística, 2009). La misma fuente indica que hay 90.497 explotaciones bajo producción ecológica, de las que solo 5.106 están efectivamente certificadas. Los tres estados meridionales de este país (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná) suman 1.006.181 explotaciones agrarias, de las cuales 19.275 practican agricultura ecológica, aunque solo 1.924 están efectivamente certificadas bajo algún sistema. Con eso se quiere señalar que estos estados concentran el 19,4 % del total de explotaciones agrarias existentes en el país y son responsables por 37,7 % de las explotaciones de producción orgánica certificada.

Como ya hemos mencionado, Brasil se destaca en el ámbito de la producción orgánica no sólo por su importante presencia a nivel territorial, sino también por presentar un panorama diferencial en el ámbito de la certificación. La aparición de la Red Ecovida está directamente relacionada con la actuación de los movimientos sociales, grupos ecologistas y organizaciones no gubernamentales que, durante las décadas de 1970-1980, denunciaron los efectos nocivos del proyecto de modernización conservadora de la agricultura llevado a cabo por el régimen militar. En los años ochenta, coincidiendo con la redemocratización nacional, su actividad estuvo más bien dirigida hacia la organización de los agricultores familiares en los estados meridionales, sobre todo en la búsqueda de alternativas de acceso a los mercados.

En concreto, se puede argumentar que el surgimiento de la Red Ecovida debe tomarse como una expresión de la capacidad de lucha y articulación de las instituciones involucradas en la defensa de los intereses de la agricultura familiar y bajo los principios de la agroecología y del desarrollo rural sostenible. Dicha Red se creó en noviembre de 1998, reuniendo a su alrededor varias estructuras de mediación de la agricultura familiar de los estados meridionales, incluidas las organizaciones de consumidores, procesadores, investigadores y agentes de extensión agraria, oficiales y privados. En aquellos tiempos, la Red Ecovida optó por el uso del término «producto ecológico» en vez de «producto orgánico» al entender que el primero contempla una agricultura ecológica bajo los principios de la agroecología y no solamente una agricultura de sustitución de insumos. Asimismo es oportuno mencionar que su creación representó la culminación de circunstancias muy peculiares que hay que tener en cuenta en el análisis de su trayectoria. En 1994, el Ministerio de Agricultura decidió incluir en sus actuaciones el tema de la certificación de productos agroalimentarios, encaminando el proceso de normalización de la certificación a la creación de un sello de calidad, de modo que estos pudieran ser comercializados bajo el distintivo «producto orgánico». Por tanto, tal y como relata Santos (2005), dicho proceso fue realizado sin la participación de los diversos actores interesados en el asunto. Tras la presión ejercida por los movimientos sociales el Ministerio invitó las organizaciones cuya actuación reflejaba la diversidad de experiencias existentes en Brasil. Pero había una clara divergencia entre los distintos actores involucrados: por una parte estaban los que se orientaban hacia el modelo propuesto por IFOAM y claramente proclives a la certificación convencional; por otra parte había grupos que defendían la tesis de que el sello orgánico era algo innecesario. Pero también estaban los que juzgaban que si la certificación era algo imprescindible, ella podría ser realizada por pequeños agricultores reunidos en grupos y asociaciones o incluso a través de empresas sin ánimo de lucro (Santos, 2005). En este contexto hemos de tener en cuenta que la construcción de la Red Ecovida representa la concertación de los intereses de actores sociales ligados a la agricultura familiar, tanto a nivel de los estados meridionales de Brasil como a nivel nacional, en el sentido de ocupar un espacio hasta entonces controlado únicamente por agentes privados y por los grandes grupos interesados en imponer una visión del proceso de certificación acorde con sus propios objetivos e intereses.

