“Entran y salen por la puerta giratoria”, se dice con frecuencia sobre quienes transitan el sistema penal. La metáfora es una de las predilectas del sentido común que rodea el castigo. Sintetiza el tránsito por este sistema en un giro, una rotación en la que entrar y salir son casi el mismo movimiento instantáneo. Nos habla de un sistema que no castiga lo suficiente, que castiga poco. Sus habitantes se salen con la suya sin más, impunes. En versiones extremas del mismo espíritu con el que se construye esta metáfora, la puerta giratoria podría ser incluso una puerta de entrada única, sin salida, para que otros deseos punitivos se hagan realidad. “Que se pudran en la cárcel”.

Sin embargo, contrariamente a lo que indica esta metáfora, el sistema penal es laberíntico. El ingreso a él no se produce por una única puerta. Quienes ingresan lo hacen, en su mayoría, por la vía de las ilegalidades, sí, pero las motivaciones, accidentes, injusticias, relaciones o burocracias que habilitan su ingreso son múltiples. Por otro lado, el laberinto despliega sus recodos al interior de las burocracias penales, conectando a las instituciones del sistema penal entre sí. De la inocencia al calabozo hay una detención; del juzgado a la cárcel un dictamen judicial; de la cárcel al juzgado un traslado en vehículo; de la cárcel a la calle un trámite de egreso. Podemos seguir conectando la institucionalidad del sistema penal en un solo movimiento, pero la arquitectura institucional por la que transitan estos procesos es compleja. El laberinto se despliega entre las burocracias penales de forma barroca e intrincada. Suceden allí varios movimientos a la vez, una coreografía del castigo.

A pesar de la heterogeneidad del laberinto penal, un factor común habita casi todos sus recovecos: las violencias. Son violencias en plural, con sentidos y motivaciones distintas, practicadas de múltiples modos, por diferentes autores, con efectos y resultados variables. Violencias residentes del laberinto penal y, por lo tanto, guías convenientes para conocerlo en profundidad.

Con ese afán cognoscitivo, el presente dossier navega por el sistema penal siguiendo la pista de las violencias que suceden en su interior. Sitúa a las violencias dentro del sistema atendiendo a las modalidades que adoptan, a las racionalidades que las sostienen, a los diversos modos de experimentarlas, a las relaciones sociales en las que se inscriben, al modo en que son ejecutadas y administradas. Los trabajos que aquí se presentan se alejan de una mirada moral y normativista sobre estas violencias. Así, actualizan discusiones, proponen reflexiones y análisis acerca de las violencias situadas dentro del sistema penal e integran la mirada de sujetos que las vivencian y participan de ellas.

Un aporte del dossier es la reflexión sobre las violencias. En primer lugar, permite entender a la violencia como recurso (^{Riches, 1988}; ^{Garriga Zucal, 2016}). Lejos de comprenderla como una práctica irracional propia del sinsentido, da cuenta de criterios de uso de las acciones violentas, desnuda las lógicas que definen qué hacer y cuándo. Las prácticas violentas han sido expulsadas de lo “social” y parecen ser ejemplo de un elemento patológico o anormal. ^{Rifiotis y Castelnuovo (2011}) señalan que la violencia aparece como unidad exterior al campo social, como negación de la sociabilidad. En otro trabajo, ^{Rifiotis (1998)} argumenta que es necesario recolocar a la violencia donde ella nunca dejó de estar: en el círculo de las experiencias sociales. Restituir la violencia como parte de las experiencias sociales -gambeteando la anormalidad- nos permite estudiar las formas en que las prácticas violentas se tornan legítimas para sus ejecutores. Las acciones violentas son, entonces, recursos legítimos en repertorios de acción de diferentes grupos sociales El dossier ubica así a las violencias, de cualquier característica, en el plano de lo social; esquiva de esta manera las interpretaciones patológicas y promueve las intervenciones sobre los fenómenos sociales que alimentan la legitimidad del uso de las violencias. En segundo lugar, y directamente vinculado a la noción de recurso, el dossier alienta una reflexión sobre la relación entre violencia y vulnerabilidad. Los artículos ilustran que el uso de la violencia es más recurrente cuando las condiciones de vulnerabilidad son apremiantes. Apreciamos, entonces, que la violencia como recurso se distribuye desigualmente en nuestras sociedades. La desigual distribución es resultado de la posesión o no de otros recursos para afrontar conflictos y situaciones complejas. Los repertorios de acción que otorgan legitimidad al uso de las violencias son fruto de condicionamientos sociales.