La Red Ecovida cuenta actualmente con 24 núcleos regionales distribuidos en los Estados de Rio Grande do Sul (8), Santa Catarina (7) y Paraná (9). Cada núcleo concentra un determinado número de agricultores reunidos en pequeñas cooperativas o asociaciones, además de otros miembros (organizaciones de asesoramiento y comercialización, procesadores, organizaciones de consumidores, colaboradores y socios individuales). En el Estado de Rio Grande do Sul existen 70 grupos, mientras que en Santa Catarina y Paraná hay 30 y 72 grupos, respectivamente. En concreto, la Red Ecovida representa un espacio de articulación que congrega en torno de sí un amplio espectro de entidades identificadas con la defensa de los principios de la agroecología y de la agricultura familiar. Con todo, se debe mencionar que no posee personalidad jurídica (Abreu et al., 2004), con lo cual es necesario un ente específico para atender las exigencias previstas en la legislación brasileña en lo que afecta al proceso de certificación propiamente dicho.

El espacio de tiempo comprendido entre el final de los años 90 y el período actual coincide con la aparición de sucesivos instrumentos normativos por parte del Ministerio de Agricultura brasileño en los que se reconoce la existencia de diversos sistemas de garantía, es decir, tanto el sistema por tercera parte como el sistema participativo preconizado por las organizaciones identificadas con la agroecología, como es precisamente el caso de la Red Ecovida. El discurso de uno de nuestros entrevistados, que estuvo implicado en los debates que culminaron en el surgimiento de la Red Ecovida, expone claramente la idea de la necesidad de crear «algo alternativo» a la certificación convencional. Ello implicaba la creación de una configuración en la que tuvieran cabida los distintos enfoques socio-técnicos y que contemplase las diferencias locales bajo un mismo concepto centrado en la calidad de los procesos y sin menoscabo de los instrumentos de control de la calidad de los productos.

Lo que se quiere resaltar es que la aparición de la Red Ecovida no puede ser analizada sin aludir al papel político desempeñado por esta categoría social y política en una región específica de Brasil. Esta zona se caracteriza por la marcada presencia de los rasgos de la colonización protagonizada en el siglo XIX por inmigrantes provenientes de Europa (alemanes, polacos y noritalianos). Estos colonos incorporaron a la sociedad de esta parte de Brasil un ethos singular (Gaiger, 1994; Tedesco, 1999) que plasmaba los rasgos típicos del campesinado centroeuropeo, principalmente su dinamismo para la diversificación de las unidades familiares de producción.

La dinámica del proceso de certificación llevado a cabo por la Red Ecovida refleja una visión centrada en cuatro aspectos básicos: a) generación de una identidad: lo más importante es tener una marca que identifique y aglutine los actores involucrados en esta propuesta bajo estos principios filosóficos; b) autonomía de los agricultores: se trata de fortalecer el acceso a los mercados y reducir su dependencia con respecto a agentes externos al ambiente social en que actúan; c) generación de credibilidad: el objetivo es asegurar la confianza de los consumidores y el público en general con respecto a los productos y procesos de producción y certificación; y d) proceso de aprendizaje: es decir, resulta fundamental perfeccionar la comprensión sobre todo el proceso con base en los principios de la agroecología y de la participación.

La trayectoria seguida por la Red Ecovida no debe ser evaluada tanto desde la óptica del volumen de los productos certificados en los tres estados meridionales como desde la perspectiva de la conquista de un marco legal que admite esta modalidad de certificación con un rango equivalente al de la certificación convencional o por tercera parte. El SPG se posiciona como una estrategia orientada a fortalecer los principios de la cooperación en el ámbito de las organizaciones de la agricultura familiar y profundizar en el acceso a las políticas públicas o de su perfeccionamiento. Un ejemplo claro de ello puede ser visto en el caso de los llamados «mercados institucionales» (e.g. abastecimiento de escuelas y restaurantes populares) en donde hay un claro protagonismo de las instituciones integradas a la Red Ecovida. La percepción acerca de la relevancia de los mercados institucionales es un hecho recurrente en los estudios sobre el abastecimiento alimentario de las grandes ciudades del mundo y que incluso ha sido incorporado como una nueva bandera de lucha de las organizaciones populares. También en el caso de Andalucía, el proyecto para la implantación de un SPG se ideó de forma paralela a las iniciativas de consumo social de productos ecológicos. Respecto a esta cuestión se expresaba uno de nuestros entrevistados: «Creo que este modelo, tal como lo teníamos pensado, estaba fundamentalmente vinculado al programa de consumo social, o sea de consumo colectivo vinculado a escuelas y hospitales. Había ahí una sinergia que practicar muy interesante, pues el sistema de garantía también abarata los costes y los precios finales, y al mismo tiempo de este precio final pueden beneficiarse entidades de carácter público ¿no?»

En resumen, lo que aquí se quiere señalar es que los Sistemas Participativos de Garantía no se pueden analizar de forma desconectada respecto a otros instrumentos de política pública que pueden potenciar enormemente sus efectos y aumentar la eficacia social de la intervención estatal y del espacio ocupado por los entes públicos y/o privados identificados con estos objetivos y compromisos.

Consideraciones finales

A lo largo de este trabajo se ha puesto de manifiesto las características que han adquirido dos sistemas de certificación de productos ecológicos: el sistema de Certificación por Tercera Parte y el Sistema Participativo de Garantía, en dos contextos sociales muy distintos como son Andalucía y Río Grande do Sul. También se han analizado los factores que incidieron para que predomine la primera forma de certificación, sobre todo en el caso de España, bajo los efectos de las normativas que emanan del marco europeo.

En el caso de Andalucía, se ha puesto de manifiesto que el cuadro actual se aleja de la situación ideada en los años 1980 en torno a la creación de un sistema público de certificación ecológica de los productos agrarios. En esta región, la CTP tiene un peso considerable que ha ido aumentando con el espectacular incremento de la agricultura ecológica, sobre todo tras la implantación de las ayudas agroambientales de la Política Agraria Común (PAC). Dicho sistema se muestra adaptado a las condiciones en las que opera esta forma de agricultura y refleja la capacidad de articulación política y social de los actores que hoy por hoy capitanean dicho proceso. La dinámica que ha seguido la Asociación CAAE y su posición actual constituyen un claro ejemplo de sistema de certificación privado y por tercera parte de productos ecológicos. Como se ha señalado, los intentos de implantación de un SPG en Andalucía no prosperaron por diversas razones. La fragilidad del capital social en los territorios involucrados en esta experiencia, la falta de apoyos institucionales y el individualismo de los productores han sido decisivos para que ello ocurriese, además de los intereses de las empresas interesadas en posicionarse en el atractivo «mercado de certificaciones» que impera en Europa, sobre todo porque no se reconoce otra forma de certificación que no sea la modalidad por tercera parte.

En el caso de Rio Grande do Sul, se ha señalado como en esta zona hay un sector muy activo de productores familiares que ha sido responsable por imponer una pauta de reivindicaciones al gobierno federal e incluso sacar a la luz una serie de instrumentos públicos de financiación y de políticas de desarrollo. Los productores, en su gran mayoría descendientes de colonos centro-europeos, preservan un considerable nivel de protagonismo en la defensa de sus intereses, además de un grado de asociacionismo sin el cual la creación de la Red Ecovida y otros procesos no se habrían concretado. La experiencia en Brasil resulta interesante en cuanto proceso socio-político, aunque sus éxitos son difíciles de evaluar porque todavía no se conoce el impacto de las medidas legislativas y la capacidad de las instituciones involucradas en avanzar en pro de la ampliación del acceso a los mercados. Muchos de nuestros entrevistados se preguntaban qué ventajas se podría obtener con la creación de la Red Ecovida, si de lo que efectivamente se trataba era de vender sus productos en los mercados locales y acercarse a los consumidores de las ciudades próximas, con lo cual la relación coste/beneficio no se presenta como necesariamente ventajosa. Por otro lado, muchos de los actores sociales que defienden dicha estrategia tienen la mirada puesta en los mercados externos y en otras posibilidades que sobrepasan el ámbito local, lo que sirve para demostrar que no hay una posición única respecto a las ventajas de la certificación participativa que implica costes y una considerable dosis de compromiso, obligaciones y una cierta burocracia.

Agradecimientos

Los autores agradecen los apoyos recibidos de distintos órganos y agencias de fomento. Ha sido financiado a través de PRONEM/FAPERGS (Processo nº 112044-2) Capes, CNPq (Brasil), así como por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Carolina (España).

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