El asunto que aborda este dossier es opaco, de difícil acceso. Investigar el sistema penal es, casi siempre, trabajar con un objeto esquivo. ¿Cómo gestionan las violencias las burocracias penales? ¿Cómo las clasifican? ¿Qué sentidos y definiciones construyen sobre ellas? ¿Cómo las experimentan las personas que las sufren o ejecutan? ¿Qué hacen con ellas? Varios artículos de este dossier iluminan estas opacidades. Decidimos organizarlos trazando un vector imaginario que discurre del afuera del sistema hacia el interior de él. De las violencias que suceden afuera del sistema hacia uno de sus tramos finales: la cárcel. Así, con el artículo de Cozzi posamos la mirada en una de las violencias que convoca el interés de agencias penales: la denominada violencia narco. Rabuffetti y Bover nos muestran cómo se investigan los delitos. Con el artículo de Fernández Godenzi, Lindley Llanos, González Espinosa y Carranza Risco conocemos algunas posibles trayectorias de ingreso a los sistemas penales. Y, finalmente, con los textos de Grau, Garibaldi y Matto y Figueiro y Sánchez exploramos algunas dinámicas sociales que suceden en la cárcel. Dicho esto, repasemos los textos.

María Eugenia Cozzi nos acerca al fenómeno de las violencias altamente lesivas en Rosario, Argentina, desde una mirada anclada en los modos en que estas violencias son clasificadas. La autora analiza dos modos de clasificación de estas conflictividades: uno, el de las agencias estatales que producen información sobre homicidios; otro, el de los y las jóvenes que participan de estos conflictos violentos. La distinción entre un término y otro (homicidios y conflictos violentos) no es antojadiza, sino que responde a dos modos nativos de definir el mismo fenómeno. Por un lado, definiciones de agencias estatales alineadas con categorías como homicidios, narcotráfico o ajustes de cuentas, que producen poderosos efectos semánticos y que blindan las conflictividades a un sistema clasificatorio fijo. Por otro, sentidos asignados por los protagonistas de estas muertes, que destacan sus efectos productivos en tanto fuente de poder y de construcción de prestigio social y honor. Estas últimas definiciones añaden dimensiones presentes en las conflictividades que escapan a las tipologías estatales sobre homicidios.

Cozzi bucea entre estos sistemas clasificatorios analizando fuentes secundarias (informes y documentos oficiales) que muestran cómo las agencias estatales registran, categorizan y clasifican estas muertes y a través de su trabajo etnográfico con jóvenes de Rosario. Su artículo nos distancia de las narrativas acerca de la violencia letal que subrayan su supuesta irracionalidad, su comportamiento fuera de control, su dispersión errática e imprevisible por Latinoamérica. Por el contrario, es un artículo que emprende con éxito la compleja tarea de identificar los patrones detrás de este fenómeno, de mostrar sus regularidades, su predictibilidad. Las violencias aparecen en este texto definidas, tipificadas, por las burocracias penales para su administración casuística y simbólica. Y, a la vez, definidas y tipificadas por sus protagonistas como terreno de exploración identitaria, de administración de disputas y construcción de poder.

Las agencias penales (a la par de otros agentes, como el periodismo o la política) construyen sentidos sobre las conflictividades y las violencias. Uno de los modos en que se aproximan a estos fenómenos es investigándolos una vez que los detectan. Conocer los saberes, prácticas y rutinas que las agencias penales ponen en juego para investigar las violencias nos aproxima a conocer cuál es su relación con ellas.

¿Cómo abordan, entonces, las burocracias penales la investigación de estas violencias? Rabuffetti y Bover nos muestran el mundo de la investigación criminal en Argentina, indagando entre lo que nos dicen las definiciones jurídicas sobre el proceso de investigación criminal y las prácticas de los agentes sociales involucrados en él. El trabajo profundiza en los elementos que se ponen en juego en las relaciones en las que participan policías, jueces y fiscales a lo largo del proceso de investigación criminal. Emergen en estas relaciones definiciones, disputas por el poder, negociaciones, recompensas de dudosa legalidad y jerarquías que configuran un vínculo que nos muestra no lo que debería ser, sino lo que efectivamente es la investigación criminal. El artículo, además, induce a pensar en el sistema penal como justamente eso, un sistema, alejado de una mirada autonomizante sobre las burocracias que lo integran y subrayando los vínculos interinstitucionales entre ellas que se entretejen a lo largo de sus rutinas de trabajo.

Las violencias no solo están en los sistemas penales, son puertas de entrada a él. Como tales, conectan el exterior con el interior del sistema penal, y son atravesadas por las personas que las experimentan. El artículo de Fernández Godenzi Lindley Llanos, González Espinosa y Carranza Risco que integra este dossier profundiza en estas vías de acceso al sistema penal. Las autoras indagan sobre la experiencia de mujeres recluidas por tráfico ilícito de drogas (TID) en Perú, una problemática que resuena en varios países latinoamericanos y documentan cómo el involucramiento femenino en el TID responde a mandatos tradicionales de género que subordina a las mujeres a desempeñar tareas secundarias: recolectoras, microcomercializadoras o mulas. Las experiencias de estas mujeres nos distancian de concepciones racionalistas o materialistas acerca de la iniciación en trayectorias delictivas, y subrayan el lugar decisivo que ocupan las violencias estructural y de género para explicar su involucramiento en el TID. Desde una perspectiva feminista, identifica cinco trayectorias de involucramiento en este fenómeno. El artículo abona a un conjunto de investigaciones que han documentado las trayectorias de mujeres hacia el TID en diferentes contextos, e invita a ser puesto bajo examen en otros países de nuestro continente.

El dossier también se mete con un fetiche de los sentidos comunes construidos en torno al sistema penal: la violencia en las cárceles. Así como en los demás espacios que componen el sistema, la violencia en contextos penitenciarios no es una sola, sino que también se conjuga en plural. Los artículos que presentamos aquí descomponen estas violencias en sus diferentes dimensiones, expresiones y sentidos. Al mismo tiempo, los textos complejizan y relativizan la extendida idea de que las cárceles están conformadas únicamente de violencia.

Una faceta que estos artículos resaltan es que las violencias no son monopolio de las agencias penales; existen repartidas entre todos sus integrantes. Desde esa perspectiva, Caetano Grau enfoca a uno de estos actores: los trabajadores del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), el instituto penitenciario de adolescentes uruguayo. El autor se introduce en la gobernanza de este sistema a bordo del poder, en tanto categoría analítica para el análisis cotidiano de las relaciones que suceden en él. Caetano Grau describe las condiciones laborales deterioradas en las que se desempeñan estos trabajadores y subraya que en estos contextos visualizan la violencia con recelo y recurren a ella de forma excepcional como táctica de poder disciplinar, y priorizan la persuasión y el diálogo con los adolescentes.

El de los trabajadores del INISA es un poder que nunca es absoluto, sino negociado; cuyas posiciones de enunciación no son fijas, sino dinámicas; que no es objetivable, sino que siempre está en juego, y cuyas configuraciones no se reducen a enfrentamientos, sino que también se realizan mediante la construcción de alianzas y coaliciones situacionales. Una “artesanía del vínculo”, según el autor, donde el recurso de la violencia no aparece distribuido únicamente sobre el polo de los trabajadores, sino también sobre el de los adolescentes. La pelea, las amenazas, el acto de “quemar un módulo”, aparecen -en el discurso de los operadores del INISA- como recursos que los adolescentes cuelan en la negociación por el poder en contextos de encierro. El poder, entonces, no aparece leviatanizado, sino inscripto en marcos regulatorios en permanente disputa y negociación. De esta forma, el artículo nos muestra que las violencias habitan entornos penitenciarios en calidad de recursos a disposición de los supuestos depositarios de ellas, y como tales acentúan su capacidad de agencia. Pero estas violencias no se dirigen solamente hacia terceros (los trabajadores penitenciarios, en este caso), sino que ocasionalmente tiene como depositarios a los propios internos.

Así lo muestra el artículo de Garibaldi y Matto, que analiza una cualidad poco explorada sobre las prácticas violentas en contexto penitenciario: las autolesiones. Las violencias autoinfligidas mediante incisiones, punciones, tajos y cortes son expuestas en este texto como una categoría de análisis productiva sobre la experiencia carcelaria. El cuerpo emerge aquí como un territorio sobre el cual expresar demandas de mejores condiciones de encierro, traslados, acceso a derechos o beneficios. El acto de cortarse es entendido como una estrategia de afirmación sobre el despojamiento que la cárcel supone, ocasionalmente más efectiva que gestiones jurídicas protocolizadas. Del mismo modo que Caetano Grau documenta que el recurso de la violencia se pone en juego en las relaciones entre internos y trabajadores, la violencia autoinfligida es analizada aquí en una clave similar. Garibaldi y Matto desarrollan otra dimensión de la violencia autoinfligida que nos interesa introducir: su cualidad para producir sensaciones de alivio y tranquilidad. En un contexto donde la expresión de las emociones se ve limitado, la autolesión emerge como un mecanismo para mitigar el sufrimiento del encierro. Finalmente, el texto introduce un tercer elemento que nos interesa señalar: el acto de no cortarse. Entre población recluida migrante, no cortarse emerge como un acto de diferenciación respecto a la población local, que para los primeros constituye una marca de debilidad y delimitador de una masculinidad “fuerte”. Son tres dimensiones que subrayan la cualidad productiva de un fenómeno (las violencias) que suele ser descrito a partir de facetas destructivas.

Por último, el trabajo de Figueiro y Sánchez analiza un fenómeno que impactó sobre la circulación de violencias en el contexto penitenciario argentino. El artículo indaga sobre el impacto de la autorización de la tenencia de teléfonos celulares en las cárceles argentinas, habilitado desde la pandemia del covid-19. Ello produjo un efecto inesperado que redefinió los usos del dinero en el contexto penitenciario: las personas privadas de libertad accedieron a la gestión e incluso a la producción del dinero propio. En un contexto que se suele retratar como clausurado hacia el exterior, la autorización de celulares trajo consigo la proliferación de plataformas financieras digitales, modificando los modos de circulación del dinero, redefiniendo el modo en que las personas detenidas pagan, prestan, piden e invierten dinero.

La introducción de plataformas financieras en la cárcel transformó, además, las relaciones sociales en la que participan las personas privadas de libertad. Figueiro y Sánchez dan cuenta de que las plataformas desplazaron el papel protagónico de los penitenciarios. Antes de ello, los trabajadores penitenciarios cumplían un papel regulatorio informal sobre la circulación de dinero en la cárcel: mediaban entre los presos y el dinero. El billete físico, que siempre conlleva el riesgo de ser requisado, era fuente frecuente de conflictos entre agentes penitenciarios y personas privadas de libertad.

Como última reflexión, señalamos que el dossier se enfoca sobre algunos problemas desconsiderados a la hora tanto de pensar el fenómeno de la violencia como de enfrentarlo desde los distintos activismos que lo abordan. Vemos personas sometidas a continuos de violencias (^{Scheper-Hughes y Bourgois, 2004}) y continuos de precariedades (^{McWilliams y Bonet, 2016}) que a su vez desarrollan formas de comerciar estando privadas de libertad (Figueiro y Sánchez), que se autolesionan para interpelar a las violencias institucionales y soportar las angustias de la privación de libertad (Garibaldi y Matto) y que, aun siendo adolescentes, desestabilizan y enfrentan el poder de los trabajadores de los centros de reclusión (Caetano Grau). Asimismo, vemos las múltiples violencias sufridas por las mujeres que trabajan en el TID, signadas por un orden patriarcal que las interpela tanto en su rol de cuidadoras como de proveedoras de sus hijos. El extendido asunto del crecimiento de la cantidad de mujeres privadas de libertad en Latinoamérica ofrece un nudo de problemas de violencias y precariedades que nos permite pensar en forma relacional las formas de ganarse la vida en nuestra región y el lugar que ocupan las mujeres en nuestras sociedades: subordinadas en el mercado ilícito, sujetas a dinámicas patriarcales que las llevan de un encierro a otro, de una violencia a otra (Fernández Godenzi et al.). El caso peruano ofrece un ejemplo que se replica en forma creciente en nuestra región.

Para cerrar, tenemos una noticia no tan buena: no encontraremos en estos textos la salida al laberinto de violencias, intervenciones estatales y agenciamientos diversos que conviven en el sistema penal. Pero sí encontraremos una pista extendida en todos los textos: para encontrar la salida es necesario comprender este laberinto. Los textos reunidos aquí nos aportan herramientas para nutrir la discusión sobre el lugar que ocupan las violencias en el sistema penal, y lo hacen de un modo que creemos necesario: incorporando la perspectiva de los actores que habitan estos sistemas.